Las imágenes satelitales muestran el avance de la minería en el territorio de la comunidad nativa Tsirotzire conocida como Paucarcito, en la provincia de Puerto Inca, región Huánuco: dragas en los ríos y áreas de bosque afectadas por la deforestación. La extracción de oro y los conflictos asociados a esta actividad han profundizado las tensiones dentro de la comunidad asháninka, al punto de que dos mujeres  fueron recientemente expulsadas de su territorio y declaradas personas no gratas, según documentos a los que tuvo acceso Convoca.

Jessica Díaz, líder asháninka víctima del despojo, señaló en entrevista con este medio de comunicación que ser declarada persona no grata por un grupo de dirigentes de su comunidad equivale a recibir una estigmatización que la coloca al nivel de “un violador o un asesino”.

Jakeline Mendoza, quien fue dirigenta y también fue expulsada de sus tierras, ya mantenía una situación de conflicto con las autoridades comunales. El 22 de julio, acudió a la Subprefectura Provincial de Puerto Inca para presentar un acta de manifestación por amenazas, que atribuye al jefe de la comunidad Segundo Campari Rojas y al secretario Jhonny Condori Chamoro. En el documento advirtió sobre el riesgo de ser despojada de sus tierras. Casi tres meses después, lo que ella consideraba un riesgo, se consumó.

El 12 de octubre de 2026, cuando acudió a realizar consultas ante las autoridades comunales, recibió un documento en el que le comunicaban que había sido declarada como persona no grata y que fue sancionada con la expulsión de la comunidad. El mismo castigo recayó sobre Jessica Díaz Borges, quien denunció haber sido víctima de secuestro y acoso tras alertar sobre la presencia de mineros ilegales en 2025 por miembros de la dirigencia comunal. Su caso también fue registrado en la base de datos Los Resistentes, observatorio de Convoca.pe que registra y visibiliza la violencia contra personas defensoras de derechos sociales, ambientales y territoriales en el Perú. Hasta la fecha, reúne más de 220 casos documentados.

Jessica Díaz Borges, lideresa asháninka, junto a Jakeline Mendoza denuncian hostigamiento y violencia por parte de autoridades comunales en una zona tomada por la minería ilegal. Foto: Convoca.

Jessica Díaz Borges manifestó sentirse agobiada por la decisión de las autoridades comunales. “Nunca en mi vida pensé que me iban a hacer esto, yo he sufrido secuestro, amenazas, de todo me ha pasado por haber señalado que están haciendo minería, por haber hablado”, señaló a Convoca.pe.

Jakeline Mendoza sostuvo que el documento “contiene calumnias y que su emisión responde a represalias por haber denunciado la presencia de mineros ilegales foráneos en la comunidad”. Mendoza se desempeñaba como delegada del sector Samiri y afirmó que por eso “presentó documentos que probaban la presencia de mineros ilegales foráneos en la zona”.

Ambas comuneras señalan que un grupo de personas acudió a sus viviendas para amenazar e intentar obligarlas a abandonar la comunidad, un video al que accedió Convoca.pe muestra a un grupo de hombres gritándoles.

La minería avanza en el río Pachitea

El conflicto entre las lideresas indígenas y las autoridades comunales ocurre en un territorio afectado por la expansión de la minería. Según los datos de monitoreo de Conservación Amazónica, la superficie identificada con actividad minera en la provincia de Puerto Inca pasó de 1.232,52 hectáreas en 2025 a 1.936,06 hectáreas en 2026. Esto representa un incremento de 703,54 hectáreas, equivalente a aproximadamente el 57,1 %.

Monitoreo de minería en Puerto Inca. Crédito: Conservación Amazónica (ACCA)

Un monitoreo satelital de la plataforma RAMI (Radar Mining Monitoring), de la organización Conservación Amazónica (ACCA), identificó 43 dragas mineras en distintos sectores del río Pachitea, en los distritos de Puerto Inca y Yuyapichis, durante agosto de 2026, según información proporcionada a Convoca.pe.

Entre mayo y junio de 2026, según Conservación Amazónica, se reportaron nuevas intervenciones contra equipos presuntamente utilizados para la minería ilegal en el río Pachitea y en zonas cercanas a comunidades nativas. El 27 de mayo, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas informó sobre la intervención y destrucción de 14 artefactos fluviales artesanales tipo draga en el río Pachitea. El 4 de junio, el Ministerio de Defensa comunicó otra operación en la que se intervinieron 14 artefactos fluviales artesanales, además de maquinaria en las inmediaciones del sector Tzamiri en Puerto Inca.

Un año antes, el 11 de julio de 2025, la Fiscalía informó sobre la incautación de una excavadora valorizada en más de S/ 3,5 millones en el sector Nueva Esperanza. Durante el operativo también se identificaron seis pozos de explotación y canales que conectaban con el río Pachitea.  Las autoridades de Huánuco conocen de cerca el problema como reportó Convoca en 2021.Las autoridades de Huánuco conocen de cerca el problema como reportó Convoca en 2021.

“Se ha vuelto tierra de nadie”

La situación de Tzamari preocupa también a las organizaciones indígenas. Judith Nunta, dirigenta de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), señaló a Convoca.pe que la comunidad se ha convertido en una zona peligrosa, incluso para quienes realizan labores de vigilancia y monitoreo del territorio.

“Es complicada la situación, incluso las dirigencias mismas se han desafiliado de su organización indígena Feconapia que pertenece a ORAU y ya no participan. Sí, sabemos que la minería es un gran problema y que casi que se ha vuelto tierra de nadie”, manifestó.

Convoca.pe revisó el documento en el que expulsan a las lideresas indígenas, emitido por las autoridades comunales, encabezadas por Segundo Campari Rojas, jefe de la comunidad, y Jhonny Condori Chamoro, secretario de Tsirotzire. Se acusa a  Mendoza y Díaz de atribuirse una representación que no les corresponde ante organizaciones estatales y organizaciones no gubernamentales (ONG). El documento también señala que Mendoza tendría una denuncia por permitir la minería ilegal y establece sanciones que incluyen la expulsión inmediata. Sin embargo, la exdirigenta rechaza estas acusaciones y ha denunciado a Campari y Condori ante la Subprefectura Provincial de Puerto Inca por las amenazas.

Entre las medidas dispuestas figuran la revocación de los derechos comunales para Jessica Díaz y Jakeline Mendoza, la prohibición de su ingreso al territorio y el desconocimiento de cualquier representación que ejerzan en nombre de la comunidad o del pueblo indígena. Se exige a instituciones estatales y organizaciones indígenas retirar cualquier reconocimiento, protección o beneficio que, según las autoridades comunales, hubieran obtenido "fraudulentamente".

Memorial presentado por las autoridades de Puerto Inca

Los castigos impuestos a Jakeline Mendoza y Jessica Díaz son los siguientes: "revocar toda condición de comunera, derecho de uso, goce, tránsito, residencia o representación que pudieran ostentar dentro de nuestro territorio". También se les prohíbe el ingreso al territorio jurisdiccional de la comunidad nativa Tzirotsire. "Cualquier intento de ingreso será considerado como allanamiento y usurpación, y las autoridades comunales procederán conforme a sus facultades de control territorial, con apoyo de la Policía Nacional del Perú", advierte el documento.

La dirigencia comunal exige "a todas las instituciones del Estado y organizaciones indígenas el retiro inmediato de cualquier reconocimiento, protección o beneficio que estas personas hayan obtenido fraudulentamente”.

La disputa en Tzirotsire no se limita al avance de las dragas ni a las áreas de bosque afectadas por la extracción de oro. También expone las tensiones que la minería ilegal puede profundizar dentro de las propias comunidades indígenas.

La situación se agrava porque ni siquiera las organizaciones indígenas, como la Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) en Ucayali, pueden acceder a la comunidad y realizar labores de monitoreo. Según Judith Nunta, dirigenta de ORAU, las autoridades Tsirotzire desafían a las organizaciones e incluso se han desafiliado y no permiten que se hagan monitoreos en sus tierras. Todo esto  debilita la articulación colectiva frente al avance de la minería ilegal y genera mayores riesgos para quienes viven en la zona, explicó a Convoca.pe.