El último adiós: así disparó el Ejército contra peruanos en Ayacucho

La mañana del 15 de diciembre del año pasado Clemer Rojas estaba atendiendo el CarWash que había instalado junto a su padre para solventar sus estudios de mecánica automotriz. No tenía intención de unirse a las protestas, dice su padre Reyder, porque necesitaban trabajar. Pero alrededor de las once de la mañana su madre llamó para pedirles un encargo y Clemer acudió para ayudarla en el mercado donde ella trabaja. Esa fue la última vez que su padre lo vió vivo. Por la tarde el video de un manifestante muerto en la vía de Evitamiento, muy cerca al aeropuerto de Huamanga (Ayacucho), empezó a circular y llegó a manos de Reyder. Lo reconoció de inmediato. Era su hijo tendido en la pista cerca de un grifo con una herida de bala en el pecho. Para comprobarlo lo llamó y una voz extraña le contestó y le dijo que lo estaban llevando al hospital.

Clemer Rojas junto a miembros del Ejército al que perteneció y luego lo mató. Foto: Facebook

Clemer, cuenta su padre, era un joven alegre de 23 años que buscaba salir adelante luego de darse cuenta de que la vida en el Ejército no lo iba a llevar a nada. “Cuando terminó el colegio intentó trabajar pero luego se enlistó en el Ejército, donde estuvo un año. Luego regresó diciendo que no iba a hacer nada allá y dijo que se pondría a estudiar mecánica automotriz en el Senati. Empezó justo antes de la pandemia y dejó la carrera esos años. En 2022 volvió. Yo me jubilé y juntos pusimos un lavadero de carros. Con eso él se sostenía y ayudaba en los gastos de la casa. Ese día no estaba en las protestas. Pero me dicen que cuando volvió del mercado alguien fue a convocar a más gente y él se subió a una camioneta. No sé quién habrá sido. Pero ya no lo volvimos a ver”, cuenta acongojado Reyder.

Desde pequeño Clemer perteneció a la comparsa los Huaraqueños de Quinua, el distrito ayacuchano donde nació y del que sus padres salieron cuando él tenía apenas quince días de vida para buscar un futuro mejor. Pero Clemer nunca olvidó sus raíces y participaba todos los años del carnaval que se organiza en Quinua. Reyder muestra fotos y videos de su hijo en estas actividades y tocando su tambor con alegría en alguna fiesta familiar.

El drama que vivió la familia de Clemer luego de conocer su fallecimiento nunca se olvidará. Fotos: Facebook.

Al igual que otros nueve ayacuchanos, Clemer murió a consecuencia de una bala disparada por un soldado del Ejército el último 15 de diciembre. En su caso hay varios videos recopilados por Convoca.pe que muestran lo desproporcionado de la intervención de las Fuerzas Armadas contra los manifestantes que intentaban salir del perímetro del aeropuerto por la vía de Evitamiento de Huamanga. Y es que los soldados aparecieron por detrás y empezaron a disparar al tumulto de manifestantes a quemarropa. Clemer y otros corren con dirección a un grifo de la marca Primax ubicado en el cruce con la avenida del Ejército. El siguiente video solo muestra a Clemer tendido y a unos jóvenes tratando de auxiliarlo, pero debido a los constantes disparos solo atinaron a huir. 

De pronto, los soldados notan que la gente se repliega y, en lugar de detenerse, los disparos se intensifican, incluso dentro del grifo donde el dueño pide a los efectivos que no sigan disparando y que tengan cuidado con sus instalaciones. Otra toma filmada desde una casa contigua muestra el cuerpo de Clemer tirado en la pista. Los soldados llegan hacia él, pero, en lugar de pedir una ambulancia, lo inspeccionan y lo dejan allí para continuar con los disparos.

Video que recopila los últimos momentos de Clemer Rojas el 15 de diciembre del 2022. Convoca.

Para la especialista forense y fundadora del Equipo Peruano de Antropología Forense, Carmen Cardoza, estas imágenes demuestran claramente la teoría de que en las protestas de diciembre las Fuerzas Armadas dieron rienda suelta a una represión desproporcionada. “Aquí es donde se aplica el término 'volición', es decir, que los soldados tuvieron la voluntad de apuntar y matar a la gente. Si bien es cierto que estaban protestando con piedras, los miembros del Ejército tienen armas de alta velocidad que pueden matar con un solo disparo, porque estas balas a esta velocidad destruyen de inmediato los órganos internos”, añade.

Otro problema es que los deudos no cuentan con recursos suficientes para costearse un abogado que pueda defender sus derechos y buscar justicia para sus familiares asesinados. Es más, todos los consultados para este reportaje explicaron que ni siquiera habían sido citados por la Fiscalía para brindar sus declaraciones. Al respecto, la abogada y secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, explica que su institución puede ayudar a las familias de los deudos para que encuentren justicia, ya que estos procesos judiciales pueden durar muchos años y además requieren de pericias especiales en las que la Coordinadora de Derechos Humanos puede apoyar.

Los militares llegaron desde detrás de los manifestantes y empezaron a disparar a quemarropa. Infografía: Convoca

“Se trata de delitos comunes. En nuestra legislación no están tipificadas las ejecuciones extrajudiciales pero se puede apuntar al homicidio calificado. Es terrible, espantoso lo que hemos visto. Sacando las masacres de los 80’s y 90’s creo que no habíamos visto casos tan graves de ejecución extrajudicial como este. Salir a intervenir a población civil de esa forma solo demuestra que las Fuerzas Armadas no deberían salir para ninguna cuestión de orden interno”, agrega.

“Michael fue asesinado”

Otro vídeo muestra con crudeza la forma en que actuaron los miembros del Ejército la noche del 15 de diciembre. En diversas imágenes se puede ver cómo los soldados están ubicados en la esquina del cementerio de Huamanga con la avenida Abancay. Apenas a una cuadra del aeropuerto de Ayacucho. Desde allí tienen una buena visión hacia el parque que hay al frente y hacia la avenida Arenales.

Michael y José Luis fueron asesinados cerca al cementerio de Huamanga. Convoca

Alrededor de las seis de la tarde los soldados empiezan a disparar. En el parque hay un grupo de jóvenes quienes rápidamente se cubren detrás de las pequeñas paredes y de los asientos de concreto del parque. En otro video se ve a un joven herido tendido en el suelo. Sus compañeros tratan de auxiliarlo y llegan hacia él rampando. La herida parece en la pierna porque no puede siquiera arrastrarse para alejarse de la balacera. Luego, otro video muestra a un joven herido en la vereda central del parque. Esta vez llegan varios muchachos y lo cargan por unos cien metros hasta una ambulancia donde es atendido. Pero en todo momento se siguen escuchando balazos. En la misma ubicación, una mujer que graba a los militares disparando les pide que paren. “Hay niños”, les dice, pero no escuchan. 

 José Luis (20) y Michael (15) murieron la noche del 15 de diciembre del 2022 luego de recibir disparos de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Desde la avenida Abancay, las cámaras de seguridad de una propiedad privada también graban cómo es que una bala impacta en el tórax del pequeño Michael de 15 años, exactamente a las 18:35 de la noche. Las imágenes, que ya están en manos del Ministerio Público, muestran a cuatro jóvenes ocultándose detrás de unas palmeras de los disparos de los militares. Uno de ellos, con gorra, levanta el brazo como llamando a alguien que está en el parque central. A las 18:34 aparece en escena Michael, vestido con polo negro, polera verde, una mascarilla y una mochila en la espalda. Intenta cruzar la calle para llegar con sus amigos pero de pronto se desploma. Allí yace un momento hasta que uno de sus compañeros lo arrastra para cubrirse detrás de las palmeras. 

Michael murió junto a otros 9 huamanguinos el pasado 15 de diciembre. Foto: Facebook.

De acuerdo con la versión de su hermana Ana Luz, Michael sí acudió a las protestas que pedían un nuevo proceso electoral y el cierre del Congreso. Pues el adolescente tenía un ímpetu de libertad y justicia. Esa noche estaba con uno de sus amigos, de 13 años, con quien fue a cenar salchipapas con gaseosa. “Ya estaban de regreso a casa, pero en el cementerio estaban los militares disparando. Mi hermano ya no estaba haciendo nada. Estaban tranquilos. Y lo han asesinado”, indica la hermana, mostrando el video en el que muere su hermano.

La hermana de Michael cuenta que su hermano trabajaba con ella para ayudar a su familia. Fotos: Facebook.

Finalmente, en otro registro visual —más explícito aún—, un grupo de manifestantes están ubicados en la avenida Arenales. Allí aparece en escena José Luis Aguilar Yucra. De acuerdo con la versión de su esposa Liz Mariela Pablo, este ayacuchano de 20 años no participaba de las protestas, estaba rumbo a su casa y debía cruzar por esas calles para llegar a su hogar luego de un largo día de trabajo. En el video se ve que está caminando y se detiene a ver hacia donde están los soldados disparando. De pronto una bala le impacta en el cráneo y lo deja tendido en el suelo.

“Un día antes yo estaba feliz, porque estoy postulando para Veterinaria en la Universidad San Cristóbal de Huamanga y había dado bien mi primer examen. Ese día había salido a trabajar y cuando estaba regresando le dije que tuviera cuidado. me dijo que ya. Tenía que pasar por esa calle (la avenida Arenales) para llegar a la casa que queda a unas tres cuadras. Cuando estaba dando la vuelta le dispararon. No sé qué voy a hacer. Ahora estoy en la casa de mis padres. Solo pedimos justicia”, dice Liz.

La familia de José Luis Aguilar pide ayuda para su hija de apernas 2 años. Foto: Facebook

El objetivo era matarlos

Al respecto, la especialista Carmen Cardoza analiza los vídeos y la secuencia de diversos ángulos de estos y concluye que son el mejor ejemplo de la desproporcionalidad del uso de la fuerza y demuestran que los militares estaban apuntando a la población con el objetivo de matarlos. “Estos son tiradores. Porque son armas de una sola munición y de mucha velocidad, de hasta 700 metros por segundo. Es algo que te impacta y te destroza los órganos al salir. Por eso es que muchos tienen el ingreso de la bala como un orificio, pero detrás sale como un boquete. Y si vemos los vídeos, notamos que están disparando contra personas indefensas. En el caso del niño, está cruzando la calle, no está atacando. Y le disparan en el tórax. Por eso hablamos de un enfrentamiento desigual. Mientras que unos tienen armas de fuego, otros solo piedras. Es el mejor ejemplo de por qué las Fuerzas Armadas no deben salir a controlar manifestaciones sociales. Porque ellos salen con la idea de que van a una guerra y tienen armamento de guerra, que es letal”, añade.

Cardoza además hace referencia a un investigación que realizó el especialista forense José Pablo Baraybar en 2015, titulada “Variación de los patrones de lesiones por arma de fuego en la mortalidad asociada con abusos de derechos humanos y conflicto armado: un estudio exploratorio”. Este analizó una muestra de 777 casos de personas víctimas de abusos de Derechos Humanos en Somalilandia, Bosnia, Kosovo y Perú. Y concluye que en los casos de violación de Derechos Humanos las Fuerzas Armadas disparan con el patrón de cabeza/cuello y torax/abdomen con el fin no de neutralizar a las personas, sino de asesinarlas. “Un análisis cuidadoso de los patrones de lesiones por arma de fuego podría servir como indicador de que, de hecho, se produjo un asesinato, en lugar de un combate, y la intención era matar en lugar de mutilar o inutilizar a las personas para la batalla”, dice Baraybar en su estudio.

“En una muestra de 1.069 casos individuales de abusos a los derechos humanos en varios países del mundo, una submuestra de 777 casos mostró que las lesiones por arma de fuego que afectaban el esqueleto predominaban en la cabeza y el cuello, el tórax y el abdomen y las extremidades, respectivamente. A diferencia de los datos derivados de los conflictos contemporáneos, en los abusos contra los derechos humanos se tiende a preferir áreas discretas del cuerpo y el centro de la masa a las extremidades. Las víctimas de abusos contra los derechos humanos parecen ser asesinadas deliberadamente, lo que deja poco espacio para especular si murieron a causa de sus heridas durante el combate”, concluye el estudio de Baraybar.

Estudio publicado por el experto forense José Pablo Baraybar en 2015.

Brindarán apoyo legal

En todo caso, los deudos ya no tienen nada más que hacer que buscar justicia. Pero esta no llegará pronto y probablemente, como ocurre con otros 166 casos de muertos en protestas en el país desde el 2003, nunca la encuentren. Así lo señala el director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Miguel Jugo. Este además señala que esta institución estará presta para ayudar a las familias junto a otras instituciones ya instaladas en Ayacucho, como la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y otras organizaciones sin fines de lucro que velan por el respeto de los derechos humanos.

Jennie Dador además explica que los familiares pueden acudir a ellos en cualquier momento. “Entiendo que algunos ya han contratado a sus propios abogados, pero estos procesos son muy largos y agotadores, tanto para el ánimo como para la economía. Y es que los mismos procuradores y abogados defensores de los acusados o investigados tienden a alargar los procesos todo lo que puedan. Algo que muchas veces es permitido por los fiscales. Ya que en zonas como Ayacucho hay muchos vínculos de compadrazgo y poder. Por eso la Coordinadora puede brindar apoyo legal, tanto para seguir el caso como para realizar las pericias legales que se requieran, que puedan ser muy costosas”, acota.

El adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo Percy Castillo está de acuerdo con el hecho de que las familias deberán esperar por justicia. “Solo en el caso de Inti y Bryan (muertos en noviembre del 2020) las investigaciones han tomado más de dos años. Imagínese cuánto va a demorar teniendo en cuenta que ahora son 10 muertos y decenas de heridos. Lo único que queda es esperar”, dice. Pero la Defensoría no está de brazos cruzados. Castillo explica que están en constante contacto con el Ministerio Público para conocer el avance de las investigaciones. Asegura que ya varios familiares fueron llamados a declarar, pero que lo hicieron con abogados privados. Sin embargo, tampoco se conoce más detalles sobre las investigaciones preliminares. Pero Castillo asegura que estarán pendientes.

El 15 de diciembre será recordado por todos los pobladores ayacuchanos. Foto: Redes

Lo peor es que las familias siguen abandonadas. La semana pasada el Gobierno anunció la conformación de la comisión especial para indemnizar a los deudos y familiares de heridos; tal como se hizo en 2020 con las familias de los afectados por las protestas contra Manuel Merino. Sin embargo, Convoca consultó con varios de ellos y aseguraron que ningún funcionario del Gobierno se les acercó para explicarles cómo podrían obtener ese beneficio. Aunque, en contraste, algunos temen que les hagan firmar documentos con el fin de renunciar a sus derechos de justicia.