A inicios de octubre, el Ministerio Público detuvo a 18 personas acusadas de integrar la organización criminal "Los Crudos", que hacía cortes a tuberías del Oleoducto Norperuano para provocar derrames de petróleo. Esta banda estaría conformada por funcionarios de la empresa estatal Petroperú, empresarios y “apus” o líderes de comunidades nativas del distrito de Urarinas, en la región Loreto.

Convoca.pe accedió a los chats de WhatsApp que brindó uno de los testigos reservados a la Fiscalía. En estas capturas de pantalla, tres miembros de “Los Crudos” coordinan las acciones que deben realizar los apus de comunidades nativas para que las empresas vinculadas a esta organización obtengan contratos de limpieza del hidrocarburo derramado, tras cortes en el Oleoducto Norperuano provocados por terceros, el 22 y 31 de marzo de 2022.

Según datos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el corte del 22 de marzo de 2022 se derramó un barril de crudo, pero en el producido nueve días después se vertieron 250 barriles. Ambos derrames contaminaron 9900 metros cuadrados de agua y flora en el distrito de Urarinas.

La Fiscalía Especializada en Crimen Organizado investiga nueve "eventos" en el Tramo I del Oleoducto Norperuano, denominación utilizada para referirse a cortes del ducto. Esta infraestructura es estratégica para el transporte del crudo de petróleo que se produce en Loreto hasta la región Piura. El tramo del ducto afectado recorre más de 306 kilómetros a lo largo del río Marañón hasta la Estación 5, cercana a la región Amazonas. 

En total, los nueve derrames provocados por cortes en el oleoducto generaron la fuga de 3032 barriles de petróleo, que afectó más de 972 mil 158 metros cuadrados de suelo, agua y flora de la Amazonía, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Fiscalía investiga nueve casos de atentados al Oleoducto Norperuano en los que estaría involucrada la banda de "Los Crudos". Foto: Difusión

De acuerdo con la Fiscalía, la organización criminal es liderada por el empresario Juan José Sánchez Tirado Vela, su pareja Guadalupe García Romero y Alfredo Geydi Chuquizuta Chota. Ellos son vinculados a compañías que buscaban ganar licitaciones de Petroperú para realizar las labores de primera respuesta en la contención y recojo del petróleo vertido.

Además, son investigados dos trabajadores de Petroperú: el coordinador de relaciones comunitarias, Marcelino Javier Gutiérrez Neyra, y el jefe de operaciones del Tramo I del Oleoducto Norperuano, Arnaldo Zapata Silva. 

El Ministerio Público también investiga al apu de la comunidad de San Pedro, Jiner Roy Panduro Castillo y a cuatro de sus familiares, entre hermanos y primos. También hace lo mismo con el apu de Nueva Alianza Regner Flores Carijano, su hermano y otros miembros de la comunidad, así como con el jefe indígena de Nueva Esperanza, Elías Sifuentes Isuiza.

La Fiscalía investiga a los apus de la comunidad de San Pedro, Jiner Roy Panduro Castillo; de la comunidad de Nueva Alianza, Regner Flores Carijano; y de la comunidad nativa de Nueva Esperanza, Elías Sifuentes Isuiza.

Para la Fiscalía, estos apus tendrían el rol de buscar a personas en sus comunidades para que realicen los cortes y los consecuentes derrames. Luego, los dirigentes convencían a los habitantes de sus localidades para que elaboren actas de asambleas en las que señalaban a qué empresas debía contratar Petroperú para la limpieza del crudo vertido.

La presunta organización criminal “Los Crudos” reúne a empresarios, funcionarios de Petroperú, líderes de comunidades ambientales y personas que tenían la labor de coordinacion, según la Fiscalía.

El 20 de octubre pasado, la jueza de investigación preparatoria Soledad Barrueto, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, dispuso 24 meses de prisión preventiva para Jimmy Panduro y Jiner Panduro, miembros de la comunidad kukama San Pedro, del distrito de Urarinas.

Según la versión de testigos protegidos, “Los Crudos” también están conformados por personas encargadas de relacionarse con los líderes de la organización criminal y los de las comunidades nativas. Entre los responsables de esa función figuran Erick Marichi Acho y Adolfo Ausejo Garcia, quienes residen en las comunidades nativas de Cuninico y Maypuco, respectivamente. 

Para la Fiscalía, se habría acreditado que esta banda organizó nueve atentados a los ductos. El primero ocurrió el 20 de enero de 2022, en el Kilómetro 59+131 del Tramo I del oleoducto, en el distrito de Urarinas, en Loreto. El corte produjo el derrame de 200 barriles de crudo y afectó a más de 49 mil metros cuadrados de agua, suelo y flora. 

El Ministerio Público también investiga la presunta participación de esta organización en cortes a la infraestructura petrolera ocurridos desde el año 2016.

Crudas conversaciones

Convoca.pe accedió a las declaraciones de uno de los testigos reservados, quien entregó información sobre las coordinaciones de tres miembros de esta organización días después de los derrames en los kilómetros 24 y 20 del Oleoducto Norperuano, que ocurrieron el 22 y 31 de marzo de 2022, respectivamente. Según datos del OEFA, estos fueron causados por cortes al Oleoducto Norperuano.

Las cifras de esa entidad ambiental indican que en nueve días se derramaron 250 barriles, que contaminaron 9900 metros cuadrados de agua y flora en el distrito de Urarinas.

En imágenes de WhatsApp se muestran coordinaciones de integrantes de “Los Crudos” sobre cómo los apus de la comunidad de San Pedro y Nueva Esperanza debían escribir un acta de asamblea, con el fin de beneficiar a empresas de la organización criminal en contratos con Petroperú para la limpieza del derrame del área afectada. 

La Fiscalía investiga al coordinador de relaciones comunitarias de Petroperú, Javier Gutiérrez Neyra, y a los coordinadores entre funcionarios y apus, Erick Marichi Acho y  Armando Ausejo Garcia.

En una de las conversaciones de chat entregadas por uno de los testigos reservados, registradas entre el 1 al 10 de abril de 2022, se lee que el coordinador de relaciones comunitarias de Petroperú, Javier Gutiérrez Neyra, da indicaciones a Erick Marichi Acho sobre cómo se tiene que escribir el acta de asamblea realizada en ambas comunidades.

En otro pantallazo, Marichi le envía al funcionario de Petroperú el modelo del acta de asamblea que fue realizada por el apu de la comunidad nativa de San Pedro. Gutiérrez le responde que no se lee nada y que está borroso.

"No se lee ni miércoles... jajaja", "está borroso", escribe Gutiérrez a Marichi, quien agrega que la comunidad debe alcanzar una terna de tres empresas con correo, teléfono de contacto, para que Petroperú elija a la que realizará las labores de recuperación de crudo.

En una de las conversaciones de WhatsApp entregadas por un testigo reservado, se leen coordinaciones entre Javier Gutiérrez Neyra, funcionario de Petroperú, y el coordinador de "Los Crudos", Erick Marichi.

En otra de las capturas de conversación, Marichi le dice a Gutiérrez que el apu de la comunidad nativa de San Pedro debe sacar un pronunciamiento acerca de la demora y así agilizar los trabajos de recuperación.

El funcionario de Petroperú le contesta a Marichi que deben conversar con el apu de San Pedro, Jiner Panduro Castillo, para agilizar la licitación de los trabajos de primera respuesta. Marichi también le dice que necesita un pronunciamiento del apu para enviarlo a su jefe. Según el testigo en reserva, esto sería para agilizar la contratación de las empresas vinculadas a “Los Crudos”.

"La demora ya es un tema administrativo por el ‘Achilles’, ninguna de las jefaturas quiere firmar sin la formalidad", dijo Erick Marichi a Javier Gutiérrez sobre la demora en la licitación. A lo que se refiere Gutiérrez con el "Achilles" es al sistema que tiene Petroperú para que los proveedores que busquen ser contratados se registren en una Base de Datos de Proveedores Calificados, a través de la empresa Achilles Perú S.A.C.

Los involucrados en el chat indican que deben conversar con el apu Jiner Panduro Castillo para que haga un pronunciamiento que agilice la contratación de empresas vinculadas a "Los Crudos".

Impiden labores contra la contaminación

El testigo en reserva también dio información sobre una práctica de “Los Crudos” que podría evidenciar otras actividades que atentan contra la Amazonía. En uno de los chat se lee que Marichi conversa con Armando Ausejo Garcia, quien vive en la comunidad nativa de Maypuco. Ausejo le dice que ya habían llegado las barreras de contención para evitar la expansión del crudo derramado, pero que la Comunidad de San Pedro no permitirá su instalación.

"Hoy llegó (sic) las barreras para San Pedro (comunidad nativa). Pero ni cagando dejen entrar a nadie. JG (Javier Gutiérrez) le dijo a Elver que San Pedro no dejará entrar a nadie hasta que ya den inicio". Esta comunicación se refiere al inicio del contrato para las labores de limpieza de una de las empresas que forman parte del esquema de ‘Los Crudos’. Elver Cruz Lazo es el supervisor de la Estación de Saramuro del Oleoducto Norperuano.

En otro chat se observa que Ausejo le dice a Marichi que la Comunidad Nativa de San Pedro no permitirá la instalación de las barreras de contención del derrame.

Además, Marichi y Ausejo conversan sobre la urgencia de que se entreguen unas “cartas” para que empiecen a hacer las cotizaciones del servicio de limpieza. Incluso, Ausejo le dice que el servicio podría superar los 2.5 millones de soles.

Según el testigo en reserva de la Fiscalía, en otra conversación de WhatsApp entre Erick Marichi y el funcionario de Petroperú, Javier Gutiérrez, este último le pregunta si llegó a un trato con la empresa que se encargaría de la primera respuesta ante el derrame. Marichi le responde que "está por confirmar" 30 mil soles.

"Quedamos en un dinero que está por confirmar 30,000. Pero espero cumpla, me dijo después de que den la respuesta Petro (Petroperú)", escribió Marichi al funcionario de relaciones comunitarias de Petroperú. Además, deslizó que deseaba "mover algo" él mismo, a través de su empresa.

"No depende de mí, es que sabes cómo son esos de San Pedro. Quiero que me cumplan porque en eso quedé", escribió Marichi a Gutiérrez.

En otra conversación de WhatsApp entre Erick Marichi y el funcionario de Petroperú Javier Gutiérrez, este último le pregunta si llegó a un trato con la empresa que se encargaría de la primera respuesta ante el derrame.

“Modo de vida”

Según documentos de la investigación fiscal a los que tuvo acceso Convoca.pe, esta presunta organización criminal coordinaba con empresarios, funcionarios de la petrolera estatal, dirigentes e integrantes de comunidades nativas para generar los cortes en los ductos. 

Posteriormente, realizaban coordinaciones para que las comunidades nativas afectadas por los derrames respaldaran la elección de determinadas empresas, con el fin de realizar las labores de recojo del crudo derramado.

Luego de que los apus de las comunidades lograban que en asambleas de sus localidades se respaldara la contratación de empresas vinculadas a la organización criminal, los funcionarios de Relaciones Comunitarias de Petroperú presentaban el pedido a la compañía estatal que contrataba a esa compañía.

En declaraciones a Convoca.pe, el fiscal provincial de crimen organizado Lucio Salirrosas dijo que miembros de la comunidad han indicado a la Fiscalía que los apus son parte del entramado que buscaba generar los atentados a los ductos. "Tenemos comunicaciones que se refieren a las empresas que van a ganar las labores de limpieza", confirmó el magistrado.

Salirrosas añadió que la investigación está mostrando que dañar el medio ambiente con fines lucrativos era "un modo de vida" para “Los Crudos”. "Dañar el Oleoducto, cortarlo y generar el derrame es la modalidad que se encuentra en todas las comunidades donde hay apus involucrados. Ellos se vinculan con empresas que no son parte de la comunidad", dijo.

El fiscal Lucio Salirrosas explicó que la modalidad de la organización criminal era dañar el medioambiente con fines lucrativos. Foto: Convoca.pe

Según la investigación preparatoria, nueve empresas fueron beneficiadas por contratos con servicios de limpieza de los derrames. Servicios y Representaciones Generales Otorongos S.A.C. tuvo contratos de retiro de petróleo como consecuencia de tres cortes del oleoducto, mientras que las compañías Abastecimientos y Servicios Huvihu EIRL y Servicios Corporativos Roluz EIRL fueron contratadas luego de dos atentados contra el ducto.

De acuerdo con los testimonios brindados al Ministerio Público, fueron beneficiadas la Empresa Comunal San Pedro Urarinas, Servicios Universal Manseriche, Cinval Solutions y Servicios Generales Frajes. La Fiscalía también detectó que otras dos empresas buscaron ser favorecidas por "Los Crudos": Servicios Generales Petrourarinas S.A.C. y Servicio Consultores CMP S.A.C.

Investigación

En un comunicado, Petroperú saludó las acciones desarrolladas para investigar y sancionar a los responsables de los atentados perpetrados al Oleoducto Norperuano. Sin embargo, la empresa estatal negó que estén investigados gerentes o altos funcionarios y destacó la labor del Ministerio Público para identificar, recabar evidencia y formular la acusación a los responsables.

"Como empresa respetuosa del marco legal vigente, viene brindando todas las facilidades e información requeridas para el proceso correspondiente", indicó Petroperú.

El abogado Dorian Choque, quien asumió la defensa legal de los comuneros kukamas de Urarinas que son investigados, dijo a Convoca.pe que no comprenden por qué la Fiscalía sólo ha solicitado la prisión preventiva de los apus y no de los cabecillas de la presunta organización criminal. Agregó que no han logrado demostrar una vinculación entre ambas partes. 

Además, el asesor legal afirma que la Fiscalía señala que los apus, como Jinner Panduro, impulsan la contratación de empresas para la limpieza del derrame, pero para que ello ocurra, un funcionario tendría que aprobar las licitaciones. Asegura que el Ministerio Público no ha logrado mostrar los fundados elementos de convicción por los cuales los líderes comunales han sido apresados de forma preventiva por orden judicial. 

“Esos testigos protegidos no han sido corroborados”, manifestó Choque. El abogado de los apus expresó su extrañeza porque ningún funcionario de Petroperú que haya participado en la selección de las empresas ganadoras de las labores de primera respuesta es investigado.

Choque afirmó que la jueza Soledad Barrueto no evaluó correctamente los elementos presentados por la Fiscalía y que  desconoce un tema importante como la condición geográfica y cultural de los apus que son investigados.

Convoca.pe intentó recoger la postura de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), institución que reúne a 109 federaciones de la Amazonía peruana. Esta entidad indicó que "por el momento, los dirigentes no se van a pronunciar" respecto a la investigación fiscal que involucra a apus de comunidades de la etnia kukama.