La Secretaria Nacional de Justicia de Brasil, órgano dependiente del Ministerio de Justicia de este país, suspendió el acuerdo de cooperación jurídica internacional con el Perú en los casos relacionados con Lava Jato y que involucran a la empresa Odebrecht (hoy Novonor). Esto ha ocurrido por el pedido de la constructora y en base a una decisión previa tomada por el juez José Antonio Dias Toffoli en 2023. 

En el transcurso del día, el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, precisó a Convoca que la decisión de las autoridades brasileñas es provisional y que la Fiscalía peruana tiene un lapso de 90 días para profundizar en la información requerida por Brasil.

En enero de 2023, Convoca informó que la defensa del expresidente Ollanta Humala, en ese entonces enjuiciado por el caso Lava Jato, logró suspender la cooperación judicial con el Perú a través de una medida cautelar ante la máxima instancia de apelaciones de la justicia brasileña. Tal como se reveló en ese momento, su defensa alegó que la petición de cooperación judicial no siguió el trámite correcto.

El reclamo de la defensa de Humala argumentó que el pedido de cooperación internacional que hizo el Poder Judicial peruano para solicitar las diligencias testimoniales a Brasil fue recibido por el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional de la Secretaría Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia Brasileño, el mismo que lo derivó al Ministerio Público Federal para que lo ejecute haciendo las notificaciones a los testigos. De acuerdo con la defensa de Humala, ese trámite “usurpó” las competencias del Tribunal Superior de Justicia.

La decisión de la Secretaría Nacional de Justicia de Brasil se produce luego de que las autoridades brasileñas consideraron que la Fiscalía peruana usó pruebas en contra de Odebrecht declaradas inválidas en 2023 por el juez José Antonio Dias Toffoli del Tribunal Supremo de Justicia. Testimonios que incluyen el de Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora, en el marco del acuerdo de colaboración eficaz.

Recordemos que Toffoli respondió a una solicitud de la defensa del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva y decidió que las pruebas obtenidas del acuerdo con Odebrecht y sus sistemas encriptados Drousys y MyWebDay B no se podían usar en ningún proceso penal, estos sistemas contienen la contabilidad paralela y las comunicaciones internas de la empresa. El juez Toffoli es cercano al presidente Lula Da Silva. Fue nombrado para el Supremo Tribunal Federal por el presidente en 2009. Además, fue apoderado del Partido de los Trabajadores de Lula en las primeras tres campañas presidenciales.

Suspensión es temporal

El fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, dijo muy temprano a Convoca que esta decisión no es sorpresiva porque la cooperación judicial con Brasil ya no se daba en la práctica en los últimos años desde que Lula Da Silva llegó al poder. “No hay una afectación en los casos que investigamos en Perú", dijo. "Es la constatación de que no habrá colaboración con Brasil", añadió.

Para Vela, la "madre del cordero" es el arbitraje internacional que enfrenta el Estado peruano y la empresa Odebrecht por el caso Gasoducto Sur Peruano, donde está en juego millones de dólares.

Horas después, en nueva conversación con Convoca, Vela precisó que la suspensión del acuerdo de cooperación jurídica con Brasil es temporal y tendrán un lapso de 90 días para precisar información a las autoridades brasileñas. Señaló que esta mañana recibieron la comunicación oficial de Brasil, y se mostró confiado en que la Fiscalía peruana podrá absolver sin contratiempos las dudas que les han notificado.

“Desde nuestro punto de vista, no (habrá una nueva controversia tras la respuesta). No puedo hablar por la justicia brasileña porque ellos son un órgano que requiere información pero no sabemos cómo la van a valorar”, dijo. De otro lado, rechazó que las autoridades peruanas hayan hecho uso de alguna “prueba prohibida” y reiteró que el Ministerio Público siempre ha respetado el debido proceso.

“Esperamos con prudencia esta situación. Nosotros siempre tenemos el mayor respeto por la justicia brasileña. Les informamos lo que se necesite pero dentro de la fase procesal en la que nos encontramos, creo que el sistema de justicia, específicamente el Poder Judicial, ha sido bastante firme en rechazar cualquier tipo de intromisión de un juez extranjero porque, reitero, sería inverosímil que un juez peruano quiera entrometerse en la justicia brasileña”, manifestó.

El juez José Antonio Días Toffoli fue nombrado para el Supremo Tribunal Federal en 2009 por el presidente Lula Da Silva. Foto: Dida Sampaio/Estadao.

El trasfondo de la decisión

De acuerdo a la prensa brasileña, entre los motivos que provocaron la reacción del gobierno brasileño está el arbitraje presentado por Novonor, exOdebrecht, contra el Estado peruano en la ciudad de Londres, Reino Unido, relacionado con el proyecto Gasoduto Sur Peruano. Según esta versión, los fiscales peruanos habrían utilizado información obtenida en acuerdos en Brasil del expresidente de la constructora, Marcelo Odebrecht y habrían violado los términos que prohíben el uso de evidencia en procedimientos no autorizados.

Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración eficaz con el Perú en 2019, pero acusa a nuestro país de violar cláusulas al compartir pruebas con el tribunal de arbitraje de Londres y usar los datos en otras acciones. El Ministerio Público del Perú ha señalado que las manifestaciones realizadas en el arbitraje se ajustaron a la legislación peruana y a las normas internacionales.

Por otro lado, el portal del medio O Globo que tuvo acceso a la orden de suspensión del acuerdo, señala que el Secretario Nacional de Justicia, Jean Uema, ha determinado que el sistema judicial peruano había violado los términos de cooperación. 

En el arbitraje que se realiza en Londres, Odebrecht reclama al gobierno peruano el pago de una indemnización de 1000 millones de dólares por las inversiones que supuestamente realizó en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano que nunca se concluyó.

Cabe señalar, que la fiscal Geovana Mori del Equipo Especial Lava Jato anunció en julio del año pasado que Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, fue incluido en la investigación por el caso Gasoducto Sur Peruano, debido a que no aceptó los hechos que se le imputaron por dicho caso e infringió así el acuerdo de colaboración eficaz.