En una nueva edición de Convoca En Vivo, el exprocurador anticorrupción Yván Montoya sostuvo que el archivo del caso Cócteles no es un hecho aislado ni producto de interpretaciones jurídicas neutrales, sino parte de un proceso de “blanqueo institucional” de la corrupción, impulsado por la captura progresiva de las principales entidades del sistema de justicia por parte de estructuras políticas con poder en el Congreso.

Montoya afirmó que la actual crisis institucional responde a decisiones tomadas años atrás por grupos de poder que anticiparon la necesidad de controlar organismos estratégicos como el Tribunal Constitucional (TC), la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según explicó, el Congreso, al tener la facultad de designar a estas autoridades, fue configurando perfiles funcionales a una misma lógica política, lo que permitió debilitar progresivamente los casos emblemáticos de corrupción investigados por el Equipo Especial Lava Jato.

“Entre la JNJ y el Tribunal Constitucional han ido perforando los casos emblemáticos que se investigaban. Eso no es producto del azar”, sostuvo.

 “Blanqueo institucional”: la corrupción lavada desde el Estado

Para Montoya, lo que ocurre no es solo interferencia política, sino un mecanismo sistemático de legitimación judicial de la impunidad.

“Casos de verdadera corrupción han ido lavándose porque se ha colocado a funcionarios y magistrados con una directriz: bloquear a las entidades independientes de investigación”, señaló.

Indicó que el Ministerio Público ya habría sido prácticamente neutralizado y que el Poder Judicial, aunque aún mantiene algunas cuotas de independencia, también estaría bajo presión.

“No hay que ser ingenuos. El archivo del caso Cócteles es producto de una cooptación previa de las instituciones”.

El rol del TC, la JNJ y el Fiscal de la Nación

Montoya cuestionó que el Tribunal Constitucional haya ingresado a evaluar aspectos probatorios propios del Poder Judicial, lo que —a su juicio— revela una direccionalidad política en sus decisiones.

También advirtió sobre el poder concentrado en la Fiscalía de la Nación, tras la reposición del actual fiscal por decisión del TC y su posterior reconocimiento por la JNJ.

“De él depende si se inicia o no investigaciones contra altos funcionarios del Estado. No hay duda de cómo actuará en el contexto electoral”.

Si el Congreso se ratifica, no habrá justicia contra el poder

Uno de los puntos más contundentes de la entrevista fue la advertencia política que formula Montoya: Si la actual clase política logra mantenerse en el poder tras las elecciones, no existirá posibilidad real de que el sistema de justicia procese a quienes controlan el Estado. “No vamos a tener justicia que pueda procesar al poder.”

Añadió que esta estrategia de autoprotección ha terminado beneficiando también a estructuras criminales, como las vinculadas a la minería ilegal, producto de lo que calificó como “leyes pro crimen” aprobadas por el Congreso.

Montoya recordó que las investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023 siguen pendientes, y expresó serias dudas de que puedan avanzar con la actual correlación de poder institucional.

“No me imagino al fiscal de la Nación imputando cargos a altos mandos o a la propia presidenta. Con esta estructura, esas investigaciones no llegarán a buen puerto”.

Rospigliosi y el caso Cayara: “una amenaza delictiva”

El exprocurador fue especialmente severo al referirse a la actuación del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien intervino públicamente durante una audiencia judicial del caso Cayara, relacionado con una masacre ocurrida en los años 80.

Montoya sostuvo que no se trató de una exhortación genérica, sino de una amenaza directa contra una sala judicial específica, advirtiendo posibles sanciones si no aplicaban la ley de amnistía.

“Eso es gravísimo. Es presunción de delito. Puede tener hasta ocho años de pena. El fiscal de la Nación debió abrir investigación inmediata”.

Recordó además que el caso Cayara involucra ejecuciones extrajudiciales de civiles —incluidos niños y mujeres— y que se trata de uno de los procesos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en el país.

Desactivación de equipos fiscales y efecto intimidatorio

Sobre la desactivación de equipos especiales y la salida de fiscales como José Domingo Pérez, Montoya explicó que la ley orgánica del Ministerio Público otorga amplios poderes al fiscal de la Nación, pero advirtió que estas decisiones deben estar debidamente fundamentadas y no responder a intereses personales.

“Puede ser un pretexto para sacar fiscales que resultan incómodos por investigar de forma independiente”.

Para Montoya, el mensaje que se transmite al resto de fiscales es claro: “Es una advertencia: cuidado con ir contra personas con poder”.

¿Hay salidas legales o internacionales?

Consultado sobre posibles mecanismos de protección, Montoya planteó la opción de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos no solo para proteger la integridad física de jueces y fiscales, sino también su independencia funcional, mediante medidas cautelares que impidan interferencias políticas en procesos judiciales en curso.

También sostuvo que un nuevo Congreso podría revisar designaciones y decisiones institucionales, siempre que lo haga con criterios de legalidad y no de revancha política.

“La meta es restablecer la independencia e imparcialidad de estas entidades. Sin eso, no hay democracia que funcione”.

Para el exprocurador anticorrupción, el escenario actual no solo compromete la lucha contra la corrupción, sino que abre paso a una estructura de impunidad que beneficia tanto a actores políticos como a organizaciones criminales, en un contexto preelectoral decisivo.

“La población debe saber lo que se juega en las próximas elecciones: o se revierte la captura del Estado, o se consolida la impunidad”.