El Tribunal Constitucional publicó esta semana una sentencia a favor de las comunidades indígenas del distrito de Urarinas, en la región Loreto, afectados por el derrame de alrededor de 2,600 barriles de crudo de petróleo del Oleoducto Norperuano (ONP) que en junio de 2014 contaminaron la quebrada del Cuninico, un afluente del río Marañón, uno de los más importantes de la Amazonía peruana, que junto con el Ucayali origina el río Amazonas. 

Los más de 99 mil galones de petróleo vertidos afectaron a las comunidades del pueblo kukama ubicadas en Cuninico, San Francisco, Nueva Esperanza y Santa Rosa, cercanas a la zona contaminada.

El máximo ente de interpretación de la Constitución dio la razón a esos cuatro poblados y ordenó a Petroperú que cumpla con el Decreto Supremo 081-2007-MINEM, que en el punto 4 del anexo 4 indica que el operador del ducto, en este caso la mencionada empresa estatal, debe compensar los daños ocasionados por la fuga de hidrocarburos.

TC ordena a Petroperú compensar a comunidades afectadas por derrame de Cuninico (Exp.03799-2018-AC) by ConvocaRedes on Scribd

Resolución del Tribunal Constitucional sobre la contaminación por derrame de petróleo en Cuninico.

La norma también señala que la compañía debe realizar en los primeros 15 días de la emergencia un inventario de los daños ocasionados a las personas, propiedades y medio ambiente, para realizar las compensaciones económicas a los afectados. Sin embargo, seis años y medio después del derrame aún no se ha establecido a cuánto ascienden los daños económicos a las comunidades perjudicadas.

Convoca.pe conversó con el abogado Juan Carlos Ruiz, quien estuvo cargo de la fundamentación de la demanda de cumplimiento. Ruiz especificó que el fallo del TC es un primer paso para que Petroperú cumpla con la compensación económicas, pero que aún hay un largo camino para calcular más de seis años de afectaciones a las actividades productivas de las comunidades indígenas de la quebrada contaminada.

"El trabajo del TC no es determinar el monto, sino que se cumpla la determinación de la compensación. A pesar de los años transcurridos, Petroperú no ha realizado ese cálculo", explicó.

Juan Carlos Ruiz cree que pese al fallo del Tribunal Constitucional, la ruta hacia el cumplimiento de la compensación aún es larga. Foto: IDL

El abogado añadió que luego de este fallo, el Poder Judicial debe convocar una audiencia para comenzar a definir cómo Petroperú va a cumplir la compensación. Será la empresa estatal la que deberá llevar a las comunidades una propuesta del cálculo estimado de daño económico causado a las poblaciones, lo que incluye el daño a la flora, fauna y daño potencial a la salud humana, en base a lo que señaló el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en su resolución de sanción contra la petrolera del 2015, comentó Ruiz.

Sobre si solo Petroperú se encargará de definir la propuesta de compensación, el abogado afirmó que las comunidades también realizarán un peritaje para cuantificar los daños y abrir una negociación sobre los montos compensatorios para las familias afectadas.

El derrame del 2014 cambió de forma dramática los modos de vida de las comunidades de la zona. Según estudios de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), antes de que se vertiera el petróleo en las aguas del río Cuninico, el 70% de la población de las comunidades se dedicaban a la pesca en los ríos. Luego de seis años, solo el 10% de los comuneros se dedica a esa actividad.

La pesca fue afectada por el derrame del crudo en la quebrade de Cuninico. Foto: Mongabay

Para conocer por qué los pobladores dejaron pescar en el área, Convoca.pe conversó con César Mozombite, vice apu de Cuninico, quien refirió que esta actividad se ha visto casi liquidada luego del derrame de petróleo.

El representante indígena señaló que solo en la comunidad de Cuninico, 156 familias se dedicaban a la pesca y obtenían en promedio 300 kilos de pescado por semana, producto que vendían en Nauta y Yurimaguas, las localidades más pobladas cercanas a los pueblos de la etnia Kukama.

De acuerdo con Mozombite, cada familia obtenía por semana un aproximado de 900 soles por la venta de los peces, dinero con el que compraban otros productos de pan llevar como el azúcar o fideos, productos de limpieza personal, los útiles escolares de los menores, el combustible para sus embarcaciones y el kerosene para cocinar sus alimentos, entre otros.

"Antes sacabamos a la semana unos 300 kilos, ahora viajamos tres días para sacar solo 20 kilos en otras zonas de la cuenca alta del Cuninico", comentó el vice apu, quien añora los tiempos en que había abundancia de peces como el paiche, la doncella, palometa y otros.

El dirigente añadió que si bien la pesca es la actividad que se ha visto más afectada por el derrame, también la agricultura comunal se vio mermada por la contaminación de los suelos a causa del crudo. Dijo que antes del derrame, las 2 mil plantas de camu camu que tiene en Cuninico producían dos toneladas del fruto, pero que pasados los años la producción fue reduciéndose y ahora solo obtiene 500 kilos por temporada, situación que perjudica drásticamente sus ingresos económicos.

Uno de los comuneros de Cuninico muestra la afectación que el derrame causó al río que les provee de alimento y bebida. Foto: Barbara Fraser

"En una temporada vendía el kilo de camu camu entre 5 a 7 soles, con lo que sacaba unos 10 mil soles, pero ahora no llego a sacar ni 500 kilos, porque las raíces han sido afectadas por la contaminación", afirmó el vice apu. Agregó que también fueron afectados los sembríos de maíz y arroz, alimentos que son parte de la dieta principal de la comunidad Kukama.

"La pregunta que hay que hacernos es: ¿cuánto dejó de pescar cada ciudadano de las zonas afectadas por la contaminación por el derrame?, y ¿cómo esa falta de ingresos evitó que las comunidades puedan comprar medicinas o ropa para sus hijos? Se debe hacer un esfuerzo por cuantificar los daños de más de seis años de afectación", apuntó por su parte Juan Carlos Ruiz.

Por esta razón, en las próximas semanas, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Loreto organizará talleres con las cuatro comunidades que presentaron la demanda en el Tribunal Constitucional, actividades en las que participarán aprenderán a valorizar los daños y perjuicios a causa del derrame, anunció el vice apu Mozombite, quien además es animador de la misión católica de la Parroquia Santa Rita de Castilla, ubicada a una hora de Cuninico.

Sin respuesta

Convoca.pe envió preguntas a la empresa Petroperú a través de su área de Prensa para conocer la fecha en que iniciará el proceso de identificación y el inventario de daños ocasionados a terceros, propiedades y salud, como ordenó el Tribunal Constitucional o si, en todo caso, ya han calculado el daño generado por el derrame del 2014 y el número de familias a las que se debe compensar.

Voceros de la empresa estatal señalaron a este medio digital que su área legal estaba preparando las respuestas. Sin embargo, hasta el cierre de edición de este informe, la petrolera estatal no emitió pronunciamiento alguno.

La resolución que ordena que se cumpla con la normativa de compensación a las comunidades afectadas, también establece que los pobladores pueden solicitar el apoyo de la Defensoría del Pueblo para lograr un acuerdo más justo respecto al monto valorizado por la afectación.

Este medio de comunicación consultó a la Defensoría, a través de su área de Comunicaciones y la adjunta de Pueblos indígenas, si iban a intervenir en las negociaciones, pero solo refirieron que "por el momento no tienen respuesta" y que antes analizarán los detalles del fallo del TC.

Actualización: jueves 14 de enero de 2021

El este jueves 14, las comunidades de la etnia kukama de Cuninico, San Francisco, Nueva Esperanza y Santa Rosa, iniciaron una serie de talleres, en las cuales analizarán la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el proceso de compensación económica que tendrá que realizar Petroperú a los afectados por el derrame de petróleo hace más de seis años, en el distrito de Urarinas en Loreto.

En el primer taller participaron los representantes de la Mesa Regional de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Loreto, a través de su presidente Federico Arnilla, y la coordinadora Carmen Rosa Arévalo, así como los asesores legales del Instituto de Defensa Legal, Juan Carlos Ruiz y Mariza Quispe.

Unos 50 representantes de las comunidades afectadas participaron de la convocatoria. Foto: Carmen Rosa Arévalo Salas

Foto principal: Alex Kornhuber / Servindi