“Somos vigilantes ambientales formados por nuestras comunidades. Sabemos cuándo el agua está viva y cuándo está contaminada. El cianuro está matando nuestras acequias y lagunas”, sostiene Victoria Fernández Gamboa, defensora ambiental y presidenta de las Rondas Campesinas de Santiago de Chuco, de La Libertad, en medio de la presentación de un informe que da cuenta la presencia de sustancias tóxicas en sus fuentes de agua.
Fernández Gamboa denuncia que los campesinos, que viven de la agricultura y la ganadería en las cuencas altoandinas de La Libertad utilizan aguas contaminadas. Relata que los pobladores lo habían advertido desde hace dos décadas: el ganado evita beber en algunos tramos del río, las cosechas se reducen, las plantas se amarillean. Los resultados de un monitoreo de calidad de agua, con apoyo de la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS Marianistas) y Red Muqui, organización que acompaña a comunidades afectadas por la minería en 13 regiones del país, ha confirmado esas denuncias, y demuestra la emergencia socioambiental que se vive en la zona.
Los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario, conformados por comuneros y comuneras vigilan sus ríos con kits bioquímicos, y han sido los primeros en registrar cambios en el agua. Ellos conocen el río como se conoce la piel: saben cuándo ha cambiado su color, su olor o su temperatura. Saben cuándo un tramo se vuelve impropio para el ganado, cuándo un pejerrey desaparece, cuándo una chacra deja de responder. Su trabajo de vigilancia comunitaria ambiental se ha vuelto un acto de resistencia ante un Estado que llega tarde o, muchas veces, no llega, cuenta la presidenta de las rondas.
El monitoreo, realizado con un laboratorio acreditado, analizó estaciones estratégicas de la cuenca y volvió a registrar niveles alarmantes de cianuro total: hasta 0.159 mg/L, más del doble del límite permitido para aguas que podrían ser potabilizadas según la normativa ambiental peruana.
No es un caso aislado. Los reportes de años anteriores ya daban señales de riesgo, pero esta vez la concentración es mayor y más extendida. "Nos sentimos humillados, estropeados porque estropean nuestros derechos constitucionales que son nuestros derechos ambientales, a vivir en un ambiente sano", Fernandez Gamboa Convoca.pe
Lo más preocupante es la presencia de metales pesados: arsénico, selenio, cobre, mercurio, talio y cadmio, en concentraciones que superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) nacionales. Estos metales tienen efectos severos en la salud: desde daños neurológicos hasta afectaciones renales, respiratorias y cáncer.
El análisis también reveló otros indicadores críticos de deterioro del agua: una conductividad eléctrica que supera los 5000 µS/cm, más de tres veces el máximo permitido; sulfatos por encima de 3000 mg/L, cuando el límite es 250; nitratos que alcanzan 70.8 mg/L, por encima del estándar de 50; y una Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) que triplica el valor permitido, señal de una elevada carga de materia orgánica. A ello se suma un pH altamente ácido, entre 4.2 y 4.5, muy por debajo del rango aceptable (6.5–8.5) para cualquier uso humano, agrícola o ecosistémico.
Jaime Borda, de Red Muqui, enfatizó que el informe es una evidencia científica que confirma una "situación de emergencia ambiental" en las cuencas altoandinas de La Libertad, principalmente debido a la actividad minera en todas sus formas: mediana, pequeña, gran minería, e incluso minería formal, informal e ilegal.
Las zonas más críticas coinciden con áreas mineras
Tres estaciones donde tomaron las muestras de agua, ubicadas en áreas de influencia minera, son las que presentan los niveles más críticos. La tendencia no es nueva: registros de años anteriores ya mostraban un deterioro progresivo, especialmente en Caballo Moro y Perejil, pero en Chuyugual la situación es particularmente grave.
El biólogo Manuel Hora, vocero del equipo técnico, explica que en Chuyugual se observa un drenaje ácido de mina, proceso típico de zonas alteradas por la remoción de suelos mineralizados sin tratamiento adecuado. Esto puede originar acidez extrema en cuerpos de agua y liberar metales pesados.
El estudio que AMAS Marianistas presentó junto a Red Muqui advierte que esta no es una situación aislada: en El Perejil y Caballo Moro también se han detectado episodios de contaminación severa. Caballo Moro, por ejemplo, registra un proceso sostenido de acidificación desde 2005.
Los expertos de AMAS Marianistas identifican un patrón inequívoco: allí donde las actividades extractivas se intensifican, ya sea minería industrial, operaciones informales inscritas en el Reinfo o explotación artesanal vinculada a carbón y otros minerales, la calidad del agua se desploma.
En varios puntos, el pH ácido sugiere procesos de drenaje ácido de mina, típicos de zonas donde se remueve suelo mineralizado sin tratamiento adecuado.
El deterioro del agua no tomó por sorpresa a las comunidades. Desde hace más de veinte años, los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario vienen midiendo la calidad del agua con apoyo de AMAS Marianistas. El archivo al que accedió Convoca.pe muestra que llevan más de dos décadas recopilando datos científicos, algunos años incluso antes del inicio de las operaciones de Lagunas Norte.
Concesiones a ciegas
El libro presentado por AMAS Marianistas documenta que La Libertad es hoy la región más concesionada del país: 43% de su territorio está entregado a la minería. En las cuencas estudiadas hay 154 concesiones y miles de operadores inscritos en el Reinfo —un padrón de formalización que, según especialistas, se convirtió en un refugio para operaciones que no cumplen con los estándares ambientales.
El biólogo Hora advirtió que más de 100 centros poblados se encuentran expuestos y que, en Chuyugual, los monitoreos detectaron concentraciones de cianuro que superan por más del 1000% los estándares de calidad ambiental para agua.
La mina Lagunas Norte, que ha pasado por varias administraciones: Barrick, Boroo Misquichilca y hoy Euro Chilca, opera en esta zona y tiene antecedentes de sanciones ambientales.
Los especialistas alertan que el problema no queda en las alturas. Las cuencas monitoreadas alimentan ríos como el Chicama, el Santa y el Crisnejas, que abastecen a zonas agrícolas y ciudades del norte del país. En el caso de Chuyugual, sus aguas terminan desembocando en la cuenca del Marañón, parte del sistema amazónico.
Es decir, la contaminación en cabecera de cuenca no solo afecta a las comunidades rurales, sino potencialmente a cientos de miles de personas río abajo.
Para Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui, el problema es sistémico: “La salud ambiental y la salud humana no son prioridad para el Estado. Hay una política de expansión minera sin límites”.
El padre Víctor Alberto Müller, de la Compañía de María Marianistas, recuerda que hace dos décadas la Iglesia abrió la oficina AMAS para acompañar a las comunidades afectadas. “La desprotección continúa”, afirma.