La tarde del 20 de noviembre de 2018, al interior de una mina de la empresa Los Quenuales, entonces propiedad de Glencore, en la provincia limeña de Huarochirí, el obrero Alejandro José Rojas Romero y su ayudante Pedro Acosta Ordoñez realizaban labores de perforación al interior del socavón. De pronto, una porción de rocas de tres mil kilogramos se desprendió y cayó sobre ambos, que murieron de inmediato.

Pero este hecho se pudo prevenir. Dos días antes del accidente mortal ambos trabajadores hacían el mismo trabajo cuando Rojas, que era maestro perforista, dio aviso al supervisor de la mina, Hilario Salhua Quispe, de que había escuchado crujidos provenientes del macizo rocoso de la misma zona donde días después perderían la vida. El área de Geomecánica  solo les indicó que continuaran con el “taladreo”. Y un día antes del hecho fatal, Rojas volvió a avisar sobre los sonidos extraños. El supervisor evaluó el área, pero al no percibir los sonidos decidió no dar aviso a sus jefes inmediatos.

Horas después los crujidos se convirtieron en desgracia y gritos de miedo entre los trabajadores, cuando las rocas cayeron sobre Rojas y Acosta. Ambos tenían un ingreso diario de 67 soles y 50 soles, respectivamente, y apenas laboraban hacía cuatro meses en la operación. Su caso está narrado en una resolución de sanción de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) contra Los Quenuales, en la que a esta se le impuso una multa de 567 mil soles.

Los trabajadores fallecidos Alejandro José Rojas Romero y Pedro Acosta Ordoñez son velados por sus compañeros. Foto: FNTMMSP

Pero esta no es la única tragedia en las industrias extractivas. En total, entre 2021 y 2022, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral emitió 63 resoluciones de sanción por infracciones relacionadas con incidentes fatales como el de Rojas y Acosta. Convoca.pe revisó cada uno de los documentos que sancionaron a las compañías de la gran minería y la extracción de petróleo en el Perú, donde consta la muerte de 75 trabajadores.

En estos dos años, la entidad fiscalizadora sancionó en última instancia administrativa a 38 sociedades de estos sectores con la imposición de multas por un valor total de 23 millones 806 mil soles.

Jorge Juárez, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, reconoce que la emisión de estos castigos económicos es importante, pero señala que si las empresas continúan sin corregir sus estándares de seguridad, estas medidas correctivas solo “quedan en papel”.

"El papel no salva vidas ni generan justicia para el trabajador", dice. "Si bien es cierto que la Sunafil puede requerir ciertas condiciones para salvaguardar la seguridad de los trabajadores y otros derechos, las mineras son renuentes a cambiar", anota.

En la resolución emitida por Sunafil contra Los Quenuales, se indica que pese a que el trabajador Alejandro Rojas dio las alertas, sus supervisores decidieron que continuara laborando. Imagen: Resolución de Sunafil

Las compañías que acumularon más resoluciones de sanción en el sector minero fueron Volcan (4), Southern Copper, Doe Run, Nexa Resources Perú, Ares y Buenaventura (3). Sin embargo, por monto de multas las más penalizadas fueron Doe Run, con 2 millones 545 mil 800 soles, y Ares, con 2 millones 525 mil soles.

En el mismo período en el sector hidrocarburos las empresas con más sanciones relacionadas a incidentes fatales fueron la china CNPC Perú, la estadounidense Savia Perú y la estatal peruana Petroperú. Cada una figura con dos sanciones.

Esta información es parte de los más de 890 nuevos registros de infracciones por incumplimiento de normas laborales incorporados hoy a Convoca Deep Data, nuestra plataforma de análisis de datos sobre las grandes empresas de los sectores extractivos.

La más infractora

La compañía minera Volcan, subsidiaria de la multinacional suiza Glencore, fue la empresa extractiva con más sanciones por accidentes mortales impuestas entre los años 2021 y 2022. En total, por las cuatro resoluciones de sanción, acumuló multas por un total de 1 millón 993 mil 908 soles.

Una de las sanciones más onerosas contra Volcan vinculadas a accidentes mortales es la que se le impuso por lo ocurrido el 5 de octubre de 2018 al interior de la mina Carahuacra, en la provincia de Yauli, en Junín. Ese día falleció el trabajador Davis León Raymundo por otro desprendimiento de rocas mientras desempeñaba su trabajo de maestro cargador.

Sunafil determinó que la minera Volcan incumplió las “disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo" basadas en un estudio de evaluación geomecánica del área donde trabajaba León. Además, indicó que la minera no había elaborado una matriz que identificara los peligros para el puesto de maestro cargador. 

Davis León Raymundo falleció producto del desprendimiento de un bloque de roca que impactó en su cuerpo. Imagen: Resolución de Sunafil

Por esos motivos, que según Sunafil serían las causas básicas del accidente, se sancionó a Volcan con 567 mil soles.

Otra sanción a esta compañía de capitales suizos está relacionada con un incidente ocurrido el 20 de noviembre de 2016 dentro de la unidad minera San Cristóbal, ubicada en La Oroya, también en Junín. Ese día, el trabajador Geremias Gabriel Ricaldi, quien laboraba en la empresa Servicios Mineros Gloria SAC, a su vez subcontratista de Volcan, falleció conduciendo una pala cargadora, un tipo de maquinaria pesada. 

Mientras manejaba el vehículo encontró que una malla ubicada debajo de una zona de sostenimiento interrumpía su trabajo. Cuando movía el obstáculo, le cayó un trozo de roca directamente en la cabeza y murió de manera instantánea.

La entidad fiscalizadora determinó que la minera "no acreditó el cumplimiento" de vigilar a la contratista Servicios Mineros Gloria para que cumpliera la normativa de seguridad y salud en el trabajo, así como que realizara la supervisión "adecuada y efectiva" de las labores de Gabriel Ricaldi.

Por este caso, en febrero de 2021, Volcan recibió una sanción de 45 unidades impositivas tributarias, que equivalían entonces a 273 mil 375 soles.

Muerte y contaminación

Si bien la minera Doe Run no figura entre las que han recibido el mayor número de sanciones, sí lidera el ranking de las que acumularon las multas más altas por accidentes mortales impuestas por Sunafil en los dos últimos años. Cabe anotar que el monto de las multas se eleva conforme a la gravedad de los hechos. La compañía, que desde el 2012 está en proceso de liquidación, fue multada por un total de 2 millones 545 mil soles en el período 2021-2022.

La sanción más grande de este período contra Doe Run se dictó en febrero de 2021,  por un valor de 865 mil 805 soles. Y está vinculada a las circunstancias de la muerte del obrero Deybi Estrata Carhuallanqui y a las lesiones que sufrieron los trabajadores Ismael Taype Javier y Jaime Huamán Huamaní, en diciembre de 2019.

Así quedó la operación de Doe Run luego del huaico por el derrame del relave minero que causó la muerte del obrero Deybi Estrata. Foto: Pasco Libre.

Ninguno de los tres estaba en la planilla de Doe Run, sino que eran trabajadores tercerizados que pertenecían a Servicios Múltiples VIC2 & ROM Morococha SAC. Los responsables de operación les habían ordenado hacer perforaciones en la mina, cuando se produjo un huaico por el derrame de un relave minero.

Este desastre no solo afectó a los obreros de la mina, sino también contaminó una importante fuente de agua. Los residuos tóxicos llegaron al río Mantaro, en la provincia de Churcampa, en Huancavelica, y por ello la Autoridad Nacional del Agua (ANA) además impuso a la minera una multa de 21 mil 900 soles (5,1 UIT).

El derrame del relave minero de Doe Run originó un huaico que llegó al interior de la mina lo que originó la muerte de Deybi Estrada. Imagen: Resolución de Sunafil

Petroleras más multadas

Petroperú, la empresa pública de hidrocarburos, es la que en el sector petrolero acumula las mayores multas por infracciones a la seguridad laboral vinculadas a accidentes mortales. En total, Sunafil le ha impuesto más de 295 mil soles en multas por este tipo de incidentes. 

El caso por el que la entidad fiscalizadora le fijó la mayor penalidad económica ocurrió el 1 de noviembre de 2017, al mediodía, en la Refinería Conchán, al sur de Lima. El trabajador Luis García Sandoval, quien se desempeñaba como operador de efluentes industriales en la estatal, cayó desde una altura de 10 metros mientras se desplazaba sobre la pasarela que une la parte superior de los tanques de almacenamiento 7Q y 6Q. 

Según Sunafil, Petroperú no contaba con las condiciones y medidas de seguridad en el momento del accidente que causó la muerte de Luis García. Imagen: Resolución de Sunafil

La inspección de Sunafil en la refinería de Petroperú encontró que dicha pasarela presentaba deterioros. Además, el camino no contaba con avisos o letreros de prohibición de acceso a la parte superior de los tanques. De este modo, por no contar con condiciones y medidas de seguridad, la entidad fiscalizadora determinó que Petroperú incumplió las normas laborales.

En el sector hidrocarburos la compañía estatal china CNPC Perú es la segunda que acumula más sanciones relacionadas con accidentes mortales por parte de Sunafil en el mismo período. La entidad fiscalizadora en materia laboral le impuso más de 294 mil soles en multas por incidentes que causaron el deceso de dos obreros.

CNPC Perú extrae petróleo del Lote X, en la provincia de Talara, en Piura. Es en esa operación minera donde el 6 de diciembre de 2017 el obrero Rubén Valdez conducía una grúa en una carretera al interior del lote a una velocidad de 60 kilómetros por hora. No se dio cuenta del mal estado de la vía y en una pendiente no señalizada no pudo maniobrar la unidad. Fue así que se produjo un despiste que arrojó al Valdez y al copiloto fuera de la grúa, y esta terminó aplastando a Valdez.

Sunafil determinó que la empresa CNPC Perú tenía responsabilidad por no advertir los riesgos en la vía por donde transitaba el camión de carga. Imagen: Walac Noticias

El operario que acompañaba al fallecido indicó a los inspectores de Sunafil que la pista al interior de la concesión petrolera de CNPC estaba "en mal estado y con mucha deficiencia". Además, acusó que la vía no estaba señalizada.

Es con esta versión y su propia inspección que Sunafil determinó que la petrolera CNPC Perú tenía responsabilidad en las causas del accidente fatal. La mala señalización no advertía pendientes, curvas peligrosas o advertencias para reducir la velocidad. Sunafil emitió una resolución de multa por 198 mil soles contra CNPC Perú S.A. 

Se concluyó que la petrolera  supervisó de forma inadecuada a la empresa subcontratada Felecin Ingenieros en relación a sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Fiscalía archiva las investigaciones

Aunque la fiscalización laboral durante los dos últimos años ha sancionado a las empresas extractivas, la justicia a través del Ministerio Público no ha tenido la misma actuación.

Convoca.pe accedió a información sobre las carpetas fiscales abiertas por los accidentes mortales de trabajadores fallecidos en siete accidentes laborales que fueron sancionados por Sunafil en el 2022. Se logró identificar que solo en cuatro casos se abrieron investigaciones en la Fiscalía, pero todas quedaron archivadas. En el resto, el Ministerio Público no abrió ninguna investigación.

¿Por qué las investigaciones sobre los accidentes mortales terminan encarpetadas en la Fiscalía? Para el abogado experto en derecho procesal penal, Miguel Ángel Pastor, esto se debe a que la Fiscalía investiga estos casos como "presuntos homicidios culposos", pero no profundiza en la responsabilidad de los representantes legales de las empresas extractivas en el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

Pastor señala que si los fiscales investigaran la presunta falta de diligencias en la ejecución de las actividades empresariales que genera la muerte de un trabajador, podrían considerar el tipo penal a investigar como homicidio por “dolo eventual” de los representantes de la compañía. Es decir, que la compañía no busca que el trabajador fallezca por un accidente de trabajo, pero conoce que sus actos u omisiones en materia de seguridad pueden provocar la muerte.

"En la investigación los fiscales deben profundizar en el análisis del incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y si guardan relación con el fallecimiento del trabajador. Además, debe incorporarse al empleador como tercero civilmente responsable, de tratarse de una persona jurídica", dijo el experto.

Sobre el caso del accidente que causó la muerte de Alejandro Rojas y Pedro Acosta en Los Quenuales, con el que iniciamos este informe periodístico, el Ministerio Público abrió investigación pero no llegó a nada. Las pesquisas recayeron en primer término en la Fiscalía Provincial Mixta de Huarochirí y luego pasaron a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de esa provincia.

Luego de más de dos años y medio de investigación, en octubre de 2021, el Ministerio Público decidió archivar el caso sin encontrar responsables.

El caso de los trabajadores que murieron en la minera Los Quenuales fue archivado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huarochirí. Imagen: Ministerio Público

Otra investigación que se abrió en 2019 fue sobre el deceso del obrero César Apolinario Huamanyauri, quien murió el 29 de junio de 2018 a causa de una intoxicación por gases al interior de una mina de Alpayana SA (ex minera Casapalca), en Huarochirí. También acabó archivada en los cajones de la Fiscalía de esa localidad en septiembre de 2021.

En el caso de la muerte de Huamanyauri, Sunafil verificó que una de las causas que contribuyó a su accidente fue que Alpayana incumplió su obligación de suministrar aire limpio al espacio de trabajo donde había ingresado. La multa impuesta en agosto de 2022 a la minera fue de 168 mil 57 soles.

Al archivo de la Fiscalía también fue a parar la investigación por la muerte de los electricistas mineros Bonifacio Mayhuiri y Walter Mamani, quienes, el 28 de mayo de 2018, también perdieron la vida intoxicados al interior de la mina ‘Pallancata’ de la minera Ares, en Ayacucho. 

La Fiscalía de Puquio inició las indagaciones en abril de 2019. Luego de unos meses, el caso se transfirió a la Fiscalía Provincial Mixta de Parinacochas. Esta última también mandó al olvido la investigación sin determinar responsabilidades.

En abril de 2022, Sunafil sancionó a Ares con 835 mil 602 soles. Según la resolución que la castiga, no cumplió con entregar a los trabajadores los denominados autorrescatadores, un aparato diseñado para escapar de atmósferas contaminadas o con deficiencia de oxígeno. Con ese equipamiento era posible que Mayhuiri y Mamani lograran sobrevivir. 

La investigación por la muerte Bonifacio Mayhuiri y Walter Mamani en la minera Ares también fue archivada con sobreseimiento por la Fiscalía de Parinacochas. Imagen: Ministerio Público

El penalista Miguel Ángel Pastor considera que Sunafil no debería esperar a que sucedan los accidentes mortales, sino que tendría que realizar más inspecciones en los sectores económicos de mayor riesgo como minería, hidrocarburos y construcción. Así se sabría de antemano si las empresas cumplen con dar condiciones de seguridad para los trabajadores.

Por su parte, la abogada laboralista Gianina Echevarría también comenta que será muy difícil que los fiscales lleguen a encontrar responsables si investigan los casos sin estar familiarizados con los temas de salud y seguridad laboral.

La experta legal afirma que es muy importante que Sunafil capacite a los trabajadores que forman parte de los Comités de Salud y Seguridad de las empresas extractivas. Agrega que conoce de casos que estos grupos existen en documentos, pero que los trabajadores no pueden realizar las inspecciones, porque no tienen conocimiento de sus funciones o porque las compañías no les dan licencia.

“Una organización sindical puede pedir al inspector de Sunafil una capacitación para los comités para reforzar el organismo. Pueden pedirlo directamente las grandes empresas o los propios trabajadores”, mencionó.

Echevarría resalta que estas capacitaciones deben ser brindadas a los comités de salud y seguridad en el trabajo, tanto de las empresas extractivas como de las compañías subcontratadas. Según indica, más del 70% de trabajadores en las mineras mantienen relaciones laborales bajo la modalidad de tercerización.

La abogada también reconoce que Sunafil tiene inspectores expertos en seguridad y salud en el trabajo para el sector minero, pero no son suficientes. 

“En el caso de accidentes mortales se les da especial atención [por parte de la entidad] porque los inspectores solo tienen 20 días para generar el acta de inspección. Si existieran accidentes mortales simultáneos en diversas regiones, ¿cuáles se privilegian? Porque son muy pocos inspectores expertos en minería”, señala Echevarría. 

“Muchas veces no se dan abasto para atender las denuncias por accidentes o incumplimientos de la normativa laboral de seguridad y salud”, advierte.

Al respecto, fuentes de Sunafil indicaron que en el caso de las sanciones que impone la entidad esperan que las multas a las empresas extractivas "lleven a un cambio de conducta" para que cumplan con las normativas de salud y seguridad en el trabajo, así como otros derechos laborales.

Al preguntar a Sunafil si realizan análisis para conocer si las multas impuestas generan cambios o mejoras a las medidas de seguridad al interior de las operaciones mineras o petroleras, los funcionarios entrevistados indicaron que no cuentan con esa información.

"No tenemos un análisis mayor. No hemos tenido reuniones con las empresas para saber si es que las multas los ha llevado a cambiar o no su comportamiento", reconoció la fuente de la Sunafil.

Las fuentes añadieron que Sunafil realiza acciones de promoción y prevención de las medidas de seguridad laboral para que no ocurran accidentes laborales que puedan generar pérdidas de vidas. "En el caso de la ocurrencia, lo que nos queda es la fiscalización", indicaron.

Para este reportaje, Convoca.pe envió preguntas a las empresas que registran el mayor número de sanciones por accidentes laborales para conocer sus versiones sobre estos siniestros y sus consecuencias fatídicas. Hasta el cierre de esta publicación no hemos recibido respuestas de estas compañías.