Elecciones 2021: Exfuncionarios sancionados por la Contraloría son candidatos al Congreso

Tres ex servidores públicos que fueron sancionados por la Contraloría con la inhabilitación para ejercer cargos en el Estado durante dos años por cometer faltas muy graves, buscan ser congresistas por los partidos Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, según el análisis que Convoca.pe realizó tras cruzar información de los registros del órgano de control y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Ellos son los candidatos Juan Francisco Retamozo Villafuerte (Fuerza Popular), quien postula para ser representante parlamentario por Tacna; Julio Cedesias Canchis Manrique (Avanza País), por Áncash; y Ernesto Chilón Castro (Renovación Popular), por Cajamarca.

En el caso de Ernesto Chilón, quien fue jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca entre 2013 y 2015, la Contraloría lo inhabilitó por dos años debido a que determinó su responsabilidad en la autorización de pagos de remuneraciones, gratificaciones, bonificaciones y otros abonos a funcionarios de confianza y de alta dirección de esa comuna, que no estaban autorizados para recibir los beneficios laborales mencionados.

La sanción impuesta a Chillón estuvo vigente entre noviembre de 2017 y noviembre de 2019. El ente de control concluyó que el ahora candidato de Renovación Popular —agrupación que dirige Rafael López Aliaga— había ocasionado un grave perjuicio económico al municipio de Cajamarca, que ascendió a 426 mil 846 soles, según la resolución del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría.

El postulante al Congreso por Renovación Popular causó que la municipalidad de Cajamarca perdiera S/ 426,846, según estableció la Contraloría en 2017.

Respecto a Juan Retamozo Villafuerte —postulante en la lista de Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori—, cuando era jefe de asesoría jurídica en la Municipalidad Distrital de Jorge Basadre, en Tacna, fue sancionado por la Contraloría con dos años de inhabilitación por haber actuado en contra de los intereses del Estado en un contrato firmado por la gestión municipal del entonces alcalde Ever Juanillo Huanacuni, de acuerdo con el órgano de control. Este candidato fujimorista estuvo inhabilitado desde enero de 2018 a enero de 2020.

Para conocer más detalles sobre las graves faltas administrativas que Retamozo cometió como funcionario, Convoca.pe intentó acceder a la resolución de sanción, pero en el área de Prensa del ente de control afirmaron que están impedidos de divulgar documentos de sanciones que ya finalizaron o se cumplieron.

El candidato de Fuerza Popular no apeló la sanción en su contra, por lo que aceptó la decisión emitida por la Contraloría en primera instancia.

En tanto, Julio Canchis —aspirante a una curul por Avanza País, organización política encabezada por Hernando de Soto— también estuvo inhabilitado por dos años para ejercer cargos en la administración pública, tras un proceso sancionador de la Contraloría. Su inhabilitación por falta "muy grave" finalizó en enero de 2020.

En momentos en que era director de la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Amazonas, Canchis firmó la conformidad para la emisión del comprobante de pago para un proveedor por la entrega del servicio de edición de un libro turístico que iba a publicar la entidad pública.

Sin embargo, el proveedor incumplió con el contrato, pues se comprometió a entregar el servicio en la ciudad de Chachapoyas, pero en realidad entregó la publicación en Lima y en fecha posterior a que el gobierno regional emitiera el pago. Por este motivo, el ente de control concluyó que Julio Canchis "contravino las bases del contrato" al dar conformidad a un servicio que no respetó los términos del acuerdo suscrito.

El aspirante a un escaño en la lista de Avanza País "contravino las bases del contrato" al dar conformidad a un servicio que no respetó los términos del acuerdo.

Convoca.pe escribió a los tres candidatos para conocer su versión respecto a las sanciones de la Contraloría y hasta el cierre de esta edición, solo respondió Julio Canchis, de Avanza País. 

Canchis sostuvo que cuando era director de Administración de la región Amazonas, solo recibió la orden de realizar el pago por el servicio de la edición de los libros, pero que el área que dio la conformidad del servicio fue la Dirección de Turismo del Gobierno Regional, y no su oficina, como señala la resolución de la Contraloría.

Añadió que inmediatamente después de que el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría emitiera su decisión, él presentó una demanda judicial contra la resolución de sanción, pues considera que el proceso administrativo tiene "graves vicios".

En la actualidad, la Contraloría está impedida de ejecutar su facultad sancionadora, pues el 26 de abril de 2019 el Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo que imposibilita al ente de control ejercer esta función de sancionar administrativamente a los funcionarios y servidores públicos que hayan cometido o incurran en inconducta funcional, incluso con connotaciones delictivas, situación que constituye una seria afectación a la lucha contra la corrupción y la impunidad.

En diálogo con Convoca.pe, el contralor Nelson Shack recordó que la sentencia del TC reconoce que la Contraloría tiene capacidad para sancionar, pero necesitan el "instrumento operativo" para aplicar las sanciones, que debe surgir de una ley que aprueba el Congreso.

"La tipificación de las conductas infractoras tiene que estar en una ley. Enviamos ese proyecto de ley, pero no ha sido priorizado. Está en proceso de discusión en  la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso y esperamos que en esta nueva legislatura pueda ver la luz", manifestó.

Cuando el Parlamento apruebe y publique la Ley que le devuelve al capacidad sancionadora al órgano de control, dicha entidad desplegará un proceso de implementación que, según estima el contralor, le tomará unos 90 días, para poner en operación nuevamente el proceso administrativo sancionador.