En su Mensaje a la Nación de 2019, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, anunció que el acceso universal al sistema de salud para casi cuatro millones de peruanos, con una cobertura sin discriminación alguna a los servicios integrales de salud, adecuados y de calidad; estaba garantizada para el 2021, año que se celebrará 200 años de la independencia política del Perú. La decisión fue muy aplaudida."Mi gobierno ha dispuesto el “Acceso Universal en Salud”, para todos los peruanos y peruanas...( ) ¡Al bicentenario, todos tendremos acceso universal en salud!", enfatizó en su segundo discurso como Jefe de Estado.
El Perú junto con otros países miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), había acordado en octubre de 2014 una estrategia para que todos los ciudadanos y comunidades alejadas de las grandes ciudades puedan utilizar servicios de salud integrales de calidad cuando los necesitaran sin que eso significase un gasto de su propio bolsillo. Este acceso y cobertura universal requería de parte del gobierno algunos esfuerzos como elevar el gasto público en ese rubro en los siguientes años hasta alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) con cierto crecimiento económico, sin dañar las finanzas ni la estabilidad del gobierno.
Vizcarra no esperó mucho. El 28 de noviembre último, mediante el decreto de urgencia No. 017-2019, el Presidente establecía las medidas oficialmente para el aseguramiento universal de salud, y ordenaba los primeros 900 millones de soles para financiar la implementación de infraestructura, personal de salud, equipos e insumos que se necesitaran para ampliar la capacidad de atención en los hospitales, centros o puestos de salud. Una tarea laboriosa que requiere eficiencia y no solo dinero.
Sin embargo, el surgimiento de la pandemia, el desplazamiento de recursos humanos y los millonarios gastos con los que el gobierno ha decidido atenuar el impacto del coronavirus, han puesto en otro escenario al gobierno, alejándolo más de la meta sobre la cobertura en salud.
Hace poco más de una semana, la titular de la cartera de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva Luperdi, ya había indicado que su sector tenía previsto destinar partidas económicas que representarían el 12% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, para paliar el impacto del nuevo coronavirus (COVID-19). Más de 7 puntos porcentuales del PBI de lo que los gobiernos asignan para el rubro salud.
La ministra Alva Luperdi estimaba que para una primera fase destinada a contener el virus, se gastaría 30 mil millones de soles; en una segunda fase para préstamos de las empresas otros 30 mil millones, y en una tercera y última fase dirigida a la reactivación económica, una similar cantidad. “El impacto económico de lo que está sucediendo no tiene precedentes. El plan económico que debemos aplicar, también tiene que ser sin precedentes”, dijo la ministra en aquel momento, quien añadió que esta millonaria e inesperada partida saldría de las reservas internacionales.
Por otro lado, se esperaba, antes que la pandemia surgiera, que el gobierno elevara los gastos en salud ante el anuncio del acceso universal en salud. En octubre pasado, el presupuesto para el año fiscal 2020 contemplaba la ejecución de 18 mil 495 millones de soles para el sector salud, lo que representa un 2.2 % del gasto social del PBI, muy lejos del 6%, cifra sugerida a los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud en 2014, a fin de asegurar en el tiempo la cobertura universal.
De ese partida destinada al sector salud, saldría 1,800 millones de soles para el Seguro Integral Social, encargado de ofrecer cobertura universal en salud.
Un informe publicado en 2018 por la revista especializada en salud pública de la OPS había recordado que los países en América Latina con cierto crecimiento económico, se habían comprometido, como estrategia para asegurar una cobertura universal en salud en el tiempo, elevar al 6% del PBI el gasto en salud solo con el crecimiento económico.
Según el estudio "Espacio fiscal para salud en las Américas: ¿es suficiente el crecimiento económico?", Uruguay, Cuba y Costa Rica ya alcanzaron el 6% mientras que Ecuador y Colombia y Bolivia lo harían antes del 2027. Perú no podría alcanzar la meta solo con crecimiento económico sino hasta después del año 2100. Por ello, para poder cumplir con ese objetivo tendría que hacer uso de los fondos obtenidos mediante una mayor recaudación o su eficiencia en el manejo del gasto.
Sin embargo, cifras referidas al gasto en salud como el porcentaje utilizado del PIB tampoco aseguran una buena calidad de la salud para todos los ciudadanos. Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Costa Rica y Cuba presentan una positiva correlación entre gastos y resultados, mientras que Brasil y Paraguay destinan el 8.9 %, pero están lejos aún en cuanto a una cobertura ideal. En el caso de Perú, no se cumple esa correspondencia entre gasto público y los buenos resultados en salud.
Y aunque es cierto que el Perú ha sido felicitado recientemente por la OPS o la OMS, por logros en salud como la reducción progresiva de la mortalidad materno infantil y la desnutrición crónica infantil, al analizar más detalladamente, se observa que tanto la anemia y desnutrición infantil se mantienen altas cuando se trata de poblaciones vulnerables especialmente en las zonas rurales de la sierra y selva. Precisamente, en el universo de los casi cuatro millones que esperan el acceso a la salud.
Un ejemplo concreto es el de los poblados nativos matsigenkas del Bajo Urubamba, en la selva del Cusco, donde una encuesta de campo en algunas comunidades revelaban que un el 47 por ciento de los niños sufrían algún tipo de desnutrición. Es decir, uno de cada dos niños matsigenkas tenían anemia o una estatura y peso menores a los parámetros mínimos sugeridos por la OMS, lo que revela que la cobertura en salud del Estado no llega hasta estas poblaciones.
Ni siquiera construir muchos hospitales, con muchas camas, es garantía de éxito, según los expertos. Las cifras oficiales del Ministerio de Salud indican que hay solo 16 camas por cada diez mil habitantes, mientras Cuba aparece primero con 53 camas por cada 10 mil personas y Argentina figura en el segundo lugar del ranking con 46. Aunque Perú tiene menos camas per cápita, en muchos hospitales de provincias no emplean todas las camas porque muchos centros de salud no funcionan al 100% de su real capacidad por carecer de personal médico especializado.
Para hacer funcionar un pabellón con 30 camas de un nosocomio, se requiere al menos de 6 enfermeras, 20 técnicos auxiliares y un médico especialista para cubrir dos turnos al día. No hay personal médico suficiente. Ante la carencia de especialistas en las distintas áreas de los hospitales de provincias, las direcciones regionales de salud (Diresa) principalmente de las regiones del Sur, se ven obligadas a contratar médicos especialistas por breves períodos para prestar servicios esas ciudades.
El más reciente informe sobre la Situación de la Salud, del Minsa (2015) determinó que los médicos especialistas ubicados en Lima duplican el número de los registrados en el resto del país, mientras que los médicos generales en la capital superan al total distribuido en el resto del Perú. Los especialistas, concentrados en la capital y las principales ciudades de la costa, no desean permanecer en provincias por la falta de incentivos, entre otras razones.
En una entrevista a un medio de comunicación, en diciembre último, cuando la expansión del nuevo coronavirus ya era clasificada como una emergencia sanitaria tras su aparición en China, el exdecano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo Aréstegui, había anunciado que los hospitales habían colapsado pese a tener una infraestructura moderna y equipos de última generación como el hospital de Ayacucho.
"Hay una desatención grave. Hace varios años hemos señalado que faltan 16 mil especialistas en el Perú, pero no se ha resuelto", dijo Urquizo aquella vez. Su comentario era preciso, expresaba parte de la situación actual del sistema de salud en el país.