Aunque el Poder Ejecutivo observó el proyecto de ley aprobado por el Congreso para que la maquinaria incautada a la minería ilegal no sea destruida sino donada a los gobiernos regionales y locales, el congresista Eduardo Salhuana, del partido Alianza Para el Progreso y autor de esta iniciativa, aseguró que insistirá para lograr su objetivo. La propuesta puede sonar beneficiosa para quien escucha la premisa a primera impresión, pero en realidad pone en riesgo la eficacia de las intervenciones policiales y la seguridad de los agentes.

“Vamos a revisar los fundamentos y vamos a recoger las propuestas del Ejecutivo. Si hay un problema en la redacción, lo corregiremos”, dijo Salhuana a Convoca.pe el último viernes.

Por ello, aún no está descartado que los bienes, maquinarias, equipos e insumos utilizados para actividades mineras ilegales —como cargadores frontales, retroexcavadoras, volquetes, compresoras y perforadoras neumáticas y camiones cisterna— se salven de ser destruidos por agentes del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y de la Marina de Guerra durante los operativos de interdicción que realizan en zonas de minería ilegal.

La destrucción de maquinaria utilizada por la minería ilegal es una práctica amparada por la ley en los operativos de interdicción en la Amazonía. Foto: Ministerio Público

El proyecto fue observado por la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en el último día de plazo para hacerlo, el 28 de junio último, y fue derivado a la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, donde en abril de 2023 se aprobó por unanimidad.

A pesar de las declaraciones aparentemente conciliadoras, Salhuana recordó que el Perú es un país pobre y que “no puede darse el lujo de seguir reventando maquinaria que cuesta 150 mil dólares”. “Vamos a buscar una reacción que sea razonable, que atienda las observaciones de los sectores que están disconformes, pero, además de ello, alcanzar el objetivo: que la maquinaria se ponga al servicio de la población”, manifestó el congresista de APP.

Salhuana es representante de la región amazónica de Madre de Dios, el departamento más afectado por la minería ilegal.

Al observar el proyecto aprobado por el Congreso, el Poder Ejecutivo señaló una serie de consideraciones sobre cómo este podría perjudicar las acciones contra la minería ilegal y sugirió al Congreso que elabore un texto alternativo, que descarte la modificación propuesta al numeral 7.2 —en la que propone asignar la maquinaria al gobierno regional en lugar de destruirla— del Decreto Supremo 1100, que regula las interdicciones contra los mineros ilegales.

La principal objeción del gobierno de Boluarte fue que el carácter reservado y confidencial de las operaciones de la Policía Nacional del Perú y de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) podría verse afectado por la obligación de coordinar con las autoridades regionales para gestionar el retiro de las maquinarias o equipos de la zona de operaciones. A esto se agregaría una demora en las operaciones de interdicción.

Otro argumento fue que la mayoría de las operaciones policiales y de Dicapi se realizan en lugares desde donde no es posible trasladar las maquinarias y equipos, porque son de difícil acceso y no se cuenta con la logística apropiada. Además, recalcó que no es posible la custodia de estos bienes, por lo que se expone al personal policial interviniente a posibles ataques de los propietarios o responsables de las actividades mineras.

Las observaciones del Ejecutivo coinciden con el pronunciamiento de los fiscales especializados en materia ambiental de Madre de Dios frente a iniciativas orientadas a facilitar la minería informal e ilegal, emitido el 19 de junio último. En dicho documento, los magistrados advirtieron que el proyecto de ley “debilita el mecanismo de interdicción al incluir un procedimiento más que puede dilatar y comprometer las investigaciones del delito”.

Pronunciamiento emitido por fiscales de medio ambiente de Madre de Dios.  

Los fiscales también señalaron que la propuesta del Congreso atenta contra la autonomía del Ministerio Público y el carácter reservado de los operativos de interdicción, pues tendrían que realizarse previa comunicación y coordinación con los gobiernos regionales y municipales y tendrían que frustrarse si no se realizan dichas acciones.

Sin embargo, según el congresista Eduardo Salhuana, "los fiscales no tienen razón", porque en el proyecto de ley no se establece ninguna línea sobre el procedimiento o el protocolo de interdicción. "No significa que, como va a ir al gobierno regional, el fiscal va a tener que notificar al gobernador regional sobre la interdicción. Hay una opinión sesgada, no sé con qué tipo de interés", declaró a este medio digital.

Agentes policiales queman bienes en zona de minería ilegal, para evitar que vuelvan a ser utilizados. Foto: Ministerio Público.

Se requieren mejoras

El exviceministro de Gestión Ambiental Mariano Castro destacó que el Ejecutivo haya observado esta ley, con el fin de garantizar que las investigaciones y acciones de los delitos contra la salud, el ambiente y los recursos naturales, sean lo más eficaces posibles.

“Lo que se necesita es fortalecer la capacidad del Ministerio Público, la Policía y la Marina que intervienen en esos operativos para asegurar la lucha contra el delito. Son actividades ilícitas que dañan severamente la salud y el ambiente. La actuación debe ser firme y clara”, dijo Castro.

En ese sentido, el ex alto funcionario resaltó que, así como se exige que la formalización sea efectiva y no solo de papel, también se requiere que se mejoren las prácticas mineras, que no sean contaminantes y que sean seguras. También que se exija que las intervenciones se realicen adecuada y oportunamente, de manera que no se comprometa la investigación del delito, la autonomía del Ministerio Público y la presencia de la Policía y la Marina en esos ámbitos.