Doble discurso. Mientras la segunda regidora electa de Renovación Popular, Jeanette Alonzo aseguró que aceptaría las credenciales como alcaldesa de la Municipalidad de Lima si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se las entrega, la bancada de esa agrupación política presentó una denuncia constitucional contra el presidente del máximo ente electoral, Roberto Burneo, por negársela a Rafael López Aliaga.
Como se recuerda, la semana pasada el JNE dictó una resolución señalando que no se entregará las credenciales para alcalde a quienes hayan postulado como primer regidor habiendo ejercido el cargo de burgomaestre en el período inmediato anterior. Precisó que lo contrario violaría la ley que impide la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales.
En conferencia de prensa, en la que estuvieron varios de los legisladores que presentaron la denuncia constitucional contra Burneo, Alonzo afirmó que está preparada para ocupar el cargo de alcaldesa y lo ejercerá con responsabilidad y respeto a la ley.
“Me siento preparada y con mucha experiencia para dirigir la ciudad”, manifestó. Detrás de ella estaba López Aliaga atento a las palabras de quien es una persona de su total confianza. Como reveló Hildebrandt en sus trece, desde mediados de la década del 90, Alonzo es responsable de finanzas en en empresas vinculadas al exalcalde, administró sus cuentas personales y las de Renovación Popular, y estuvo a cargo de los pagos de la campaña municipal de 2022.
Contradictoriamente, y pese a anunciar que recibirá las credenciales, la segunda regidora electa cuestionó la decisión del JNE y respaldó los argumentos de Renovación Popular sobre la controversia por la candidatura de López Aliaga y rechazó que exista una reelección municipal o se haya vulnerado el artículo 194 de la Constitución.
Doce congresistas firman la denuncia constitucional
En la denuncia constitucional presentada por la bancada de Renovación contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, se solicita que sea separado del cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas por diez años. También piden autorizar la apertura de un proceso penal en su contra por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.
La acusación fue suscrita por 12 parlamentarios, entre ellos Norma Yarrow, Roxana Rocha, Javier Cipriani, Diego Bazán y Jorge Zeballos. Los tres primeros, entre otros legisladores, participaron en la conferencia de prensa donde la segunda regidora, Jeanette Alonzo, anunció que aceptaría las credenciales para la alcaldía.