Precandidato presidencial Alfredo Barnechea dio declaración engañosa sobre el caso Lava Jato

El precandidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea cuestionó —en una entrevista con Canal N— que en el país no haya empresarios en prisión por sus implicancias en el caso Lava Jato desde que Marcelo Odebrecht, ex máximo directivo de la constructora brasileña, empezó a colaborar con la justicia peruana. Barnechea aseguró que el fracaso del Equipo Especial Lava Jato se debía a un “sesgo político''.

“La confesión de Marcelo Odebrecht ocurrió en 2015. Vamos a terminar el 2020. ¿Quién está preso de los grandes constructores que capturaron el botín del Estado?”, aseveró Barnechea.  

¿Es cierto que la primera confesión de Marcelo Odebrecht ocurrió en 2015? ¿Hay algún empresario peruano sentenciado a raíz de las investigaciones del caso Lava Jato en el país? 

Convoca Verifica, la unidad de fact-checking de Convoca.pe analizó estas declaraciones de Alfredo Barnechea para conocer si tienen sustento.

La conclusión es que se trata de una afirmación engañosa, el decir que Marcelo Odebrecht confesó por primera vez en 2015 [en relación a investigaciones en el Perú] y que ningún empresario en el país se encuentra o estuvo en prisión por el megacaso de corrupción.

Entre julio y octubre del 2016, el fiscal Hamilton Castro, en representación del Ministerio Público, solicitó a las autoridades brasileñas que Marcelo Odebrecht proporcione información sobre hechos de corrupción en el país.  

Es así que en mayo de 2017, Marcelo Odebrecht declaró por primera vez ante la Fiscalía de Lavado de Activos —sobre los aportes realizados a la campaña del partido de Ollanta Humala en 2011— convirtiendo al Ministerio Público en la primera entidad en Latinoamérica en recoger una confesión formal del brasileño, además del sistema de justicia de Brasil. Es decir, han pasado alrededor de tres años y medio desde la confesión de Marcelo Odebrecht y no cinco, como sostiene Barnechea.

Empresario José Alejandro Graña Miró Quesada, exdirectivo de Graña y Montero. Foto: Gestión

A raíz de las declaraciones de Marcelo Odebrecht es que el Ministerio Público solicitó a la Procuraduría General de Brasil confirmar una anotación en el celular de Odebrecht, donde aparecía: "Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita" y las iniciales "AG". El 25 de agosto de 2017, el fiscal Rafael Vela, actual jefe del Equipo Especial Lava Jato, obtuvo la información solicitada, que vinculó oficialmente a Keiko Fujimori, ex candidata presidencial de Fuerza Popular, con el caso Odebrecht en Perú. 

En noviembre de 2017,  los fiscales peruanos interrogaron a Odebrecht por segunda vez sobre el financiamiento a las campañas electorales de Keiko Fujimori, Alan García, y Ollanta Humala. Durante este segundo interrogatorio a Odebrecht, los fiscales confirmaron que las iniciales "AG" correspondían al expresidente Alan García, y que la constructora brasileña había supuestamente financiado las campañas electorales del partido aprista.

No obstante, Marcelo Odebrecht señaló que Jorge Barata, ex principal representante de la constructora brasileña en el Perú en ese entonces, debía corroborar la información que estaba proporcionando, pues era quien tenía mayor conocimiento de las operaciones de la constructora en el país.

En febrero de 2018, pocos meses después de la segunda confesión de Odebrecht en la cárcel federal de Curitiba, Jorge Barata confirmó que la companía había financiado no solo las campañas de Keiko Fujimori y Alan Garcia, sino también las campañas de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Lourdes Flores Nano. 

Como es de conocimiento público, Marcelo Odebrecht declaró ante los fiscales peruanos y brasileños  que entregó alrededor de 29 millones de dólares a funcionarios públicos de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. 

Empresario Fernando Camet Piccone, de JJC Contratistas Generales. Foto: Agencia Andina

Además, cabe anotar que las declaraciones de Marcelo Odebrecht y otros exdirectivos de la constructora brasileña fueron la base para solicitar prisiones preventivas para empresarios peruanos, como José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña (ambos exdirectores de Graña y Montero), Fernando Camet Piccone (director de JJC) y Fernando Castillo Dibós (presidente de ICCGSA), quienes permanecieron recluidos hasta que se les cambió su situación judicial. Algunos de ellos, luego iniciaron procedimientos para convertirse en colaboradores eficaces y obtener beneficios legales.

Incluso, en agosto último, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el empresario Werner Guevara Vargas, investigado por presuntas irregularidades en una obra de mejoramiento de agua potable en Loreto, realizada por Odebrecht.