Evidencias y testimonios confirman abusos de la Policía en las manifestaciones de protesta contra el gobierno de Merino

 

A pesar de que el ministro Gastón Rodríguez y otras autoridades del gobierno de Manuel Merino niegan la violencia de la Policía Nacional (PNP), en relación a las manifestaciones de protesta contra la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, las evidencias gráficas y los testimonios corroboran las denuncias de excesos policiales y el uso indebido de las armas no letales, como los gases lacrimógenos y los perdigones. Las organizaciones de defensa de derechos humanos preparan las demandas que correspondan, mientras que el Ministerio Público abrió una investigación de oficio y el Congreso ha citado al ministro del Interior para este lunes.

 

Por Elena Miranda | 14 de noviembre del 2020

 

“Atendí a una persona que tenía el pie derecho destrozado por una perdigonera. Se le brindó la atención en el lugar, se hizo un vendaje y se le llevó en brazos a la entrada del Jirón de la Unión, para que sea trasladada en un vehículo particular. Otros compañeros han atendido a un hombre que tenía una herida grave en el pecho. Hemos encontrado personas que han convulsionado dentro de la marcha y se les ha dado los primeros auxilios”, relata Moisés Goicochea, miembro de la Brigada Voluntaria que brindó los primeros auxilios a los manifestantes en las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, realizadas en Lima.

Lo más leve que atendió Moisés y sus compañeros brigadistas, el último jueves, fueron torceduras de tobillo, personas con cabezas rotas, manifestantes que se ahogaban por la cantidad de gases lacrimógenos, que también afectaron a los voluntarios. Las roturas de cabeza fueron provocadas por golpes propinados por efectivos de la policía y por la estampida de la gente huyendo de los gases lacrimógenos. Cuando los manifestantes caían al piso, eran pisados y resultaban heridos con cortes y laceraciones en el cuerpo.

 

 

Por primera vez en una manifestación de protesta en nuestro país, el jueves 12 de noviembre, una brigada voluntaria de alrededor de 60 médicos, paramédicos, enfermeros, bomberos y personas capacitadas en primeros auxilios brindó atención a los heridos. Ellos atendieron las heridas de alrededor de 120 manifestantes, provocadas por agentes de la Policía Nacional del Perú y, pese a estar identificados con una vestimenta blanca pintada con una cruz roja grande, también fueron atacados con perdigones por los efectivos policiales.

“La agresión a nuestros voluntarios fue cobarde por parte de los policías, ya que han estado a una distancia muy cerca y era imposible no reconocernos. El disparo con los perdigones ha sido a quemarropa. Mis cinco amigos voluntarios quedaron tirados en el piso, retorciéndose de dolor. Felizmente, sus heridas con perdigones han sido superficiales y ninguno tuvo que ser evacuado a un hospital. Han tenido que atenderse entre ellos porque varios grupos hemos estado dispersos”, dice Moisés Goicochea.

 

 

El testimonio de este miembro de la Brigada Voluntaria, brindado a Convoca.pe, es uno de los cientos de relatos, con evidencias gráficas, sobre los abusos policiales registrados en las protestas pacíficas del 12 de noviembre y la de los días anteriores, desde que el Congreso aprobó la vacancia del presidente Martín Vizcarra y entregó la jefatura del Estado al presidente del Parlamento, Manuel Merino, cuya legitimidad no es reconocida por un gran sector de la población.

A las pocas horas de terminadas las protestas del jueves 12, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hizo un primer reporte, en el que informó sobre dos heridos graves por arma de fuego, Luis Alejandro Aguilar Rodríguez (26) y Percy Pérez Sapiama (26), y otro por perdigones, Rubén Guevara (27), quien tiene el rostro desfigurado y posibilidad de lesiones permanentes en el ojo izquierdo. Además, reportó seis heridos leves, entre ellos tres periodistas en Lima, y uno en Puerto Maldonado.

 

Comunicado CNDDHH

 

Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijo a Convoca.pe que, antes de entablar demandas contra los agresores, estaban asegurando las pruebas, para evitar que se pierdan, como fotografías, videos, ropa y otros. Esta acción tiene que ver con que a uno de los heridos le extrajeron un cuerpo extraño en el Hospital Guillermo Almenara, de EsSalud, y se lo entregaron a la Policías, sin la presencia de un fiscal, tal como lo manifestó el director de dicho nosocomio, Jorge Amorós.

Entre los delitos que habrían cometidos los efectivos policiales figuran las lesiones, abuso de autoridad e, inclusive, el delito de tortura, en el caso de las lesiones más graves. “A nivel internacional, se considera que el uso de la fuerza contra personas que se manifiestan, cuando es de carácter arbitrario y abusivo, configuraría el delito de tortura”, precisó Mar Pérez a este medio digital.

Tras la difusión de fotografías de manifestantes heridos, el Ministerio Público informó que abrió investigación de oficio contra los que resulten responsables sobre dos personas heridas en la marcha del 12 de noviembre, que fueron internadas en el Hospital Guillermo Almenara, en el distrito de La Victoria.

La representante de la Cuarta Fiscalía de La Victoria se entrevistó con el médico de guardia y constató que Luis Alejandro Aguilar Rodríguez ingresó por herida de proyectil de arma de fuego, a la altura del tórax, y que Percy Pérez Shapiana ingresó en estado grave por herida de arma de fuego y estaba siendo operado. Ahora, se encuentra con pronóstico reservado.

Defensoría se pronuncia

El uso desproporcionado del gas lacrimógeno, las detenciones realizadas por personal policial vestido de civil y sin identificación y la utilización de escopetas de perdigones disparadas contra los manifestantes han sido para la Defensoría del Pueblo las evidencias del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, lo que fue corroborado por sus comisionados durante la supervisión de las movilizaciones a nivel nacional, el 12 de noviembre.

“En ocho regiones del país se registraron hechos violentos, siendo los más graves los ocurridos en la ciudad de Lima”, precisó la Defensoría, que informó que los enfrentamientos ocurridos en la capital, entre manifestantes y policías, se prolongaron por más de cinco horas y dejaron 19 personas heridas, entre civiles y policías. Tres manifestantes fueron impactados por proyectiles de armas de fuego y está pendiente que se determine si fueron lesionados con perdigones, balas o similares. 

Además, los comisionados defensoriales reportaron 18 personas detenidas en dependencias policiales, por lo que la intervención institucional se ha dirigido a preservar su integridad y garantizar el debido proceso. También alertaron sobre el uso de gas lacrimógeno por la Policía en inmediaciones de áreas residenciales y de hospitales, como el Hospital del Niño, algo “prohibido e inaceptable pues pone en riesgo la vida y la salud de las personas”.

La Defensoría advirtió sobre la participación de personal policial vestido de civil, en diferentes manifestaciones y sin portar identificación alguna, que detuvo a varias personas. “La identificación de agentes estatales es fundamental para el reconocimiento de la persona que detiene, si tiene autoridad para hacerlo; y para la seguridad de la persona detenida, que está en el derecho de saber quién lo detiene, por qué es detenido y a dónde va a ser conducido”, destacó.

 

Defensoría supervisa protestas en Piura
Comisionados de la Defensoría del Pueblo supervisan la movilización de protesta en Piura. Foto: Wilson Siancas

 

Más víctimas y testigos de violencia policial

Horas después de las movilizaciones de protesta del 12 de noviembre, el congresista Alberto De Belaunde difundió en redes sociales un formulario para recoger información de las víctimas o testigos de violencia policial durante las manifestaciones. En pocas horas, recibió más de 300 registros de abusos policiales.

Aunque De Belaunde dijo a Convoca.pe que aún están verificando si todos los casos registrados en los formularios son reales, adelantó que lo que han podido revisar se condice con la información que ha revelado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, una estrategia de amedrentamiento y provocación para dispersar a los manifestantes, mal uso de los gases lacrimógenos y de perdigones contra personas que no representan una amenaza y participación de policías con ropa de civil.

 

Mal uso de armas policiales

Convoca.pe entrevistó a varios expertos en armas para conocer detalles del arsenal utilizado por la Policía Nacional para reprimir a los manifestantes y todos coincidieron en que, de haberse usado bajo el reglamento policial, las municiones utilizadas por la Unidad de Operaciones Especiales no debieron causar daños que requieran enviar al hospital a los manifestantes.

Respecto al armamento utilizado por la Policía Nacional durante las manifestaciones del último jueves, los expertos coincidieron que el arma usada es la escopeta Akkar Karatay TK-355 calibre de 12 milímetros con capacidad para siete tiros y que cuenta con el sistema de bocacha que permite también el disparo de bombas lacrimógenas. 

Las escopetas Akkar fueron parte de la compra de 726 escopetas de caza adquiridas por el Ministerio del Interior en diciembre de 2014, durante la gestión del entonces ministro Daniel Urresti, al consorcio formado por las empresas Lima Guns S.A. y Premium Guns S.A.C., por un valor de 1'085,239 soles.

Los expertos indicaron que esta escopeta está destinada a unidades antimanifestaciones y que su uso es exclusivo como elemento disuasor, ya que la munición utilizada por la Policía es una bala de goma de fabricación española que se fragmenta en 15 pequeños balines de goma, que causan dolor pero no penetran la piel.

Los entrevistados añadieron que la distancia máxima efectividad de estas escopetas, para que cumplan con su objetivo de causar dolor, es de entre 5 a 15 metros. Advirtieron que el arma puede ser letal, si se dispara a una distancia menor a 5 metros, ya que los 15 perdigones podrían causar rotura de costillas o la pérdida de la visión. 

La Policía Nacional solo debe usar armas y municiones reglamentarias. Según los expertos, las heridas causadas a los manifestantes hospitalizados no corresponden a municiones de goma reglamentarias para el uso de las unidades disuasivas.

 

Objeto extraido a periodista
La Policía le disparó al fotógrafo Alonso Chero, de El Comercio. Tuvieron que hacerle una cirugía para extraerle el perdigón de goma. Foto: GEC

 

Ministro niega acusaciones, pese a pruebas

Según un comunicado de la Policía Nacional, se intervino a manifestantes durante las protestas por estar implicados en disturbios, agresión y resistencia a la autoridad, entre otros actos que atentan contra la integridad física de las personas y los bienes públicos y privados. Además, confirma el uso de armas no letales, como perdigones de goma.

La Policía informó que 16 civiles fueron heridos y evacuados a nosocomios de la capital y anunció que la Unidad Especializada y la Inspectoría General de la PNP vienen realizando las diligencias e investigaciones para determinar las causas y las circunstancias de los hechos. Además, indicó que 11 policías resultaron con lesiones y que 13 vehículos y dos motocicletas policiales sufrieron daños materiales

 

Comunicado de la PNP

 

Pese a las evidencias gráficas y a los testimonios sobre el mal uso de perdigones y bombas lacrimógenas por parte de la Policía Nacional del Perú durante las movilizaciones de protesta pacífica contra el gobierno de Manuel Merino, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, negó que la Policía haya utilizado perdigones, lanzado bombas lacrimógenas desde un helicóptero y sacado a la calles a efectivos del Grupo Terna vestidos de civil para detener a los manifestantes. "El uso de perdigones está restringido, solo son bombas lacrimógenas que se han utilizado", dijo.

Este lunes 16 de noviembre, a las 10 de la mañana, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, deberá acudir a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso para informar sobre las acciones adoptadas por la Policía Nacional durante las jornadas de protestas ciudadanas y las medidas que se implementarán en el futuro para garantizar los derechos constitucionales de las personas. 

 

(*) Con la colaboración de Luis Enrique Pérez