La mañana de este domingo 7 de junio, millones de peruanos acuden a las urnas para elegir al próximo presidente de la República en un escenario marcado por la polarización política, el desgaste institucional y el crecimiento de la inseguridad ciudadana. 

La disputa entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez llega a su tramo decisivo tras una segunda vuelta marcada por la polarización política y por la limitada discusión de problemas urgentes como la inseguridad, la criminalidad y las economías ilegales.

Durante una entrevista en Convoca en Vivo, el politólogo e investigador del Centro Wiñaq, Fernando Tincopa advirtió que la campaña presidencial dejó importantes vacíos programáticos, especialmente en temas vinculados al crimen organizado, la minería ilegal y el narcotráfico.

La criminalidad: el gran ausente del debate

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Tincopa es la falta de propuestas concretas frente a la inseguridad ciudadana, considerada por diversas encuestas como la principal preocupación de los peruanos.

Según explicó, ni los equipos técnicos ni los candidatos incorporaron el crimen organizado como uno de los ejes centrales del debate presidencial, pese al impacto que tiene en amplias zonas del país.

"La criminalidad ha tomado distintos territorios con diferentes modalidades", señaló el especialista, quien recordó que las consecuencias son especialmente graves en regiones rurales donde líderes ambientales y defensores del territorio enfrentan amenazas constantes e incluso asesinatos.

Para Tincopa, resulta llamativo que una problemática con efectos directos sobre la vida cotidiana y la gobernabilidad no haya ocupado un lugar prioritario en la confrontación electoral.

Minería ilegal: un cálculo político equivocado

Otro de los temas que apenas apareció en la discusión pública fue la minería ilegal.

Aunque algunas agrupaciones incluyeron referencias generales al sector extractivo, las propuestas específicas para enfrentar la expansión de actividades ilegales fueron limitadas. En el caso de Fuerza Popular, señaló Tincopa, solo hubo menciones puntuales relacionadas con la regulación de la actividad minera y el combate a la minería informal en zonas protegidas.

El politólogo considera que existe un error recurrente entre los partidos políticos al asumir que los sectores vinculados a la minería informal representan un caudal electoral decisivo.

De acuerdo con un estudio citado durante la entrevista, más del 70% de la población rechazaría respaldar a un candidato que promueva abiertamente propuestas favorables a la minería informal. El dato revela que asociarse políticamente con esta actividad podría generar más costos que beneficios electorales.

La situación adquiere mayor relevancia en un contexto donde las economías ilegales han ampliado su influencia en varias regiones del país y donde especialistas han advertido sobre sus vínculos con redes criminales y formas de captura del poder local.

Una elección definida por el antivoto

Si hay un factor que ha marcado la segunda vuelta, según Tincopa, es el peso del antivoto.

A diferencia de procesos anteriores, la campaña se desarrolló bajo una polarización más concentrada y menos simétrica. Mientras en elecciones pasadas las campañas estuvieron dominadas por ataques cruzados permanentes, esta vez predominó una estrategia más contenida, especialmente desde el fujimorismo, que optó en gran medida por evitar responder públicamente a las críticas, aunque mantuvo un tono más confrontacional en actividades partidarias y mítines.

La evolución de las encuestas refleja un cambio importante. Por primera vez, el fujimorismo inició una segunda vuelta sin una desventaja significativa frente a su rival. En los procesos de 2011, 2016 y 2021, Keiko Fujimori comenzó la etapa decisiva varios puntos por debajo de sus contendores. Esta vez, ambas candidaturas arrancaron prácticamente empatadas.

Tincopa observa además una reducción sustancial del rechazo hacia el fujimorismo. Mientras en 2021 el antivoto contra ese sector alcanzaba niveles cercanos al 72%, actualmente se ubicaría alrededor del 38%.

Sin embargo, el analista considera que este fenómeno no necesariamente responde a una mejora en la imagen de la candidata, sino a la consolidación de un importante rechazo hacia su adversario.

"La elección parece definirse por quién genera menos conflicto", explicó. En otras palabras, una parte significativa del electorado estaría votando por el candidato que percibe como el "mal menor" antes que por una adhesión plena a alguna de las propuestas en disputa.

El sur mantiene su comportamiento electoral histórico

La distribución territorial del voto también mantiene patrones observados durante las últimas dos décadas.

Según Tincopa, desde 2006 el sur del país ha mostrado una inclinación consistente hacia candidaturas de izquierda, mientras Lima ha tendido a respaldar opciones identificadas con la derecha.

No obstante, esta realidad también limita las posibilidades de crecimiento de los candidatos en determinados territorios.

En el caso de Roberto Sánchez, el respaldo obtenido en el sur le otorgó una base sólida desde el inicio de la campaña, pero redujo su margen de expansión en esa región. Su principal desafío consistía en captar apoyos en Lima periférica y en sectores populares del norte del país.

Por su parte, el fujimorismo tampoco logró avances significativos en regiones donde históricamente enfrenta mayores niveles de rechazo.

La consecuencia ha sido una campaña donde ambos candidatos encontraron dificultades para ampliar sus bases electorales más allá de sus votantes tradicionales.

El Congreso que viene

Aunque los resultados parlamentarios proyectan una renovación importante de rostros, Tincopa advierte que existe una percepción engañosa sobre el alcance real de ese cambio.

Muchos de los grupos políticos que promovieron iniciativas controvertidas durante el último periodo legislativo, incluyendo proyectos relacionados con la contrarreforma universitaria, continuarán teniendo representación en el próximo Congreso.

A juicio del especialista, esto responde menos al liderazgo individual de los candidatos electos que a un sistema de representación diseñado para favorecer determinadas posiciones dentro de las listas partidarias.

"La mitad de los parlamentarios actuales fueron elegidos con el número uno o dos de sus partidos", recordó.

Sin embargo, la principal novedad del nuevo Parlamento podría encontrarse en la distribución de fuerzas. Ningún bloque político tendría capacidad suficiente para imponer por sí solo una mayoría estable.

El centro como posible árbitro de la gobernabilidad

Frente a un Congreso fragmentado, Tincopa considera que las agrupaciones ubicadas en el centro político podrían desempeñar un papel decisivo.

La ausencia de mayorías claras obligaría a construir acuerdos para aprobar leyes y sostener la gobernabilidad. En ese escenario, fuerzas como Buen Gobierno podrían convertirse en actores clave para inclinar votaciones y facilitar consensos.

El reto, sostiene el investigador, será que esas negociaciones se orienten hacia la búsqueda del interés público y no únicamente a acuerdos de carácter clientelar o particular.

La necesidad de moderación y diálogo podría convertirse en uno de los principales desafíos para el próximo gobierno, independientemente de quién resulte elegido este domingo.

A pocas horas del cierre de una de las campañas más polarizadas de los últimos años, Perú llega a las urnas con interrogantes de fondo aún sin resolver. La lucha contra la criminalidad, el avance de las economías ilegales y la capacidad de reconstruir consensos políticos siguen siendo desafíos pendientes.

Para Fernando Tincopa, el resultado de la elección no solo definirá quién ocupará la Presidencia durante los próximos cinco años. También pondrá a prueba la capacidad del sistema político para responder a problemas que, pese a su urgencia, quedaron en gran medida fuera de la discusión electoral.