Las comunidades campesinas de la provincia de Hualgayoc, en Cajamarca, están cansadas de esperar. Hace diez años, en 2012, las autoridades empezaron a tomar muestras de laboratorio entre los comuneros para determinar su estado de salud, debido a la contaminación por metales pesados que persiste en esta zona de la sierra norte del país. Pero a pesar de que ha transcurrido una década desde entonces, los habitantes expuestos a los elementos tóxicos aseguran que todavía no reciben tratamiento médico adecuado por parte de la institución que debería darlo: la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Cajamarca.

Como se sabe, Hualgayoc es uno de los territorios más afectados en el Perú debido a la contaminación ocasionada por operaciones mineras. Solo en esta provincia, en 2016, se acumulaban 1.067 pasivos ambientales, el 12% de todos los reportados a nivel nacional.

El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) realizó en 2012, en coordinación con el Ministerio de Salud, la Diresa de Cajamarca y la Dirección Subregional de Salud (Disa) de Chota, pruebas de sangre para determinar la presencia de metales pesados en los organismos de 211 personas de las comunidades cajamarquinas de Bambamarca, Chugur y Hualgayoc, en la provincia de Hualgayoc; Pulán, en la de Santa Cruz: y Querocoto, en Chota.

Este portal se comunicó con la Diresa de Cajamarca para conocer los resultados de los tamizajes y saber qué tratamiento han estado recibiendo los peruanos intoxicados. En dicha institución, se nos pidió que nos comunicáramos con la enfermera Martha Saucedo Valera, exdirectora de la dirección regional, quien no respondió sobre el tema y nos derivó con César Flores, coordinador de la dirección ejecutiva de la Disa de Chota, oficina que gestionó el tema en esa época.

Comuneros reclaman que la Dirección Regional de Salud de Cajamarca no ofrece tratamiento médico adecuado. Foto: Gob.pe.

“El conducto regular fue que esas pruebas fueron tomadas por el Censopas en 2012, que las remitió a [la Diresa de] Cajamarca y Cajamarca las remitió a nosotros. Nosotros cumplimos con entregar los resultados que nos dieron en 2015, a cada persona tamizada. Y así fue, se entregaron. Tres años después dieron los resultados”, explicó César Flores, coordinador de la dirección ejecutiva de la Disa.

Los fuertes reclamos de las comunidades de Hualgayoc impulsaron la entrega de dichas pruebas, al punto de que la Defensoría del Pueblo catalogó el malestar de la población como un conflicto social en mayo de dicho año. Y el problema hasta hoy persiste por la falta de atención del Estado.

Consultado sobre el tratamiento médico que se ofrece a los intoxicados, César Fores aseguró que la Disa de Chota no lo brindaba. "Pregúntele usted a la estrategia de metales pesados en [la Diresa] de Cajamarca para que le den información", señaló. Hasta la fecha, ninguna de las dos instituciones da razón.

Años de olvido

La última vez que Paulina Valdiviezo, presidenta de la Rondas Campesinas Femeninas de la comunidad de Maygasbamba, en Hualgayoc, recuerda haber presenciado la asistencia de un presidente del Consejo de Ministros en su provincia fue en el 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando se instaló una mesa de diálogo. Entonces Mercedes Aráoz ocupaba ese cargo.

“Con ella fue la última mesa de diálogo que se dio acá en Bambamarca. El tema es que cuando cambian de ministros y funcionarios todo vuelve a cero”, lamenta Valdiviezo.

En Hualgayoc y Bambamarca, las mesas de desarrollo para evaluar la contaminación producto de la actividad extractiva y sus efectos en el medio ambiente y la población comenzaron en 2016. Estas han incluido la implementación de dos declaratorias de emergencia ambiental, una aprobada en setiembre de 2016 y la otra en diciembre de 2018. 

Comunidades de Hualgayoc no reciben a una alta autoridad del Poder Ejecutivo desde 2017. Foto: Andina. 

Sin embargo, aunque en estas se hayan presentado planes de gestión multisectorial para hacerle frente a un problema ambiental y de salud pública de décadas en la provincia, los comuneros consideran que los representantes del Ministerio del Ambiente (MINAM), como coordinadores del Plan Post Declaratoria de Emergencia Ambiental (DEA) Hualgayoc, solo cumplieron con escuchar las preocupaciones de la población, más no en efectuar acciones concretas ante sus demandas. Una de ellas era el seguimiento del tratamiento médico por contaminación de metales pesados. 

“Las declaratorias de emergencia son solamente de nombre, porque no nos brindan los servicios para contrarrestar los daños ocasionados en el ambiente”, advierte también Yulisa Mejía, defensora ambiental y dirigente comunal de Hualgayoc, a Convoca.pe.

Contaminación de agua en Hualgayoc. Foto: Grufides.

Valdiviezo y Mejía recuerdan que en ese momento se decía que las entidades de salud buscaban mantener informada a la población sobre su estado de salud con la realización de estos tamizajes. Sin embargo, los ciudadanos de esta zona del Perú tuvieron que esperar cerca de tres años para finalmente conocer los resultados de las pruebas, en 2015, mientras que sus afecciones continuaron avanzando hasta hoy.

De hecho, para la Defensoría del Pueblo, el conflicto aún se encuentra activo y sin diálogo por parte de las autoridades, según su último reporte actualizado a abril de 2022.

Consultado por Convoca.pe al respecto, Carlos Andrés Vera, comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de esta institución, confirma que si bien el caso de estas comunidades cajamarquinas empezó a ser monitoreado por el retraso en la entrega de las pruebas de sangre realizadas en 2012, hoy el verdadero problema es la discontinuidad en la atención de salud de la población. Además, a ello se suma la lentitud en la remediación ambiental de los pasivos dejados por las operaciones extractivas de la minería.

"La atención médica sigue siendo bastante básica. No hay un tratamiento adecuado al diagnóstico que implica la intoxicación por metales pesados. Ese es un problema que no es solamente de Cajamarca. Hay otros conflictos sociales donde las principales demandas están vinculadas a afectaciones a la salud por intoxicación de metales pesados", apunta Vera. 

Laboratorio para determinar niveles de exposición a metales pesados. Foto: Gob.pe.

El comisionado indica que la situación preocupa a la Defensoría del Pueblo debido a que hay una constante en la vulneración de derechos fundamentales. El problema, señala, no solo es de carácter ambiental sino también de salud por su impacto en las personas que viven en estas zonas.

En esa misma línea, Yulisa Mejía, quien fue presidenta de las Rondas Campesinas Femeninas de la provincia de Hualgayoc y afirma haber sido afectada por este tipo de contaminación, considera que esta situación dificulta su derecho a acceder a un seguimiento médico activo, que nace de la falta de cumplimiento por parte de los gobiernos luego de asumir compromisos con la población. 

“Las atenciones necesarias que prometieron nunca se han dado, como que nos iban a llevar a Cajamarca para que el Gobierno Regional, a través de la Diresa, brinde las atenciones integrales correspondientes a las personas afectadas por metales pesados”, expresa.

Pero ese no es el único punto grave. Mejía considera que otro de los factores que impactan directamente en la salud de las comunidades es el desconocimiento del personal médico de la Diresa de Cajamarca. La dirigente indica que en más de una oportunidad el personal de salud les ha informado que sus problemas son causados por los metales pesados luego de practicarles una simple apreciación sintomatológica. 

Paro acatado en Hualgayoc en 2015, debido a la contaminación en  las cabeceras de cuencas. Foto: Grufides.

Al respecto, el médico Raúl Loayza, investigador y director del Laboratorio de Ecotoxicología de la Universidad Cayetano Heredia, explica a Convoca.pe que para determinar si una persona está contaminada por metales pesados se necesita realizar un análisis que puede ser de sangre, uñas, cabello u orina. En este sentido, no es posible confirmar la existencia de este tipo de intoxicación con una indicador meramente sintomatológico.

"Para saber si una persona está o no contaminada, se le debe tomar una muestra, esa es la única forma. La sintomatología puede ser muy subjetiva, salvo que el paciente realmente muestre un síntoma que esté directamente relacionado con la contaminación por plomo, por ejemplo. Hay que tener cuidado con ese tipo de valoración y por eso hay que evaluar los indicios y casos. Pero si nadie dijo tener un síntoma aparente o relacionado a algún metal, eso no es confirmatorio", apunta Loayza.

Población de Hualgayoc, Cajamarca, exige atención médica desde 2012. Foto: Andina. 

Del mismo modo, el representante de la Defensoría del Pueblo, Carlos Andrés Vera, resalta la limitación que existe para atender estos casos, pues la falta de experiencia técnica y médica de este tipo de situaciones clínicas, sobre todo a nivel local y regional, dificulta aún más este tipo de conflictos, un punto que depende también de la situación ambiental. 

"Lo que encontramos evidentemente es una brecha entre el diagnóstico y el tratamiento clínico que reciben las personas identificadas con estas afectaciones a su salud por causa de metales pesados. Y hay un problema sobre la articulación de una estrategia integral [del Estado] para su atención", relata.

"Mientras el sitio siga estando contaminado y se sigan presentando parámetros elevados [por encima de] los valores permisibles, la exposición va a continuar y eso, de alguna manera, agrava la condición de salud de las personas que están intoxicadas por metales pesados”, agrega.

Por otro lado, la comunera Paulina Valdiviezo insiste en que es necesario que el personal de salud esté debidamente capacitado, pues la comunidad percibe que no lo está. “Nosotros hemos vuelto a pedir que, por favor, nos manden un especialista a Cajamarca, para poder hacer a toda la población los dosajes. Nosotros siempre decimos que todos y todas estamos contaminados, pero no sabemos en qué porcentaje tendremos”, dice.

Antecedentes desapercibidos

El caso de Hualgayoc es la consecuencia de años de contaminación acumulada de la que nadie se hace cargo. El primer Inventario de Pasivos Ambientales Mineros (PAM), realizado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), se publicó en 2006. El documento inventarió en todo el país 850 pasivos ambientales, polución dejada por operaciones extractivas descontinuadas. Catorce años después, en 2020, la misma entidad pública registró 7.956 pasivos a nivel nacional. La mayor cantidad de estos se localizaron en Áncash (1.235), Cajamarca (1.156) y Puno (921).

Pero el problema de Cajamarca está bastante focalizado. Para el año 2016, el Minem reportó solo en el distrito de Hualgayoc 1.067 pasivos ambientales. Estos representaban el 90,1%. de los 1.183 que prevalecían en ese año en toda la región.

Actualmente, otro de los ríos afectados por este tipo de contaminación son Hualgayoc Arascorgue y Tingo-Maygasbamba. Cerca a este último viven las dirigentes Paulina Valdiviezo y Yulisa Mejía. En las cercanías, también en Hualgayoc, se encuentra la mina de cobre y oro a tajo abierto Tantahuatay, operada por las compañías Buenaventura y Southern Copper. Está ubicada a 85 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cajamarca, a una altura de 3.884 m.s.n.m.

De acuerdo con información de nuestra plataforma Convoca Deep Data, ambas compañías figuran como grandes infractoras entre los registros de Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa). Hasta el 2020, la compañía minera Buenaventura acumulaba un total de 180 infracciones ambientales, cifra que la convertía en la quinta mayor infractora del país. Por otro lado, Southern Copper sumaba 80 de estas faltas.

Pero la actividad minera en la última década en el Perú ha gozado de grandes privilegios otorgados por el gobierno, a diferencia de las comunidades afectadas por la contaminación de dicha industria que siguen reclamando atención. En julio de 2014, el gobierno de Ollanta Humala promulgó la Ley 30230, más conocida como la ley del Paquetazo Ambiental, preparada al interior de su Consejo de Ministros en tiempo récord y que permitió perdonar multas por infracciones ambientales relacionadas al sector Minería e Hidrocarburos.

De esta manera, a Buenaventura se le perdonaron multas ascendentes a 3 millones 75 mil soles, mientras que a Southern Copper se le condonaron más de 1 millón 274 mil soles. La ley también permitió que las compañías del rubro pudieran anular infracciones ambientales cometidas entre julio de 2014 y enero 2020.  

El río Maigasbamba ahora presenta una coloración anaranjada. Foto: Grufides.

Otras compañías extractivas que operan en Hualgayoc son Anta Norte, Yanacocha y Gold Fields. Esta última provocó en diciembre de 2018 una descarga de flujo de agua en la operación Cerro Corona, que llevaba residuos sólidos de una tubería de drenaje que discurrieron hacia la quebrada La Hierba. Con el incidente, quedaron afectadas 1,4 hectáreas en la zona y hasta 1,5 kilómetros de la cuenca del río Tingo-Maygasbamba. 

“El río Maygasbamba está muerto. Tiene un color naranja espeso. Cuando llueve se rebalsan los relaves de las mineras, afectando a los ríos. La gente antes se alimentaba de truchas, pero ahora no hay nada. Todo está muerto”, lamenta Valdiviezo.

A pesar de esta situación, la defensora ambiental cuenta que actualmente la comunidad de Maygasbamba tiene acceso al agua, gracias a la labor de las organizaciones de base de la zona, que han logrado, con el apoyo de comuneros de las localidades cercanas, autogestionarse para administrar un reservorio hídrico limpio para realizar sus actividades diarias.

Luego del accidente de Gold Fields, las comunidades también denunciaron la afectación de un estimado de 30.000 truchas del criadero La Trucha de Oro. La empresa informó a través de un comunicado el 30 de enero de 2019 que el incidente no tuvo relación alguna con su presa de relaves.

En el comunicado la empresa minera informó que la zona afectada por el derrame de relave se encontró 100% limpia, desde el 6 de enero de 2019. Foto: Red de Comunicación Regional. 

Sin embargo, el Tribunal de Fiscalización Ambiental del Oefa declaró el 30 de julio de 2021 la responsabilidad administrativa de Gold Fields y le ordenó pagar una multa ascendente a 0,06 Unidades Impositivas Tributarias; es decir, tan solo 276 soles. También dispuso que se encargue de remediar el suelo, lecho y ribera de la quebrada La Hierba y del río Tingo-Maygasbamba, por donde discurrió el agua con contenido de relave.

Multa interpuesta por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental a la empresa Gold Fields La Cima S.A. Foto: OEFA.

Pero los daños no terminan ahí. Así como Gold Fields, la empresa Anta Norte también ha causado molestias en la ciudadanía de la provincia. En enero de este año, cerca de 1.000 ronderos y miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil de los distritos de Bambamarca, Chugur, Hualgayoc y de la provincia de Chota acataron un paro por más de ocho días en la entrada del proyecto minero Antacori, ubicado en el distrito de Chugur (Hualgayoc).

El yacimiento de cobre operado por la empresa Anta Norte realizó operaciones de exploración, sin contar con la aprobación y aceptación por parte de las comunidades locales, provocando una falta de transparencia relacionada a los impactos del proyecto de inversión, según declaraciones de los dirigentes.

Las comunidades denunciaron la presencia de contaminación en las cabeceras de las cuencas aledañas que alimentan el río Chotano, afluente que abastece a la población, además de afectaciones en su salud y en sus medios de producción, como la ganadería y agricultura, producto de metales pesados, como arsénico y plomo.

A pesar de que cumplieron más de una semana de protestas y demandar la presencia del presidente Pedro Castillo, la entonces premier Mirtha Vásquez y el titular de ese entonces del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Eduardo González Toro, no declararon inviable el proyecto, que era una de las demandas de la población. Sobre ello, la dirigente Paulina Valdiviezo indica que actualmente no hay un diálogo activo entre las empresas extractivas involucradas y las comunidades sobre su seguridad, sostenibilidad e impacto en su entorno social.

Paro convocado contra la empresa Anta Norte, en enero de 2022. Foto: Cajamarca Opina.

El reporte actualizado de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo detectó hasta el último mes de abril, 209 conflictos sociales en todo el país. Entre las regiones con más casos se encuentran Loreto (29), Cusco (19) y Áncash (15). Solo este mes los conflictos socioambientales causados por la minería ocuparon el 65.9% del total, una realidad que se mantiene vigente desde 2007.

De hecho, algunos de estos conflictos tienen que ver precisamente con la falta de seguimiento médico y la problemática de la salud pública en zonas con altos niveles de concentración de metales pesados.

Según la auditoría de desempeño sobre Gobernanza para el Manejo Integral de los Pasivos Ambientales Mineros 2021, los principales problemas para la remediación de estas instalaciones o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras abandonadas, que pueden presentar una acumulación de metales pesados, es la dificultad para identificar a los responsables y la necesidad de más recursos para su remediación. El documento señala que cuando no sea posible hacerlo, el Estado peruano debe pasar a ser quien asuma esta obligación. 

La Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados reclama la implementación del Plan Multisectorial. Foto: CooperAcción. 

El Ministerio de Salud indica que la proyección de la cantidad de personas en riesgo de exposición a metales pesados a nivel nacional es de más de 10 millones de personas. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo informa que está trabajando por insistir en la urgencia de fortalecer la gestión pública vinculada a esta materia, así como en el desarrollo y ejecución del Plan Especial Multisectorial para atender a esta población desde los enfoques de nueve ministerios.

Pero como ya lo reveló este medio en un reciente informe, el Plan y la ejecución del presupuesto para más tamizajes y tratamiento médico correspondientes no se está desplegando con la debida urgencia.

Mientras tanto, las dirigentes Paulina Valdiviezo y Yulisa Mejía, y el resto de habitantes de Hualgayoc, siguen reclamando la presencia del Estado, para que llegue con acciones concretas y eficientes de protección a su salud, su vida y el medio ambiente.