En las últimas horas, diversas instituciones como el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Transparencia Internacional y comunidades de docentes, estudiantes y egresados han manifestado su preocupación por la grave crisis institucional en el país, desde el lunes 9 de noviembre, tras la destitución de Martín Vizcarra de la Presidencia de la República. Esta decisión, que contó con el voto de 105 congresistas, desencadenó una serie de manifestaciones de protesta a nivel nacional, en medio de una crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del COVID-19.

 

La asunción de Manuel Merino como presidente de la República, el lunes reciente, motivó a gran parte parte de peruanos a salir a las calles a protestar por considerar que su gobierno es ilegítimo. Las manifestaciones empezaron el mismo día en que Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso, que estaba presidido por Merino.

En las jornadas de protesta, que se han realizado de forma espontánea en diferentes regiones del país, se registró el uso excesivo de bombas lacrimógenas y perdigones —que ocasionaron heridas en manifestantes y periodistas—, así como detenciones arbitrarias. Según el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente para manifestarse. El accionar de la Policía Nacional causó el rechazo de organizaciones y comunidades, que cuestionaron sus violentas formas. 

En un comunicado, Transparencia Internacional señaló que la consecuente concentración de poder del Ejecutivo y el Congreso amenaza las garantías de transparencia y rendición de cuentas. La presidente de la organización, Delia Ferreira Rubio, afirmó: “La ciudadanía tiene el derecho de expresarse legítimamente ante la salida del presidente (Martín Vizcarra). Asimismo, la lucha contra la corrupción nunca debe estar supeditada a los intereses de los partidos políticos, ni mucho menos ser abusada para extender la impunidad de aquellos que se encuentran bajo sospecha de corrupción".

En tanto, el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú también se manifestó en contra de la actual situación política en el país e hizo un llamado a las autoridades y a todos los sectores de la sociedad peruana a actuar con responsabilidad y respetar el Estado de derecho, rechazando así cualquier forma de violencia.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció luego de que su oficina recibiera los reportes de que varias personas habían sido requeridas por la policía para firmar actas de intervención y detención sin la presencia de la Fiscalía y ni asesoría jurídica. Su Relatoría consideró "grave" la infiltración de policías vestidos de civil presuntamente infiltrados en las manifestaciones para detener personas, a pesar de que estos tienen la obligación de contar con identificación y uniforme. 

Por su parte, la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú  condenó la agresión realizada contra periodistas mientras cumplían su labor de cobertura, durante la marcha del jueves 12 de noviembre. Entre los heridos se encuentra el fotógrafo Ernesto Benavides de la agencia internacional de noticias Agence France Press (AFP).

 

PNP
Manifestantes y periodistas fueron heridos por el impacto de proyectiles lanzados por la Policía. Foto: Difusión

 

Rechazo de la comunidad académica

En el mismo sentido se pronunciaron comunidades de alumnos, egresados y catedráticos, que condenaron el abuso policial y la ilegitimidad del régimen de Merino. El Rectorado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) compartió un comunicado, a través de las redes sociales, en el condena el uso de la violencia contra las manifestaciones democráticas.

Asimismo, los docentes de la Facultad de Periodismo de esta casa universitaria, difundieron una publicación en el que expresan su indignación ante los hechos ocurridos que dejaron herido a uno de sus egresados mientras cumplía su labor periodística. Se trata de Alonso Valbuena, reportero de Ojo Público, quien fue agredido con el impacto de una bomba lacrimógena. Como él, otros 25 comunicadores fueron violentados a nivel nacional. 

Por otro lado, el Consejo Universitario de la Universidad del Pacífico (UP) señaló su preocupación por la reforma universitaria y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), organismo estatal encargado de vigilar la correcta aplicación de la ley que le da sustento. “La ciudadanía y las instituciones de educación superior al país tenemos la responsabilidad imperativa de asegurar que no se retroceda en los logro alcanzados”, señaló.

A esta inquietud se suman 19 universidades que han firmado un compromiso con el fin de preservar los avances de la reforma universitaria y asegurar la calidad de la educación.

Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú – ANUPP

Universidad Andina del Cusco – Cusco

Universidad Antonio Ruiz de Montoya – Lima

Universidad Católica de Santa María – Arequipa

Universidad Católica de Trujillo – La Libertad

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – Lambayeque

Universidad Nacional Agraria de la Selva – Huánuco

Universidad Nacional del Altiplano – Puno

Universidad Nacional del Centro del Perú – Junín

Universidad Nacional de Huancavelica – Huancavelica

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – Loreto

Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – Cusco

Universidad Nacional de San Martín – San Martín

Universidad Nacional de Trujillo – La Libertad

Universidad Nacional de Ucayali – Ucayali

Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza – Amazonas

 

compromiso
Carta de compromiso firmada por 20 universidades del país en relación a la crisis política.