La tarde del viernes 26 de abril, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, respondió al fiscal peruano Elmer Chirre, que era un hecho “objetivo, material” que el ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez, sabía que Odebrecht pagó 2, 6 millones de dólares en coimas por la adjudicación de la Carretera Carhuaz - Chacas- San Luis. Era la última ronda de preguntas para Barata en la ciudad de Curitiba (Brasil) luego de cuatro días completos de interrogatorios por unos 20 casos a cargo del equipo especial Lava Jato.

Barata explicó que los hechos apuntaba a que Álvarez conocía de los sobornos porque la empresa brasileña consiguió lo que se había propuesto para este proyecto de infraestructura, ejecutado entre 2010 y 2013 en Áncash, conforme Odebrecht fue desembolsando los pagos de coimas a Dirsse Valverde Varas, quien se convirtió en el nexo entre la empresa y César Álvarez, refirieron las fuentes.

El exdirectivo de Odebrecht señaló que cuando Dirsse Valverde daba las fechas en las que se realizarían los trámites de pagos “adicionales” para la construcción de la carretera, esto se cumplía. Así, el propio Álvarez firmó 17 resoluciones ejecutivas regionales autorizando desembolsos adicionales de hasta 40 millones de soles en favor de la compañía, como consta en los documentos revisados por este medio.

Para Barata, si las gestiones que se mediaban con Dirsse Valverde resultaban siempre exitosas, esto significaba que éste tenía una estrecha relación con César Álvarez. De otro modo no sería posible que, así como en el caso de los pagos “adicionales”, también se concretara con tanta rapidez el adelanto por materiales por más de 155 millones de soles y el adelanto directo por montos de cerca de 81 millones de soles.

Como se sabe, el exdirectivo de Odebrecht confirmó que Dirsse Valverde era registrado en la planilla del Departamento de Operaciones Estructuradas con el codinome “Darth Vader”. Pero además, narraron fuentes de Convoca.pe, que Barata se comprometió a buscar más información sobre otros ‘codinomes’ o sobrenombres en los sistemas Drousys y My Web Day, que usaba la compañía para referirse a otros personajes que están involucrados en estos pagos ilícitos. 

Durante el interrogatorio, Barata se comprometió a entregar documentos en 15 días. El plazo está por vencer. Pero esta información será incorporada en otra carpeta fiscal que permitirá seguir el rastro de otro tamo de la ruta de las coimas por esta carretera.

Las declaraciones de Barata ratifican la hipótesis del fiscal Elmer Chirre sobre la responsabilidad de César Álvarez para quien ha solicitado prisión efectiva de 8 años y tres meses por colusión agravada tras acumular una serie de pruebas y evidencias desde 2015 sobre el pago de coimas de Odebrecht por la adjudicación de la carretera Carhuaz - Chacas- San Luis, que significó el desembolso de más de 404 millones de soles del Estado peruano.

Viernes, 26 de abril. El fiscal Elmer Chirre, junto a la procuradora Silvana Carrión, a la salida del interrogatorio a Jorge Barata en la ciudad de Curitiba. Foto: Convoca.pe.

Precisamente, esta mañana los adjuntos del fiscal Elmer Chirre, sustentaron los alegatos de clausura ante el Primer Juzgado Nacional unipersonal de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, encabezado por la jueza Nayko Techy Coronado Salazar, quien anunció que ya no emitirá sentencia a finales de mayo sino a inicios de junio. 

Es el primer caso en la trama de sobornos de Odebrecht en Perú que llega a su etapa final y que fue investigado sin la colaboración inicial de la constructora brasileña. Al verse descubierta, la compañía recién decidió entregar evidencias y cuentas bancarias a Chirre para rastrear el dinero.
 

Cómo se pactó el pago

De acuerdo con la investigación fiscal, el 2,5 por ciento del valor total de la obra fue el monto solicitado como coima a cambio de la buena pro de la Carretera Carhuaz - Chacas- San Luis. Este monto fue gestionado por Dirsse Valverde Varas en reuniones con Ricardo Paredes Reyes, ingeniero de Odebrecht a cargo del proyecto; Eleuberto Martorelli, exgerente de la Concesionaria IIRSA Sur; y Raymundo Trindade Serra, exgerente de relaciones institucionales de Odebrecht, según narraron los colaboradores y testigos del caso.

La buena pro para el proyecto se le otorgó a la empresa brasileña el 30 de noviembre del año 2010, y se firmó el contrato el 22 de diciembre del mismo año. Dos meses antes de otorgarse la buena pro, Dirsse Valverde Varas se reunió en el Swiss Hotel de Lima con Trindade Serra, refirieron las fuentes. En dicha reunión Valverde le planteó a Serra la posibilidad de que Odebrecht ejecute la obra Carretera Carhuaz - Chacas - San Luis, a cambio del 2,5% del costo total del proyecto, señalaron las fuentes.

Según el colaborador eficaz TR1-2017, Trindade Serra, llevó la propuesta del porcentaje de la coima al entonces gerente general de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, y éste, tres días después de enterado, aceptó el acuerdo e indicó que Valverde debía comunicarse con Ricardo Paredes Reyes, el encargado de la realización del proyecto.

La reunión entre Valverde Varas y el ingeniero Paredes Reyes se realizó entre septiembre y noviembre del año 2010 en un edificio ubicado en la primera cuadra de Camino Real, en Lima. En ese lapso de tiempo, Paredes Reyes se comunicó con Eleuberto Martorelli, quien, además de hombre experimentado en la ejecución de obras en Odebrecht, era para Paredes una especie de mentor. Paredes le pidió ayuda, puesto que la carretera Carhuaz - Chacas - San Luis era el primer proyecto grande que estaba a su cargo.

Fue entonces que Martorelli entró en escena y se encargó de realizar los pagos ilícitos, previamente autorizados por Jorge Barata. según la información recogida por el Ministerio Públicos. Estos pagos se realizaron de dos maneras. La primera: por concepto de asesorías que nunca se dieron, por parte de Dirsse Valverde y José Cavassa (presentado a Martorelli por Valverde como “parte del equipo”) por un monto que superó los 613 mil soles. La segunda: por depósitos en la cuenta de la empresa Cirkuit Planet Limited, en el Standard Chartered Bank de Hong Kong, por un valor de 2,4 millones de dólares.   

Según fuentes de Convoca.pe, Martorelli le planteó a Dirsse Valverde realizar los pagos por el banco de Hong Kong  en una reunión realizada entre mayo y junio de 2011 debido a que el dinero pactado era muy elevado como para pasarlo todo en consultorías ficticias.

Asimismo, según las mismas fuentes, Dirsse Valverde volvió poco tiempo después a contactar a Martorelli para entregarle el número de cuenta de la empresa Cirkuit Planet Limited, a través de la cual se reenviaron más de 305 mil dólares a la cuenta en el Banco de Crédito de la empresa Sindarma Perú SAC, creada por Jorge Rivera Gálvez y Mario Fatelevich.

Eleuberto Martorelli, también exgerente de la Concesionaria IIRSA Sur.

Confesiones en Curitiba

A la salida del interrogatorio a Jorge Barata el viernes 26 de abril, el fiscal Elmer Chirre informó a la prensa que el exsuperintendente de Odebrecht confirmó que “se ha realizado pagos de sobornos y ha identificado a personajes que podrían haber participado” en los actos de corrupción por la Carretera Carhuaz - Chacas- San Luis.

Barata ratificó “alguna información que nosotros teníamos y que ya ha sido brindada de manera pública en el juicio oral que se lleva en la ciudad de Lima y que ha permitido que colaboradores eficaces tanto nacionales como del extranjero puedan hablar por primera vez en juicio oral por temas relacionados por el pago de sobornos”, apuntó Chirre, luego de explicar que su despacho investiga tres casos, uno relacionado a la carretera, otro a ‘Centralita’ y el tercero es la investigación 20-2017 que aún se encuentra en etapa de indagación preliminar y por el que evitó pronunciarse.

Los alegatos de clausura en el caso Chacas - San Luis

Los fiscales adjuntos provinciales de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Judith Delgado Panez y Jesús Mejía Copacondori, sustentaron hoy ante el Primer Juzgado Nacional unipersonal de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios a cargo de la jueza Nayko Coronado Salazar, los alegatos de clausura y el pedido de 8 años y 3 meses de prisión efectiva en contra de César Álvarez, exgobernador regional de Ancash, por colusión agravada respecto al caso de coimas por la Carretera Carhuaz - Chacas - San Luis.   

Las tesis defendidas por la parte acusatoria, la fiscalía, se basaron en los testimonios de los colaboradores eficaces T1-2017 y T2-2017 así como también en las manifiestas irregularidades en cuestiones clave, por ejemplo en el pago de adelantos por concepto directo y por materiales para la empresa Odebrecht, en este sentido el fiscal adjunto provincial Jesús Mejía denunció que estos adelantos le sirvieron a la empresa para generar “liquidez” a su favor en perjuicio del estado, además, el trámite en el pago de adelanto por materiales no siguió la vía que indica la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225; y el otorgamiento de “adicionales”, por medio de resoluciones ejecutivas regionales firmadas por César Álvarez, los cuales se daban sin el debido sustento técnico, y que significaron millones de soles en perjuicio del Estado y a favor de la empresa Odebrecht.

Contrapunto en la audiencia

Actualización 10 de mayo de 2019. 6 p.m.
 

Los fiscales adjuntos provinciales de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Judith Delgado Panez y Jesús Mejía Copacondori, sustentaron esta mañana ante el Primer Juzgado Nacional unipersonal de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, los alegatos de clausura y el pedido de 8 años y 3 meses de prisión efectiva en contra de César Álvarez, exgobernador regional de Áncash, por colusión agravada respecto a las coimas por la Carretera Carhuaz - Chacas - San Luis.   

La tesis de la Fiscalía se basó en los testimonios de los colaboradores eficaces T1-2017 y T2-2017 así como también en las irregularidades en cuestiones clave como el pago de adelantos por concepto directo y por materiales para la empresa Odebrecht. En este sentido, el fiscal adjunto provincial Jesús Mejía denunció que estos adelantos le sirvieron a la empresa para generar “liquidez” a su favor en perjuicio del Estado, que el trámite en el pago de adelanto por materiales no siguió la vía que indica la Ley de Contrataciones del Estado y que los desembolsos 'adicionales' aprobados por César Álvarez se hicieron sin sustento técnico.

Por su parte, el abogado de Álvarez, Félix Aldea Quincho, basó sus alegatos de clausura en dos puntos: el primero, la exclusión de pruebas irregulares. En este sentido, Quincho expresó que su defensa solicitaba a la jueza Nayko Coronado Salazar, la exclusión de las traducciones a los documentos entregados por el gobierno chino en relación a la cuenta asociada a Cirkuit Planet Limited, en el Standard Chartered Bank de Hong Kong, por un monto de 2,4 millones de dólares, como parte del pago ilícito de Odebrecht a cambio de la buena pro de la Carretera Carhuaz - Chacas - San Luis. ¿Qué argumentó el abogado? Un asunto de forma: que no se cumplieron con los procesos adecuados en cuanto a la validación de la traducción y el tratado sobre asistencia judicial en materia penal entre las repúblicas de Perú y China.

En cuanto al segundo punto, el abogado trató de minimizar las declaraciones de los colaboradores eficaces. Aldea Quincho manifestó que estas confesiones no podían probarse que se produjeron las reuniones en los que Dirsse Valverde Varas negoció el pago ilícito a pedido del ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez.

Tras cuatro horas, la sesión terminó a la 1 y 15 de la tarde con la ratificación del pedido de 8 años y 3 meses de pena para Álvarez, por parte de la Fiscalía. La jueza Nayko Coronado Salazar manifestó que dictará sentencia para el caso de Álvarez la primera semana de junio, debido a que faltan exponer los alegatos de clausura de otros implicados en el delito de colusión agravada por el caso de la Carretera Carhuaz - Chacas - San Luis.