Partido Morado avala a candidatos que tienen inhabilitaciones vigentes para laborar en el Estado tras haber sido destituidos

Las postulaciones al Congreso por parte del Partido Morado de tres exfuncionarios destituidos, que tienen inhabilitaciones vigentes para laborar en entidades estatales, tienen el respaldo de la organización política que lidera el candidato presidencial Julio Guzmán, indicaron a Convoca.pe voceros de los comités regionales de esa agrupación en Áncash, Moquegua y Cajamarca, jurisdicciones donde fueron inscritas las referidas candidaturas.

En sus respuestas, los tres comités regionales del Partido Morado adujeron que los ex servidores públicos inhabilitados fueron elegidos internamente para ser candidatos "siguiendo los procesos de sus estatutos"; en tal sentido dijeron que “respetarán las decisiones tomadas por los militantes", y que apoyarán a todos los integrantes de la lista de postulantes al Poder Legislativo que participarán en los comicios de abril próximo.

Este medio digital reveló hace más de una semana que en el partido de Julio Guzmán, los candidatos Edgardo Amez Herrera, Sandra Gonzales Gómez y Elena Sánchez Cueva fueron destituidos de sus cargos en el Estado y tienen inhabilitaciones vigentes para desempeñar puestos de función pública por sanciones impuestas por el Consejo Nacional de la Magistratura (ahora Junta Nacional de Justicia), el Ministerio de la Mujer y la Unidad de Gestión Educativa de Cajamarca, respectivamente.

Los dirigentes nacionales del Partido Morado evitaron pronunciarse respecto a la condición de tres de sus candidatos en Áncash, Moquegua y Cajamarca, pero sí respondieron los comités de estas regiones. Foto: Difusión

En el caso de Edgardo Amez, el número 1 de los candidatos morados de Áncash, se desempeñaba como juez superior de la Segunda Sala Penal de la Corte de Justicia de la misma región. Fue destituido de su cargo por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en septiembre de 2016, sanción impuesta debido a que el entonces magistrado votó a favor de la liberación de un mayor de la Policía Nacional que había sido arrestado por solicitar sobornos a un investigado por lavado de activos.

En tanto, Sandra Gonzales, quien postula al Congreso con el número 1 en Moquegua como representante del partido de Julio Guzmán, fue promotora del Centro de Emergencia de la Mujer en esa región, que administra el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - Aurora. De acuerdo con el registro de Servir, la candidata está inhabilitada para ser funcionaria o servidora pública hasta julio de 2025.

En Cajamarca, la candidata Elena Sánchez Cueva figura con una sanción administrativa por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de esta región, la cual la inhabilita para laborar en instituciones del sector Educación hasta julio del 2022. Tiene el número 2 en la lista al Parlamento por el Partido Morado, en la región cajamarquina.

Según la resolución, emitida en julio del 2016, Elena Sánchez hizo abandono del cargo de docente que tenía en 2011, motivo por el que fue sancionada por la UGEL de Cajamarca con la destitución y cinco años de inhabilitación para desempeñar cargos en entidades educativas.

De izquierda a derecha: Edgardo Amez, Sandra Gonzales y Elena Sánchez registran inhabilitaciones vigentes para ejercer cargos en entidades públicas.

Sin impedimentos

Consultado al respecto por Convoca.pe, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, consideró que a pesar de que los exfuncionarios inhabilitados no se encuentran impedidos de postular a cargos de elección popular, este tipo de sanciones administrativas son un "pésimo precedente que los electores deberían considerar (antes de votar)".

El exviceministro de Interculturalidad añadió que los hallazgos de este medio digital revelan el poco interés o incapacidad de los partidos al momento de hacer filtros entre sus militantes en la etapa de elección interna.

Para el especialista Iván Lanegra, el JNE debería incluir en las hojas de vida de los candidatos las diferentes sanciones que tuvieron como funcionarios. Foto: Difusión

Asimismo, propuso que el Estado, a través del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), debería incluir en las hojas de vida de los candidatos aquellas sanciones administrativas vigentes de ex servidores públicos, pues es información oficial que tienen la Contraloría y la Autoridad del Servicio Civil (Servir). 

“Es una información pública que posee el Estado. Podría ser cargada automáticamente a las hojas de vida por el JNE con el documento de identidad del postulante. No debería depender de que lo declare o no el postulante”, apuntó Lanegra.