Es falso que el último allanamiento a Palacio de Gobierno fuera ilegal, como dijo Pedro Castillo

En un breve mensaje a la Nación, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se dirigió al país el último martes, luego de que horas antes el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, con apoyo de la Policía Nacional, allanara Palacio de Gobierno. 

Esta acción formó parte de un operativo para detener preliminarmente, por diez días, a Yenifer Paredes, hermana menor de la primera dama Lilia Paredes, investigada por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, y lavado de activos. Las investigaciones contra la joven de 26 años iniciaron por un video donde se la ve hablando con habitantes de la comunidad La Succha, del distrito de San Miguel, en Cajamarca, acerca de una obra de saneamiento. Las imágenes fueron difundidas por el dominical Cuarto Poder a inicios de julio. 

A las 22:45 horas del martes, el mandatario apareció en los televisores a nivel nacional y en dispositivos digitales para cuestionar esta medida y denunciar un supuesto plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional. 

En el mensaje al pueblo peruano, Castillo Terrones calificó de "show mediático" el allanamiento y afirmó que Palacio de Gobierno y la casa presidencial fueron violentados “con un allanamiento ilegal”. Sin embargo, no es cierto que el ingreso a la sede del Gobierno constituyera un acto en contra de la ley.

El jefe de Estado Pedro Castillo se dirigió al pueblo peruano para referirse a la orden judicial que permitió allanar Palacio de Gobierno y la casa presidencial. El mensaje duró 2:44. / Foto: Facebook de la Presidencia.

Si hay una orden de un juez, es legal

Para que se dé un allanamiento solo se requiere de una orden judicial, la cual se dicta a solicitud del Ministerio Público, señaló a Convoca Verifica el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu. El abogado añadió que tampoco hay ninguna protección especial por haberse tratado de Palacio de Gobierno. Reiteró que si la diligencia se efectúa “en términos de legalidad o no, depende, exclusivamente, de que haya una autorización del Poder Judicial”. En consecuencia, la medida que cumplió la Fiscalía el martes sí fue desarrollada conforme a la ley. 

“Todas las medidas limitativas y, en particular, el allanamiento, están sometidas a los criterios de proporcionalidad, de idoneidad, y deben tener una autorización judicial que estén motivadas en esos principios. Una decisión judicial, si bien hace legal el allanamiento, tiene que estar sustentada, de lo contrario es una medida reiterante”, explicó el abogado penalista.

No obstante, Arbizu consideró un exceso la decisión de allanar Palacio de Gobierno “para buscar a una persona que no vive allí, que no tiene un domicilio fijo en ese lugar y que, en este momento, es la vivienda del presidente Castillo”.

Orden judicial que autoriza el allanamiento a Palacio de Gobierno. 

El especialista en derecho penal Roberto Pereira consideró también que el allanamiento a Palacio de Gobierno sí fue legal. Según señaló, esta medida se autoriza “para buscar elementos relacionados con un delito” y para que proceda basta con que haya una orden judicial “en la que se establezca la necesidad del allanamiento”. En ese sentido, consideró que el allanamiento estuvo justificado.

“En este caso, existen razones para pensar que la persona no va a entregar información de manera voluntaria o que la va a esconder o destruir. Es justificable un allanamiento a Palacio de Gobierno, porque estas personas han tenido una conducta procesal de no entregar información a la Fiscalía”, sostuvo.

Como se recuerda, Yenifer Paredes no acudió a declarar al Ministerio Público el último 11 de julio, en una primera citación. Recién lo hizo una semana después, el 19 del mismo mes, fecha en la que justificó su anterior inasistencia alegando que no había sido bien notificada.

El Palacio de Gobierno del Perú, también llamado la Casa de Pizarro, ​es la sede principal del Poder Ejecutivo peruano y la residencia oficial del presidente del Perú. Fuente: Andina

Por otro lado, Pereira expresó su desacuerdo con el pedido de detención preliminar contra Yenifer Paredes, al considerar que el presupuesto de peligro procesal no está acreditado en la resolución judicial “conforme a los parámetros de la propia Corte Suprema”.

“La detención preliminar está vinculada a la exigencia de suficientes elementos de convicción que vinculen a alguien con el delito que se le imputa, que en este caso existen, pero también con el peligro procesal [de fuga y obstaculización] y este no está desarrollado en la resolución”, destacó. 

Precisó que, “en ese extremo”, la detención sí le parece ilegal porque “no cumple con la exigencia de describir y de fundamentar en qué consiste el peligro procesal, para qué está privando a alguien de la libertad, qué riesgo es el que existe".

“¿Se va a fugar? ¿Pero por qué creo eso? No hay datos fácticos [descritos en la decisión judicial] de que esa persona vaya a huir”, apuntó.
 

Es falso lo que dijo Castillo

Por su parte, la abogada penalista Romy Chang tampoco encuentra que haya habido un problema en el allanamiento que se dio en la sede del Gobierno, pues este “ha sido respaldado por un juez”.

“Y estamos hablando, además, de una entidad pública. Palacio de Gobierno es una entidad pública, donde el nivel de protección no es el mismo que el de la vivienda de una persona particular. No hay ninguna ilegalidad en el allanamiento cuando viene avalado por una orden judicial, sobre todo cuando está justificado en la detención de una persona [Yenifer Paredes] presumiblemente autora de un delito”, manifestó.

Para Chang, la detención de Paredes Navarro era “plenamente esperable”, pues se trata de una investigación que presenta elementos de convicción, es decir, pruebas que permiten pensar en que sí se cometió un delito. 

A diferencia de Pereira, la especialista opinó que esta medida se justifica en el hecho de que la hija del mandatario no tiene un domicilio claro y en el riesgo de que se puedan obstaculizar las investigaciones, ante las muestras del Ejecutivo de no contribuir “con el esclarecimiento de diversos casos que involucran al mismo presidente”.

En un video que publicó el programa Cuarto Poder se vio a Yenifer Paredes ofreciendo obras de saneamiento a residentes del distrito de San Miguel, en Cajamarca. Una investigación del dominical Cuarto Poder Fuente: Foto captura de Cuarto Poder

¿Cuándo se dicta una detención preliminar?

La detención preliminar judicial está comprendida en el artículo 261 del Código Procesal Penal, que establece tres casos para que un juez dicta la medida. El primero, que es el que encaja para el caso de Yenifer Paredes, describe que esta medida privativa puede darse cuando, si bien no se presenta un supuesto de flagrancia, existen razones para pensar que sí ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 4 años y que, además, puede hay posibilidad de fuga o de obstaculización para averiguar la verdad.

El delito de pertenecer a una organización criminal tiene una pena privativa de la libertad "no menor de 8 ni mayor de 15 años". En tanto, el delito de lavado de activos, en su modalidad simple se sanciona con penas de entre 8 y 15 años de prisión. Si el delito lo comete un funcionario público, se puede imponer una pena privativa de libertad de entre 10 y 25 años.

El miércoles por la tarde Yenifer Paredes se entregó finalmente a la Fiscalía. El día anterior efectivos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional y personal de la Fiscalía buscaron a la joven en Palacio de Gobierno para proceder con su detención, pero no la encontraron.

Desde su entrega, la cuñada del presidente hasta ahora permanece en la sede de la Diviac, ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima. Allí estará los diez días de detención preliminar que se dictó en su contra, en el marco de la investigación que se le sigue por presuntamente integrar una organización criminal y haber cometido el delito de lavado de activos.

En este lugar se encuentran otros detenidos imputados por los mismos delitos: el empresario Hugo Espino y su hermana Anggy, así como José Nenil Medina Guerrero, alcalde del distrito Anguía, de la provincia de Chota. Este último adjudicó un proyecto de más S/ 3 millones a la empresa de Anggy Espino y, según El Comercio, el ex secretario del despacho presidencial Bruno Pacheco lo ha señalado como un operador de la presunta organización criminal que encabezaría Castillo Terrones.

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, en la sede del Ministerio Público tras entregarse a las autoridades. Foto: Difusión/La República
 

De acuerdo con la tesis fiscal, Pedro Castillo sería la cabeza de una organización criminal, la primera dama Lilia Paredes fungiría de coordinadora y Yenifer Paredes sería una de los testaferros de este grupo delictivo. Paredes Navarro es acusada de haber ayudado a Hugo Espino a obtener contratos de obras públicas pese a carecer de los recursos económicos y la experiencia para llevarlas a cabo, según la Fiscalía. 

Por esta conexión, la cuñada e "hija putativa" del presidente fue citada en el Congreso, donde reconoció haber trabajado para el empresario y pactado con él algún acuerdo "verbal" pero negó haber influido en sus contratos públicos.

“Se tiene que la presunta organización criminal estaría orientada a dirigir licitaciones irregulares a determinadas empresas, como es el caso de las empresas de los hermanos Hugo Jhony y Anggy Espino Lucana. (...) Ello por intermedio de Yenifer Paredes, quien coordinaba con él mismo la participación de empresas fachada a quienes eran dirigidas la adjudicación de la buena pro de las licitaciones públicas fraudulentas, todo ello con conocimiento y concierto con el presidente y la primera dama, Lilia Paredes Navarro”, señala la resolución judicial que autoriza la detención preliminar de la hermana menor de la esposa del mandatario.

Debido a lo expuesto por los tres especialistas en derecho penal consultados, Convoca Verifica concluye que lo dicho por el presidente Castillo respecto a que el allanamiento a Palacio de Gobierno constituyó una medida ilegal es falso.

Cabe recordar que en lo que va del mandato de Pedro Castillo, Palacio de Gobierno fue allanado anteriormente por otras investigaciones que también involucran al entorno del mandatario. Estas diligencias ocurrieron en diciembre de 2021 y en febrero y mayo pasados.