Gilmer Trujillo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo, señaló a Convoca Verifica que ellos evaluaron el expediente del Acuerdo de Escazú de manera específica desde el 31 de julio último. Hasta la semana pasada se realizaron 13 sesiones, a las cuales se invitó a 49 personas para que expusieran su postura y argumentos sobre aquel tratado.
Hubo un amplio debate. Se presentaron especialistas, catedráticos, nativos, ambientalistas, representantes de ONG. Lo que corresponde ahora es que los legisladores voten para ratificar el acuerdo o no. Se citó a una sesión extraordinaria para tratar el tema este martes, que finalizó con el rechazo de su ratificación por los votos en mayoría de los integrantes del grupo de trabajo legislativo.
"(...) Nosotros tenemos que dar el siguiente paso, que es la participación de congresistas", manifestó el parlamentario Trujillo.
Afecta la soberanía nacional
Entre las declaraciones verificadas como engañosas se encuentra la que argumenta que el país perdería soberanía si ratifica el Acuerdo de Escazú.
Esta posición fue expresada, durante el debate, por el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura, que fue respaldada por pronunciamientos del Colegio de Ingenieros del Perú y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).
Se asegura que se vulneraría la soberanía nacional al someter ante un órgano supranacional la resolución de las diferencias surgidas por la aplicación del tratado.
Esta aseveración es engañosa. En el artículo 3, acápite “i”, se establece el principio de soberanía permanente de los Estados sobre los recursos naturales. En cuanto a una demanda internacional, esta sí se podría dar, pero solo después de agotar otras instancias en el país, como ocurre cuando se presenta una demanda ante la Corte Internacional de Justicia o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por otras razones.
Perjuicio a las inversiones
El 15 de julio último, mediante un comunicado firmado por la Confiep y otros gremios empresariales (como la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima y Perucámaras), este sector expresó su preocupación por la posible ratificación del Acuerdo de Escazú. Aseguraron que podría afectar a las inversiones del país.
Se señaló que el tratado "genera inestabilidad jurídica en el país afectando indudablemente a las inversiones y al propio desarrollo de las poblaciones de nuestro territorio nacional".
Esta afirmación hecha por la Confiep, es engañosa. En ninguna parte del acuerdo se establecen mecanismos para paralizar inversiones, sino que se elevan estándares de participación ciudadana.
En el artículo 7, indica que el Estado debe garantizar mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones. Sin embargo, la palabra sobre el desarrollo o paralización de un proyecto siempre la tendrán las autoridades.
(*) En el pódcast escucha otras afirmaciones relacionadas al Acuerdo de Escazú y su aprobación.