Lo que se vive en algunos centros de salud de Lima son verdaderas historias de angustia y horror. Siete establecimientos (dos clínicas privadas y cinco hospitales públicos) registran 5 millones 680 mil soles en multas por no brindar atención oportuna en situaciones de emergencia. Entre los casos sancionados se cuentan la muerte de una menor en espera de cama UCI luego de ser dada de alta varias veces y la de un bebé en el vientre de su madre tras una demora de tres horas para una cesárea de urgencia.

Convoca.pe accedió a la información de las denuncias y quejas interpuestas contra centros de salud públicos y privados ante la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) entre 2015 y 2022 y realizó un análisis de los datos.

En cuanto a las multas por no atender emergencias que aún están pendientes de pago, la mayor la tiene el Hospital Aurelio Díaz Ufano y Peral, con S/ 1,3 millones, seguido del Hospital Nacional Guillermo Almenara, cuya sanción supera la cifra de S/ 1,2 millones. También figuran en la lista de quienes no atendieron pacientes a tiempo la clínica privada Ricardo Palma, con una penalidad de S/ 947.600; el Instituto Nacional Materno Perinatal, con S/ 225.540 y el Hospital San José del Callao, con S/ 191.737.

No brindar atención oportuna en situaciones de emergencia es una de las infracciones catalogadas como "muy graves" en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de Susalud.

"Una emergencia médica se considera un problema de salud que tiene el paciente y que si en el lapso de 24 horas no se soluciona, le puede costar la vida o le puede dejar una lesión permanente", explica a Convoca.pe Freddy Espinoza, médico anestesiólogo con experiencia en emergencias y expresidente de la Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación (SPAAR).

Deshumanización

El caso más grave no atendido es el de una niña de iniciales K.X.M.A. que murió en espera de una cama UCI luego de ser ingresada hasta cuatro veces a los servicios de emergencia de los hospitales Aurelio Díaz Ufano y Guillermo Almenara, que ahora son los dos más multados. En sus últimas horas de vida fue víctima no solo de las carencias presupuestales del sistema de salud, sino también de la deshumanización del servicio público.

La niña ingresó el 8 de febrero del año 2015 al hospital Díaz Ufano con dolor de cabeza, fiebre, malestar general y dolor de garganta. Solo se le recetaron tres medicamentos y fue dada de alta, pero regresó al mismo establecimiento a la medianoche del día siguiente presentando convulsiones. Más de media hora después fue referida al Hospital Guillermo Almenara para una tomografía que concluyó que su caso era de "una convulsión febril benigna" y se le dio de nuevo de alta. 

Dos días después, el 10 de febrero, la menor tuvo que volver al Díaz Ufano, donde presentó un cuadro muy grave con "una sintomatología fuertemente sugestiva de meningitis" —una inflamación de las membranas que cubren el cerebro— y nuevamente fue derivada al Hospital Guillermo Almenara. A las 4:20 pm del mismo día le diagnosticaron "estatus convulsivo" y a las 6:30 pm se le realizaron exámenes. Recién cuatro horas después se dispuso que ingresara a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica. Sin embargo, por falta de camas disponibles en el área, la menor no pudo ser atendida y falleció. 

Ambos hospitales, ocho años después de los hechos, no quieren reconocer su responsabilidad en la muerte de la niña. Han decidido llevar este caso a instancias judiciales, un hecho que mantiene su deuda sin ser cancelada desde el 2018, año en que el Tribunal de Susalud emitió sus respectivas sanciones.

El Hospital Díaz Ufano, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, tiene la mayor multa pendiente por no atender oportunamente a una niña que luego murió de meningitis. Foto: Andina.

Pero no es la única vez en que a estos hospitales se les denuncia por no atender emergencias médicas. 

El Hospital Guillermo Almenara reúne cuatro denuncias por negarse a atender una emergencia: dos están archivadas y dos aún se tramitan en la Intendencia de Fiscalización y Sanción (IFIS) de Susalud. Mientras tanto, el Hospital Aurelio Díaz Ufano acumula cinco denuncias, entre ellas, tres relacionadas al servicio de emergencia: una por falta de atención, otra por negarse a atender y una más por demora en la atención. Las dos restantes son por “inadecuada atención médica” y por no entregar su libro de reclamaciones a un paciente. Todas estas también se encuentran en trámite en la IFIS.

La falta de implementos en los hospitales, como camas UCI y otros, complica aún más las atenciones en los servicios de emergencia y es un asunto sin solución incluso después de la pandemia. 

“No se ha avanzado mucho, hay que decirlo con claridad. En el tema de las camas UCI, que es el implemento más importante, todavía hay personas que siguen buscando y es frecuente. Eso se grafica en los servicios de emergencia, que es la parte más aguda de la situación”, señala para Convoca.pe el jefe del Programa del Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo, Carlos Almonacid Flores.

Extracto de la resolución que sanciona a los hospitales Aurelio Díaz Ufano y Guillermo Almenara.

Otro caso muy grave de no atención de una emergencia médica involucra al Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima. El 14 de septiembre de 2016, a las 10:20 de la noche, una mujer embarazada ingresó al área de emergencias del Instituto señalando que no sentía ningún movimiento de su bebé desde hacía 4 horas y media. Recién a las 11:40 pm empezó a ser atendida y se determinó que debía ser sometida a cesárea. La operación inició recién a la 1:27 am del 15 de septiembre y duró hasta las 03:15, cuando se certificó que el bebé había muerto. 

En este caso, como lo señala el Anexo N°4 de la Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia, la paciente presentó una emergencia de prioridad II, por lo que debió ser atendida en un tiempo no mayor a 10 minutos de haber ingresado al Instituto Nacional Materno Perinatal. Desde su ingreso hasta el fin de la cesárea, sin embargo, transcurrieron cerca de cinco horas. 

Extracto de la resolución que sanciona al Instituto Nacional Materno Perinatal.

“Cuando el paciente llega por emergencia, siempre debe haber un médico que lo atienda. Él va a hacer un diagnóstico, en este caso preventivo, y va a determinar los exámenes que hay que realizar para confirmarlo. Y si es un problema que tiene que resolverse en 24 horas, hay que resolverlo, pero si el problema es algo que no va a causar daño o muerte en 24 horas, se puede hospitalizar, se puede mandar a consulta o se puede mandar a casa", especialista en emergencias médicas Freddy Espinoza.

Cabe resaltar que el Instituto Nacional Materno Perinatal también ha judicializado su caso y la multa de 225 mil soles por estos hechos se encuentra en estado de "cobranza coactiva". Asimismo, la institución tiene otra denuncia el año 2021 por negativa de atención en situación de emergencia que finalmente fue archivada.  

Por otra parte, como se ha mencionado, la Clínica Ricardo Palma y al Hospital San José del Callao también han sido multados por no atender oportunamente una emergencia. 

En el primer caso, un usuario se presentó ante la Ricardo Palma con un cuadro de retención urinaria, algo que también está tipificado como una situación de emergencia de Prioridad II. Según la denuncia, este paciente habría ingresado al establecimiento a las 9:33 am del 21 de febrero de 2017, pero fue atendido media hora después y el tratamiento correspondiente se le realizó recién a las 10:37. La Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia también detalla que para situaciones como esta la atención no debe demorar más de 10 minutos, algo que, a todas luces se incumplió.

El Instituto Nacional Materno Perinatal demoró más de tres horas para iniciar la operación de una gestante en emergencia. Foto: Andina.

La clínica Ricardo Palma registra, además, dos denuncias, una por negativa de atención y otra por atención inadecuada, las cuales fueron reportadas el año 2020 y actualmente siguen su proceso ante la IFIS.

En cuanto al hospital chalaco San José, se le sancionó porque la tomografía cerebral necesaria para una paciente en el servicio de emergencia demoró en ser realizada ocho horas, poniendo en riesgo su vida. 

“El sistema está en crisis. Nos faltan establecimientos de salud para la atención de tantos pacientes y, bueno, no solamente establecimientos sino equipos y personal”, puntualiza Espinoza.

Por su parte, el funcionario de la Defensoría de Pueblo Carlos Almonacid menciona que una de las causas de estos problemas es la precariedad de los centros de salud y las postas del primer nivel de atención, que evitarían el congestionamiento en las áreas de emergencia de los hospitales. "Indudablemente hay una constante vulneración al derecho a la salud en el servicio de emergencia, sobre todo si se da una demora en la atención. Hay la necesidad de fortalecer los servicios de salud, lo cual implica fortalecer el primer nivel de atención", señala

En cuanto a las multas restantes por no atender emergencias, están los casos de la clínica privada Maison de Santé del Este (S/ 827 mil) y del Hospital Militar Luis Arias Schreiber (S/ 906 mil). La primera canceló toda su deuda de manera fraccionada luego de perder su caso ante el Poder Judicial, mientras que el segundo pagó el monto íntegramente sin entablar ningún juicio.

Crisis en el sistema: muchas denuncias y poca claridad

Según los datos analizados por Convoca.pe, entre abril de 2019 y diciembre de 2022 se recibieron 195 denuncias a establecimientos de salud privados y públicos en Susalud. De estas, 95 fueron por negativa de atención médica, 45 por una inadecuada atención, 23 por demora en la atención y nueve por condicionamientos en la atención médica, entre otras causas. El total de las denuncias se reparte entre EsSalud (71), las entidades privadas (60), los hospitales a cargo del Minsa y de los Gobiernos Regionales (61) y la sanidad de las Fuerzas Armadas y la PNP (3).

Para el médico Freddy Espinoza las fallas en el sistema de atención de emergencias se deben adicionalmente a un uso inadecuado de los establecimientos de salud que también genera congestión. El profesional refiere que muchas veces las personas acuden a hospitales de primer nivel incluso para casos leves, cuando el procedimiento debería involucrar en este sentido a otros centros de salud y postas médicas.

“Cuando el endocrino o cardiólogo de un centro de salud ve que el paciente está descompensado, no se puede manejar o se necesita un examen aparte, [el enfermo] debe de llegar a un establecimiento de mayor nivel. Esa es la forma en cómo debe funcionar el sistema", señala el especialista. 

Sin embargo, la realidad de estos centros de salud y postas médicas es que también forman parte de la crisis del sistema. En Lima existen graves problemas en cuanto a infraestructura y a la falta de personal médico en este grado de atención. Y, según el propio Ministerio de Salud, el 77,78% de establecimientos de salud a nivel nacional, entre centros y postas médicas, presenta infraestructura precaria y equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente.

Por si no fueran bastantes las deficiencias del sistema de salud peruano en cuanto a infraestructura, personal y atención de emergencias, paralelamente surge otra consecuencia igual de grave. ¿Quién paga la atención? “Si bien la atención [de emergencias] está garantizada o debiera estar garantizada, la pregunta que surge después de superar esta atención, es: ¿qué hacemos con el paciente y quién paga por esta atención?”, señala Almonacid, de la Defensoría del Pueblo.

Y es que, como también quedó demostrado en la pandemia, en los servicios de emergencia existe la posibilidad de que se produzcan cobros excesivos o endeudamiento por parte de los pacientes que requieren hospitalización, incluso si estos están asegurados. 

Esto ya se advierte en un oficio enviado el 17 de abril pasado por la Defensoría del Pueblo al despacho de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino. En él se señala que existe controversia respecto a cómo se cubrirán las atenciones en los servicios de emergencia y se exige al MINSA que priorice la actualización de la norma de atención en este aspecto.

Documento enviado por la Defensoría del Pueblo el 17 de abril de 2023 al despacho de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino.

"Si una persona afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS) acude por una emergencia a un establecimiento del Seguro Social de Salud (EsSalud) o a uno privado y requiere permanecer internada por su condición de salud o porque en los hospitales del Minsa no existe oferta disponible, se ve obligada a asumir los gastos de atención, pese a estar asegurada. La misma situación se presenta cuando la persona es afiliada a EsSalud y acude a un nosocomio del Minsa o privado", refiere el documento.

“Como las reglas no están claras, entonces los privados dicen ‘prefiero no atenderlos’ o cobrarle directamente al paciente. Y ahí se presenta la restricción o el cobro directamente a la persona”, comenta Almonacid Flores. "Hay clínicas que dicen '¿no tiene seguro?, váyase a un hospital del Ministerio', pese a que la ley dice que en la atención de emergencia tú puedes ir a cualquier establecimiento y tienen que atenderte”, agrega el médico anestesiólogo Freddy Espinoza.

Mientras las autoridades piensan cómo solucionar los cuellos de botella, en las salas de espera se siguen sufriendo momentos de desesperación.

Luis Enrique Pérez colaboró con este informe con el análisis de los datos.