Covid-19: ¿A quién le importa las 915 peruanas desaparecidas durante la cuarentena?

La emergencia sanitaria confirmó cuán desprotegidas están las mujeres en el Perú. Desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio, 309 adultas y 606 niñas y adolescentes fueron reportadas como desaparecidas, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Un promedio de 10 denuncias por día. Un caso cada tres horas. El pasado 11 de agosto, el Estado recién anunció la implementación de mecanismos para una búsqueda efectiva, tras una larga espera que generó impunidad en los casos de violencia contra la mujer. Cabe anotar que al finalizar el 2020, se reportó 5,521 mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas. 

Por Mirelis Morales Tovar | 21 de julio del 2020

(Actualizado 11 de agosto 2020) Stefany, 17 años, ojos ambar, cabello negro, tez blanca. Sandra, 11 años, ojos negros, contextura delgada, tez morena. Ambas jóvenes hubiesen querido quedarse en casa durante la cuarentena, como el resto de los peruanos, pero alguien les impidió regresar a su hogar. No fueron las únicas. Unas 309 adultas y 606 niñas y adolescentes fueron reportadas como desaparecidas desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, según el último informe de la Defensoría del Pueblo. Una cifra que pondría en alerta a cualquier país del mundo menos al Perú, donde la violencia contra la mujer parece haberse naturalizado. 
 
¿Dónde se encuentran estas 915 mujeres desaparecidas durante el aislamiento social? ¿Qué pasó con ellas? ¿Cuántas han sido localizadas hasta ahora? Nadie sabe. Tampoco hay manera de saberlo con exactitud porque el Perú no cuenta con un registro nacional de información de personas desaparecidas. Una deuda que el país tiene con las mujeres –y con los hombres también– desde hace 17 años,  cuando la Ley N°28022, promulgada el 11 de julio de 2003, ordenó su creación para centralizar todos los casos y ofrecer a los familiares información certera que facilite las labores de búsqueda. 

Tampoco se tiene un portal con información actualizada, porque el sitio peruanosdesaparecidos.org dejó de funcionar en 2017 y sólo se cuenta con la web teestamosbuscando.pe, que no cumple las especificaciones establecidas en la norma. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables relega esa materia al despacho del Interior. La División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú se negó a conceder una entrevista a Convoca.pe. De modo que el informe de la Defensoría del Pueblo, que recoge las notas de alerta de la PNP, es el único documento que dibuja el panorama más cercano a esta realidad en el Perú.

“Estamos muy preocupados por los últimos reportes, porque todos sabemos que la desaparición de una mujer tiene que ver con una cuestión de violencia de género”, afirmó Eliana Revollar, defensora adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. “Detrás de una desaparición, hay un hecho de violencia previa, luego puede haber un femicidio u otros delitos conexos, como trata, explotación sexual, violación sexual. La privación de la libertad de una mujer es una situación preocupante”, agregó.

En enero pasado, se reportaron 561 desaparecidas. Mientras que en febrero, la cifra repuntó a 663. Marzo pudo haber sido peor. La llegada de la cuarentena cambió los pronósticos al propiciarse –en teoría– un ambiente más protegido para las mujeres, en virtud de la orden de inmovilización social y el despliegue de las fuerzas policiales en la calle. Así se evidenció en el informe de la Defensoría del Pueblo, que registró 471 mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en marzo. A partir de abril, mayo y junio, cuando se mantuvo el aislamiento social, las cifras no dejaron de escalar.

La desaparición de niñas y adolescentes es lo más preocupante, en promedio representa el doble de casos que el número de adultas, incluso en junio llegó a su pico más alto en el periodo de cuarentena: el 70 por ciento del total de casos de mujeres desaparecidas correspondía a menores.

“Cómo es posible que las mujeres se reporten como desaparecidas, cuando todo el espacio público estaba tomado por las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. No había aeropuerto ni transporte. La Policía no nos ha dado una explicación”, afirmó Revollar. “Antes de la pandemia, cada cinco horas se reportaba una desaparecida. Durante la pandemia, cada tres. Ello le genera a las mujeres una sensación de inseguridad absoluta”, precisó.

El análisis de la Defensoría del Pueblo sugiere que la Policía designó a buena parte de su personal a garantizar el cumplimiento de las medidas restrictivas que impuso el Estado, para evitar el contagio del COVID-19 y descuidó las acciones de búsqueda de las mujeres desaparecidas. Asimismo, las restricciones de tránsito dificultaron la gestión para formalizar la denuncia e imposibilitaron a las familias para hacer sus propias labores de investigación. 

Una deuda histórica 

La pandemia puso en evidencia cuán desprotegidas están las mujeres en el Perú. Un país que cuenta con un marco legal para crear un sistema de búsqueda de personas desaparecidas, que dispone de medidas para la atención de personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad y de un protocolo interinstitucional de atención de casos de desaparecidos, pero que no ha implementado ninguno de estos mecanismos de manera adecuada. Ni siquiera lo ha hecho movido por las cifras reportadas durante la emergencia sanitaria. 

“No tenemos activa la línea 114, tampoco el sistema de mensajería de texto para enviar a los teléfonos avisos de búsquedas”, explicó Katherine Soto, representante de la Asociación Mujeres Desaparecidas Perú. “No contamos con un registro de desaparecidos ni disponemos de un banco genético de las familias de las desaparecidas. Todo eso está reglamentando, está en papeles. Mientras no se implemente, sigue siendo una deuda en función de la voluntad de las autoridades. Es una respuesta machista y una deuda histórica que tiene el Estado con las mujeres”, agregó.

La Convención de Belem de Pará (1994) –el primer tratado internacional que abordó la violencia contra las mujeres– establece que los Estados tienen la obligación de acomodar todo el aparato estatal, con la finalidad de evitar las desapariciones, prevenir los factores de riesgo y fortalecer las instituciones para responder de forma inmediata. De lo contrario, los Estados se convierten en responsables de participar en la desaparición de mujeres, por omisión activa.

Revollar asegura que existen evidencias de que el Estado peruano no ha tomado medidas efectivas para prevenir las desapariciones y que tiene responsabilidades en la violación de los derechos de las mujeres. Por tanto, explicó que cualquiera de los familiares que pueda probar que no hubo una debida diligencia en la búsqueda, podría acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar que el Estado asuma su responsabilidad.

“El Estado Peruano ha institucionalizado las desapariciones de mujeres”, sentenció Katherine Soto. “Al institucionalizarlas, se establece una política de negación de la existencia de nuestras propias vidas Es una figura sistemática que tiene el Estado de desaparecer mujeres al negarles su propia búsqueda. Eso habla de cómo funcionan nuestras estructuras sociales, a partir de la negación a las mujeres del derecho a la verdad y a ser consideradas ciudadanas plenas”, concluyó.

Actualización 11 de agosto

El titular de la PCM, Walter Martos, anunció el pasado 11 de agosto, luego de la publicación de este informe, que en un plazo máximo de 40 días útiles se implementará de forma efectiva el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, así como el Portal de Personas Desaparecidas previsto en el Decreto Legislativo N° 1428.

De igual manera, refirió que se fortalecerá la Línea 114, brindando una atención especializada a las denuncias de mujeres desaparecidas. “Estas acciones permitirán movilizar a la Policía a nivel nacional para ubicar a las mujeres que, habiendo presentado indicios de violencia, desaparecieron, así como brindar el acompañamiento necesario a los familiares”, anotó.

Lamentó que la violencia en todas sus manifestaciones haya continuado durante el periodo de aislamiento social por la pandemia, registrándose 37 feminicidios desde el 16 de marzo hasta el 7 de agosto de acuerdo con los reportes del Programa Nacional Aurora.

“Ante esta grave situación, se han realizado grandes esfuerzos para ampliar la capacidad de atención y acercar nuestros servicios a la población. Declaramos servicios urgentes a la Línea 100, Hogares de Refugio Temporal y los Servicios de Atención Urgente”, señaló.

Actualización: lunes 18 de enero de 2021

En su último reporte de Igualdad y No Violencia, la Defensoría del Pueblo informó que durante el 2020 se registró la desaparición de 5,551 mujeres, entre niñas, adolescentes y adultas. Lo que implica que el año pasado se produjeron 15 desapariciones cada día.

En ese periodo, 138 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Pero un detalle importante, es que antes de conocerse la muerte de 34 de ellas, las desapariciones habían sido denunciadas ante la Policía Nacional. Es decir, que en el 25% de casos de mujeres asesinadas en el país, se produjo su desaparición previa. 

La mayoría de desaparecidas son niñas y adolescentes (3,835), en comparación con la cifra de mujeres adultas (1,686). Lima es la región donde se concentra la mayor cantidad de estos hechos. 

La Defensoría del Pueblo indicó que si bien reconoce la implementación del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas, mediante la Policía Nacional, aún se deben resolver las limitaciones de la plataforma.

"Una de estas está referida a la dificultad en el acceso y la difusión oportuna de las notas de alerta de personas desaparecidas en meses anteriores, ya que no se puede acceder directamente a estas, sino que deben ser buscadas por su nombre. Asimismo, se han advertido deficiencias en las fotografías colocadas para la búsqueda de las personas", se anotó en el documento.