Por Fiorella Montaño | 15 de mayo de 2021
Durante una entrevista en un medio de comunicación, el candidato presidencial Pedro Castillo dijo que el partido Perú Libre propone la nacionalización de los recursos, pero no la estatización, sin mayor explicación sobre cuál es su concepción respecto a estos dos conceptos o cómo se aplicaría esa medida en un eventual gobierno bajo su mandato.
A menos de un mes de la segunda vuelta electoral, en la cual compite con Keiko Fujimori, algunas propuestas de Castillo como el cambio de Constitución o la nacionalización de los recursos, no han sido explicadas de forma detallada y menos a nivel técnico, razón por la que muchos dudan sobre si serán viables o sostenibles.
Convoca.pe solicitó a Perú Libre una entrevista con el equipo técnico a cargo de elaborar la propuesta de nacionalización. La respuesta de la organización política fue el silencio. Similar actitud exhibe Pedro Castillo durante la campaña de la segunda vuelta, cuando le preguntaron sobre la identidad de los miembros de su equipo técnico. Se estima que su presentación se realice en las próximas horas o días.
Por ahora, el documento que da mayores alcances sobre la política de nacionalización que plantea Perú Libre es el plan de gobierno presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, que se terminó en febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia por el Covid-19, y que en realidad es el ideario del fundador del partido, Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín senteciado por corrupción.
En contradicción con lo afirmado por Pedro Castillo, el documento partidario sí se refiere a la estatización y también a la nacionalización. Entendiéndose que existe una diferencia entre ambas medidas, pero sin dar muchos detalles al respecto.
Una parte de aquel plan de gobierno indica que los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos y comunicaciones, deben "nacionalizarse". "En algunos casos solamente debe recurrirse a la nacionalización y no la estatización, indemnizando al privado lo invertido y administrando el total de las utilidades generadas", se lee en el documento.
En otra parte se explica que la estatización procedería en caso los privados no acepten renegociar el reparto de utilidades con el Estado, para que el gobierno se haga acreedor del 70% u 80% de las mismas y el resto quede para la empresa.
Camisea y yacimientos
Epifanio Baca, consultor del Grupo Propuesta Ciudadana, considera que la nacionalización plantea devolver la capacidad al Estado para decidir sobre sus recursos. Agregó que esta propuesta sería importante en el caso del gas de Camisea. Este recurso se extrae de lotes ubicados en la región Cusco, sin embargo "en 15 años no ha llegado ni una sola gota de gas al sur".
Baca sostiene que la nacionalización podría plantear que este recurso se destine de manera prioritaria para el consumo nacional, en segundo lugar a su venta al extranjero.
En su plan de gobierno, Perú Libre toma a Bolivia como ejemplo de una exitosa nacionalización del sector de hidrocarburos. En 2006, el gobierno de Evo Morales procedió con la nacionalización de este sector. Esta política consistió en la renegociación de contratos con las empresas privadas, el establecimiento de mayores impuestos y la reconstrucción de empresas nacionales en el rubro.
Epifanio Baca explicó que esta nacionalización no expulsó a las compañías del territorio boliviano, estas se quedaron en el país, pero con diferentes condiciones, más favorables para el Estado boliviano.
Perú Libre no solo toma como referencia la nacionalización de este recurso en Bolivia, sino de otras naciones como Venezuela, Arabia Saudita, Ecuador y Uruguay, entre otros modelos que son distintos entre sí, por lo que se mantiene la duda respecto a qué plantea en realidad Pedro Castillo sobre la nacionalización.
Otro aspecto, tiene que ver con la nacionalización del recurso mineral. Epifianio Baca cree que será difícil la aplicación de esta política en el sector debido a que no hay mucha demanda del recurso en el mercado interno, motivo por el cual es destinado a la exportación. Respecto a la expropiación de yacimientos, el especialista sostiene que podría traer consecuencias legales al Estado peruano.