Semanas después del fallecimiento de 20 personas por arma de fuego, cientos de heridos y casi 200 detenciones durante las manifestaciones de diciembre de 2022, el Estado peruano finalmente instaló el último martes 3 de enero una "Comisión Multisectorial" para atender a los deudos y a las víctimas heridas. Sin embargo, no les ofrece "garantías de no repetición" de violaciones de derechos humanos. La instancia de concertación es liderada por el Ministerio de Justicia y no incluye a los ministerios del Interior y de Defensa, principales responsables de la represión con armamento letal.

Y los hechos reafirman que el gobierno de Dina Boluarte no asumirá el compromiso de "no repetición" por ahora, pues durante las protestas de ayer en Puno se volvieron a reportar al menos cuatro heridos de bala en un enfrentamiento en los exteriores del aeropuerto de Juliaca, que también dejó cuatro policías con otras lesiones.

"Las garantías de no repetición tienen un papel crucial en la prevención de futuras violaciones de los derechos humanos”, informa la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Un antecedente reciente es la "Comisión 14N" que se instaló durante el Gobierno de Francisco Sagasti para atender a los deudos y víctimas de las protestas de noviembre de 2020 contra la toma de mando de Manuel Merino.

"En esa comisión se incluyó al Ministerio del Interior con esa idea de buscar algunas medidas orientadas a la 'no repetición', incluyendo temas de reforma policial e investigaciones administrativas", explica Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Y si bien "no hubo ningún resultado concreto, ningún avance" al respecto, al menos se tocó el tema. "Esta vez han optado por no incluirlos [a Interior y Defensa]", apunta la especialista legal.

Instalación de la Comisión Multisectorial. Foto: Defensoría del Pueblo

La actual iniciativa, presidida por el Ministerio de Justicia, también está conformada por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo Agrario. También la integran el Seguro Integral de Salud (SIS), la CNDDHH y dos familiares de las personas fallecidas (Nancy Prado Arango y Zarella Anticona Vásquez).

“Dentro de las decisiones inmediatas está trabajar en una lista de heridos con lesiones graves para garantizarles plena recuperación. Y brindar apoyo económico a las familias de los fallecidos por arma de fuego y muertes indirectas relacionadas a accidentes en el bloqueo de carreteras durante las protestas”, explica Percy Castillo, adjunto para Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

“Rescatamos que es una buena práctica que se inició con el gobierno de Sagasti. Anteriormente, en todos los casos [de conflictos sociales] que seguimos desde el 2003, no hay ni una sola familia que haya recibido algún tipo de reparación porque lo que se hacía era vincular el tema de las reparaciones a los procesos judiciales, los cuales se demoran décadas en llegar a una sentencia condenatoria”, declara Mar Perez, de la CNDDH.

Aún no se ha determinado un monto económico para cada víctima o familia afectada. En el pasado, la cifra más alta que pagó la Comisión 14N fue de 40 mil soles. Se trata de una transferencia de apoyo y no sustituye ni implica una renuncia a una justa indemnización. “Esta ayuda es positiva, pero no es el reemplazo de una reparación integral”, puntualiza Castillo.

Por ejemplo, en el caso de Isaac Ordoñez, quién quedó parapléjico en noviembre de 2020 luego de recibir disparos en las protestas agrarias que siguieron a las manifestaciones contra Merino, todo el dinero lo utilizó para atender su salud, recuerda Mar Pérez. “Además, sabemos que los fallecidos son lo más irreparable, lo más doloroso”, agrega.

La Red de Salud San Román de Puno reportó 12 civiles y cuatro policías heridos. El Hospital Carlos Monge Medrano indicó que cuatro ciudadanos habían sido impactados por balas.

Por otro lado, Pérez destaca que esta vez se haya integrado al Ministerio de Agricultura, “considerando que buena parte de los afectados son personas que se dedican al agro, que vienen de zonas rurales y en ese sentido habría la posibilidad de canalizar algunos de los subsidios o programas sociales”. Por su parte, el Ministerio de Educación ha ofrecido la posibilidad de asegurar la trayectoria educativa a los hijos pequeños de las víctimas mortales y de los heridos que ya no puedan laborar más. 

Llegar a las familias

Zarella Anticona, madre del menor de edad E.V. (17), fallecido en las protestas de diciembre en Virú, La Libertad, fue la única familiar presente durante la instalación de la Comisión Multisectorial. Llegó a Lima ese día y se fue a la mañana siguiente porque su situación laboral se lo exigía. 

“Es importante contactar a la mayor cantidad de familias posible. Es algo que ya se ha venido haciendo a través del Ministerio de Justicia”, indica el representante de la Defensoría del Pueblo. Hasta ahora son 28 fallecidos, 22 en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y la Policía y otros seis vinculadas a los bloqueos de vías.

"Ellas [las dos familiares incluidas en la comisión] no pueden llevar la voz de todas las víctimas”, enfatiza Mar Pérez. “No se puede hablar de que son representantes porque para serlo tendría que existir una organización que agrupe a las familias y se conozcan”, comenta.

Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, quien estuvo presente en la Comisión Multisectorial, afirma que uno de los puntos conversados en la primera sesión del último 3 de enero fue la de buscar un canal de transmisión de información seguro para ponerlo a disposición de los familiares de los fallecidos y de los heridos. “Es importante que todos los deudos participen en el proceso de los acuerdos, ya que no todos tienen la posibilidad de asistir a reuniones en Lima”, finaliza. 

Búsqueda de verdad y justicia 

Esta comisión no tiene como objetivo la búsqueda de justicia de responsables, sino que es una intervención de ayuda humanitaria social inmediata y un apoyo económico, explica Jennie Dador.

"Mantenemos la expectativa de que esto [la búsqueda de justicia] se pueda lograr también con la próxima visita del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a estar en el país el 10, el 11 y el 12 de enero", sostiene la representante de la CNDDHH. "[Para que] así pueda haber un grupo de trabajo especializado y no tener peritos que puedan estar supeditados. Además, la investigación no puede quedar abierta eternamente”, recalca.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo al Perú en diciembre 2022 para observar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. Foto: CIDH

“Este tipo de acciones [de apoyo económico] para nada le quitan el derecho a las personas de solicitar otro tipo de indemnizaciones ni de recibir la reparación civil al término de los procesos penales o judiciales”, resalta por su parte Percy Castillo. Las personas tienen pleno derecho a solicitarlo, añade el funcionario.