El asesinato de trece trabajadores de seguridad de la empresa R&R, que presta servicios a una pequeña operación artesanal que tiene contrato de explotación con la minera Poderosa en la provincia de Pataz (La Libertad) solo ha sido uno de los últimos atentados en una seguidilla de denuncias por extorsiones, secuestros, ataques con explosivos e incursiones armadas por parte de criminales vinculados a la minería ilegal que la empresa ha denunciado en los últimos años. 

De acuerdo a información de la empresa, con estas 13 muertes se suman 39 asesinatos de trabajadores y colaboradores de Poderosa desde el año 2020 a manos de grupos criminales. Todo esto pese a que la provincia de Pataz está en estado de emergencia desde febrero de 2024, lo que significa que las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, han asumido el control interno.

Tras los hechos, el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, ha dicho enfáticamente que la situación en la zona no mejorará si los estados de emergencia no van acompañados de recursos logísticos. Según lo que relató, las zonas mineras están muy lejos de la presencia policial y eso dificulta una atención eficaz ante los atentados y el avance de la criminalidad. Además, solicitó que se investigue también a la minera Poderosa.

“Se pide a la presidenta (Dina Boluarte) que mire a Pataz que es azotada por temas de criminalidad. Tiene que utilizarse todos los mecanismos pero debe estar acompañado con el servicio de inteligencia para poder desmantelar las bandas criminales. Si no acompañas el servicio de inteligencia y solo vas a tomarte la foto, no habrá resultados”, mencionó desde Lima, el alcalde Mariños.

Poderosa ha advertido que desde 2020, han contabilizado 21 atentados contra infraestructuras eléctricas en su zona de operación, de ellas incluyen 17 voladuras de torres con explosivos. 

Estos son algunos de los hechos y atentados más letales reportados por Poderosa:

El 3 de septiembre de 2020 personal de una empresa contratista que trabaja con Poderosa, encontró cuatro cadáveres de personas ajenas a la empresa en una de las zonas de operación. En ese momento, solo se mencionó que el motivo de las muertes estaba en investigación por la Policía Nacional y la Fiscalía. 

El 4 de mayo de 2023, Poderosa informó sobre el asesinato de su trabajador Juan Gabriel Sánchez Ramos, supervisor de la empresa contratista Huayna, Seguridad y Vigilancia tras un ataque a sus instalaciones. En ese momento indicaron que un grupo de delincuentes asaltaron y secuestraron a los trabajadores en la Unidad Santa María. 

El 16 de enero de 2024, la empresa alertaba de un segundo atentado con cargas de dinamita en menos de una semana. Señalaron que tenían 25 zonas de sus operaciones tomadas por mineros ilegales y que en la zona operaban más de 40 plantas de oro ilegal.  

En septiembre de 2024, Poderosa denunció otro atentado cuando un grupo de delincuentes ingresó a sus instalaciones con explosivos. La empresa reportó que producto del ataque un agente de seguridad fue asesinado y otro presentó problemas de respiración al inhalar gases tóxicos.

En la madrugada del 12 de enero de 2025, la empresa publicó que mineros ilegales coludidos con grupos criminales estallaron cargas de dinamita en una torre de alta tensión que recién había sido inaugurada. Durante el incidente, al menos 17 trabajadores fueron secuestrados. 

En octubre de 2024, la Policía encontró restos óseos de al menos 12 personas en una fosa común, presuntamente relacionada con actividades de minería ilegal, dentro de las instalaciones de la Poderosa. Según explicó la policía en aquel momento, dicha fosa común habría sido construida por los mineros ilegales para desaparecer ahí a las víctimas de este ilícito.

Este año, el 28 marzo de 2025, Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la empresa, informó de un nuevo atentado que dejó dos personas fallecidas y 10 heridos. Detalló además, que presuntos mineros ilegales emboscaron a los trabajadores con  gases tóxicos. 

Este viernes 2 de mayo, la empresa en su comunicado alertó sobre el secuestro de los 13 trabajadores y lamentaba que esta se diera pese a la declaratoria del estado de emergencia y la presencia de la Policía y el Ejército. Mencionaron que les llamaba “poderosamente la atención” que la semana pasada la Policía movilizara a 800 efectivos para un operativo que no tuvo incidencia en las zonas donde se produjeron los enfrentamientos.

Las víctimas fueron identificadas como Nilver Joel Pérez Chuquipoma, César Rospigliosi Arellano, Frank Jesús Monzón Valeriano, Jhon Cristian Facundo Inga, Franklin Vicente Facundo Inga, Josué Carbonell Beltrán, Alexander Domínguez, Juan Ñaupari Salva y Darwin Javier Coveñas Panta. Durante el transcurso de este lunes, las familias permanecían en morgue de Trujillo para las necropsias de ley.

Poderosa tiene un contrato firmado con PNP

El 31 de enero de 2019, la empresa Poderosa suscribió un convenio específico de cooperación interinstitucional por el cual, la Policía se comprometía a brindar servicio de seguridad a la empresa minera. En el convenido se señala que esto se dan en el marco del decreto legislativo N°1267 que establece que el personal de la PNP que se encuentre de vacaciones, permiso o franco y de manera voluntaria puede prestar servicios policiales extraordinarios a entidades del sector público o el sector privado, en situaciones que pueden comprometer o afectar el orden público y la seguridad ciudadana. 

Además, el convenio señala que se pueden considerar como situaciones extraordinarias para asignar personal de la Policía para resguardo, la seguridad de instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o el transporte de recursos naturales. El acuerdo fue firmado por Russell Marcelo Santillana Salas y José Antonio Elejalde Noya por parte de Poderosa y por el Comandante General de la PNP, General José Luis Lavalle Santa Cruz. 

En ese marco, Poderosa se comprometió a pagar mensualmente la suma de S/13.23 por la hora efectiva del servicio por cada efectivo. Además, de contratar un seguro por muerte, invalidez o lesiones graves o leves y atención de emergencia que cubra a los efectivos policiales que presten seguridad a sus instalaciones. Este seguro, cubriría a los policías que supervisan los servicios de la PNP. El seguro de fallecimiento cubría hasta 20 mil dólares americanos y la atención de emergencia estaba cubierta al 100%. 

Durante estos últimos cinco años se han firmado adendas a ese convenio, el último se firmó en febrero de este año con el detalle que el personal policial destinado para prestar seguridad a Poderosa son 24 oficiales, distribuidos en tres grupos ubicados en tres puestos: 12 ubicados en el puesto de control subestación Chacparrosas, 6 en el puesto de control Polvorín en Santa María - Nivel 2360 y 6 de patrullaje.

En 2021, Convoca investigó como en los últimos 17 años, empresas del sector extractivo que protagonizaron conflictos socioambientales en el Perú firmaron convenios de seguridad y protección con la Policía Nacional por más de 73 millones de soles (US $18'490,566). Veinte de estos contratos fueron suscritos o tuvieron vigencia mientras se producían enfrentamientos con la población que generaron muertos y heridos. En esta lista ya habíamos advertido el convenio de Poderosa.

Ampliación del REINFO y la minería ilegal 

El proceso extraordinario de formalización minera se inició en 2012 con una serie de decretos legislativos aprobados durante el gobierno de Ollanta Humala. En el marco de este proceso, en 2016 se creó el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que planteaba un nuevo esquema de formalización a cargo de las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM). Desde esa fecha, se han hecho 3 las ampliaciones para que los mineros cumplan con estos requisitos. La última fue aprobada en noviembre de 2024 por el pleno del Congreso. La extensión indeterminada del REINFO genera que mineros informales o incluso ilegales que no cumplen con los requisitos ambientales exigidos por ley puedan operar impunemente. Esto advierten, es uno de los graves problemas que alientan a la actividad ilícita. 

César Ipenza, abogado experto en delitos ambientales, dijo que el Congreso tomó una mala decisión al ampliar una vez más el REINFO y es por eso, no se puede pasar por alto que existe una complicidad por parte del Congreso y el Ejecutivo para mantener el registro abierto. Esto, dijo, alienta la actividad ilícita y que se generen tragedias como las vistas hoy en Pataz. 

“No podemos dejar de señalar que hay una complicidad de todos estos actores (Poder Ejecutivo y Congreso) que tienen la obligación de garantizar que estas operaciones se realicen de manera segura en las mejores condiciones. Actualmente el Congreso de la República debería estar discutiendo la nueva ley de minería artesanal y de pequeña escala que no va a resolver la problemática pero la discusión se da entre mineros que mineros que generan el impacto en el ambiente y destruyen nuestro patrimonio y el equipo técnico del Congreso de la República (...) No solo tienen impacto sobre el ambiente, ya vemos que estos grupos criminales han tomado tanto poder que pueden decidir y actuar de esta manera lamentablemente", manifestó Ipenza en diálogo con Convoca.

En noviembre de 2024, el Pleno del Congreso aprobó por 87 votos a favor, 19 en contra y 12 abstenciones, la ampliación por seis meses del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Estas bancadas fueron: Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos, Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Cambio Democrático - Voces, Somos Perú, Bancada Socialista, Honor y Democrático, más no agrupados.