Mineras y petroleras pagaron más de US$ 18 millones a la Policía por seguridad privada

La noche del 4 de mayo de 2015, Humberto Checya Chura, un hombre de 30 años, natural de Islay, en la región sureña de Arequipa, bloqueó una de las vías de su ciudad en protesta contra Tía María, el proyecto minero de la empresa Southern Copper Corporation, que es rechazado desde 2009 por un importante sector de la población del valle del Tambo, una próspera zona agrícola cuyos habitantes temen que los campos de cultivo sean afectados por la minería.

Humberto y sus compañeros fueron repelidos por un contingente policial que tenía como objetivo retirar a los manifestantes y liberar la vía. Uno de los agentes llevaba una escopeta de perdigones con la que debía lanzar proyectiles no letales de goma, pero estaba cargada con proyectiles de plomo que, disparados a corta distancia, pueden ser letales.
 
Tres disparos acabaron con la vida de Humberto, la madrugada del 5 de mayo, cuando era trasladado al Hospital de Mollendo. Su muerte se sumó a la de otros cuatro peruanos que, en abril de 2011, fallecieron por proyectiles de armas de fuego en protestas contra el proyecto de Southern Copper. Los asesinatos de Andrés Taype Choquepuma (22), Miguel Ángel Pino (23), Néstor Cerezo Patana (31) y Aurelio Huarcapuma Clemente (50) quedaron impunes, pues las autoridades no identificaron a los autores.

Durante las protestas contra este proyecto minero en Arequipa, los policías no solo representaban a las fuerzas a cargo de garantizar el orden público: también defendían a la compañía Southern Copper, pues agentes de la institución policial recibían pagos de esta empresa a cambio de brindarle seguridad privada, sobre todo para protegerlos de los pobladores que se oponían a sus operaciones. Esta práctica policial es común en el Perú y ocurre con varias empresas del sector minero, de hidrocarburos, entre otros.

El conflicto socioambiental contra el proyecto Tía María tuvo consecuencias mortales para cinco manifestantes. Foto: Difusión.

En diciembre de 2010, la compañía Southern Copper, propiedad del transnacional Grupo México, firmó un Convenio de Prestación de Servicios Extraordinarios con la Dirección Territorial Policial de Arequipa, por el cual la empresa obtenía, por un año, el servicio de 15 agentes policiales para brindar seguridad en las unidades mineras de Arequipa, denominadas Tía María, Virgen María, Malena y Chanca, así como en las propiedades de la empresa en el distrito de Cocachacra, epicentro del conflicto social iniciado hace casi 12 años. 

Este es solo uno de los numerosos convenios de protección y seguridad entre empresas extractivas y la Policía Nacional del Perú (PNP) firmados en los últimos 17 años, de acuerdo con los documentos obtenidos por Convoca.pe y CONNECTAS, a través de pedidos de información al Estado, vía la Ley de Transparencia. 

Esta investigación analizó 181 convenios y adendas suscritos en todo el país, entre febrero de 2003 y mayo de 2021, que evidencian cómo opera la institución policial para proteger a las compañías mineras y petroleras, muchas de las cuales mantienen conflictos con la población de los Andes y la Amazonía del Perú.

Por estos servicios extraordinarios de seguridad privada que brinda la fuerza pública, la institución policial ha recibido, por lo menos, 73 millones 500 mil soles (US $18'490,566), entre 2003 y 2020.

Más conflictos, más convenios

El análisis de la base de datos construida por Convoca.pe y CONNECTAS revela que el sector minero fue el que más solicitó el servicio de seguridad y protección policial, con 158 de los 181 convenios y adendas, lo que representa el 87% de los acuerdos con la PNP. Las empresas vinculadas al sector petrolero y gasífero firmaron 23 convenios.

Este medio revisó los registros de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos socioambientales activos registrados entre los años 2008 y 2021 y encontró que 20 de los convenios de seguridad policial, que beneficiaron a 13 empresas, fueron firmados o tuvieron vigencia en pleno conflicto entre las empresas mineras y las poblaciones de las zonas de influencia.

El gobierno de Ollanta Humala suscribió el mayor número de convenios de seguridad policial con mineras y petroleras: 61. Diez de estos acuerdos están vinculados a adendas al contrato con una de las auríferas más importantes de Sudamérica y que ha protagonizado diversos conflictos socioambientales en el Perú en los últimos años: Yanacocha. 

La Minera Yanacocha, del grupo estadounidense Newmont y de la peruana Buenaventura, es una de las empresas extractivas que más ha recurrido a los convenios de seguridad y protección con la Policía y que mantiene los servicios de resguardo desde el 2003. En total, firmó cuatro convenios y 12 adendas durante los gobiernos de Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczysnki y Martín Vizcarra. 

Esta compañía es protagonista del conflicto social por el proyecto aurífero Conga, en la región Cajamarca, que causó la muerte de cinco manifestantes, en julio de 2012, cuando estaba vigente uno de los convenios de seguridad policial. Faustino Silva (35), Paulino García Rojas (48), José Sánchez Huamán (29) y el adolescente César Medina Aguilar (15) murieron por proyectiles de armas de fuego, durante la intervención policial en la ciudad de Celendín. Al día siguiente, Joselito Vásquez Campos (28) falleció en Bambamarca, por una bala en el pecho.

Ante la presencia de los policías en la Plaza de Armas de Cajamarca, una ciudadana le increpó a un agente: "¿Por qué son así? ¿Por qué nos hablan así? ¿Por qué nos tratan así?", a lo que recibió una dura respuesta: "Porque son perros, pe', concha tu madre". En ese momento, Yanacocha tenía un acuerdo con la PNP para que miembros de unidades de élite resguardaran sus campamentos mineros.

"¡Porque son perros!", fue la desafortunada frase de un suboficial de la Policía Nacional contra los manifestantes contra el proyecto Conga de Yanacocha. Video: YouTube - Miguel Ángel Tadeo.

Pese a estas muertes, la Policía prorrogó el convenio de seguridad con Yanacocha, a través de adendas, por la "coyuntura política social existente en el departamento de Cajamarca". El último acuerdo, aprobado en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, estuvo vigente hasta el 20 de octubre de este año.

Según los cálculos realizados en base a la información de los "convenios de cooperación", Yanacocha pagó a la Policía 4 millones 678 mil soles (US $1’170,000), solo por un convenio de seguridad y una adenda, vigentes entre 2017 y 2020, que incluía 26 guardias de seguridad por día para su unidad minera. Es la empresa que más dinero desembolsó para pagar por estos servicios a la PNP.

El enfrentamiento entre la PNP y los manifestantes durante el 'Conflicto Conga' tuvo como consecuencia cinco fallecidos. Efectivos policiales evitaron el recorrido de los féretros por Cajamarca. Foto: Servindi.

Sigue en el ranking la empresa Southern Copper, que ha firmado 11 convenios de seguridad para sus unidades en el sur del Perú. Tres de esos acuerdos están vigentes, para dar seguridad en las zonas de influencia de los proyectos Tía María, en Arequipa; Toquepala, en Tacna; y Cuajone, en Moquegua.

La empresa del Grupo México pagó a la PNP 1 millón 530 mil 470 soles  (US $436.155) solo en los convenios que ya vencieron. Por los tres acuerdos vigentes, pagará, en total, 2 millones 86 mil 106 soles adicionales (US $524.806). Uno de los contratos es para resguardar el proyecto minero Tía María, rechazado por los agricultores desde hace más de una década. 

En la lista siguen la Compañía Minera Antamina (7), la petrolera china CNPC Perú (7), la Sociedad Minera Cerro Verde (5) y la Minera Las Bambas (5). Desde 2011, esta última compañía mantiene un conflicto con las comunidades ubicadas en el denominado Corredor Minero del Sur, que atraviesa 37 comunidades campesinas quechuas de Apurímac, Cusco y Arequipa.

“Los policías no solo cuidan las instalaciones de la minera, sino que están en todo el Corredor Minero, en toda la carretera”, relata Wilber Fuentes, secretario general del Frente Único de Defensa de los intereses de Chumbivilcas, sobre el servicio de seguridad que ofrece la Policía a la Minera Las Bambas.

Las Bambas, que produce el 2% del total de cobre que se extrae a nivel mundial, es la minera que ha mantenido más conflictos con las comunidades durante un convenio de seguridad con la PNP. El principal se registró en 2015, cuando los pobladores iniciaron un paro porque la minera modificó el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto (EIA) y descartó la construcción del mineroducto para llevar los minerales, para seguir trasladándose en camiones.

El entonces ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, envió 1500 policías "para resguardar una inversión millonaria que va a beneficiar a todos los peruanos". El 28 de septiembre, las fuerzas del orden dispersaron a los manifestantes en el distrito de Chalhuahuacho con bombas lacrimógenas y armas de fuego. Según la Defensoría del Pueblo, Ezequiel Huamaní Mío (32), Beto Chahuayllo Huillca (39) y Alberto Cárdenas Challco (24) fallecieron por el impacto de proyectiles.

Solo un mes antes de las muertes, el 13 de agosto de 2015, Las Bambas había suscrito un convenio de protección y seguridad con la Policía. En el anexo del convenio se señala que "en los casos excepcionales y fuera de control de la situación, donde haya sido necesario el uso de las fuerzas o armas, el jefe del destacamento hará llegar un informe a su comando sobre el incidente que obligó al uso de la fuerza o de las armas".

En el convenio entre la PNP y la Minera Las Bambas, la Policía se compromete a que utilizará la fuerza o armas en casos excepcionales.

Seguridad de élite

Un número importante de los convenios revela que las mineras y petroleras tenían preferencia por los servicios de cuerpos policiales de élite. Entre  2003 y 2016, 20 compañías pidieron a la PNP, en 38 convenios, que los efectivos provengan, preferentemente, de divisiones de la Dirección de Operaciones Especiales, entre ellas de la DINOES, DIROES y DIVOES, unidades de la más alta capacitación en el cuerpo policial.

Según agentes que brindaron seguridad con este tipo de convenios y que prefieren permanecer en el anonimato, las empresas extractivas, sobre todo las mineras, solicitan el servicio de policías que trabajaron en zonas de emergencia porque tienen alta especialización en patrullaje en zonas de conflicto, acciones antiterroristas y de inteligencia, lo que incluye acciones de infiltración.

La abogada Juliana Bravo, directora de EarthRights International, advirtió que las empresas mineras buscan a policías con capacidad de reacción en “situaciones de guerra”, como las que enfrentan en zonas del narcoterrorismo. “En Perú se está privatizando la Policía y la lógica de que, como el conflicto social es un “acto de guerra”, debe ser enfrentado con efectivos entrenados en zonas de guerra, como el VRAEM y el Frente Huallaga”, dijo.

En 20 de los contratos analizados, las empresas extractivas solicitaron que los policías hayan servido en bases contraterroristas en la zona de emergencia de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Marañón (VRAEM) y en el Frente Huallaga. Estos agentes conocen de enfrentamiento armado y táctico contra grupos subversivos o del narcotráfico.  

Para el abogado especialista en derechos humanos Álvaro Masquez, las empresas extractivas, en particular, las mineras protagonistas de conflictos sociales, solicitan servicios de policías de operaciones especiales porque perciben a los manifestantes de las zonas de influencia como población hostil y buscan una fuerza de seguridad de combate.

¿Cuánto cuesta la seguridad policial?

En la revisión de los convenios, Convoca.pe halló que la Policía recibió, por lo menos, 73 millones 500 mil soles (US $18'490,566), entre 2003 y 2020, por brindar servicios de seguridad y protección a 43 empresas del sector extractivo. El monto podría ser mayor, porque 30 acuerdos no contienen información completa sobre el pago a los agentes policiales.

Este monto representa una pequeña parte de las grandes ganancias que obtienen las empresas del sector extractivo en el Perú. Solo entre 2015 y 2019, las mineras exportaron metales por más de 125,324 millones de dólares, según datos del Banco Central de Reserva del Perú.

La modalidad de pago por estos servicios ha cambiado en las últimas dos décadas. Entre 2003 y 2016, las empresas mineras y petroleras negociaban con cada dirección policial regional los términos del contrato: lo que debía ganar cada policía, si el pago era en forma mensual, quincenal o diaria, así como el monto que le correspondía a la institución policial, que era un porcentaje de lo que se pagaba a todos los agentes.

En uno de los convenios, la Minera Yanacocha pidió que se designara prioritariamente a efectivos especializados en control de multitudes de Cajamarca.

El pago a los policías por hora de trabajo oscilaba entre los 9 soles ($2.57) y los 13 soles (US$ 3.70). La empresa Southern Copper pagaba 900 soles mensuales a cada uno de los agentes, según revela uno de los contratos firmados en el 2007, mientras que la minera Cerro Verde ofrecía 90 soles diarios a cada uno de los 23 suboficiales que le brindaban seguridad en el 2009. 

En 2017 la modalidad cambió porque el Ministerio del Interior reguló el pago a los policías por servicios extraordinarios, fijando una tarifa de 13.23 soles (US $3.30) por hora de trabajo, cantidad similar al máximo pagado por hora negociada en años anteriores. Desde entonces, las empresas deben depositar el monto total establecido en el convenio a una cuenta de la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional, en el Banco de la Nación que, a su vez, deposita el pago a la cuenta bancaria de cada efectivo policial. 

Entre los años 2003 y 2011, las empresas extractivas y direcciones de la Policía Nacional firmaron 25 convenios, que indican que la institución pública debía recibir entre el 2% y el 20% del monto total pagado a los efectivos policiales. 

La nueva regulación, del 2017, estableció que la Policía ya no debía recibir un porcentaje del total pagado a los efectivos, sino que cada empresa debía hacer un pago fijo de 15.35 soles (US $3.76) por hora de trabajo de los agentes. En las nuevas disposiciones tarifarias por el servicio de seguridad, el monto se redujo a 10.54 soles (US $2.64), por decisión de la División de Supervisión, Evaluación de Estrategias y Planes Institucionales de la PNP, con el argumento de que las compañías ponían los recursos logísticos, como equipos de comunicación, vehículos o instalaciones policiales en los campamentos. 

¿Son convenios legales?

Los convenios de la Policía con empresas privadas son permitidos por su Ley Orgánica, que señala que la institución puede prestar “servicios rentados de naturaleza particular”. Contra esa facultad, el Colegio de Abogados de San Martín presentó en abril de 2019 una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que la declaró infundada.

Sin embargo, el fallo reconoce que la protección que la PNP da a las empresas extractivas puede generar "la sensación de una pérdida de objetividad" entre las poblaciones que se manifiestan, como parte de su derecho a la protesta y señala que la Policía solo debe brindar seguridad a las compañías que demuestren que no pueden obtener ese servicio de empresas de seguridad privada. 

Un año antes, en 2018, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por estos convenios, mientras que el año pasado el relator especial de las Naciones Unidas para la situación de los defensores y defensoras de Derechos Humanos, el francés Michel Forst, vino al Perú y calificó a los convenios entre la Policía y las empresas privadas como una "comercialización de la fuerza policial".

Álvaro Másquez, del Instituto de Defensa Legal, consideró que estos convenios afectan la confianza de las comunidades hacia la institución policial porque consideran que, cuando estallan los conflictos, los uniformados los ven como enemigos. “Esa posición de la Policía se ve reflejada en las muertes, detenciones y actos ilegales”, señala.

Consultada por Convoca.pe, la División de Supervisión, Evaluación de Estrategias y Planes Institucionales de la PNP señaló que los montos que las empresas extractivas pagan a la institución “buscan mejorar la prestación de los servicios extraordinarios de seguridad” y que los convenios "no impiden ni limitan a los efectivos policiales el cumplir con sus labores institucionales…con el fin de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, orden público o seguridad ciudadana".

La entidad policial reconoció que solo recibe la documentación que las empresas presentan para acreditar que han agotado los medios para buscar servicios de seguridad, pero no la verifica, tal como indica el fallo del TC. Además, aseguró que el personal que brinda seguridad en campamentos mineros es capacitado de acuerdo con el "Manual de Derechos Humanos de la PNP" y que supervisan que cumpla la normatividad sobre el uso de la fuerza en sus intervenciones.

Solo un caso llegó a juicio

La historia del asesinato de Humberto Checya destaca entre los más de 40 casos de manifestantes fallecidos como resultado de la represión policial durante conflictos sociales. Esta podría ser la única muerte que no quede impune, pues su familia y la defensa legal han encontrado pruebas de que el suboficial Dalmer López Cáceres sería el autor de los disparos que terminaron con la vida del joven padre.

En declaraciones a Convoca.pe, el abogado Arturo Salas, de la ONG Solidaria, que representa a la familia Checya, explicó que en más de 15 años, no se ha logrado llevar ante los tribunales a un agente de la Policía involucrado en un crimen contra manifestantes en conflictos socioambientales, pues opinó que la Fiscalía actúa para mantener la impunidad en estos casos.

Salas recordó que, en el año 2017, el fiscal Yecid Zevallos Arias buscó que el caso se archive sin hacer mayores investigaciones, ni recabar testimonios, ni realizar la reconstrucción de los hechos. “Tuvimos que realizar las diligencias que la Fiscalía nunca realizó, como recoger evidencias, pruebas de disparos y conseguir indicios que apuntan al suboficial López, quien era el único que cargaba una escopeta perdigonera”, relató el abogado. 

Para el abogado Arturo Salas, en las investigaciones sobre muertes de manifestantes, la institución policial no es imparcial. Durante las diligencias para reconstruir la muerte de Humberto Checya, observó el “espíritu de cuerpo policial”, ya que los compañeros del suboficial López afirmaban haberlo visto disparar, pero negaban que haya lanzado balas de plomo.

Convoca.pe conversó con el hijo del fallecido. Paul Checya solo tenía 14 años, en mayo de 2015, cuando su padre murió por el impacto de balas de plomo. Él considera que durante la investigación fiscal hubo una intención de ocultamiento de la PNP durante los peritajes de reconstrucción de los hechos. “No nos daban la información correcta. También quisieron archivar el caso varias veces”, contó.

Paul Checya sigue esperando que las autoridades peruanas le pongan fin a la sensación de impunidad que tiene su familia y que ese sea el camino para que otros familiares de personas fallecidas en conflictos sociales con empresas mineras obtengan una reparación. “Espero que tengamos una indemnización del Estado, tanto yo como mi hermana, pero también para otras víctimas de asesinatos”, dijo Paul, quien junto a su familia lleva más de seis años a la espera de encontrar justicia.

(*) Este reportaje fue realizado por Luis Enrique Pérez para Convoca.pe y Acción Regional Connectas (ARCO), con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

Créditos: Investigación, análisis de datos y visualización: Luis Enrique Pérez. Edición: Elena Miranda. Ilustración principal: Manuel Gómez. Diseño: Luis Pacheco. Editor de audiencias: Antonio Manco. Directora: Milagros Salazar Herrera.