La Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene pendiente de resolver un total de 120 casos de pedidos de suspensión y destitución contra 71 jueces y 49 fiscales involucrados en procesos disciplinarios y que pueden aumentar en los próximos meses. Estos casos corren el riesgo de no ser resueltos por el pleno de la JNJ por no contar con la totalidad de sus miembros tras la inhabilitación de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello luego de meses de una presión constante desde el Congreso de la República contra esta institución.

Convoca.pe obtuvo información de esta entidad fundamental en el sistema de justicia donde están pendientes casos que involucran a magistrados en casos de corrupción, vinculación a organizaciones criminales, beneficios penales a narcotraficantes, demora en la impartición de justicia e incluso casos de violencia contra la mujer y violencia sexual.

La entidad que en la actualidad solo cuenta con cinco integrantes es presidida por Antonio de la Haza Barrantes. Foto: JNJ.

A través de los datos de la plataforma Rastreadora, mediante la aplicación Memoria Judicial, se pudo constatar que la mayoría de casos que la JNJ deberá resolver con solo cinco de sus siete miembros, están vinculados a 19 expedientes de 21 jueces y fiscales relacionados con organizaciones criminales. Estas organizaciones son “Los Cuellos Blancos”, “Los Injertos de Huarmey”, de Áncash, “Los Injertos de Nuevo Ayacucho/Los encubiertos de Cañete” y “Los Terribles de la Impunidad” de Junín..

El personaje con más expedientes abiertos por procesos disciplinarios por sus vinculaciones con una organización criminal es un viejo conocido de las páginas penales. Se trata de Walter Ríos Montalvo quien fuera presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y fue uno de los protagonistas del caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

Walter Ríos está involucrado en un total de cinco expedientes de procedimientos administrativos junto a otros 14 jueces que también están involucrados en el caso de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Actualmente, sobre Ríos ya recaen otras tres disposiciones de destitución por el JNJ. Uno de ellos por la coordinación entre jueces y empresarios para buscar la ratificación del juez Ricardo Chang en el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Los exjueces supernumerarios Carlos Chirinos y Julio Lanazca cuentan con procesos disciplinarios. Foto: PJ/JNJ.

 
El ex titular de la Corte del Callao está involucrado en dos procedimientos junto a otros jueces que fueron designados por el llamado "hermanito" cuando dirigía la justicia en el primer puerto. Estos son los exjueces supernumerarios Carlos Chirinos Cumpa y Julio Lanazca Ricaldi, quienes tienen antecedentes sobre este caso de corrupción judicial.

Además, entre los casos que debe resolver la JNJ está también el que involucra al exjuez supremo César Hinostroza Chávarry, quien desde el 2018 se encuentra en calidad de prófugo de la justicia y que tiene una disposición de extradición ordenada por España. Sin embargo, luego de conocer que sería devuelto al Perú, Hinostroza huyó de la península hacia Bélgica en julio de 2022.

El caso N° 064-2023-JNJ que involucra a Hinostroza fue visto el jueves 30 de mayo por los miembros de la JNJ quien se conectó por videollamadas. El exjuez supremo es procesado por haber interferido en las funciones de la exjueza superior de Lima, Mercedes Gómez Marchisio, por acceder a liberar a procesados a través de pedidos del exmagistrado prófugo luego de haber tenido llamadas telefónicas registradas en diciembre de 2017. 

Durante su defensa, Hinostroza afirmó que las publicaciones periodísticas de los audios de la corrupción fueron parte de una "campaña mediática para destruir y capturar instituciones".

Walter Ríos y César Hinostroza tienen procesos disciplinarios que están pendientes de resolución por la JNJ. Foto: Difusión.

Involucrados en mafias

Otros jueces y fiscales también están involucrados a procesos disciplinarios por su vinculación a grupos criminales que vienen siendo procesados por delitos como extorsión, robo, asesinato, tráfico de terrenos, y tráfico de influencias en regiones como Áncash, Ayacucho, Cañete y Junín.

Dos fiscales de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huarmey, Tony Huallpa Chuctaya y Haydee Gómez Carranza, están vinculados por el Ministerio Público a la organización criminal "Los Injertos de Huarmey". Según la investigación fiscal, esta banda se dedicaba al robo, extorsión, así como la invasión y usurpación de terrenos para después cobrar cupos a los propietarios. 

El exfiscal Tony Huallpa fue retirado del Ministerio Público mientras es procesado disciplinariamente por su vinculación a "Los injertos de Huarmey".  Imagen: Áncash al Día

Huallpa Chuctaya y Gómez Carranza vienen siendo procesados en el caso 011-2023-JNJ. Ambos están involucrados como el presunto brazo legal de "Los Injertos de Huarmey", según la investigación de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Según la Fiscalía Provincial de Huarmey, la fiscal Beatriz Gómez Carranza tenía como función obtener el archivo de las investigaciones seguidas contra Pablo Martín Mendoza Chávez, cabecilla de la organización criminal. Estas acciones habrían sido a cambio de recibir beneficios económicos de parte del líder de la banda.

La exfiscal Beatriz Gómez Carranza tenía como función obtener el archivo de las investigaciones contra el cabecilla de "Los injertos de Huarmey". Imagen: Ministerio Público.

En el caso del procesado Tony Carlos Huallpa Chuctaya el organo instructor de la JNJ indica, que con declaraciones que los testigos brindaron a la Fiscalía, existía una relación extraprocesal entre el fiscal y el líder de los "Los Injertos de Huarmey". Este caso ya contó con audiencia en la que los miembros de la JNJ recibieron la declaración de Huallpa Chuctaya.

Otro proceso disciplinario que la JNJ deberá analizar es el caso que involucra a Noé Cárdenas Ortiz, quien fue fiscal provincial penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cañete. Según la investigación fiscal, Cárdenas habría mantenido relaciones extraprocesales con la organización criminal "Los Injertos de Nuevo Ayacucho", banda también conocida como "Los encubiertos de Cañete". 

Esta banda  constituída por falsos sindicatos de construcción civil y un brazo armado operó entre 2007 a 2017 en el Centro Poblado Nuevo Ayacucho en el distrito de San Vicente de Cañete y se dedicaba a la extorsión, arrebato de terrenos y hasta asesinatos. Según la Dirincri, se identificó a Noé Cárdenas como miembro del aparato legal de la organización criminal con el apelativo de "Arca".

Noé, el "Arca", concedió indebidas excarcelaciones a 23 integrantes de la banda quienes, el 23 de febrero de 2017, fueron encontrados en flagrancia delictiva cuando se realizó el desalojo de un predio que no era de su propiedad. Para la policía, estas liberaciones fueron por una "determinada retribución económica".

El fiscal, conocido como "Arca", concedió excarcelaciones a 23 integrantes de "Los encubiertos de Cañete".

Jueces y fiscales sobornados
 
Los casos de sobornos, tráficos de influencia y peculado también son algunos por los que doce jueces y fiscales están siendo procesados disciplinariamente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en 14 expedientes. Estos magistrados laboraban en su mayoría en Ucayali, Lima Metropolitana y Junín.

Dos representantes del Ministerio Público en Huancayo y Ucayali acumulan dos procesos respectivamente que están pendientes de resolución. Se trata de Ángel Palomino Sempertegui quien fuera fiscal en la Quinta Fiscalía Penal Corporativa de Huancayo y de Julio César Reátegui Urresti de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali. 

En el caso de Ángel Palomino desde el 2020 viene siendo procesado por haber ofrecido beneficios económicos a un perito psicológico designado en un caso que se le seguía a un sujeto investigado por el delito contra la libertad sexual en agravio de un menor de edad. 

Según la Fiscalía, el entonces fiscal de Huancayo buscaba que el perito emita un resultado de evaluación psicológica del padre de la menor agraviada contraria a los intereses del denunciante. Por este hecho, en un expediente anterior, el fiscal Palomino ya había sido procesado por la JNJ que concluyó en ese caso que el fiscal cometió "actos de inmoralidad".

En el caso del exfiscal Julio Reátegui, recientemente fue condenado por la Sala Penal Especial de la Corte de Ucayali por apropiarse de fondos públicos de manera indebida. Por ello, en febrero de 2024, recibió dos condenas de prisión de cuatro y ocho años de prisión por el delito de peculado doloso por apropiación de caudales.

Reátegui, mientras trabajaba como fiscal provincial provisional de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizadas de Ucayali, realizaba intervenciones a investigados y tomaba el dinero incautado para uso particular.

Uno de los hechos denunciados contra Reátegui ocurrió el 17 de noviembre de 2018 cuando la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional intervino al ciudadano Carlos Vela Catalán en la carretera Fernando Belaunde Terry. Se le incautó 16 mil 400 soles y 9 mil 600 dólares americanos y entregado al exfiscal de Ucayali.

El dinero debía ser depositado a una cuenta del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) o entregarlos en custodia a una entidad bancaria. Sin embargo, en el año en que fue responsable de la investigación, tuvo en custodia las sumas de dinero y este no fue regresado en su totalidad.

El exfiscal Julio Reátegui fue condenado por la Corte de Ucayali por apropiarse de fondos públicos de manera indebida. Foto: Corte Superior de Ucayali. 

Un caso que también destaca es el que involucra a Olga Lourdes Palacios Tejada quien fuera jueza del 16° Juzgado Especializado Civil de Lima. Palacios es procesada disciplinariamente por la JNJ al haber estado involucrada en la recepción de 100 mil soles a cambio de favorecer a un procesado.

Este hecho fue investigado por el Ministerio Público que en julio de 2023 logró que se condenara a seis años de cárcel a la jueza Palacios Tejada por el delito de cohecho pasivo específico. Sin embargo, la jueza apeló la sentencia de primera instancia y aún continúa en el sistema de justicia como jueza superior en la Segunda Sala Especializada en los Contencioso Administrativo de Lima.

De acuerdo a la investigación fiscal, la exjueza recibió 100 mil soles entre agosto de 2012 a diciembre de 2014, a cambio de favorecer al general PNP en retiro, Adolfo Mattos Vinces, dentro de un proceso judicial para nombrarlo y mantenerlo como curador especial de la Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (AMOF-PNP). 

Sobre Olga Lourdes Palacios recae una sentencia de primera instancia por haber recibido 100 mil soles para favorecer a Adolfo Mattos Vinces. Foto: Difusión.

Mattos es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos porque habría utilizado empresas de fachada para desfalcar a la institución de ahorro de los oficiales de la Policía Nacional.

Según declaró el abogado de la jueza, Elio Riera a Convoca.pe, la sentencia de primera instancia no es motivo suficiente para retirarla del cargo. Además, la defensa legal de Palacios Tejada considera que la segunda instancia podrá desestimar lo resuelto en primera instancia.

Pese a la sentencia, al haber sido apelada, la sanción no se puede aplicar, por lo que solo la Junta Nacional de Justicia podría declarar la destitución de la jueza Olga Palacios Tejada.

Narcojuzgados

Convoca.pe también pudo verificar que entre los casos de jueces que tienen propuestas de destitución de sus cargos relacionados a decisiones y acciones que permitieron la liberación de narcotraficantes de mafias bosnias en juzgados de La Libertad y Madre de Dios.

En el caso del exjuez Luis Alejandro Pérez León, quien era titular del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Pacasmayo de la Corte de La Libertad, el enero de 2021 dispuso la liberación del ciudadano bosnio Smail Sikalo, investigado por ser integrante de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

La detención de Sikalo se realizó en enero de 2019, cuando el Grupo Orión de la Policía intervino una casa en la urbanización El Golf en Trujillo. Al interior de la vivienda los efectivos encontraron 472 kilos de cocaína. Sikalo es parte del "Cártel de los Balcanes", organización que engloba a mafias albanesas o serbias y que envía droga desde Sudamérica hacia Europa.

El exjuez Luis Alejandro Pérez León dispuso la liberación del ciudadano bosnio Smail Sikalo, investigado por el caso "Cártel de los Balcanes". Foto: Difusión.

Pérez León declaró fundado un hábeas corpus presentado por la defensa del sindicado por narcotráfico y decidió terminar con la prisión preventiva que el mismo juez dictó contra Sikalo en el 2019 y que cumplía en el penal El Milagro de Trujillo. El entonces juez de Trujillo cambió la medida por comparecencia con restricciones.

Sin embargo, la defensa de Sikalo no registró ningún domicilio para ser notificado. Hasta el momento el sindicado por tráfico de drogas se encuentra no habido y lo más probable es que ya no se encuentre en territorio peruano. 

Luego de esta escandalosa decisión, la Procuraduría del Poder Judicial, denunció al juez Alejandro Pérez León. Según la denuncia el magistrado habría recibido sobornos a cambio de la excarcelación del investigado.

Finalmente en diciembre de 2021, la Oficina del Control de la Magistratura (OCMA) propuso a la JNJ la destitución de Pérez León debido a que se habría acreditado que el citado juez contravino el debido proceso y vulneró el principio de legalidad, independencia e imparcialidad al reevaluar la prisión preventiva que el juez dictó contra el bosnio.

El beneficio a mafias formadas por narcotraficantes bosnios continuó también en Madre de Dios y lo hizo el exjuez supernumerario Juan Marcial Carrera Cutipa del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata, quien favoreció con la liberación al peruano Juan Percy Pariona Arroyo, un condenado por tráfico de drogas y que era proveedor del narco serbio Zoran Jaksic.

El socio del narco serbio había sido condenado en agosto de 2018  a 29 años de prisión en Lima. Su defensa legal viajó hasta Madre de Dios para presentar un hábeas corpus para obtener su liberación. Su búsqueda dio resultados. Dos años después de la condena, en febrero de 2020, el juez Carrera Cutipa de Madre de Dios declaró fundado un hábeas corpus para excarcelar del Penal Miguel Castro Castro de Lima a alias 'Tito' . 

Las autoridades judiciales actuaron rápidamente para anular la disposición del juez de Tambopata y un equipo de la División de Investigaciones Especiales de la Dirandro logró la recaptura de Percy Pariona y fue devuelto a prisión, esta vez al Penal Piedras Gordas para que continúe su condena. Años después, en junio de 2023, fue traladado al penal de Challapalca por violar las reglas carcelarias.

El condenado por tráfico de drogas, Juan Percy Pariona Arroyo obtuvo en dos oportunidades su excarcelación en juzgados de Madre de Dios. Foto: PJ.

No obstante, Pariona y su defensa continuaron actuando para obtener su libertad en la Corte de Madre de Dios. El 16 de noviembre de 2023, alias 'Tito' obtuvo nuevamente una resolución judicial que declaró fundado un hábeas corpus que ordenó la liberación de este 'pez gordo' del narcotráfico en Perú.

Esta disposición judicial fue dictada por la jueza supernumeraria del Juzgado de Penal Unipersonal de Iñapari, Devora Salynova Quispe Layme. No obstante, las autoridades carcelarias del INPE se negaron a acatar la disposición judicial.

Días después, el 29 de noviembre, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial abrió una investigación preliminar contra la jueza y la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios separó a Quispe de su cargo por baja producción e incumplimientos de metas judiciales.

Convoca.pe pudo conocer que la Autoridad Nacional de Control aún no solicita a la Junta Nacional de Justicia la destitución de la exjueza Devora Quispe Layme.

La entonces jueza supernumeraria de Iñapapi, Devora Salynova Quispe, ordenó excarcelar por segunda vez a alias 'Tito' en noviembre de 2023.

Compleja situación

Para conocer más la situación en la que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) deberá abordar estos 120 expedientes de procesos disciplinarios a jueces y fiscales, Convoca.pe conversó con la abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), Cruz Silva del Carpio, quien considera que, en los próximos seis meses, la JNJ debe priorizar los casos de alto interés público.

"La JNJ debería hacer público el listado de casos que va a priorizar. Deberían ser los de alto interés público o los relacionados con economías criminales que se conoce que pueden afectar la independencia del sistema de justicia", mencionó la abogada de IDL.

Cruz también consideró que el más reciente integrante de la JNJ, Marco Tulio Falconí, en caso de que sea ponente de uno de los expedientes deberá ponerse al tanto de lo que han avanzado sus antecesores.

No obstante, otras contingencias se podrían presentar. Esto porque la Corte Suprema debe resolver una demanda de amparo presentada por Inés Tello y Aldo Vásquez quienes buscan su reposición como integrantes de la JNJ. Si en caso se resuelve a favor de los exintegrantes, se volverían a completar los siete miembros de esta institución.

Cabe recordar que la actual conformación de esa institución terminará sus funciones en enero de 2025 y que en julio próximo se debe iniciar el proceso de elección de sus nuevos integrantes. Precisamente, el último 6 de junio se hizo oficial la designación de los miembros de la comisión especial que se encargará de la elección para la JNJ.

Este grupo de trabajo es presidido por el defensor del pueblo, Josué Condori y lo integran Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial; Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación interino; Francisco Morales Saravia, presidente del Tribunal Constitucional; Nelson Shack, contralor general de la República; Jeri Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Segundo Romero Revilla, rector de la Universidad Ricardo Palma
 
Según la Ley Orgánica de la JNJ, el quórum de las sesiones del pleno referidas a nombramiento, evaluación parcial de desempeño, ratificación, procesos disciplinarios y destitución de jueces y fiscales es de dos tercios del número legal de sus miembros, es decir de cinco de sus siete integrantes.

Además, en el caso de los procedimientos disciplinarios en los que uno de los miembros se deba abstener de participar o sea recusado, o si el miembro instructor que tiene a su cargo no pueda votar, llegar a los votos mínimos para aprobar una resolución sancionadora sería aún más complicado. En ese panorama, el futuro de los procesos presentados en este informe correrían el riesgo de no ser culminados con una sanción.