La tardía reacción ante las demandas de la población y el incumplimiento de las promesas formuladas durante la campaña electoral y en el gobierno, vinculados con el incremento de los conflictos sociales, han marcado el primer año del presidente Pedro Castillo, quien no ha podido satisfacer las expectativas de los sectores más postergados por el Estado y la clase política.

Para la Defensoría del Pueblo, en este último año, la gestión del gobierno ante los conflictos sociales se ha vuelto reactiva en vez de preventiva. “Hemos pasado de situaciones de demandas sociales y protestas, a las que el gobierno ha llegado tarde y ha tenido que generar espacios de diálogo con actas que todavía son de incierto incumplimiento”, dijo a Convoca.pe Luis Alvarado, representante de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales del organismo defensorial.

Hasta junio de este año, la Defensoría del Pueblo identificó 207 conflictos sociales, 57 más que en el mismo mes del año pasado. De los 101 conflictos sociales que están en proceso de diálogo, casi la mitad tiene relación con la actividad minera. Por ello, el organismo defensorial ha solicitado al presidente Castillo que explique públicamente su política de prevención y gestión de conflictos sociales.

Los conflictos sociales durante el gobierno de Pedro Castillo han dejado muertos en Ica y otras regiones del Perú. Foto: Genry Bautista

“Una vez que las partes y el Estado llegan a acuerdos, estos se tienen que cumplir. Se requiere que no solamente las oficinas de gestión de conflictos realicen un buen trabajo sino también que las instituciones y las autoridades a cargo de la solución del problema puedan dar respuesta, a través de una gestión pública adecuada, presupuesto, elaboración de proyectos, apoyo a las municipalidades para poder avanzar”, explicó Alvarado.

Con el fin de atender las demandas sociales, el gobierno de Pedro Castillo requiere, según Alvarado, una estrategia concreta, que incluya el cumplimiento de los acuerdos con funcionarios responsables, plazos razonables, un marco de la legalidad y considerando lo que es posible cumplir.

Aunque el abogado y experto en ciencia política Eduardo Dargent coincidió en que el gobierno de Pedro Castillo actúa de forma reactiva ante las diversas situaciones y problemas que se le presentan, alertó sobre el riesgo de mezclar la inexperiencia con claras corruptelas, en referencia a los escándalos que han rodeado al presidente, como el del prófugo ex ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, acusado de liderar un organización criminal que operó en su ministerio.

Exministro Juan Silva es acusado de liderar una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Foto: Captura de pantalla

Dargent recomendó no idealizar a los gobiernos de años anteriores porque los problemas del país vienen desde hace muchos años. Sin embargo, hizo un llamado de atención al advertir que la situación puede empeorar con las actuaciones del Ejecutivo y del Legislativo. También hizo hincapié en el costo que tiene debilitar técnicamente áreas claves del Estado, como el Ministerio de Agricultura con el nombramiento de ministros y funcionarios no capacitados para afrontar la crisis alimentaria.

“Hay que reconocer el enorme esfuerzo de Castillo para hacer las cosas peor y eso nos sirve para reconocer que hay insuficiencias, pero que también había cosas que funcionaban y que hay que buscar rescatarlas, mejorarlas”, dice Dargent a Convoca.pe. 

Precisamente, el politólogo Rodrigo Gil, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), destaca que el no cumplimiento de las expectativas de la población más postergada por el Estado y la clase política, que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, y de las promesas formuladas durante la campaña electoral y ya en el poder —como la instalación de una Asamblea Constituyente— ha generado una sensación de insatisfacción en el primer año de gobierno.

“Al incumplimiento de las promesas, se suma el permanente cambio de ministros, los temas vinculados a la corrupción en el entorno presidencial, que le han generado a Castillo una serie de pasivos", según Gil. “Se ve a un presidente solitario, bastante desconectado de la realidad, que tiene que enfrentar estas acusaciones graves que le ha hecho parte de su exentorno y su círculo íntimo, y a un Congreso que está utilizando eso para avanzar en sus intereses”, declaró a este medio digital.

El conflicto social de Las Bambas se acentuó durante el gobierno de Pedro Castillo. Foto: Andina.

Con respecto a los conflictos sociales, Gil recordó que Castillo y su gobierno prometieron una mayor presencia del Estado y la redistribución de los recursos a favor de las poblaciones afectadas, por ejemplo, por actividades extractivas, como la minería. Sin embargo, destaca que hay compromisos legales que han impedido a los miembros del Ejecutivo cumplir estos ofrecimientos, “lo que genera incentivos para la movilización, para la violencia, dado que no encuentran respuestas del gobierno central”.

No tener una posición definida sobre la contrarreforma promovida por el Congreso de la República en los sectores de Transporte, tras la legalización del servicio de los autos colectivos, y de Educación, con la promulgación de la Ley 31520, que busca modificar la Ley Universitaria y debilita el rol de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), también ha jugado en contra del gobierno de Castillo.

Un sector del electorado votó por él porque consideraba que podría darle continuidad a las acciones para modernizar la gestión pública y dotarla de cierta meritocracia, explicó Gil. El politólogo también advirtió que estos grupos ya no tienen los incentivos para movilizarse a favor del gobierno y del presidente porque estos no han sabido defender esos espacios. “Esto coloca a Castillo en una situación desfavorable”, concluyó.