Durante la mesa “Los retos de investigar el cambio climático y los delitos ambientales”, los especialistas de Ecuador, Brasil y Perú conversaron en torno a la incidencia que ejercen los delitos ambientales en las economías y aparatos productivos en países que carecen de leyes y regulaciones adecuadas. En esa línea, destacaron la importancia del acceso a la información y tener datos abiertos en materia ambiental. Sin embargo también señalaron que, al mismo tiempo, la información que existe no está siendo bien procesada y esto dificulta que la población juzgue adecuadamente los delitos ambientales.

La primera en participar fue Daniela Rosero-López, ingeniera ambiental, con especialización en ecohidrología e investigadora del Instituto Biósfera, en Ecuador, explicó cómo afecta la falta de acceso a la información pública en el cambio climático y el aumento de la impunidad en delitos ambientales. En ese sentido, dijo que en el caso de temas ambientales amerita el análisis de la información, más aún cuando hay una invasión de datos. Asimismo, señaló que existe una falta de interacción interinstitucional en los países de la cuenca Amazónica. 

A su turno, Stefano Wrobleski, editor del medio de comunicación brasileño InfoAmazonía, comentó sobre la falta de voluntad de los gobiernos de Brasil de actuar en beneficio de la protección del medioambiente y explicó acerca de la desconexión entre el Estado y la población. “Los sancionados [por delitos ambientales en Brasil] lograban obtener recursos administrativos y judiciales para retrasar los procesos sancionadores. Las leyes allí están pero no se cumplen y esto ocurre por una falta de interés del gobierno, pues si antes era difícil de hacer cumplir ahora es casi imposible sancionar por los delitos ambientales”, advirtió el periodista de datos.

En su intervención, Vladimir Pinto, coordinador en Perú de Amazon Watch, alertó que hay sectores en el Estado y espacios de gobiernos subnacionales que se están redefiniendo y consolidando en función a los intereses extractivos y las economías ilegales. Indicó que los territorios y las vidas de las comunidades indígenas están cada vez más amenazadas. "En Ucayali, hacia el lado de Brasil, la Fiscalía investigó la existencia de una mafia de tráfico de tierras que involucra a los propios funcionarios de la Dirección Regional Agraria encargados de velar por la adecuada titulación de tierras", remarcó el especialista.

* En colaboración con: Paola Mendieta (redacción y fotografía) y Jesús León Angeles (edición)
* El II Encuentro Latinoamericano de Periodismo para Investigar la Corrupción desde Diversas Miradas forma parte de #ProyectoColibrí, iniciativa que promueve la realización de conversaciones, encuentros y espacios de escucha de Convoca.