Candidato López Aliaga promete implementar "comisarías mayores" a pesar de no ser facultad de la Municipalidad de Lima

 El ex candidato presidencial y actual aspirante a la Municipalidad Metropolitana de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, propuso la implementación de lo que denominó “comisarías mayores”, como una de sus promesas para combatir la inseguridad ciudadana en la capital. Sin embargo, esta resulta inconsistente, pues la Municipalidad de Lima no posee las competencias necesarias para poner en funcionamiento una iniciativa que involucra a instituciones como la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Además, la propuesta no se encuentra en el plan de gobierno del candidato. 

Durante el primer debate por las próximas elecciones municipales, organizado por América TV y Canal N, el último domingo 28 de agosto, el postulante a la Alcaldía de Lima dijo, textualmente, que proponía lo siguiente:

“Comisarías mayores, el ‘plan Bukele’. [Nayib] Bukele ha hecho un milagro en El Salvador. Estamos en contacto con su equipo de seguridad y queremos implementar algo similar. Entonces, las comisarías mayores. Es tener en Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Ate, Cercado, San Martín de Porres una comisaría mayor que tiene Poder Judicial, Fiscalía. ¡Y listo! Choro capturado, choro enrejado. Les informo, en El Salvador ya no existe delincuencia hace 70 días”.

En los tres minutos que duró esta primera intervención, López Aliaga manifestó su intención de poner en marcha un proyecto similar al cuestionado Plan de Control Territorial del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para luchar contra la criminalidad. Es en este contexto que ofreció instaurar las “comisarías mayores”, donde trabajarían la Policía, el Poder Judicial y la Fiscalía en un mismo espacio.

El plan de gobierno de Renovación Popular para Lima no hace ninguna mención a las "comisarías mayores" prometidas. Fuente: Andina.

Convoca Verifica, la sección de verificación del discurso público de Convoca.pe, realizó un análisis acerca de la viabilidad de la propuesta de las "comisarías mayores", así como su relación con el Plan de Control Territorial que está en vigor en El Salvador desde 2019 y que ha recibido múltiples críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, familiares afectados y un sector de medios de comunicación. Luego revisar la normativa referente a las municipalidades, el plan de gobierno del candidato y entrevistar a especialistas, se determinó que el grado de viabilidad de este ofrecimiento es inconsistente, una de las cinco categorías que forma parte de la metodología de nuestro especial "Verificador de Promesas".

Competencias y funciones de la municipalidad

Este medio logró comunicarse con el candidato Rafael López Aliaga, a través de mensajes de texto por la aplicación Whatsapp, para conocer más detalles sobre cuál será el proceso para materializar la propuesta de las comisarías mayores, teniendo en cuenta que no está dentro de las facultades de una municipalidad disponer de los recursos de la Policía Nacional, del Ministerio Público o del Poder Judicial. También fue consultado acerca de si estas comisarías mayores forman parte de las políticas del gobierno de El Salvador y cuál es la fuente del dato que dio en relación a que hace 70 días ya no existe delincuencia en el país centroamericano.

En sus respuestas, el candidato se limitó a comentar que “hay comisarías con espacio para instalar tres oficinas: una para el Poder Judicial, otra para la Fiscalía y una más para el Peritaje Médico legal”. Estos espacios serían “propios de la Municipalidad Metropolitana de Lima”. Por otro lado, no respondió si este tipo de comisarías están en el Plan de Control Territorial y aclaró  —con el envío de publicaciones de Twitter— que, en realidad, se refería a que en El Salvador había cero homicidios desde hace más de dos meses, no a la eliminación de todo tipo de delincuencia.

“La competencia [de implementar comisarías integradas con el Ministerio Público y el Poder Judicial], evidentemente, no es del alcalde, pero esta autoridad puede facilitar algunos procesos, como coordinar y entregar un terreno administrado por la municipalidad”, precisó a Convoca Verifica el especialista en seguridad ciudadana Wilson Hernández, investigador adjunto del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade).

De acuerdo con las últimas encuestas, López Aliaga se encuentra segundo en la intención de voto. Fuente: Internet.

Entonces, como no está dentro de sus facultades, solo puede contribuir en proveer espacios físicos o terrenos de la municipalidad para que sean ocupados, tal como lo prevé el artículo 64 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), que indica que “las municipalidades, por excepción, pueden donar o permutar bienes de su propiedad a los Poderes del Estado o a otros organismos del sector público”. Sin embargo, las instituciones que tienen la capacidad de decisión y organización son aquellas que van a ocupar el lugar, en este caso, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Es decir, el municipio puede colaborar pero no decidir si se instala o no una comisaría.

“El alcalde solo facilita (...). Es jefe del comité provincial o distrital de seguridad ciudadana y está entre sus funciones diseñar, elaborar, implementar las políticas a nivel local. Atrapar a un delincuente siempre será tarea de la Policía, pero la municipalidad tiene un rol importante en la gestión de la política a nivel local. Todos los años, el alcalde tiene la obligación de elaborar un plan de acción provincial o distrital de seguridad ciudadana”, explicó el investigador en temas de seguridad y corrupción.

En efecto, la Policía Nacional del Perú (PNP) es la institución que tiene “por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno”, “presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad” y “previene, investiga y combate la delincuencia", según el art.166 de la Constitución Política del Perú. 

Asimismo, como mencionó Wilson Hernández, entre las funciones de un alcalde está “presidir, instalar y convocar al comité provincial o distrital de seguridad ciudadana, según sea el caso”, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Municipalidades. Esta norma también especifica que las municipalidades provinciales establecen un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad civil y de la PNP. Además, regula los servicios distritales (serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas o campesinas). 

En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ésta tiene un régimen especial, es decir, tiene competencias y funciones de carácter local, metropolitano y regional. En ese sentido, el artículo 161 de la LOM dispone que, en materia de seguridad, convoca, regula y controla el Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana. 

A su vez, preside el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, compuesto por gerentes municipales, alcaldes distritales, directores de las diferentes Direcciones Regionales, representantes de las Cortes Superiores de Justicia de Lima, Fiscalía de la Nación, PNP, Instituto Nacional Penitenciario, etc. 

La especialista en seguridad ciudadana Lucía Nuñovero consideró, en entrevista con este medio, que el enfoque para para actuar frente a la inseguridad ciudadana debe estar en las coordinaciones de espacios interinstitucionales como los Comités de Seguridad Ciudadana. "Si uno no determina bien cual será el grado de coordinación interinstitucional, no va a pasar nada. Ese tipo de propuestas tienen que darse a través de una plataforma de coordinación, como la que establece la Ley de Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Es en los comités o concejos donde se ponen de acuerdo todos los actores que tienen un rol en esta materia", sostuvo.

Según dijo, en estas sesiones, el Ministerio Público, por ejemplo, podría coordinar cuántos fiscales enviará a tal distrito; lo mismo la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, etc. La municipalidad de Lima no puede poner, por sí sola, en funcionamiento estos tipos de módulos integrados, pues no está en sus facultades. "¿De dónde va a sacar el presupuesto? ¿Cómo hará con los pagos del personal? Lo ideal es que se comience a fortalecer los comités de seguridad distritales. Son los propios distritos quienes conocen su realidad", reflexionó.  

Propuesta inconsistente y ya implementada

En el Plan de Gobierno de Renovación Popular, partido político que postula a Rafael López Aliaga para alcalde de Lima, no hay una sola mención de la propuesta de "comisarías mayores". Tampoco se encontró ni una línea en el documento de 131 páginas acerca de un plan en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial para la implementación de estas oficinas, con la finalidad de generar mayor celeridad en la administración de justicia.

El plan de gobierno de López Aliaga no dedica ni una sola línea a las prometidas "comisarías mayores". Fuente: Renovación Popular.

Y de hecho, ya existen iniciativas similares. Wilson Hernández, investigador adjunto de Grade, recordó los Módulos Básicos de Justicia, órganos descentralizados e integrados por los diferentes componentes del Sistema de Administración de Justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Defensoría del Pueblo), concentrados en un mismo local. La creación de estos módulos —fueron 43 en su momento— data de hace más de 20 años.

“La mayoría sobrevive hasta ahora, es decir, la propuesta del candidato López Aliaga no es nueva. ¿Cuál era la lógica? Que cualquier denunciante o denunciado no tenga que recorrer medio distrito y que las autoridades también tengan mucha mayor facilidad de coordinación. Pero no terminaron siendo la gran solución. Hubo problemas entre las entidades que estaban en el mismo espacio, temas muy logísticos referidos al pago de los servicios de agua, de luz, de limpieza, que terminaron perjudicando la gestión del módulo”, apuntó el especialista. 

Por otro lado, Hernández cuestionó que los planes de gobierno se centren en la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial como solución a la problemática de inseguridad ciudadana. “No es una mala idea [comisarías integradas, módulos básicos de justicia], pero se sigue centrando en una visión policial. Pensamos en la Policía, en los fiscales y en los jueces como los encargados de resolver los problemas del crimen y eso, en definitiva, no es así”, explicó.

Otra iniciativa parecida es el plan piloto de una Unidad de Flagrancia, que se desarrolla en el Centro Integrado de Servicio de Administración de Justicia (CISAJ), en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, La Libertad, que entró en funcionamiento el 1 de julio pasado. Con esta propuesta, impulsada por el Poder Judicial, los detenidos serán procesados y sentenciados en un plazo no mayor a 72 horas. Esta experiencia luego se replicará a nivel nacional. 

La Unidad de Flagrancia de El Porvenir, en Trujillo, tiene dos meses en funcionamiento. Foto: Andina.

Al igual que los Módulos Básicos de Justicia, la Unidad de Flagrancia concentra, en un solo edificio, de manera articulada, al Ministerio Público, la Policía Nacional, la Defensoría Pública (Ministerio de Justicia) y el Poder Judicial. La diferencia principal es que se trata de procesos ante la comisión de un delito flagrante; las detenciones en este caso pueden darse, sin mandato judicial. ¿Cuándo existe flagrancia? Cuando el delincuente es descubierto durante la realización del hecho ilícito o dentro de las 24 horas después de cometerlo. Ya se tuvo una experiencia previa, en el 2015, con un plan piloto en el distrito judicial de Tumbes.

Para Wilson Hernández, “la idea del juzgado de flagrancia es necesaria”, pero no suficiente. “No cualquier persona va a pasar por la Unidad de Flagrancia para que lo juzguen rápido. Hay supuestos específicos que están descritos en el Código Procesal Penal. Eso, en primer lugar. En segundo, tenemos que pensar y enfocarnos más en estrategias de prevención de la delincuencia y quienes están a cargo son los gobiernos locales y regionales”, sostuvo.

Según el experto, los planes de gobierno en materia de seguridad ciudadana “se parecen todos” y, lo primordial, es hacer un diagnóstico para saber cómo está constituida la ciudad, cómo está configurada cada esquina que atrae al crimen. “[Por ejemplo], las zonas oscuras, las calles inseguras, basurales, zonas de demasiada congestión vehicular o concentración de personas”, indicó el experto.

Entre muchas propuestas para pensar más allá de las propias acciones de la PNP, Hernández destacó “el control de consumo de drogas y alcohol, principalmente, en adolescentes, porque cuando se reduce este consumo, muchos delitos, como el robo y hurto, disminuyen". "Otro problema de seguridad ciudadana está relacionado con la violencia de género: el acoso sexual callejero", anotó.

Para ello, es imprescindible hacer un mapeo de dónde ocurre con mayor frecuencia, así como diseñar acciones para hacer para que quienes lo cometen no lo vuelvan a hacer y para que las víctimas estén seguras. En esa línea, es necesario enfocarse también en la atención a las víctimas, como servicios psicológicos, legales y de protección.

Plan Bukele

El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción desde el 27 de marzo de este año. Convoca Verifica conversó con el periodista salvadoreño Edwin Segura, de la Prensa Gráfica (LPG), quien brindó detalles del panorama que vive el país centroamericano y del Plan de Control Territorial. Segura confirmó a este medio que el mencionado plan no es público, permanece en reserva. Ya, anteriormente, una nota del medio de ese país Gato Encerrado, publicada en julio del 2021, daba cuenta de que las oficinas de acceso a la información de las instituciones encargadas de ejecutar el plan comunicaron que el documento se encontraba en estado de reserva desde el 17 de mayo del año pasado y por un periodo de siete años. 

“Por ley, todo el plan de gobierno [del Ejecutivo, liderado por el presidente Nayib Bukele] debería estar disponible, inclusive la parte de seguridad pública, que es el Plan de Control Territorial, pero se mantiene en secreto. El gobierno lo que dice es que hacerlo público pondría sobre alerta a las pandillas, pero nadie pide que se expongan los planes operativos específicos u operaciones particulares, sino las políticas que guían la acciones del Estado”, declaró a este medio Edwin Segura.

Plan de Control Territorial no ha sido hecho público por el gobierno de El Salvador. Se dispuso su reserva por siete años.

Convoca Verifica tuvo acceso al Plan de Control Territorial, que no ha sido presentado de manera oficial, y luego de hacer una búsqueda por palabras clave y leer el documento, no encontró nada relacionado a la implementación de “comisarías mayores”, como llama a su propuesta el candidato Rafael López Aliaga, ni a una iniciativa similar con espacios integrados por la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial.

Lo que sí son públicas son las críticas contra los excesos que la estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño ha generado. Un informe elaborado por seis organizaciones sociales ha documento 3.186 casos de violaciones de derechos humanos desde el 27 de marzo —fecha en la que entró en vigencia el régimen de excepción— al 31 de julio. Según estas organizaciones, además de las vulneraciones del derecho a la defensa y el debido proceso, se suman otras violaciones como el derecho a la identidad, la dignidad y la privacidad.

El régimen de excepción limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de arresto y la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.

En contraparte a estas cifras, en menos de cinco meses, del 26 de marzo al 16 de agosto, la guerra contra la violencia de las pandillas, como lo ha nombrado el presidente Nayib Bukele, tuvo como resultado la captura de 50,183 personas, en un país de poco más de seis millones y medio de habitantes. La cifra fue ratificada, en su momento, por la Casa Presidencial.

¿Cero homicidios?

La Policía Nacional Civil de El Salvador publica casi a diario en sus redes sociales el número de homicidios registrados. Desde hace casi tres meses, los reportes, en su mayoría, son “cero homicidios por día”. No obstante, de acuerdo con Edwin Segura, jefe del área de datos de La Prensa Gráfica; el Gobierno no contabiliza como homicidios las muertes que ocurren durante operativos policiales o por acción de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, aclaró que la tendencia a la baja en relación a la cifra de homicidios viene desde el 2016, tres años antes del ingreso de Bukele. En tanto, los reportajes de El Faro, medio de comunicación salvadoreño, revelaron la existencia de un pacto secreto para reducir los asesinatos, entre el Gobierno actual y las principales pandillas que tienen en zozobra al país: la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18-Sureño.

El fin de semana del 25 al 27 de marzo, 87 personas fueron asesinadas. La pandilla Mara Salvatrucha se atribuyó los ataques de la jornada más violenta de este siglo en El Salvador. El lamentable hecho ocurrió en respuesta a lo que consideraron una "traición" del gobierno por incumplir el acuerdo y realizar detenciones que no debía. El pacto quedó confirmado a raíz de unos audios, en los que escucha a un representante del Ejecutivo negociar con la MS-13.

Fuente: 

Uno puede concluir que el Plan de Control Territorial fue un fracaso, porque luego de ese fatídico fin de semana El Salvador entró en estado de excepción. “El régimen de excepción surge a partir del fracaso del programa de seguridad pública, porque 87 personas fueron asesinadas (...). Si lo hubiera sido [eficaz], no estaríamos en esta situación, aunque ahora el Gobierno quiera poner el estado de excepción como un as bajo la manga, como si se hubiera previsto en el plan”, expresó Segura.

Conclusión

La promesa de incorporar en cinco distritos de Lima, espacios que concentren al Ministerio Público y el Poder Judicial e incluso a la Policía Nacional, propuesta por el candidato a la Alcaldía de Lima Rafael López Aliaga es inconsistente y existen ya dos iniciativas que están en funcionamiento muy similares: los Módulos Básicos de Justicia y el plan piloto de la Unidad de Flagrancia en el distrito trujillano El Porvenir. 

Además, estas comisarías mayores, como ha sido nombrado por el aspirante al sillón municipal de Lima, no figuran en el plan de gobierno presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Cabe precisar que la Municipalidad Metropolitana de Lima solo puede facilitar ciertos procesos, como la entrega de locales o terrenos, pero no disponer su implementación. No obstante, sí cumple un rol importante como autoridad local para desarrollar un plan de seguridad ciudadana.