El contralor Nelson Shack manifestó que ante el informe de Convoca.pe, sobre la falta de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respecto a las fechas de aprobación de los préstamos otorgados mediante Reactiva Perú, la Contraloría realizará las coordinaciones respectivas para que esa información se considere y consigne en el próximo reporte de control concurrente sobre el programa de créditos con garantías públicas. 

En declaraciones a este medio digital, el contralor Shack afirmó que las fechas en los que los bancos aprobaron los préstamos "son datos de gestión absolutamente públicos" y que le parece "lógico y necesario" que se hagan públicos. "El mejor antídoto frente a la corrupción es la transparencia", enfatizó.

Shack precisó que la Contraloría, de acuerdo a ley, tiene "acceso irrestricto a todas las bases de datos administrativas", y refirió que han logrado un acuerdo con COFIDE (Corporación Financiera de Desarrollo - Banco de desarrollo del Perú), entidad administradora del programa 'Reactiva Perú', para que cada mes entregue al órgano de control todos los datos sobre los préstamos otorgados con aval del Estado.

“En la medida de que la sociedad civil, el periodismo de investigación y la Contraloría puedan coadyuvar a perfeccionar estos programas (u otras acciones o políticas de gobierno), a partir de la información y su análisis, va a ser beneficioso para todos", sostuvo.

Con el fin de conocer si se había cumplido o no con la norma para evitar que compañías investigadas y procesadas por corrupción u otros delitos accedieran a préstamos vía Reactiva Perú, Convoca.pe solicitó al MEF información específica sobre las fechas en que las entidades bancarias entregaron esos créditos mediante el referido programa estatal. Sin embargo, la cartera ministerial a cargo de María Antonieta Alva emitió una respuesta formalista y no proporcionó los datos solicitados.

El pedido de información se presentó al MEF luego de que este portal periodístico y otros medios revelaron que dos empresas supervisoras y cuatro estudios de abogados investigados por el megacaso de corrupción de Lava Jato accedieron a préstamos con aval del Estado, tras analizar los datos difundidos por ese ministerio sobre las compañías que hasta el 29 de mayo último habían recibido los préstamos con garantías estatales.

Como se recuerda, el lunes 11 de mayo, casi un mes después de que se aprobara el reglamento de Reactiva Perú, el Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo 1508, el cual agregó un nuevo dispositivo en la norma e incluyó en los impedimentos o prohibiciones a las empresas procesadas o investigadas por casos de corrupción.

Por esa razón, las fechas de aprobación de esos préstamos adquieren importancia ya que hasta el momento no es posible determinar si en los préstamos a la más de 20 empresas identificadas, las entidades bancarias cumplieron con la normativa vigente desde el 12 de mayo que les impedía otorgar préstamos a investigados o procesados por corrupción.

Auditoría al subregistro

El jueves 23 último, en conferencia de prensa, el contralor Nelson Shack anunció que su institución realizará una investigación para determinar cuál es la verdadera cantidad de víctimas del COVID-19 en el país. Dijo que se realizará una auditoría a los datos de fallecidos que se registran en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), al reporte oficial de fallecidos por la pandemia que elabora el Centro Nacional de Epidemiología (CDC), así como la información consignada por cementerios y crematorios. 

Shack anotó que las cifras de decesos hasta el mes de julio de 2018 y 2019, en comparación a las de este año, muestran cantidades muy distintas a las que están registradas en el Sinadef, razón por la cual consideró que la ciudadanía tiene derecho a conocer la cantidad real de fallecidos, no solo por COVID-19, sino también por otras enfermedades que fueron descuidadas por atender el virus de la pandemia.

El ministerio que dirige María Antonieta Alva ha emitido respuestas formales con omisiones y evasivas sobre Reactiva Perú. Foto Difusión

“Hay más de 30 mil fallecidos que necesitamos explicar a qué se debe. El COVID-19 ha generado efectos directos e indirectos, ya que durante la pandemia muchos ciudadanos no pudieron acceder al sistema de salud”, aseveró Shack.

La Contraloría hizo este anuncio un día después de que la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunciara que el equipo independiente de profesionales de prospectiva ha concluido que entre marzo y junio se detectaron 3,866 decesos por coronavirus que no fueron incluidos en los reportes del gobierno, lo que elevó a 17,455 la cifra del total de víctimas del COVID-19.