Nueve partidos postulan a candidatos sentenciados por corrupción para ser congresistas y vicepresidente

Nueve partidos políticos que participarán en las elecciones generales de abril próximo inscribieron ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) a 14 candidatos al Congreso y un postulante a la vicepresidencia de la República que consignaron en sus hojas de vida sentencias por delitos de corrupción, las cuales fueron emitidas tras un proceso judicial.

Estas organizaciones políticas son Somos Perú (3), Perú Libre (3), Alianza para el Progreso (2) y Unión por el Perú (2). También los partidos Victoria Nacional, Podemos Perú, Renovación Popular, el Frente Amplio y el Partido Popular Cristiano, que tienen a un condenado por corrupción en sus respectivas listas de postulantes al Parlamento.

En el caso de Perú Libre, resalta el caso del ex gobernador regional Vladimir Cerrón Rojas, quien es candidato a la segunda vicepresidencia en la plancha presidencial que lidera José Castillo Terrones. En agosto de 2019, Cerrón fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible, tras determinarse que favoreció a un consorcio en obras de saneamiento en la ciudad de La Oroya, durante su primera gestión al frente de la región Junín (2011 - 2014).

En octubre del mismo año, la Sala de Apelaciones de la Corte de Justicia de Junín varió la prisión efectiva a prisión suspendida para Vladimir Cerrón y redujo su pena a cuatro años, y además ordenó su inhabilitación de la función pública por un año.

Por este impedimento para ejercer la función pública, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente a la candidatura de Cerrón, pues según el artículo 34-A de la Constitución —modificación aprobada en setiembre de 2019— "están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso".

La sentencia contra Cerrón originalmente fue por 4 años y 8 meses de prisión efectiva. Dos meses después, se le redujo la pena y pasó a ser de 4 años de prisión suspendida.

Otro candidato de Perú Libre que registra sentencias por casos de corrupción es Víctor Rojas García, quien postula con el número 33 para ser representante de Lima. En enero de 2014, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima impuso a Rojas una condena de tres años y diez meses de prisión suspendida por el delito de cohecho activo genérico (soborno), así como una inhabilitación de tres años para ejercer cargos públicos.

Además, en el mismo partido está Virgilio Huerta Jara, candidato con el número 4 por la región Áncash, sentenciado por la Sala Penal de Huaraz a 1 año de prisión suspendida por el delito de peculado que le fue impuesto en febrero de 2002.

Víctor Rojas (izquierda) fue sentenciado por cohecho activo y Virgilio Huerta (derecha) fue condenado por peculado.
 

Otro postulante a ser congresista condenado es Wilfredo Alayo Jiménez, que postula con el número 33 por Lima por Unión por el Perú (UPP), dirigido por el candidato presidencial y actual congresista José Vega Antonio en coordinación con el recluido Antauro Humala. Alayo fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible, por decisiones realizadas cuando era subgerente de Control Patrimonial de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, distrito de la capital peruana.

La sentencia contra Alayo está relacionada con la adquisición de un vehículo de segunda mano que se pagó como si se tratara de un vehículo nuevo, transacción que se realizó en 2011. Seis años después, en marzo de 2017, el Primer Juzgado Unipersonal Corte Superior de Justicia de Lima Sur lo condenó a cuatro años de prisión suspendida, así como a inhabilitarlo para desempeñarse en cargos públicos por tres años. 

También por UPP, la candidata con el número 4 por la región Ica, Jenny Ericka Peralta Cárdenas, fue sentenciada en julio de 2019 por el Segundo Juzgado de Paz Letrado al encontrarla responsable del presunto delito de dar suma de dinero. 

El Jurado Electoral Especial de Huancayo declaró improcedente la solicitud de inscripción de Edgar López Quilca, candidato a congresista de la República con el número 5 por la región Junín por la agrupación política Somos Perú, porque consignó que en octubre del 2020 fue sentenciado a tres años de prisión suspendida por el delito de peculado por el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Insisten en postulación

También quedó fuera de carrera electoral el candidato por Somos Perú por Apurímac, Anastacio Rolando Taipe Huaman, quien registra una sentencia de tres años de prisión suspendida por el delito de colusión, resolución emitida por la Sala Mixta de Abancay en septiembre de 2008.

Quien aún no es totalmente excluido es el candidato de Somos Perú, Misael Alvarado Paucar, quien postula con el número 2 para conseguir un escaño por la región Huánuco. En 2001, Alvarado fue sentenciado por el delito de malversación de fondos. La Primera Sala Penal de Huánuco lo sentenció el 5 de septiembre de 2005 con una condena de un año de pena privativa de libertad condicional. En busca de seguir en carrera en las Elecciones Generales 2021, Alvarado apeló la resolución del JEE de Huánuco que observó su candidatura.

Somos Perú: Edgar López (izquierda) registra una sentencia por peculado, Anastacio Taipe (centro) una condena por colusión y Misael Alvarado (derecha) fue encontrado culpable del delito de malversación de fondos.
 

En 2018, Alvarado Paucar intentó ser candidato a consejero regional de Huánuco por Acción Popular, pero en la hoja de vida presentada ante la entidad electoral no consignó la condena, motivo por el que fue retirado de la contienda electoral regional.

Alianza para el Progreso (APP) liderado por César Acuña también registra dos candidatos con sentencias por delitos de corrupción. Es el caso de Eduardo Rubén Carhuaricra Meza, quien postula al Congreso por la región Pasco, ya que registra una pena de dos años de prisión suspendida por el delito de peculado.

La Sala Liquidadora de la Corte Superior de Justicia sentenció a Carhuaricra Meza, quien fuera alcalde provincial de Pasco en 1996, por no haber rendido cuentas sobre un monto aproximado de 5 mil soles que se utilizó en las actividades por el aniversario de la región del año 1998.

También, el candidato de APP por la región Lambayeque, Hildomaro Rodríguez Alvarado, fue sentenciado por peculado de uso en agravio del Gobierno Regional de Lambayeque y condenado a tres años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución, sentencia emitida en octubre de 2014 por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo. 

En APP, los candidatos Eduardo Carhuaricra (izquierda) y Hildomaro Rodríguez (derecha) fueron sentenciados por el delito de peculado.

Los Jurados Electorales Especiales de Pasco y de Chiclayo declararon improcedentes sus candidaturas ya que ambos registran sentencias por delitos de corrupción. Convoca.pe conoció que el partido APP apeló la inadmisibilidad de sus candidaturas y están a la espera de la respuesta del Jurado Nacional de Elecciones.

En tanto, el partido Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, tiene en su lista por Lima para el Congreso al exalcalde del distrito de Villa María del Triunfo, Juan José Castillo Ángeles, quien fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible.

En diciembre de 2014, el Poder Judicial determinó que Castillo, entonces burgomaestre de VMT, vulneró las normas que regulan los procesos de inversión privada, favoreciendo la contratación de la empresa Goal Inversiones SAC, a fin de que esta ejecute un proyecto de inversión por 30 años en el estadio Héctor Chumpitaz, de más de 11 mil metros cuadrados.

El exalcalde de Villa María del Triunfo, Juan José Castillo Ángeles, fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por negociación incompatible. Foto: Difusión

También, el candidato al Congreso por Huancavelica por el Partido Popular Cristiano (PPC), Simeón Oseas Apari Suárez, fue condenado por el delito de colusión por el Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Castrovirreyna, ya que en su condición de alcalde del distrito de Santa Ana fue encontrado responsable de haberse apropiado de la suma de 7 mil soles mediante el pago de un proyecto que no se había ejecutado ni iniciado.

La candidatura de Apari Suárez también fue declarada improcedente por el Jurado Electoral Especial de Huancavelica al encontrar que los ciudadanos condenados por delitos dolosos —como peculado— están impedidos de postular a cargos de elección popular.

De izquierda a derecha: Los candidatos Simeón Oseas Apari (PPC), Rolando Solís (Frente Amplio), Fredy Toralva (Podemos Perú) y Juan Malpartida (Victoria Nacional) también registran sentencias de prisión suspendida por delitos de corrupción.

Por su parte, el partido Frente Amplio, que dirige el excongresista Marco Arana, tiene al candidato por Cusco, Rolando Solís Casilla, quien, el 16 de agosto de 2016, fue sentenciado por el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Chumbivilcas a dos años de prisión suspendida por el delito de peculado doloso simple. La candidatura de Solís también fue declarada improcedente por el JEE de Cusco. 

Podemos Perú, el partido que tiene como candidato presidencial a Daniel Urresti, también registra que Fredy Toralva Cáceres, quien postula al Congreso por Junín, fue sentenciado en el 2007 por el delito de peculado. 

Mientras que Juan Alejandro Malpartida Filio, quien aspira a un escaño con Victoria Nacional —que encabeza el candidato presidencial George Forsyth— para representar al Callao, registra una pena de dos años de prisión suspendida por delito contra la administración pública impuesto por la Corte Suprema en agosto de 1997.

Actualización: miércoles 13 de enero de 2021

Sentenciados en primera instancia no pueden postular

En diálogo con Convoca.pe, El expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, explicó que los candidatos que hayan sido sentenciados por delito doloso en primera instancia se encuentran impedidos de postular a cualquier cargo de elección popular.

Reforma constitucional aprobada en 2020 prohíbe la postulación a cargos de elección a condenados por delitos dolosos, como los casos de corrupción.

Tuesta afirmó que con el cambio constitucional aprobado por el Congreso en setiembre del 2020, no se necesita que la sentencia sea de la última instancia judicial, razón por la cual el Jurado Nacional de Elecciones debería excluir a los candidatos con condenas de prisión firme o suspendida por delitos dolosos.

Agregó que en caso de que los Jurados Electorales Especiales hayan inscrito la postulación de algún sentenciado, los ciudadanos están habilitados para presentar un recurso de impugnación a la candidatura ante el órgano electoral. El valor de la tasa para poder presentar una tacha es de una Unidad Impositiva Tributaria, es decir 4 mil 400 soles.