En Madre de Dios, a vista de satélite, los terrenos tomados por los mineros ilegales en La Pampa, en parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata y en el área fuera del corredor minero, se presentan como enormes franjas amarillas que se bifurcan y adentran entre la espesura verde de los bosques. Según la más reciente alerta de la plataforma RAMI (Monitoreo de Minería Ilegal con Imágenes de Radar), implementada por Conservación Amazónica,  solo del 5 al 28 de noviembre de este año se deforestaron más de 10 hectáreas y se han emitido 143 alertas en la zona de amortiguamiento. Otras 46 hectáreas se depredaron fuera del corredor minero. La suma de la superficie arrasada en los últimos ocho meses es de 237 hectáreas de bosque.

En estos trazos, como cicatrices, los mineros han hurgado el terreno y fabricado lagunas tóxicas y artificiales. Y en su desmedido afán de buscar oro, han instaurado la esterilidad en donde antes hubo vida. Para el biólogo Sidney Novoa, biólogo de Conservación Amazónica, la proliferación y regreso de la minería ilegal en La Pampa y la zona de amortiguamiento se debe a que el estado ha bajado la guardia y descuidado medidas de prevención e interdicción.

En la zona de Mangote- La Pampa se reportan más de 5 hectareas perdidas en el mes de noviembre por minería ilegal. Fuente: Rami- MAAP

Novoa comenta que quienes advirtieron que la actividad ilícita había regresado a la zona de amortiguamiento fue el Comité de Gestión de la Reserva, que es un grupo de pobladores organizados para defender el área natural. Al revisar el terreno satelitalmente, se concluyó que en efecto los mineros ilegales estaban volviendo a las zonas previamente deforestadas.

De acuerdo con Conservación Amazónica, las infraestructuras de la minería ilegal en el 2023 (592 dragas) se han incrementado un 400 por ciento comparado con el año 2021 (148 dragas). Se presume que casi 2.400 mineros han retornado a las zonas que habían sido recuperadas por el Estado en 2019 mediante la megaoperación Mercurio. 

“Han regresado a los espacios recuperados, trabajan en las mismas zonas, y es cuestión de tiempo para que ellos perciban que no les está pasando nada para que comiencen a llegar más. Cuando esto esté saturado de mineros, van a tener que buscar nuevos espacios. Lo que pasará en los próximos meses, de no haber accionar directo del gobierno, es que vamos a regresar a la época donde cada mes se perdían 500 u 800 hectáreas”, indica el biólogo en entrevista con este medio. Añade que en la zona existen cuatro bases mixtas, de policías y militares, y sin embargo no hay una respuesta idónea contra el problema.

Las asignaciones presupuestales del Ministerio del Interior para "reducir la minería ilegal" también han sufrido un descuido, según ha podido confirmar Convoca.pe. Mientras que en 2019 se destinaron 77 millones de soles para combatir esta economía ilícita, en 2023 el monto fue de 60 millones. La reducción es del 28%.

Para el ingeniero forestal Martín Arana, especialista de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenibles (FCDS-Perú), el repliegue del Estado y la inestabilidad del presupuesto es uno de los mayores factores de porqué la minería ilegal ha vuelto a La Pampa y demás áreas de la zona de amortiguamiento. 

“El operativo Mercurio obtuvo fondos por demandas adicionales, no fue con plata de presupuestos ordinarios. Se solicitó ante el Ministerio de Economía y Finanzas una serie de fondos y se ejecutó. Cuando termina el 2019, se plantea todo de  nuevo, y hacer todo el trámite de demandas adicionales no es un mecanismo que te asegure algo. En el 2020 empezó la emergencia de la covid-19 y los fondos se desviaron para tratar la emergencia", explica Arana. Comenta que en gran medida las fuerzas del orden se retiraron de la zona y los destacamentos que se mantienen ahora lo hacen con personal mínimo, situación que han aprovechado los mineros ilegales. 

El retorno de la minería ilegal en la zona fuera del corredor minero y la zona de amortiguamiento (La Pampa) alerta a los defensores ambientales y evidencia el repliegue del estado. Fuente: MAAP Project.

Para Arana es peligroso que la minería ilegal crezca en La Pampa, tan cerca de la reserva de Tambopata porque el personal de Sernanp no podría controlarla debido a que el número de guardaparques es reducido. 

En un documento con fecha del 22 de diciembre del 2021— al que accedió Convoca.pe— el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional pidió al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú implementar la creación de un comando especial para combatir la minería en Madre de Dios, tal como ya se había aprobado en una sesión previa del 20 de diciembre. Pero hasta la fecha no hay ninguna noticia de dicho comando especial.  

Oficio del Ministerio de Defensa donde se da conocimiento del acuerdo para la implementación del Comando Especial en Madre de Dios. 

La minería se acerca a la reserva

Este retorno y expansión de la minería ilegal pone en peligro a la Reserva Natural Tambopata, administrada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), que tan solo se separa de este escenario por el río Malinowski. Actualmente, según la alerta de MAAP publicada el 28 de septiembre del 2023, se evidencian hallazgos de infraestructura minera muy cerca de la reserva natural.

“Entre los años 2017 y 2020 fue el boom de la minería ilegal. Incluso ingresó a la zona de reserva Tambopata y se deforestaron alrededor de 700 hectáreas. Hubo 2.500 mineros dentro de la reserva. La minería ilegal está ubicada en La Pampa y en algunas comunidades indígenas”, comenta el biólogo Sidney Novoa.

La minería ilegal ingresó a la reserva, por el sector de La Pampa, en 2015. El número exacto de deforestación fue de 759 hectáreas.Y fue en ese escenario, a mediados de 2019, que ahora parece repetirse, que se desplegó la operación Mercurio.

Los recuadros 4 y 5 señalan las alertas del mes de noviembre registradas en La Pampa, zona de amortiguamiento de la reserva Natural, y podemos ver la cercanía con el área de conservación. Fuente: RAMI-ACCA

De acuerdo al Sernanp, quien respondió a un cuestionario enviado por este medio, para proteger las 270 mil hectáreas que comprenden la Reserva de Tambopata se cuenta tan solo con 38 guardaparques. También hay agentes de la Marina de Guerra del Perú y de la Policía Nacional del Perú, cuyo número no especificó.   

Un dato que resalta el Sernanp es que el territorio deforestado por la minería ilegal ha sido reforestado al cien por ciento. Pero si observamos por satélite, las zonas siguen viéndose deforestadas. Ver los resultados de esta medida aún tomará muchos años. 

Otro acceso para los mineros ilegales a la reserva es por la quebrada Palma Real, frontera con Bolivia. De acuerdo al informe “Minería Ilegal invade el Paisaje Bahuaja Sonene Tambopata”, elaborado y publicado este año por la organización Frankfurt Zoological Society, se especifica que la minería ilegal ha crecido entre los años 2020 y 2023. El informe señala que hasta el 2022 se había observado presencia de 40 peque dragas y 120 mineros ilegales en 60 km entre la reserva Nacional Tambopata y el Parque Bahuaja Sonene. 

La Reserva Nacional de Tambopata cuenta con 38 guardaparques para su resguardo. Para los especialistas este número es insuficiente ante un escenario tan peligroso e inestable como es la minería ilegal en Madre De Dios. Foto: Ministerio del Ambiente.

En el documento remitido por Sernanp a Convoca, se detalla lo siguiente: “A fin de retirar a la minería ilegal, se cuenta con la permanencia de efectivos de la Marina de Guerra del Perú, el cual de manera estratégica controlan los accesos fluviales y por ende el desarrollo de esta actividad en ámbitos de la quebrada Palma Real, estas acciones evitaron el ingreso de mineros ilegales a la Reserva Nacional Tambopata [sic]”.

Pero no se señala en qué año se hicieron estas interdicciones ni se brindan más datos respecto al 2023. Al ser consultada nuevamente su área de imagen para aclarar estos puntos, respondió que en la reserva no había presencia de minería ilegal. 

Para el abogado César Ipenza, especialista en derecho ambiental, las acciones para luchar contra la minería ilegal en Madre de Dios requieren un plan nacional.

Leyes y mordaza

Los recientes proyectos de ley impulsados por el Congreso de la República, donde se estipula abrir el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) o incautar en lugar de destruir la maquinaria de la minería ilegal, que evidentemente podrían entorpecer la lucha contra la minería ilegal, generaron la reacción de varios fiscales ambientales alrededor del país. Como lo informó este medio en un anterior reportaje, los fiscales ambientales de Loreto veían uno de estos proyectos de ley —la no destrucción de maquinaría usada en la minería ilegal, impulsado por el congresista de Alianza para el Progreso Eduardo Salhuana— como algo imposible de cumplir y que no se condice con la realidad.

En Madre de Dios, once fiscales ambientales decidieron pronunciarse contra estos proyectos, pero la oficina de Control Interno de la Fiscalía de Madre de Dios decidió abrirles una investigación preliminar porque la coordinadora de fiscalías ambientales, Karina Vargas Quiñones, informó que no se había coordinado con ella para emitir tal pronunciamiento. 

Pronunciamiento de los fiscales ambientales contra los proyectos de ley del Congreso de la República que facilitarían las actividades de la minería ilegal. 

Para el abogado César Ipenza, especialista en derecho ambiental y estudioso del fenómeno de la minería ilegal, esta medida es un grave atentado contra la libertad de expresión de los magistrados. “Rechazo ese tipo de medidas porque lo que evidencian es un amedrentamiento para evitar que los fiscales se pronuncien contra algo que afecta su propia labor. Ninguna norma interna del ministerio público prohíbe expresamente que los fiscales se pronuncien. Concretamente es evitar que se manifiesten a futuro, es un mensaje a todos los fiscales”, opina el especialista.

“La coordinadora actual, que ha 'quejado' a sus fiscales, no tiene operativos coordinados por ella desde Lima, lo que llamamos operativos extraordinarios. Se ve que no hay una atención debida desde la cabeza del Ministerio Público. Incluso recién hace un par de meses se ha designado al fiscal encargado de la operación Restauración Mercurio”, puntualiza.

Convoca intentó comunicarse con Karina Vargas Quiñones, coordinadora de las fiscalías ambientales en Perú, pero no obtuvimos respuesta.