Para decenas de familias que esperan justicia por muertes, lesiones graves, torturas y detenciones arbitrarias ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023, la desactivación del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP) abre un nuevo escenario de incertidumbre, retrasos y riesgo de impunidad.

El equipo había sido creado precisamente para concentrar experiencia, conocimiento acumulado y una mirada especializada en derechos humanos. Sin embargo, el 6 de enero de 2026, el fiscal de la Nación interino Tomás Galvez dispuso su desactivación y la redistribución de sus plazas a la Coordinación de Fiscalías Superiores Penales Nacionales y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo. 

Tras conocerse la medida, Gálvez aseguró públicamente que los fiscales conservarían sus carpetas y que las investigaciones no se verían afectadas. Sin embargo, ni la resolución de la desactivación del equipo ni las disposiciones posteriores garantizan esa continuidad. Convoca.pe identificó al menos 54 investigaciones que quedan en riesgo tras la desactivación del EFICAVIP.

Se trata de expedientes por muertes en protestas, lesiones graves, tentativas de homicidio, tortura y abuso de autoridad vinculadas a detenciones arbitrarias, ocurridas durante las movilizaciones sociales de 2022 y 2023.

Los casos se concentran en Lima, Puno, Junín, Ucayali, Ica, Ayacucho, Cusco y Apurímac, regiones donde se registraron algunos de los episodios más graves de represión estatal. Foto: Maria Alejandra Gonzales

Muchas de estas investigaciones se encontraban en etapas avanzadas, con pericias realizadas, reconstrucciones, diligencias pendientes y plazos procesales próximos a vencer.

La resolución de la desactivación establece que las plazas fiscales del EFICAVIP se incorporan a un sistema de coordinación centralizada y que la designación de los fiscales queda sujeta a decisiones administrativas posteriores.

Es decir, no existe una garantía expresa de que los mismos fiscales continúen a cargo de los mismos casos, lo que deja abierta la posibilidad de cambios abruptos de responsables, redistribución de expedientes y quiebres en el seguimiento de las investigaciones. 

El EFICAVIP había sido creado precisamente para asumir este tipo de casos complejos. El equipo funcionaba con sede en Lima, pero contaba con competencia supraprovincial, es decir, a nivel nacional, lo que le permitía concentrar experiencia especializada, unificar criterios de investigación y desplazarse a las regiones para realizar diligencias en el lugar de los hechos.

La resolución de la desactivación del EFICAVIP ha generado incertidumbre sobre el destino de las carpetas fiscales y sobre la continuidad de los equipos que venían investigando estos expedientes desde hace casi tres años. Foto Captura Resolución El Peruano N° 005-2026-MP-FN

Según la información recopilada por Convoca, algunos casos de Pichanaqui no han sido derivados a fiscalías locales, sino a Huancayo, lo que implica traslados de entre siete y ocho horas para las víctimas y sus familias, en su mayoría de escasos recursos. Esta distancia dificulta el seguimiento de los procesos, la participación en diligencias y el acceso efectivo a la justicia.

En el caso de Puno, existe una fiscalía especializada en derechos humanos, pero no se ha confirmado si todos los expedientes retornarán a esa jurisdicción ni si los fiscales que los investigaban desde Lima continuarán a cargo de las carpetas.

Situaciones similares se observan en Andahuaylas, donde algunos casos que eran vistos por fiscales del equipo especial no han sido asignados a fiscalías locales, mientras que los fiscales han permanecido en Lima, rompiendo la lógica de cercanía territorial y continuidad de las investigaciones.

Quiebre en el acceso a la justicia

El problema no es solo dónde van los fiscales, sino qué pasa con las carpetas. David Velazco, abogado de FEDEPAZ, advierte que el principal impacto es una afectación directa al derecho de acceso a la justicia. No se trata únicamente de un traslado de despachos, sino de una ruptura en la continuidad de investigaciones que ya llevan casi tres años de trabajo.

“Un fiscal que ha dirigido diligencias, pericias, inspecciones y declaraciones durante años tiene un conocimiento profundo del caso. Un fiscal nuevo, por más capacidad profesional que tenga, no puede reemplazar esa experiencia de un día para otro”, señala.

En la práctica, varios expedientes están siendo enviados a fiscalías ubicadas en regiones distintas al lugar donde viven las víctimas o donde ocurrieron los hechos. Un ejemplo es el caso de Pichanaqui, cuyos expedientes no han sido derivados a fiscalías locales, sino a Huancayo, lo que implica viajes de entre siete y ocho horas para familias de escasos recursos.

Esto no solo dificulta que las víctimas puedan asistir a diligencias o audiencias, sino que debilita su capacidad de hacer seguimiento, aportar pruebas y ejercer control ciudadano sobre el avance de las investigaciones.

“Cuando se obstaculiza el acceso a la justicia, se crean condiciones para la impunidad”, resume Velazco. Foto: Maria Alejandra Gonzales

Casos en Lima en riesgo 

El abogado de FEDEPAZ, David Velazco, detalla al menos tres expedientes en Lima que evidencian cómo la desactivación del EFICAVIP está generando riesgos inmediatos para las víctimas.

Uno de ellos es el caso de Manuel Quilla Ticona, quien denunció haber sido víctima de tortura durante las protestas sociales de enero de 2023. El proceso se encontraba en etapa de investigación y con diligencias avanzadas bajo un equipo fiscal que conocía de primera mano los hechos y las pericias practicadas.

Otro expediente corresponde a Nelson André Calderón López, quien presentó una denuncia por abuso de autoridad y discriminación, en el marco de las detenciones ocurridas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en enero de 2023. El caso se tramita en la Carpeta Fiscal N.° 32-2023 – EFICAVIP Lima 2, y requiere continuidad para evaluar responsabilidades funcionales y posibles reparaciones.

El tercer caso es el de Dasio Antonio Unocc, quien perdió un ojo tras el impacto de una bomba lacrimógena y denunció tentativa de homicidio y otros delitos. Su proceso se encuentra en la Carpeta Fiscal N.° 18-2023 – EFICAVIP Lima 2, y tiene una audiencia de constitución de actor civil programada para el 8 de enero de 2026, un momento clave para que la víctima sea reconocida formalmente dentro del proceso y pueda acceder a una eventual reparación.

Velazco advierte que el fiscal que había acompañado este expediente, participando en pericias, inspecciones y reconstrucciones, fue reasignado tras la desactivación del equipo especial. Existe el riesgo de que la audiencia sea asumida por un fiscal que no conoce el caso en profundidad, lo que puede afectar directamente el ejercicio de los derechos de la víctima.

“Este tipo de decisiones no se pueden resolver con una simple lectura del expediente. La experticia se construye con presencia en las diligencias”, señala el abogado.

Empezar de nuevo, perder tiempo y pruebas

Para Percy Castillo, abogado experto en derechos humanos y sistema de justicia penal, el problema de fondo es que la desactivación del EFICAVIP no estuvo acompañada de un plan que garantice continuidad, celeridad ni especialización.

“La redistribución aleatoria de casos puede llevar, en la práctica, a que las investigaciones empiecen casi desde cero. Eso implica retrasos, audiencias frustradas y una mayor posibilidad de que los procesos prescriban o se debiliten probatoriamente”, explica.

Castillo advierte que esta situación no solo afecta el derecho a la justicia, sino también el derecho a la verdad y a la memoria de las víctimas y de la sociedad. La falta de una respuesta clara del Estado sobre las responsabilidades en la represión de las protestas debilita la confianza institucional y perpetúa la sensación de abandono.

Además, cuestiona que se haya vuelto a unir bajo una misma estructura las fiscalías de derechos humanos y las de terrorismo, una separación que se había realizado precisamente para fortalecer la especialización.

La resolución también otorga amplias facultades de organización y redistribución al fiscal coordinador de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y Supraprovinciales, cargo que actualmente ejerce Andrés Ángel Montoya.

Desde allí se asigna a decenas de fiscales a distintos despachos en Lima y Callao, bajo un esquema que prioriza la administración interna del sistema antes que la estabilidad de los casos. 

Aunque formalmente se habla de “asegurar la continuidad del servicio fiscal”, en la práctica el modelo permite mover fiscales y cargas procesales sin una obligación expresa de respetar la continuidad de cada carpeta.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) ha advertido públicamente que la desactivación del EFICAVIP pone en riesgo decenas de investigaciones vinculadas a graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas. 

A esto se suma la información interna sobre reubicación de fiscales y traslado de carpetas, que confirma que muchos fiscales no están siendo enviados a las regiones donde ocurrieron los hechos, mientras que los expedientes sí están siendo desplazados, rompiendo la lógica de especialización y continuidad.