La aparente calma que los indígenas cacataibo hoy tienen en sus bosques los inquieta, en vez de tranquilizarlos, en la frontera entre Huánuco y Ucayali, un territorio amenazado por el crimen organizado. Por eso, están organizando guardias para garantizar –por ellos mismos– la protección de sus terrenos del narcotráfico y el tráfico de tierras. El presidente de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca), el apu Herlin Odicio, da fe de eso y coordina con ellos a distancia, pues hace tres meses decidió mudarse a la ciudad con su familia por miedo. “Fue por seguridad, para estar más tranquilo. Más convenía cuidarme yo mismo a que lo haga el Estado”, responde.

Así como él, hay 29 cacataibos que también están amenazados, sin contar las decenas de defensores ambientales que están en riesgo actualmente a nivel nacional. Otros lo estuvieron antes y no pudieron salvarse. Este año, en el Perú, ocho protectores del ambiente han sido asesinados, tres más con respecto al año anterior. La cifra coincide con un incremento de la violencia ejercida contra estos actores socioambientales y con la escasa respuesta del aparato estatal para salvaguardarlos. 

De acuerdo con un informe de Global Witness 2022, Perú registra 51 homicidios de defensores ambientales entre 2012 y 2021, y es el séptimo país con más fallecidos en Latinoamérica. Esta región representa casi el 70% de los asesinatos a nivel mundial.

Los indígenas cacataibo son acechados por el narcotráfico. Foto: elpaís.cr

En ese panorama, el gobierno peruano en el 2021 implementó un mecanismo intersectorial para proteger la integridad y vida de las personas defensoras de derechos humanos a cargo del Ministerio de Justicia (Minjus), en coordinación con otros ministerios. Sin embargo, está lejos de funcionar de manera satisfactoria. Álvaro Masquez, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el liderazgo del sector Justicia es precisamente una de las principales limitaciones del mecanismo, pues esta cartera carece de capacidades operativas, a diferencia del Ministerio del Interior (Mininter).

De hecho, la labor del Minjus es más burocrática y pasiva, ya que de este no dependen las fuerzas del orden. Y mientras que las amenazas persisten, el mecanismo sigue sin tener la efectividad deseada. El apu Herlin Odicio, desde fuera de su comunidad, reporta las amenazas y de vez en cuando coordina con el comisario de la jurisdicción, trasladando los mensajes de preocupación de su pueblo. Y pesar de que el Estado ha reconocido su situación de riesgo y, por tanto, está inscrito como beneficiario del mecanismo de protección, con frecuencia él mismo tiene que insistir y reclamar la garantías que no llegan, para cuidar su vida y la de los demás cacataibos en peligro.

“No hablo tampoco con la policía local. No me llama nadie”, afirma.

El mecanismo intersectorial establece un Procedimiento de Alerta Temprana (PAT), que otorga medidas urgentes de protección a las personas defensoras de los derechos humanos. Este proceso incluye la emisión de una resolución viceministerial por parte del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia (Minjus), el cual debe incluir un plan de actividades elaborado por el Ministerio del Interior (Mininter) a través de la Policía Nacional del Perú. No obstante, hasta la fecha dicha cartera no ha elaborado ninguna planificación de acción.

“Hasta el día de hoy existe una incomprensión del problema en el Mininter y redunda en una falta completa de capacidad de acción logística. Pasan meses sin que puedan dar una respuesta y las cargas se concentran en otros sectores”, señala Masquez. El especialista legal lo atribuye en parte a las constantes crisis de la institución, que experimenta constantes cambios de gestiones y funcionarios. En los últimos 16 meses ha habido nueve ministros.

El mecanismo multisectorial presidido por el Minjus carece de medidas efectivas debido al poco respaldo de la PNP. Foto: gob.pe

El plazo de las solicitudes del PAT es de 30 días hábiles y 15 para casos extraordinarios. En un reportaje publicado en septiembre, Convoca.pe reveló que entre abril de 2020 y agosto de este año se enviaron 32 solicitudes PAT al Minjus, de las cuales 19 correspondían a defensores en materia ambiental provenientes de regiones como Amazonas, Huánuco y Loreto.

Lo más alarmante no es que solo 4 de las 19 solicitudes consiguieron resoluciones viceministeriales, sino que estas se emitieron recién entre mayo y agosto del 2021, casi un año después de ser presentadas.

El director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Ángel Gonzales, comenta que estos plazos se les hacen cortos debido a la poca respuesta del Ministerio del Interior. Además, existe una pobre cooperación entre las instituciones. Gonzales apunta que su sector incluso publica las resoluciones viceministeriales sin contar con el plan de implementación de la Policía Nacional, algo que considera lamentable por no incluir la información y opinión de dicho sector. “Elaboramos incluso una propuesta de plan para que el Mininter lo tome y modifique según quisiera, pero hasta ahora no hay nada”, completa.

Frente a las demoras, el funcionario del Minjus indica que recurren al monitoreo de las situaciones de riesgo y que coordinan con los actores locales para actuar directamente cuando hay reportes de amenazas. Y señala que algunas veces las acciones de la policía local, como los patrullajes en la zona de riesgo, han sido financiadas por organizaciones de sociedad civil debido al escaso presupuesto.

Carlos Quispe, especialista legal de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), coincide y añade que el principal problema del mecanismo estatal para proteger a los defensores es el bajo presupuesto. “Hay una dificultad práctica que salta a primera vista y es que la policía no siempre está a disposición para ingresar a los lugares de emergencia. Suelen indicar que no tienen personal suficiente o que no cuentan con la gasolina”, dice.

Quispe considera que la falta de concientización del tema es clave porque si no hay voluntad en el Ministerio del Interior para el tema, no hay interés para invertir más presupuesto. El mecanismo estatal multisectorial lleva más de un año desde que se publicó sin efectos reales y el apu Odicio tiene casi dos desde que alertó al Estado su situación.

Congreso a contracorriente

Dentro de las primeras causas de violencia hacia los defensores, están el narcotráfico, minería informal, tráfico de tierras y deforestación. Con respecto a este último, la Amazonía peruana perdió 123 mil 400 hectáreas de bosque primario el año pasado de acuerdo al mapa del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina  (MAAP, por sus siglas en inglés). Este especifica que la concentración de la tala ilegal está en las regiones de Ucayali y Madre de Dios.

Y en efecto, de acuerdo con el mapa interactivo Resistentes del Perú, de Convoca.pe, en los últimos diez años la mayoría de las 36 víctimas mortales provienen de Ucayali (7). En las zonas amazónicas de Loreto (7), Junín (5) y Huánuco (5) también se han registrado varios asesinatos durante la última década. El ataque mortal más reciente ocurrió el 5 de diciembre pasado en Puerto Inca, Huánuco. La víctima fue Vilca Ampichi López, líder yanesha de la comunidad nativa San Juan de Pachitea. Recibió 14 balazos.

Aun así el Congreso de la República parece ubicarse del otro bando. Hace un año, la comisión agraria presentó un proyecto de ley para modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre con el fin de promover que la zonificación forestal esté a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en lugar del Ministerio del Ambiente (Minam), la entidad competente.

Esto quiere decir que el Midagri se encargaría de evaluar y delimitar las tierras forestales para usos distintos considerando aspectos técnicos y socioeconómicos. De acuerdo al abogado Másquez de IDL, esta modificación legislativa permitiría la invasión de por lo menos 8 millones de hectáreas de bosque en la Amazonía.

La iniciativa fue planteada por la comisión agraria del Congreso de la República. Foto: Congreso

“Lo que se pretende es legalizar las invasiones de parte de terceros sobre los bosques, sobre todo primarios, a la vez que dejar en impunidad los múltiples procesos fiscales y judiciales que existen por esos tipos de delitos que afectan el patrimonio forestal". La ciudadana Lucila Pautrat, directora de la ONG Kené, presentó en agosto de este año una acción de amparo contra el proyecto, con el apoyo de IDL, y recoge las opiniones de diversas instituciones que se oponen a la propuesta legislativa como el Minam, la Defensoría del Pueblo y el Servicio Forestal de Flora y Fauna Silvestre (Serfor).

De acuerdo con un informe de DAR de inicios de este año, en Loreto la expansión de la agricultura y la proliferación de cultivos ilícitos son de los principales factores que atentan contra los derechos de la población indígena, vinculados directamente con los defensores ambientales locales. 

Según el mismo documento, entre el 70% y 80% de los caminos ilegales construidos en la Amazonía del Perú se encuentran en Ucayali. Además, este tipo de actividades afecta al menos a 113 comunidades ucayalinas. El número de defensores indígenas de esa región que requiere ser incorporado en el registro del mecanismo de protección es de 92 ciudadanos.

Mapa de los caminos detectados en la región de Ucayali. Elaboración: DAR, ORAU y Propurús.