Explicador | Ecoteva: el juicio contra Alejandro Toledo que cierra la ruta el dinero ilícito

Desde el primer reportaje periodístico de investigación que alertó sobre las millonarias compras inmobiliarias del expresidente, Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp, en enero de 2013 hasta hoy; hay más de 12 años de revelaciones, confesiones, una larga batalla legal por la extradición y un proceso judicial del bautizado como “caso Ecoteva”. El juicio oral contra Toledo y sus coacusados ha entrado en su recta final y puede concluir con la segunda sentencia condenatoria contra el expresidente; y la primera contra su esposa, su suegra Eva Fernenbug y otros tres coacusados por el delito de lavado de activos. La Fiscalía pide contra Toledo y Karp una pena de 16 años de prisión y el pago de una reparación civil solidaria de S/38 millones.

Aunque el caso Ecoteva está estrechamente relacionado con el caso carretera Interoceánica Sur (Lava Jato) por el que Toledo fue sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión por el delito de colusión y lavado de activos en octubre de 2024 por recibir una coima de más de US$30 millones por parte de Odebrecht; lo distinto es que en el caso Ecoteva el Ministerio Público no se queda solo en el soborno, sino que cierra todo el círculo de la ruta del dinero ilícito que provendría de coimas recibidas por Toledo durante su gobierno por la concesión de los tramos II, III y IV de la carretera Interoceánica Sur por parte de las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa.

“Para probar el delito de lavado de activos hay que acreditar la existencia de fondos ilícitos, y en eso, el caso Ecoteva contra Toledo es un caso redondo”, manifiesta a Convoca.pe una fuente del Ministerio Público que prefiere el anonimato pero que tiene conocimiento directo del proceso desde su origen.

Ecoteva es el primer caso de investigación que surge contra Toledo. Incluso, más antiguo que el caso de la carretera Interoceánica Sur por el que ya hubo sentencia. La diferencia es que Ecoteva estuvo tramitado con el antiguo Código de Procedimientos Penales donde era el juez penal quien investigaba y juzgaba los casos. A diferencia del sistema acusatorio actual, donde el proceso de investigación es más ágil y lo realiza el fiscal y el juez solo juzga. En este segundo esquema estuvo tramitado el caso Interoceánica Sur.

El primer indicio sobre un presunto delito de Toledo, se activó tras los reportajes periodísticos que dieron cuenta de las adquisiciones inmobiliarias del matrimonio Toledo-Karp en 2013, propiedades que superaban los 5 millones de dólares. Aquellos montos no se justificaban con el aparente estado financiero de la pareja. La primicia fue publicada por el periodista de investigación Óscar Libón en el diario Correo el 22 de enero de 2013. Toledo incumplió con la comisión del corredor inmobiliario Paul Allemant, quien frente a eso relató que el expresidente lo contactó en 2009 para que le buscara una casa en la urbanización de Las Casuarinas, en el distrito limeño de Surco. Trabajo que hizo hasta el 2012.

A partir de ahí surgieron preguntas en la Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de Lavado de Activos que envió un oficio el 28 de enero de 2013 a la Fiscalía de Nación para que se tomen acciones sobre el tema. “Nos preguntábamos: ¿de dónde salía el dinero para comprarse una casa de millones y migrar a otras adquisiciones inmobiliarias? ¿De dónde salían los fondos para el pago de las hipotecas de sus propiedades en Punta Sal y en la urbanización Camacho? ¿De dónde salieron los fondos para comprar la oficina en la Torre Omega, los depósitos y estacionamientos? Fue cuestión de jalar el hilo de la madeja”, declaró un exintegrante de ese equipo de lavado de activos a Convoca.pe. Meses después, en junio de 2013, con el reportaje del programa Panorama sobre la existencia en Costa Rica de la empresa offshore Ecoteva Consulting Group, donde figuraba como dueña la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, se tuvo más claro la ruta del dinero.

Recién en 2015 se inicia la investigación fiscal por el caso Ecoteva. Los indicios en esos momentos eran presuntos actos de corrupción durante su Gobierno, el vinculado con la carretera Interoceánica Sur se descubre recién a partir de diciembre de 2016 cuando estalla en el mundo el escándalo por el caso Odebrecht y la investigación denominada Lava Jato.

Las colaboraciones de Maiman y Barata

Durante las audiencias del caso Ecoteva, la Fiscalía ha presentado como una de sus pruebas fulminantes la declaración del empresario peruano israelí Josef Maiman en 2020, quien antes de fallecer y en su condición de colaborador eficaz de la Fiscalía, delató a Toledo. Maiman confesó que a través de las cuentas de sus empresas recibió 34 millones de dólares de las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa para ser beneficiadas con las obras de las Interoceánica Sur (tramos 2, 3 y 4).

Maiman detalló durante la diligencia especial de prueba anticipada en las investigaciones contra Toledo, que Camargo Correa hizo pagos para Toledo por alrededor de 4 millones de dólares a través de sus empresas offshore y que en el caso de Odebrecht facilitó los números de cuenta de sus compañías.

El empresario precisó cómo Odebrecht trianguló pagos mediante sus firmas offshore Traildbrige Ltd., Warbury & Co, Merhav Overseas para ocultar los fondos ilícitos. Otras empresas creadas en Costa Rica fueron las que recibieron los millones de dólares: Sirlon Dash Consulting S.A., Milan Ecotech Consulting y Ecostate Consulting.

Un año antes, en 2019, Jorge Barata, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, confesó que Toledo le pidió que intercediera por pagos de sobornos que aún demoraba en desembolsar el consorcio Intersur por el tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur. Este grupo empresarial estaba liderado por la constructora brasileña Camargo Correa, que tenía como socias a Queiroz Galvão y Andrade Gutierrez.

Tanto la declaración de Barata, como la de Maiman corroboraron lo publicado por Convoca.pe en junio de 2015 en la investigación 'Cuotas y pagos millonarios de la Interoceánica', donde se reveló anotaciones pagos de sobornos por el tramo 4 de la Interoceánica Sur, que aparecían en documentos incautados en las oficinas de Camargo Correa, en Sao Paulo, en 2009.

En 2017, Convoca.pe fue el primer medio en dar cuenta que de los registros bancarios de Milan Ecotech, una de las empresas costarricenses que trianguló fondos a la compañía Ecoteva para que la suegra de Toledo adquiriese bienes inmuebles en Lima en 2012, la cual fue constituida el 18 de julio de 2005, apenas tres semanas después de que el Gobierno de Toledo —mediante Proinversión— adjudicara la buena pro de la carretera Interoceánica Sur a consorcios integrados por Odebrecht (tramos 2 y 3) y Camargo Correa (tramo 4).

En el informe de investigación: 'Cuotas y pagos millonarios de la Interoceánica' analizamos los documentos Incautados en la Operación "Castillo de Arena". Se informó que la Policía Federal de Sao Paulo incautó en 2009 documentos, correos y USB de las oficinas y domicilios de directivos de Camargo Correa (entre ellos Carlos Fernando Namur y Pietro Gavina Bianchi). Estos materiales revelaron el pago de coimas para ganar licitaciones de obras, financiar campañas políticas y cuentas en el exterior.

Se dio cuenta de correos entre funcionarios del grupo empresarial que operan fuera de Brasil sobre pagos por licitaciones, describiendo asuntos relacionados con obras en Perú y discutiendo "el apoyo que darán y las ventajas y desventajas políticas de esos hechos". En los USB incautados a Pietro Gavina Bianchi, aparece un cuadro detallado con montos bajo el título “Previsão de Capilés Tramo IV – Interoceânica”. La Policía Federal interpreta "Capilés" como "propinas (coimas) pagadas a la gente de ese país". Estos montos, se mencionaba en eso momento, habrían sido desembolsados en momentos clave del inicio de construcción de la Interoceánica, en los últimos meses del gobierno de Alejandro Toledo.

El movimiento del dinero

Durante el juicio oral la fiscal Liliana Briceño, integrante del Equipo Especial Lava Jato, formuló el 12 de junio de 2025 la requisitoria oral ante la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima, y dijo que durante el proceso la Fiscalía había logrado acreditar todos los presupuestos establecidos. Entre ellos, probar que en el tramo final del presunto esquema de lavado de activos el beneficiario, según la acusación, fue el propio Toledo.

La Fiscalía formuló diversas imputaciones contra el expresidente, todas ellas apuntan a la conversión y transferencia de fondos ilícitos provenientes de sobornos. El Ministerio Público señaló que Toledo lavó el dinero proveniente de sobornos utilizando la empresa offshore Confiado International Corporation (de Josef Maiman). Además, que luego hubo transferencia de dinero e inversiones de procedencia ilícita desde Confiado International Corporation hacia las empresas offshore en Costa Rica Ecotest Consulting S.A. y Milan Ecotest Consulting S.A. relacionadas con Abraham Dan On, exagente de seguridad de Toledo.

Tras ello, hubo movimiento del dinero ilícito desde las cuentas de Ecotest Consulting y Milan Ecotest Consulting hacia Ecoteva Consulting Group S.A.  a través de las cuentas del banco Scotiabank de Costa Rica. Después, la fiscalía acredita movimiento del dinero desde las cuentas de Ecoteva Consulting Group hacía la cuenta de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug. Con este dinero se hicieron las compras de los inmuebles en Lima, la oficina y los estacionamientos de la Torre Omega.

Otra de las imputaciones de la Fiscalía contra Toledo es por transferencias adicionales desde las cuentas de Ecoteva Consulting a la de cuenta de Eva Fernenbug y en el último caso, por el incremento injustificado del patrimonio de Toledo para la adquisición de bienes, pago de hipotecas y demás.

“El delito de lavado de activos es un delito autónomo que no necesita una sentencia previa como la acreditación de sobornos, pero en el Caso Ecoteva, eso sí existe por la sentencia en el caso Interoceánica Sur, y por eso el juicio por el caso Ecoteva está fortalecido, pero en principio no es una necesidad una sentencia previa”, declaró una fuente de la Fiscalía a Convoca.pe.

Liliana Calderón, abogada penalista precisó que, en el caso del delito de lavado de activos, se debe probar el origen ilícito del dinero en cualquiera de estos dos supuestos: que el acusado conozca el origen ilícito de los fondos o que lo presuma. La ley, explica la abogada, sanciona también a quien ha sido suficientemente negligente para no cuestionarse el origen de fondos que lo benefician.

“El lavado de activos se trata de un delito independiente, pero tiene que haber una fuente ilícita, y en el caso de Ecoteva el dinero proviene de un presunto acto de soborno o corrupción”, dijo a Convoca.pe.

El jueves 26 de junio, se brindarán los alegatos finales en el juicio por parte de la defensa técnica de Toledo a cargo del abogado Roberto Su. Convoca.pe intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con él sin recibir respuesta a nuestras consultas. El juicio podría durar entre dos o tres audiencias más para que el tribunal pueda deliberar su veredicto final.

Además de Toledo y Karp, la Fiscalía también ha solicitado condena a otros cuatro implicados: 10 años de prisión contra Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp; 16 años y ocho meses contra Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Toledo; 13 años y cuatro meses para Shai Dan On, hijo de Avraham Dan On y el mismo tiempo para David Abraham Eskenazi Becerra, presunto operador financiero.

Como parte del mismo requerimiento, la Fiscalía solicitó la disolución de las empresas Ecoteva Consulting Group S.A. y Ecotaste Consulting S.A. e incautación de los inmuebles en Las Casuarinas, Punta Sal y la Torre Omega.