(Actualizado 22 de diciembre) Miles de trabajadores del régimen agroexportador en la región Ica protestaron nuevamente hoy tomando varios tramos de la carretera Panamericana Sur. Aunque hace dos semanas se derogó la Ley de Promoción Agraria por las pésimas condiciones laborales que permitía, el Congreso no aprobó una ley para un nuevo régimen agrario en el Perú.

El Pleno del Congreso debatió el 19 y 20 de diciembre una propuesta, pero esta no fue aprobada y retorno a la comisión de Economía.  La principal discrepancia es el jornal diario de los trabajadores agrarios. 

La protesta iniciada hoy se concentró en el kilómetro 273 de la Panamericana Sur en Ica y provocó enfrentamientos con la Policía Nacional. Los más violentos se registraron a la altura del peaje de acceso a Ica, donde el grupo volteó una ambulancia de un nosocomio de Ica.

¿Cómo se gestó la Ley de Promoción Agraria?

La Ley de Promoción Agraria estuvo vigente desde fines del gobierno fujimorista y fue ampliada por el gobierno del expresidente Martín Vizcarra.

¿Qué hay detrás de este régimen agrario que rechazan los trabajadores? La controvertida norma se inició con la Ley 27360 de Promoción del Sector Agrario, promulgada el 30 de octubre de 2000 por el entonces expresidente Alberto Fujimori y fue promovida desde el Ejecutivo por el entonces ministro de Agricultura, José Chlimper Ackerman. Sin embargo, esta fue promulgada cuando el régimen fujimorista se enfrentaba a una crisis política por la difusión de los llamados 'Vladivideos'.

Aunque "Ley de Promoción Agraria" supuestamente buscaba promocionar la agricultura, en realidad los principales beneficiados son las empresas dedicadas a la actividad agroindustrial, es decir, las grandes compañías que se dedican a la producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios. 

En los últimos años la norma fue denominada como la "Ley Chlimper", no solo por su impulsor, sino porque el entonces ministro era presidente de Agrokasa, una empresa creada en 1995 durante el segundo gobierno fujimorista que se dedica a la exportación de productos como espárragos, paltas y berries, que hoy es parte de la Corporación Drokasa, dedicada a la industria farmacéutica.

José Chlimper fue uno de los principales impulsores de la norma durante el gobierno de Alberto Fujimori. Fue candidato a vicepresidente en la lista de Keiko Fujimori en las Elecciones Generales de 2016. Foto: Andina.

Esta norma, criticada por su capítulo sobre régimen laboral y de seguridad social, estableció que los trabajadores tendrían un pago no menos de 16 soles por más de cuatro horas de trabajo, monto que incluye el pago de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones. Es decir, en 16 soles se pagaba todos los beneficios laborales.

La Ley también señalaba que los trabajadores del sector agroexportador solo tenían 15 días de vacaciones remuneradas cada año y las empresas sólo estaban obligadas a aportar el 4% de la remuneración a EsSalud, cuando otras empresas dentro del régimen general de trabajo aportan el 9% de la remuneración al seguro social. De esta manera, el Estado subsidia el resto de los aportes que no pagan las empresas beneficiadas con la "Ley Chlimper"

Además, las agroexportadoras solo pagan un impuesto a la renta fijo del 15%, son beneficiadas con la devolución anticipada de aranceles pagados por insumos importados, tienen acceso a infraestructura de riesgo subsidiada por el Estado y además gozan de ventajas arancelarias por los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Ese régimen agrario se aprobó sólo por un plazo de 10 años, es decir hasta el 2010, pero el gobierno de Alejandro Toledo decidió ampliar el régimen agrario hasta el 2021, cuando Pedro Pablo Kuczynski era presidente del Consejo de Ministros.

El año pasado y ad portas del vencimiento de este régimen agrario, la discusión retorno al Congreso con las propuestas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Peruanos por el Kambio (llamada 'Contigo') y el Partido Aprista. Estas bancadas presentaron nueve iniciativas legislativas para modificar y extender el régimen de la agroindustria.

Los proyectos recayeron en la Comisión de Agricultura, presidida por la congresista fujimorista Gladys Andrade, y concluyó en un dictamen que extendía el régimen de la agroexportación hasta el 31 de diciembre de 2031 y aumentaba la remuneración diaria de los trabajadores de 16 soles a 39.19 soles, siempre y cuando el trabajador labore más de cuatro horas en promedio, monto que también incluye los conceptos de gratificaciones y CTS.

El dictamen elevaba además el aporte de las empresas agroindustriales a EsSalud de 4% a 6% de la remuneración mensual del trabajador con lo que el Estado continuaría subsidiando el 3% resto de aportes.

Este dictamen fue debatido por el Pleno del Congreso en septiembre de 2019 y en el debate recibió el rechazo de las bancadas de izquierda del Nuevo Perú y Frente Amplio, mientras que la respaldaron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Bancada Liberal (ahora Partido Morado), Peruanos por el Kambio (ahora Partido Contigo) y APRA.  También recibió los votos de congresistas de las bancadas de Acción Popular, Unidos por la República, Cambio 21 y Unidos por la República.

Hector Becerril llamó "resentidos sociales" a los opositores a la extensión del régimen de la agroexportación. Foto: Andina.

En el debate uno de los defensores del dictamen y la ampliación del régimen de la agroexportación fue el excongresista fujimorista Héctor Becerril, quien aseguró que a los opositores al régimen laboral de la agroexportación "les molesta que existan empresarios exitosos" y son "resentidos sociales". La bancada fujimorista sumó 35 votos a favor de extender la duración de la Ley 27360.

Por su parte, el congresista de la Bancada Liberal y hoy legislador del Partido Morado, Alberto De Belaunde, indicó que las normas de rigidez laboral generarían más desempleo y menos dinamismo en las empresas de la agroindustria y añadió que las condiciones actuales de los trabajadores "son muchos mejores que las que tendrían sin este régimen". Junto a De Belaunde, también votaron a favor de extender el régimen agrario el actual congresista Gino Costa y el entonces parlamentario Francesco Petrozzi.

Los actuales congresistas Alberto de Belaunde y Gino Costa también respaldaron la extensión de la Ley 27360. Foto: Congreso

Aunque el dictamen aprobado por los congresistas no llegó a ser promulgado, ya que días después el entonces presidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento, el 28 de diciembre de 2019 el jefe de Estado firmó el Decreto de Urgencia 043-2019 que tenía el mismo contenido que la norma propuesta por el Legislativo. Este decreto tuvo las firmas del expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, el exministro de Agricultura, Jorge Luis Montenegro, la exministra de Economía, María Antonieta Alva, la exministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, y la exministra de Salud, Elízabeth Hinostroza.

Precariedad legalizada

Convoca.pe conversó con el abogado laboralista Adolfo Ciudad, quien sostuvo que la Ley 27360, extendida hasta el 2031, es un régimen que legaliza las condiciones laborales precarias y termina afectando a los trabajadores que brindan servicios a las empresas de la agroexportación, quienes no tienen estabilidad y solo firman contratos que se renuevan cada mes.

A esto se suma, según el especialista, que los trabajadores de la agroexportación no tienen posibilidad de generar sindicatos o de realizar negociaciones colectivas con sus empleadores por lo que no existen canales para procesar los conflictos entre los trabajadores y las compañías.

Este medio digital conversó con Jesica Bernaola, quien trabaja en siembra y cosecha de espárragos, naranjas y mandarinas en fundos de la región Ica y participó en la mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo. La trabajadora afirmó que "se han sentido burlados" por la comitiva oficial donde solo estuvieron presentes el Viceministro de Trabajo, José Luis Parodi Sifuentes, y la Viceministra de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, María Isabel Remy Simatovic, y ningún representante de las agroexportadoras.

Bernaola añadió que los trabajadores solicitaron a los viceministros que hicieran llegar al presidente Sagasti y al ministro de Trabajo, Javier Palacios, su pedido de derogatoria de la Ley del Régimen Agrario. Además, exigen que se les pague los beneficios sociales del régimen general de trabajo con un sueldo básico, el pago de horas extra, así como los beneficios sociales como gratificaciones de Navidad y Fiestas Patrias y Compensación por Tiempo de Servicios.

Al no llegar a ningún acuerdo con los representantes del Ejecutivo, los trabajadores de los fundos de las agroexportadoras señalaron que continuarán con la paralización de labores en la región Ica.

Asi votaron la extensión del régimen laboral de la agroexportación