Al menos 24 exfuncionarios y servidores públicos que cometieron irregularidades en el mejoramiento del tramo 3 de la carretera Variante de Uchumayo, en Arequipa, obra que estuvo a cargo de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA) —empresa socia de Odebrecht para la vía Interoceánica Sur e implicada en el ilegal 'Club de la Construcción'—, quedaron libres de ser sancionados por la Contraloría como consecuencia de la ratificación de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), la cual recorta la facultad sancionadora del máximo órgano de control.

Estos forman parte de los más de 15 mil funcionarios que no recibirán sanción administrativa —la cual puede llegar a la inhabilitación para ejercer la función pública— por realizar actos irregulares y hasta delictivos debido al fallo del TC, emitido el 26 de abril pasado y confirmado el 1 de agosto último, que establece la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley 27785 del Sistema Nacional de Control, el cual indica las conductas infractoras por las cuales un funcionario público podría ser sancionado con inhabilitación o suspensión de la función pública.

Según el Informe de Auditoría al tramo 3 de la Variante de Uchumayo, elaborado en 2018, la Contraloría detectó hechos que ocasionaron un perjuicio al Estado peruano por más de 2 millones 800 mil soles, los cuales configuraban presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas. La obra fue adjudicada a ICCGSA en diciembre de 2015, por parte del gobierno regional de Arequipa. Pero el contrato fue cancelado en diciembre de 2017, tras denuncias de retrasos y abandono del proyecto de construcción. Los trabajos en esta obra empezaron en septiembre de 2016, con un costo de 92 millones 604 mil 122 soles

La gobernadora regional Yamila Osorio visitando la obra Carretera Variante Uchumayo Tramo III. Fuente: RPP

Las observaciones y los funcionarios

En el referido informe de la Contraloría se formularon graves observaciones. La primera fue que algunos funcionarios de la región Arequipa, durante la gestión de la gobernadora Yamila Osorio, aprobaron el expediente técnico del proyecto a pesar de que estaba incompleto, con deficiencias y con un presupuesto de obra actualizado sin sustento que, finalmente terminó ocasionando un pago mayor de 2 millones 464 mil 466 soles. La segunda, que estos mismos funcionarios suscribieron un convenio con el Organismo Internacional para las Migraciones (OIM) para que realizaran la selección para la contratación del ejecutor y supervisor de obra, sin contar con la disponibilidad física del terreno sobre el que se proyectó la ejecución de la obra, un requisito necesario. Esta decisión incumplió con lo previsto en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, situación que causó el incremento del presupuesto de inversión del expediente técnico en 927 mil 427 soles.

La tercera observación fue que también algunos funcionarios regionales de Arequipa dieron conformidad y pagaron el adelanto de materiales por 19 millones 500 mil soles por medio de un pago realizado el 28 de diciembre de 2015, que no debió proceder debido a que la obra no se había iniciado ante la falta de disponibilidad de los terrenos y de supervisión. Al respecto, el órgano de control señaló: “se produjeron por la actuación de los servidores y funcionarios responsables, quienes inobservaron (sic) la normativa antes mencionada, a fin de que se pague al contratista S/ 19'500,000 cuando no correspondía, con el consecuente interés legal de S/ 363,923". Asimismo, se halló que estos funcionarios permitieron que el contratista ejecutara la partida "Pavimento de concreto hidráulico", sin agregar la fibra de polipropileno, pese a que esto estaba incluido en la propuesta económica, lo cual significó que se incluyera el costo de este material por 122 mil 505 soles, pese a que no fue utilizada en la construcción de la obra. 

Por el fallo del TC, entre los funcionarios que no podrán ser sancionados mediante un Proceso Administrativo Sancionador se encuentran los siguientes casos de gravedad: César Augusto Ramos Zamora, gerente de infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa, quien aprobó el expediente técnico del proyecto sin tomar en cuenta que el estudio de impacto ambiental y la certificación ambiental no había sido emitida por un órgano competente. Además, "no se contó con los estudios (técnicos) acorde a las necesidades del proyecto, las cuales al ser corregidas ocasionaron la aprobación de prestaciones adicionales de obra, cuyas ampliaciones de plazo demoraron la puesta en servicio de la vía Variante de Uchumayo". Este funcionario, según el informe, tiene responsabilidad penal y civil por incumplir con sus funciones.

Actuales representantes del Tribunal Constitucional: Ernesto Blume, presidente; Manuel Miranda, vicepresidente; Carlos Ramos Nuñez, José Luis Sardón de Taboada, Marianella Ledesma Narváez, Eloy Espinosa-Saldaña y Augusto Ferrero Costa, magistrados.

En el caso de Francoise Barreda Ponce, jefe del proyecto Carretera Variante Uchumayo Tramo III, fue quien emitió un informe el 2 de septiembre de 2015 con el cual comunicaba al gerente regional de Infraestructura (César Augusto Ramos Zamora) sobre la modificación del presupuesto del mismo, a través de la actualización de precios de noviembre de 2014 a los de julio de 2015. Según el documento de Contraloría, esto se realizó pese a que el reporte contenía "un presupuesto actualizado sin sustento y por encima de su valor, asimismo, el expediente técnico se encontraba incompleto". Se estableció su responsabilidad civil.

Por su parte, Edy Ñaca Bailón fue subgerente de Supervisión y Liquidación de proyectos entre el 2 de marzo y el 24 de agosto de 2015, y gerente de Supervisión de Liquidación desde el 25 de agosto de ese año. Aún estaba en funciones hasta el día en que se emitió el informe del ente de control en julio de 2018. Este funcionario emitió un informe el 8 de julio de 2015 recomendando contratar al OIM para que realizara los procesos de selección del ejecutor y supervisor de la obra, cuando no se cumplió con los requisitos esenciales para realizar la contratación (entre ellos no se disponía físicamente de los terrenos). Esto supuso el incremento de 927 mil 427 soles en el presupuesto de inversión del expediente técnico. Para la Contraloría este funcionario tiene responsabilidad penal y civil.

Además, está Jorge Concha Contreras, especialista de costos y presupuestos del Gobierno Regional de Arequipa, quien actualizó el presupuesto del expediente técnico de la obra, pese a contener un presupuesto actualizado sin sustento y por encima de su valor "que ocasionó un mayor pago durante su ejecución por 2 millones 464 mil 466 soles". Una situación que debió advertir y observar. Se indica que tiene responsabilidad civil.

También se encuentra Francisco Manuel Santisteban Cueto, supervisor de obra del Gobierno regional de Arequipa, quien emitió un informe el 2 de septiembre de 2015 para comunicar al gerente regional de supervisión y liquidación de proyectos, sobre la evaluación del expediente técnico de la obra. Santisteban Cueto concluyó que los costos y presupuestos se encontraban subsanados, a pesar de contener un presupuesto actualizado y sin sustento, por encima de su valor real. Se señala que tiene responsabilidad civil.

Asimismo, Johnny Chacón Adco, sub gerente de formulación de proyectos de inversión del Gobierno Regional de Arequipa, dio el visto bueno al expediente técnico, pese a contener un presupuesto actualizado sin sustento y con deficiencias. El órgano de control considera que tiene responsabilidad civil por incumplir con sus funciones.

Y en el caso de César Augusto López de la Torre Ugarte, coordinador de obra, emitió dos informes, uno el 14 de diciembre de 2017 y otro el 11 de enero de 2018 "correspondientes a las valorizaciones N° 15 y 16 para dar la conformidad y tramitar el pago de la partida Pavimento de Concreto Hidráulico por el costo valorizado por el Contratista (...) incluyendo la fibra de polipropileno, pese a no ser utilizada en la mezcla de concreto, permitiendo que tanto el contratista como el supervisor incumplieran con sus respectivas obligaciones contractuales". Esta situación causó pagos por trabajos que no correspondían a lo contratado. Hubo un perjuicio económico de 122 mil 505 soles.

Ficha de resumen del Informe de Auditoría respecto a la obra Mejoramiento de la Carretera Variante Uchumayo Tramo III.

A todos estos exfuncionarios les correspondía ser sometidos a un Proceso Administrativo Sancionador (PAS), sin embargo, como el contralor Nelson Shack destacó el viernes reciente, cuando se presentaron los resultados de operativos de control sobre la Reconstrucción con Cambios, seguridad ciudadana y salud: “En la [obra] Variante de Uchumayo hemos identificado responsabilidades administrativas que deberían haber conducido a una sanción de suspensión o hasta inhabilitación de funcionarios públicos (...) y el informe de auditoría está, y estaban los procesos de PAS, [pero] todos esos casos han sido archivados”.

Informe de Auditoría respecto a la obra Mejoramiento de la Carretera Variante Uchumayo Tramo III

Ficha de resumen: