La mañana del lunes 28 de octubre el fiscal Germán Juárez Atoche presentó sus alegatos en la instalación del juicio oral contra Martín Vizcarra a quien acusa de cobrar sobornos de S/ 2.3 millones cuando fue gobernador regional de Moquegua para -según la tesis fiscal- aprobar la buena pro de los proyectos “Lomas de Ilo” y “Ampliación del Hospital Regional de Moquegua”. 

En el caso del proyecto “Ampliación Hospital”, Juárez Atoche señaló que el exministro de Agricultura, José Hernández, será el principal testigo que confirme el pedido de dinero por parte de Vizcarra Cornejo y la entrega de las coimas que habrían terminado en poder del expresidente de la República cuando se desempeñaba como gobernador regional. 
 

La tesis fiscal, señala que la licitación del proyecto de ampliación del hospital regional fue realizada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) que se encargó de recibir las propuestas de las empresas. Cuando se conoció que Consorcio Hospitalario Moquegua presentó la propuesta que podría obtener la buena pro, Martín Vizcarra se contactó con José Hernández, gerente general de la empresa Asesores Técnicos Asociados (ATA), encargada de elaborar los expedientes técnicos de las obras. 

Hernández, quien fue amigo de Vizcarra y ha sido sentenciado por este caso, fue el encargado de ponerse en contacto -a pedido del exgobernador regional- con Rafael Granados Cueto, gerente comercial de ICCGSA uno de los miembros del consorcio. Según la fiscalía, Vizcarra le habría comentado a Hernández que el consorcio “se come solo la torta” razón por la cual le comentó que “para no objetar el contrato y la suscripción” la empresa le transfiera 1 millón 300 mil soles. 
 

Según la fiscalía esta fue la ruta del dinero pedido por Martín Vizcarra para aprobar la buena pro del proyecto "Ampliación del Hospital Regional de Moquegua" / Foto: Ministerio Público 

Juárez Atoche señala que tanto el pedido de dinero, como la posterior entrega del mismo será corroborada por las declaraciones de José Hernández quien deberá confirmar que la entrega del dinero se hizo en el domicilio de Martín Vizcarra en el distrito limeño de San Isidro y en la casa del exministro de Agricultura del régimen de Pedro Pablo Kuczynski.

Por este caso, la fiscalía solicitó  9 años de prisión efectiva, así como 9 años de inhabilitación para ejercer algún cargo público y la imposición de S/ 79 040 por día/multa. 

Firma del otorgamiento de la buena pro del proyecto Ampliación del Hospital Regional de Moquegua. Foto: ICCGSA
 

Lomas de Ilo 

En el caso del proyecto de irrigación “Lomas de Ilo”, se acusa a Vizcarra de haber solicitado una coima equivalente al 2% del monto del contrato. La cifra pedida a la empresa Obrainsa era de S/ 1016212 (un millón 16 mil 212 soles). El pedido fue hecho por el exgobernador a Elard Tejeda Moscoso, gerente general de Obrainsa a quien también se le habría solicitado el pago de alquiler de una avioneta para el traslado de personas conocidas de Vizcarra de Lima a Moquegua. 

Los pedidos se hicieron tras una reunión realizada entre Vizcarra y Tejeda a pedido del exmandatario quien le informó al empresario que “no ofrezca más de 81 millones de soles para obtener la buena pro”, señaló Juárez Atoche. 

En este caso Tejeda Moscoso será el principal testigo de la fiscalía quien dará detalles de las reuniones, las conversaciones y el pago de las comisiones indebidas que habría solicitado Martín Vizcarra. 

En este caso, por el delito de cohecho pasivo propio, la fiscalía solicitó 6 años de prisión efectiva, 6 años de inhabilitación y S/ 63180 por día/multa. 

Juzgado rechazó nulidad del juicio oral 

Al inicio de la jornada, la defensa de Vizcarra presentó un recurso de nulidad del juicio oral el cual fue declarado improcedente por la sala presidida por la jueza Fernanda Ayasta Nassif, y que integran los magistrados Lorena Sandoval Huertas y Giovanni Félix Palma. 

Al término de la sesión, Vizcarra declaró a la prensa y afirmó que la denuncia fiscal no tiene bases ni argumentos, sin embargo señaló que no saldrá del país “ni me voy a internar en una clínica, ni me voy a autoeliminar”, en clara alusión a los casos de los fallecidos expresidentes Alberto Fujimori y Alan García, respectivamente. 

Como se recuerda, Martín Vizcarra fue vacado el 9 de noviembre de 2020 tras conocerse los testimonios de hasta cinco aspirantes a colaboradores eficaces que declararon ante el fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, que Vizcarra habría recibido S/ 2 millones 300 mil en sobornos de parte de Obrainsa e ICCGSA, cuando era gobernador de esa región entre 2011 y 2014. 

Estas dos empresas son investigadas por su implicancia en el 'Club de la Construcción', cártel de constructoras que se repartían irregularmente las adjudicaciones de Provías Nacional, dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.. 

Tras su vacancia, Vizcarra fue imposibilitado de salir del país y se formalizaron las investigaciones fiscales en su contra que han llevado hasta el inicio de este juicio oral.

Como en el caso del exmandatario Alejandro Toledo, ambas penas se suman para conformar una sanción de prisión efectiva de 15 años de prisión. 

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