Hace algunos meses, el 5 de junio de 2020, el expresidente Martín Vizcarra “retiró la confianza” y destituyó al director ejecutivo del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR, Luis Alberto González-Zúñiga Trascendió en muchos espacios que esta decisión habría sido promovida desde los ministerios de Agricultura y del Ambiente.

Recordemos que el puesto de director ejecutivo del SERFOR fue ocupado mediante concurso público, por cinco años.  Esto sin duda generaba un precedente lamentable pues no sólo atentaba contra la institucionalidad forestal sino contra todo proceso de meritocracia, más aún cuando esta gestión había logrado aprobar instrumentos importantes y, seguramente, perfeccionables, como la trazabilidad de la actividad maderera.

Diversos medios recogieron las declaraciones de González-Zúñiga, en los que se afirmó que “hay intereses económicos” detrás de su salida (1). Esa afirmación no es extraña pues también se conoció que los cuestionamientos a su labor venían no sólo del sector privado sino también de funcionarios de las regiones con competencia forestal y que, curiosamente, vienen siendo investigados por estar vinculados con actividades ilícitas, de manera particular, por tala ilegal.

Este hecho debe tener una lectura integral, pues recordemos que, desde los mismos actores, provino la medida de trasladar el Organismo Supervisor Forestal y de Fauna Silvestre (OSINFOR) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Ministerio del Ambiente, lo cual fue duramente criticado, incluso, con posibles sanciones en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos y tuvieron que devolverlo a la PCM. Los causantes de este hecho no asumieron ninguna responsabilidad política, menos sobre las pérdidas que esto significó para el Estado peruano (2).

Esa situación que afectaba el derecho ganado del exdirector ejecutivo lo llevó, inicialmente, a plantear una medida constitucional, que se encontraba en curso en el Poder Judicial, donde se solicitaba su reposición en el cargo.

Luis Alberto González-Zúñiga cuando era director ejecutivo del Serfor. Foto: Difusión

Pese a esos hechos, la actual gestión del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI,) con respaldo y a pedido del Consejo Directivo del SERFOR, convocó a un nuevo concurso de méritos para la designación de un nuevo director ejecutivo. Esta situación tenía cuestionamientos de los representantes de la sociedad civil, pues no estaba resuelto el tema previo de dejar abierta la posibilidad de remoción, en cualquier momento, del nuevo funcionario, así se lograse cumplir las exigencias profesionales que requiere este puesto de relevancia para el sector forestal.

Este proceso generó suspicacias por algunos postulantes y sus vínculos con quienes habían gestado toda la situación previa, además de afirmaciones que los vincularían a hechos pasados poco claros. Sin embargo, el proceso continuó y llegó hasta la selección final de un profesional que cumplía con las exigencias del proceso, y estaba ad portas de su designación.

Sin embargo, el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 25 de marzo del año en curso, admitió la medida cautelar, acción de amparo, presentada por el exdirector ejecutivo del SERFOR, Luis Alberto González-Zúñiga, disponiendo provisionalmente que el Despacho Presidencial de la República, y el MIDAGRI suspendan temporalmente los efectos del concurso público para designar el nuevo director ejecutivo, hasta que se emita un pronunciamiento de fondo.

Este hecho evidencia una vez más la responsabilidad de quienes han venido administrando nuestros recursos al más alto nivel, tomando decisiones que afectan los intereses del país y que siguen en la impunidad. Además, mantiene sin cabeza este fundamental órgano para abordar lo forestal en un país de bosques, con alta incidencia de tala ilegal. Quienes conocen estos hechos en los diversos espacios deberían acudir a los Órganos de Control Institucional, y al Congreso, para que ejerzan su labor fiscalizadora. Un nuevo gobierno deberá asumir su rol e individualizar las responsabilidades. Hechos como este afectan a todos y no pueden continuar en la impunidad actos que trascienden a los gobiernos de turno.  

(*) César A. Ipenza es abogado especializado en materia ambiental. Tiene una maestría en Espacios Naturales Protegidos y Gestión Pública. Es profesor e investigador en temas ambientales.

(1) https://gestion.pe/peru/director-de-serfor-removido-por-gobierno-dice-que-hay-intereses-economicos-detras-de-su-salida-noticia/ 
(2) https://convoca.pe/agenda-propia/quien-conviene-que-ahora-osinfor-dependa-del-ministerio-del-ambiente