El economista Alberto Gonzales-Zúñiga había denunciado a mediados del año pasado que su despido fue provocado por intereses económicos de actividades ilegales. Ahora un fallo de la Corte Superior reconoce irregularidades en el ministerio y ordena su reposición.

El Poder Judicial ordenó al Ministerio de Agricultura reponer a Alberto Gonzales-Zúñiga como director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), un organismo estatal adscrito a esa cartera que juega un papel clave en la lucha contra las mafias de taladores y la minería ilegal. Cuando fue cesado del cargo, en junio del 2020, el economista denunció en varios medios de prensa que intereses económicos ilegales vinculados a la deforestación presionaron su salida.

Ahora la sentencia emitida por el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima confirma que su remoción no fue del todo transparente. De acuerdo con la decisión judicial, la resolución suprema que lo cesó del Serfor "no fue emitida conforme a ley" y, por tanto, la declara nula.

La resolución suprema, firmada por el expresidente Martín Vizcarra y el entonces ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, "dio por concluida" la designación de Gonzales-Zúñiga por la causal de "pérdida de confianza". Sin embargo, el economista no tenía la calidad de empleado de confianza del gobierno como para ser retirado por este motivo. Era un funcionario público de "designación y remoción regulada", según indica la sentencia.

En efecto, se le nombró como director ejecutivo de Serfor luego de ganar un concurso público. Su período, que empezó en enero de 2019, era por cinco años. Según la norma, solo podría haber sido despedido si hubiese cometido una falta grave.

 

sentencia gonzales zuñiga

Gonzales Zúñiga presentó una demanda de amparo. La sentencia, emitida el 20 de agosto de 2020, ordena al Ministerio de Agricultura que lo reponga en Serfor.

 

Las circunstancias que rodearon su salida despertaron algunas alertas, sobre todo entre organizaciones ambientalistas que se pronunciaron públicamente en rechazo.

En enero de 2020, Serfor presentó un plan que pretendía intensificar la lucha contra la tala ilegal y la deforestación. Entre sus estrategias, buscaba enfrentar la "agricultura migratoria", la responsable del 95% de la desaparición de bosques.

También proponía concesionar 8 millones de hectáreas de bosques bajo una nueva modalidad contractual, que no solo contemplaba extraer madera sino también desarrollar otras actividades, no tan rentables pero sí sostenibles, como el ecoturismo o la conservación.

Es en este contexto que, en marzo del año pasado, Gonzales-Zúñiga denunció que la viceministra de Políticas Agrarias Paola Carrión, relacionada con empresarios madereros, le solicitó su renuncia. El pedido fue rechazado por el economista.

Poco después, el 4 de junio del mismo año, Carrión lo habría convocado de nuevo para discutir la propuesta de un reglamento para cambios de uso del suelo. En la práctica, la norma permitiría que se pudiese desboscar mayores extensiones en predios de la Amazonía si se autorizaban labores agrícolas en ellos. El entonces director ejecutivo señaló que Serfor se opondría a la propuesta. Al día siguiente, fue despedido.

En tanto, los taladores ilegales siguieron avanzando. Según Global Forest Watch, el Perú alcanzó en 2020 su pico de deforestación: se depredaron 190 mil hectáres de bosque primario. Se calcula que el 40% de la madera que se produce a nivel nacional tiene origen ilegal.