El Estado no ha remediado ninguno de los más de 3 mil pasivos ambientales de hidrocarburos que hay en el Perú

Uno de los atractivos turísticos que tiene el distrito de Zorritos, en Tumbes, además de sus playas, es un extraño pozo de dos metros cuadrados ubicado en una de sus lomas. De un tubo negro, situado al medio al modo de una pileta, brota agua muy caliente desde las profundidades del suelo. Por ratos, salen gases inflamables que se convierten en fuego. El agua discurre hacia una piscina contigua en la que los visitantes, en traje de baño, chapotean, creyendo que sus cuerpos están absorbiendo minerales saludables. Muchos no saben que se están bañando en un pozo de exploración petrolera.

En 1965 una empresa que figura en los registros estatales como GMP perforó esta zona con el objetivo de encontrar hidrocarburos. No se sabe qué halló, pero se fue del lugar sin tapar el agujero. En aquella época las compañías petroleras podían hacer y deshacer sin tener que dar cuenta a una autoridad ambiental. Los lugareños, sorprendidos porque del tubo manaba un chorro de agua de varios metros, lo convirtieron en un atractivo. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) lo incluyó en el Inventario de Recursos Turísticos del Perú en la categoría de “sitios naturales”.

En el 2014, un equipo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) visitó el pozo, recogió muestras del agua en la que se bañaban los turistas y las mandó a un laboratorio. Se encontró arsénico, un metal considerado cancerígeno, en una proporción que superaba lo permitido en 1708%; boro, otro químico, que sobrepasaba el estándar en 11989%; y bario, que superaba el máximo en 761%. En una escala de riesgos para la salud del 1 al 25, los inspectores le pusieron 25.

El OEFA catalogó el lugar como un pasivo ambiental. Según la ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos (Ley 29134), publicada en el 2007, bajo este concepto están incluidos “los pozos e instalaciones mal abandonados, los suelos contaminados, los efluentes [líquidos], emisiones [gases], restos o depósitos de residuos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo el zócalo marino, producidos como consecuencia de operaciones en el subsector hidrocarburos, realizadas por parte de empresas que han cesado sus actividades en el área donde se produjeron dichos impactos”.

La Defensoría del Pueblo mandó una carta al MINCETUR informándole que había confundido un baño termal con un pozo petrolero. Retiraron el lugar de la lista oficial de sitios turísticos. Pero hasta hoy figura como un atractivo en la página web del Gobierno Regional de Tumbes. Y si no fuera por la pandemia, los visitantes seguirían nadando en sus aguas, corriendo el riesgo de quemarse con las llamas que se prenden cada tanto.

Responsables no identificados

El pozo de Zorritos es uno de los 3448 lugares que figuran en el Inventario de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos y que fueron registrados entre 2013 y enero de 2020, de acuerdo con una base de datos a la que accedió Convoca.pe y que forma parte de una potente plataforma sobre las industrias extractivas que lanzaremos en los próximos días.  

OEFA ha visitado estos sitios del inventario, que custodia el Ministerio de Energía y Minas (MINEM); ha recogido muestras de aguas y suelos para verificar la presencia de metales nocivos y ha definido que son pasivos ambientales. Luego ha derivado sus informes sobre estos lugares al MINEM, que es la institución encargada de identificar a las empresas que dejaron estos pasivos y pedirles que los remedien.

En caso no pueda llegar a los responsables, por tratarse, por ejemplo, de un pozo muy antiguo, el ministerio puede declarar que el lugar tiene un “responsable no identificado”. Y si el riesgo para las personas y el medio ambiente es alto, debe remediar el pasivo con dinero público. Son encargos contenidos en el reglamento de la mencionada Ley 29134, publicado en febrero del 2011. Pero nueve años después no se ha remediado ni un solo pasivo.

No sólo eso. El MINEM no ha podido identificar a una sola empresa privada responsable de alguno de los 3448 pasivos. Sólo ha declarado la responsabilidad de una empresa en el caso de la estatal Petroperú, que dejó un pozo mal abandonado en el distrito de Pariñas, en Piura. Según Martha Aldana, directora general de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del ministerio, la empresa pública no tuvo problemas en reconocer su culpa. “Ellos directamente asumieron”, cuenta en entrevista con Convoca.pe. Lamentablemente, no han tenido la misma suerte con el capital privado.

A la fecha, el MINEM ha declarado, a través de 13 resoluciones ministeriales, que 77 pasivos ambientales tienen un “responsable no identificado”. Esto significa que serán remediados con dinero del tesoro público, es decir, de todos. Se contratará a empresas especializadas que cerrarán adecuadamente los pozos, por ejemplo. Ocurrirá con el pozo de Zorritos que se ha convertido en un lugar turístico. Los funcionarios del sector, luego de efectuar búsquedas en bases de datos estatales, no han podido dar con la empresa GMP, que operaba en la zona en 1965.

De los 77 pasivos sin responsables, 15 han sido priorizados por ser de alto riesgo en los tres aspectos que mide el OEFA: salud y seguridad de la población y medio ambiente. Once de estos pasivos están en Piura, 3 en Tumbes y 1 en Loreto. La mayoría son pozos mal abandonados rodeados de suelos contaminados. ¿Por qué en estos casos no se llegó a identificar a los responsables? “Han sido empresas de hidrocarburos las que han hecho los pozos, pero ya no hay persona jurídica vigente a quien se le pueda responsabilizar por el pasivo”, dice Aldana. Y menciona como ejemplos a las extinguidas International Petroleum Company y London Pacific Petroleum.

El balón no está en mi cancha

¿Por qué el Estado no ha podido remediar un solo pasivo si las reglas de juego se aprobaron hace nueve años? “Ha sido un retraso por problemas básicamente de gestión y de coordinación entre las entidades”, explica Lissette Vásquez, jefa del Área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo. Nadie consideró que el balón estaba en su cancha y el primer tiempo del partido se acabó.

El reglamento de la ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, publicado en febrero del 2011, daba 30 días para que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), que entonces tenía la función de fiscalización ambiental, identificara los pasivos, y otros 30 días para que el MINEM publicara una primera versión del inventario. Pero para el 2012 no había nada.

“Cuando OSINERGMIN le transfirió las competencias de fiscalización ambiental al OEFA no le señaló expresamente que también le transfería las competencias de identificar pasivos”, recuerda Martha Aldana. El descuido de las autoridades a cargo del traspaso de funciones trajo cola. “Ninguno de los dos se consideraba competente para realizar la labor de identificación”, apunta Lissette Vásquez. Recién el 2013 el Ministerio del Ambiente definió que el OEFA asuma esa tarea.

Al año siguiente, se publicó la primera versión del inventario de pasivos ambientales de hidrocarburos, con 156 lugares identificados. Entre el 2015 y el 2017, el OEFA fue sumando cientos de lugares a esta base de datos, que llegó a tener más de 3000 ítems. Pero faltaba lo más importante: que el MINEM identificara a los responsables y gestionara la remediación. “Cuando quisimos dar ese paso, que es un paso crítico, porque significa asumir el costo, nos dimos cuenta que teníamos algunos problemas con aquellos pasivos identificados por OEFA”, señala Aldana.

Al parecer, el OEFA había calificado como pasivos lugares que no lo eran. Por ejemplo, pozos que eran atribuibles al actual operador de un lote: un pasivo, por definición, es responsabilidad de una empresa anterior. Una precisión legal adquiría gran importancia. “Eso nos llevó a otra discusión que también nos demoró un tiempo”, reconoce la funcionaria del MINEM. Era necesario validar los pasivos identificados por el OEFA, pero las entidades no se ponían de acuerdo sobre quién lo haría. Al final, acordaron que fuera el MINEM.

“A la fecha, hemos revisado 1186 pasivos y hemos validado 935 y descartado 249”, detalla Aldana. La identificación adecuada de estos lugares es clave para determinar a los responsables y proceder con la remediación. ¿Cuándo concluirían la revisión?, le preguntamos. “Difícil darle una fecha de para cuándo estaría todo revisado porque, además, en paralelo estamos viendo el tema de hacer unos ajustes en el reglamento [de la Ley 29134] para mejorar el proceso”, responde la funcionaria.

La situación en Loreto

Como es usual en el Estado peruano, tan proclive a duplicar esfuerzos, en mayo del 2015, cuando estaba en pleno desarrollo el inventario de pasivos ambientales de hidrocarburos, el Congreso aprobó una ley para la remediación de algunos lugares contaminados en cuatro cuencas de Loreto: Tigre, Corrientes, Pastaza y Marañón. La petrolera Pluspetrol Norte estaba por abandonar el Lote 1AB (hoy Lote 192), dejando tras de sí una amplia estela de impactos, y las federaciones indígenas exigieron a las autoridades asegurar la limpieza de estos sitios.

La Ley 30321 dispuso la creación del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, que nació con 50 millones de soles del tesoro público destinados a financiar estudios que permitieran rehabilitar de forma efectiva suelos y aguas contaminados. Una junta de administración del fondo, en la que participaron el Estado y las organizaciones nativas, priorizó 32 sitios impactados en Tigre, Corrientes y Pastaza, y 11 en Marañón. Se destinaron 12.5 millones de soles para hacer los planes de rehabilitación en cada cuenca.

El consorcio colombiano Ecodes-Varichem hizo los estudios en las cuencas de Tigre y Pastaza, y la empresa peruana J. César Ingenieros & Consultores hizo lo propio en la de Corrientes. En Marañón todavía no se ha dado este paso.

Así lucía la cocha de Ushpayacu, uno de los 32 sitios impactados de Loreto, en el 2007. Hasta hoy el petróleo sigue en la zona. Foto: Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP)

Los planes para limpiar los 32 sitios impactados en Tigre, Corrientes y Pastaza ya están en los escritorios del MIMEM, a la espera de ser aprobados. Luego toca organizar una licitación internacional para elegir a las empresas remediadoras. Esto último lo coordinará PROFONANPE, una captadora de fondos privada a la que el Estado le ha encargado actuar como secretaria técnica de la junta de administración y gestora de los recursos para la rehabilitación.

Flor Blanco, gerente del Programa de Pasivos Ambientales de PROFONANPE, explica a Convoca.pe que la estimación inicial de los costos de la remediación para los 32 lugares es de 682 millones de soles. Este monto es tentativo: puede variar cuando se aprueben los planes de rehabilitación presentados por las consultoras y empiece la fase de la planificación de la ingeniería. De momento, el MINEM ha ingresado al fondo 183.4 millones de soles, que se usarán en las primeras remediaciones.

“El tema de que esté rehabilitando el Estado peruano ahora no quiere decir que va a cargar con el costo. El encargo de PROFONANPE, una vez terminada la rehabilitación, es brindar toda la documentación [de los gastos realizados] al OEFA para que continúe con los trámites que corresponden con la empresa responsable”, advierte Blanco. Pluspetrol Norte, según el OEFA, es responsable de 25 de los 32 sitios impactados. La responsabilidad de los demás lugares está en investigación.

Martha Aldana remarca que “la creación del fondo nace de la controversia existente en tanto la empresa [Pluspetrol Norte] no reconoce su responsabilidad por el número de sitios señalados por el Estado. Entendemos que ellos, inclusive, han judicializado esta decisión del OEFA y por eso es que eso va a correr su propio camino”. Así, el MINEM desembolsará los millones que cueste remediar los 32 lugares de Loreto con la esperanza de que, en algún momento, la empresa los devuelva.

Peces acostumbrados al petróleo

El Estado ha decidido remediar con la suya porque tiene una deuda histórica con los pueblos originarios que habitan el Lote 192 (ex 1AB). Pluspetrol Norte, antes de irse de la zona en el 2015, hizo algunas remediaciones deficientes, de acuerdo con el “Estudio Técnico Independiente del ex Lote 1AB”, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Según esta investigación, en nueve sitios que formaban parte de los Planes Ambientales Complementarios de la empresa “los tratamientos realizados durante la remediación resultaron contraproducentes en la mayor parte de los casos, ya que incorporaron al suelo los líquidos contaminantes mediante la acción de mezcla mecánica intensiva”.

“Mientras no se resuelva ese pasivo histórico, no haya capacidad para atenderlo, difícilmente se podrá generar un escenario de confianza social para que en esos territorios se realice una nueva inversión”, comenta el exviceministro de Gestión Ambiental Mariano Castro. El reciente enfrentamiento en el Lote 95, también en Loreto, donde murieron tres indígenas, es una penosa muestra de esto.

Uno de los sitios impactados que se rehabilitarán con dinero del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental es Ushpayacu, en la cuenca del Pastaza. Es una cocha en la que ha habido sucesivos derrames. “Ahí pesca la gente, hay unos pececitos que son resistentes a la contaminación”, cuenta Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) a través del hilo telefónico. “Son pececitos pequeñitos, idénticos a la tilapia, acá nosotros le decimos fasaco y bujurqui. La carne de esos pececitos algunas a veces es dura, no suave”.

Chino recalca que las cinco décadas de explotación petrolera ininterrumpida que ha habido en el lote han dejado secuelas graves en la salud de las personas y en el medio ambiente. Por eso pide celeridad a los funcionarios del Estado encargados de la remediación. “Limpien de una vez”, dice.

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Reportero: Ghiovani Hinojosa. Ilustración principal: Iván Ciro Palomino. Visualizaciones interactivas: Edwin Montesinos. Limpieza y análisis de datos: Luis Enrique Pérez. Desarrollo web: Elvis Rivera Cotrina. Editor de audiencias y redes sociales: Antonio Manco. Coordinación y edición: Milagros Salazar Herrera.