“Hasta ahora no tengo ningún apoyo del Estado (...). Mis hijas me piden cosas y no puedo darles”, decía Yonaida Oncebay Pante en una reciente entrevista periodística al portal JF Informa, más de un mes después de que su conviviente Yhony Quinto Contreras, de 25 años, fuera asesinado de un balazo en la cabeza durante la represión policial de las protestas del paro de transportistas, en el sector Expansión Urbana, en Ica.

Con dos hijas pequeñas, Yonaida Oncebay Pante espera que el gobierno de Pedro Castillo cumpla con entregarle el “apoyo económico excepcional”, de 40 mil soles, que se ha dispuesto para los familiares de los tres fallecidos durante las protestas realizadas entre el 1 y el 6 de abril último, en Ica, Junín y Huánuco, y cuyas muertes son atribuidas al violento accionar de la Policía Nacional del Perú.

Conviviente de Yhony Quinto, asesinado durante protestas en Ica, no tiene cómo mantener a sus dos hijas pequeñas. Foto: Facebook Fentagri

En el pasado reciente, las víctimas de la violencia policial durante otras protestas han recibido pagos del Estado, pero no han sido suficientes en comparación con los gastos médicos que tienen que asumir.

“El Ministerio de Justicia nos había brindado un apoyo para poner nuestro negocio, para cualquier cosita. Puse mi negocio, pero como tengo esta enfermedad, conforme iba vendiendo mi mamá, de allí iba sacando ese capital [para el tratamiento]. Allí se iba toda la inversión que hice. Hasta mi mamá ha empeñado sus cositas para hacerme curar”, cuenta Andy Panduro Mori, joven agricultor que quedó parapléjico al recibir un balazo en la columna durante la represión policial del paro de agricultores en Ica, en diciembre del 2020, en el gobierno del presidente Francisco Sagasti.

En una silla de ruedas, Panduro retornó a su comunidad en Ucayali, donde los 40 mil soles de “apoyo económico excepcional” que recibió del Estado se van agotando, porque su situación se ha visto agravada por las escaras que le han salido en las nalgas y en la pierna, las cuales se han infectado y requieren un tratamiento médico urgente. Como la atención que recibió en el Hospital Regional de Pucallpa, como afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS), no considera que haya sido buena, el joven se está atendiendo de manera particular. Dice que ya va gastando más de 2 mil soles en curaciones, pues el monto diario que requiere no baja de los 50 soles.

Andy Panduro quedó parapléjico tras recibir un balazo durante las protestas por el paro agrario, en diciembre del 2020, en Ica. Foto: Difusión

En su desesperación y ante el temor de que las escaras le lleguen a hueso y le tengan que amputar la pierna, Panduro pidió apoyo al Ministerio de Justicia. “Dicen: hay bastantes casos, no solamente es tu caso. Hay muchos casos para atender. Por lo tanto, hay que esperar. Yo puedo esperar si yo estuviera bien, pero no estoy bien”, dice el joven. Panduro no solo pide al Estado que indemnice a cada uno de los heridos durante las protestas sociales sino también que les proporcione un seguro de salud hasta que se recuperen. Él fue atendido por un tiempo en Essalud, pero ha sido transferido al SIS, en cuyos establecimientos “hay días en que te atienden; otros no te atienden”.

Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, reconoce el apoyo económico excepcional que ha dado el gobierno a los deudos de los fallecidos en las protestas de noviembre y diciembre del 2020 y el que se dará a los familiares de las protestas de abril último.

Sin embargo, advierte que este dinero no es suficiente en comparación con todo lo que han perdido y deben afrontar tanto los deudos de los fallecidos como los heridos. Sobre la situación de Andy Panduro, confirma que el joven no ha recibido atención adecuada del Estado desde que quedó parapléjico en diciembre del 2020.

“La poca ayuda que le dieron en consideración a los años que tiene, porque ha quedado parapléjico, este dinero lo está gastando en su salud. Con el dinero que recibió, quería poner una pequeña bodega para autosostenerse, pero todo el capital se le está yendo en curaciones particulares”, dice Pérez.

La abogada también recuerda los casos de Alberth Ñahui, de 23 años, y Percy Pérez Shapiama, de 28, heridos durante las protestas contra la cuestionada toma de mando de Manuel Merino, en noviembre del 2020, en Lima. Alberth está perdiendo la visión en uno de sus ojos porque no ha recibido atención médica oportuna, luego de que un efectivo policial le disparara un perdigón en la frente. Percy aún lleva una bolsa de colostomía porque un proyectil disparado por un policía le atravesó los intestinos.

Ante los problemas que tienen los heridos de las protestas del 14 de noviembre del 2020 con la atención médica, han pedido al Gobierno que les habilite una línea directa de coordinación con el SIS y EsSalud. Sin embargo, no tienen respuesta a esta solicitud que han venido realizando en las reuniones con representantes del Gobierno, la última de las cuales se realizó el 9 de mayo pasado. “Todo funcionaría mejor si del sector salud se asigna a un funcionario que tenga capacidad de decisión y que pueda atender los pedidos de los heridos y monitorear su situación”, propone Mar Pérez.
 

Marlene Román, secretaria técnica del Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseguró a Convoca.pe que pronto se entregará el apoyo económico excepcional a los deudos de los tres fallecidos durante las protestas de abril último en Ica, Huánuco y Junín.

La funcionaria recordó, cuando el gobierno publicó el Decreto de Urgencia N°008-2022, aprobado el 28 de abril, que habló con las tres familias de los fallecidos y les informó que, en aproximadamente 15 o 20 días, se iba a comunicar con ellos para informarles que podían cobrar la ayuda económica en el Banco de la Nación.

“Estamos a la espera de que el banco nos comunique el abono para comunicarnos con estas personas. No es que no va a salir el dinero. Es cuestión de días, yo creo que la próxima semana ellos van a estar disponiendo de ese dinero”, dijo Román.

En cuanto a anteriores desembolsos con el mismo fin, Marlene Román recordó que el 23 de diciembre del 2021, el gobierno de Pedro Castillo aprobó el Decreto de Urgencia Nº 114-2021, que asigna un apoyo económico a las personas heridas de gravedad en las movilizaciones ocurridas entre el 10 y 14 de noviembre, el 1 y 3 de diciembre y el 20 y 30 de diciembre del 2020. Dicha disposición también alcanza a los deudos de las personas fallecidas en las movilizaciones realizadas entre el 20 y 30 de diciembre de 2020.

En esa ocasión, se aprobó otorgar 40 mil soles a los familiares por cada una de las dos personas fallecidas, y 15 mil, 25 mil y 40 mil soles, según corresponda, a cada persona herida de gravedad. En total, el Ministerio de Justicia desembolsó 800 mil soles para estos pagos. Entre los beneficiarios figuraba Andy Panduro, herido en el paro agrario en Ica. 

Sobre el caso de Andy Panduro, la funcionaria Marlene Román dijo que recibieron su pedido de atención urgente y que han coordinado con el Seguro Integral de Salud (SIS) para que puedan atenderlo y, si es posible, trasladarlo a Lima. “Hemos cumplido con él en darle su apoyo económico de 40 mil soles porque es uno de los más graves y estamos viendo su atención en salud”, afirmó.

Antes, el 19 de julio del 2021, el gobierno de Francisco Sagasti ya había aprobado el Decreto de Urgencia Nº 067-2021, que asignó también 40 mil soles a favor de los deudos de cada una de las personas fallecidas en las movilizaciones ocurridas entre el 10 y 14 de noviembre y entre el 1 y 3 de diciembre del 2020, entre quienes estaban los padres de Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados durante las protestas contra Manuel Merino.

“Para definir el monto de 40 mil soles se tomó como referencia lo que el gobierno dispuso como apoyo solidario a los deudos del personal de salud fallecido por Covid, en la época del presidente Martín Vizcarra”, explicó Marlene Román. La funcionaria precisó que este apoyo es solo para personas que resultaron heridas o familiares de fallecidos cuando ejercían su derecho a la protesta. Sin embargo, agregó que no se ha considerado establecerlo oficialmente, pues “la idea es que las personas regresen a sus casas vivas cuando salen a protestar”.

Foto que prueba que policías apuntaron con armas a los manifestantes durante las protestas de abril último, en Ica, donde fue asesinado Yhony Quinto. Foto: Convoca.pe

Para la abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, desde el gobierno de Francisco Sagasti está pendiente el compromiso de reformar a la Policía Nacional del Perú, con el fin de que gestione adecuadamente las protestas. Sin embargo, destacó que lo único que ha informado el Ministerio del Interior es que ha realizado cursos de capacitación para reforzar el conocimiento de los derechos humanos de la Policía. 

“Ica es uno de los lugares donde la Policía ha realizado esta capacitación sobre derechos humanos, lo que evidencia que estos talleres no tienen ningún impacto porque, justamente, en Ica, en el reciente paro, se ha producido la ejecución extrajudicial de un ciudadano y dos han quedado gravemente lesionados por el uso de balas, que están prohibidas en las manifestaciones. Estos cursos son insuficientes como garantías de no repetición”, concluyó Mar Pérez.