A través de un pedido de acceso a la información pública a la Procuraduría General del Estado, el expresidente Martín Vizcarra ha pedido el acuerdo de colaboración entre el Ministerio Público y la empresa ICCGSA, recientemente aprobado por el Poder Judicial.  El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, ha confirmado a Convoca la presentación de esta solicitud. Este acuerdo contiene información sensible aportada por colaboradores eficaces en relación al caso del Club de la Construcción. Silvana Carrión, Procuradora Pública Ad Hoc del Caso Lava Jato, expresa a Convoca su preocupación de que la sentencia del TC abra la puerta a más pedidos de acuerdos de colaboración por parte de procesados. "Ya tenemos algunos pedidos y asumimos que hay otros pedidos que pueden venir en la misma línea", explica.  “Los acuerdos de colaboración contienen información sensible", afirma Carrión.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que considera público el Acuerdo de Colaboración Eficaz con la empresa Odebrecht ha abierto la puerta a que procesados por el caso Lava Jato soliciten los acuerdos de colaboración que contienen las pruebas principales de su acusación. 

El primero que ha dado el paso ha sido el expresidente Martín Vizcarra. Con fecha el 18 de diciembre, Vizcarra ha realizado dos peticiones a la Procuraduría General del Estado invocando no solo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino también la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que considera público el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. 

El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, ha confirmado a Convoca la presentación de estas solicitudes por parte de su patrocinado. Siccha sostiene que los colaboradores eficaces de ICCGSA ya han desvelado su identidad y que, según el precedente marcado por el TC en su sentencia, este acuerdo ya no sería reservado. 

El expresidente solicita copia simple del acuerdo de colaboración eficaz entre la empresa Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y el Equipo Especial de Fiscales Lavajato; y copia simple de la sentencia fechada el pasado 26 de noviembre que aprueba este acuerdo de colaboración. En estas solicitudes a la información pública consigna que el acceso al acuerdo y a la sentencia de su aprobación le permitirán ejercer su derecho a la legítima defensa. 

“Yo requiero el acuerdo para defender al Sr. Vizcarra”, expresó a Convoca su letrado. “Nosotros no sabemos lo que contiene ese acuerdo y queremos saber qué han obtenido las empresas a cambio de dar informaciones en contra de otras personas. ¿Con qué elementos ha corroborado el Ministerio Público sus afirmaciones?”

El expresidente realiza ambas solicitudes horas después de la publicación el 18 de diciembre de la sentencia del Tribunal Constitucional que elimina el carácter de reservado al acuerdo de colaboración de Odebrecht con el Ministerio Público. Es decir, usa los fundamentos expresados en esta sentencia para acceder al acuerdo de colaboración con otra empresa, ICCGSA, aprobado por el Poder Judicial el pasado 26 de noviembre.

Este acuerdo de colaboración con ICCGSA proporciona algunas de las principales pruebas en contra del expresidente Vizcarra en el juicio oral que se le sigue por presuntamente haber recibido sobornos entre 2011 y 2014, cuando era presidente regional de Moquegua. 

Este juicio agrupa dos supuestos casos de corrupción en su contra: el del proyecto de irrigación “Lomas de Ilo” y el concurso público para la ampliación del Hospital de Moquegua. Es precisamente en este último caso en el que el acuerdo de colaboración con la constructora ICCGSA juega un papel primordial. 

El pasado 16 de diciembre, durante la última audiencia de su juicio oral, cuatro empresarios de ICCGSA admitieron pagos ilícitos por valor de S/ 1,3 millones para obtener la buena pro de la ampliación del Hospital de Moquegua. 

El acuerdo de colaboración entre el Ministerio Público e ICCGSA fue aprobado por el Poder Judicial el pasado de 26 de noviembre. La empresa admitió delitos de corrupción en 19 proyectos y también su participación en el llamado “Club de la Construcción”, al reconocer su intervención en 34 licitaciones públicas con el fin de dar la apariencia de competencia. Este acuerdo establece que la constructora deberá pagar una indemnización de más de S/181 millones en un plazo de 10 años. 

Convoca entrevistó a Silvana Carrión, Procuradora Pública Ad Hoc Caso Lava Jato, quien expresó a Convoca su preocupación de que la sentencia del TC genere más pedidos de acuerdos de colaboración por parte de procesados. "Ya tenemos algunos pedidos y asumimos que hay otros pedidos que pueden venir en la misma línea.", explicó.  

Sobre el argumento expresado por el abogado de Vizcarra de que solicita el acuerdo para poder ejercer la defensa, es tajante. "El motivo que invoca de quererse defender de las acusaciones en el juicio no es la razón real porque las evidencias y pruebas obtenidas a través del acuerdo están en el juicio oral y las conoce él y su defensa", explica. "Son motivaciones extra proceso".  

La procuradora confirmó que los acuerdos de colaboración del caso Lava Jato contienen información sensible sobre casos que se encuentran todavía en investigación. 

 

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Silvana Carrión, procuradora pública ad hoc Caso Lava Jato.

 

Según ha podido saber Convoca, este acuerdo de colaboración con ICCGSSA contiene precisamente información sensible sobre otros procesos vinculados con el llamado “Club de la Construcción” que todavía están en etapa de investigación. 

La procuradora Silvana Carrión consideró que la sentencia del TC que abre las puertas a considerar públicos acuerdos de colaboración podría afectar a la institución de la colaboración eficaz no solo en el caso Lava Jato, sino también en otros procesos. 

Este pedido del expresidente para acceder a un acuerdo de colaboración no es el único realizado por parte de los acusados en el caso Lava Jato. Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú,  a través de su abogado, César Nakazaki, el acuerdo de colaboración eficaz firmado por Odebrecht. En este caso la solicitud ha sido vía judicial, al 5to Juzgado de Investigación Preparatoria. Este pedido lo realizó antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 18 de diciembre.