A pesar de los avances en el marco normativo y el aumento de las penas, en el Perú conmemoramos un nuevo Día Internacional de la Mujer con el aumento del número de feminicidios, como la máxima expresión de la violencia contra este sector de la población. El 2021 cerró con 136 víctimas mortales y 293 tentativas de este delito, mientras que solo en enero de este año, las autoridades ya han registrado 17 asesinatos de este tipo, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

A las brechas entre mujeres y hombres, que se han profundizado con la pandemia del Covid-19, en términos de educación, acceso al trabajo, uso del tiempo, entre otros aspectos, se suma la violencia. Solo durante el estado de emergencia sanitaria, el Ministerio de la Mujer registró 267 feminicidios: 131 en el 2020 y 136 en el 2021.

“Hombres absolutamente machistas, que creen que la mujer es un ser inferior a ellos y, en esa inferioridad, ellos pueden disponer de su vida, de su tiempo, de sus decisiones, de su cuerpo, como a ellos les parezca”, advierte Eliana Revollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo.

Revollar destacó que esta institución contabilizó 18 feminicidios en enero, uno más que el reportado por el Ministerio de la Mujer para ese mes. Alertó que este es un número alto, comparado con la media de 10 casos que registran mensualmente. Adelantó que en febrero se reportaron otros siete casos, con lo cual ya van 25 víctimas mortales por este crimen de odio en lo que va del año.

El perfil de las víctimas de feminicidio se mantiene, según el último reporte del Ministerio de la Mujer, al 30 de enero pasado. La mayoría son mujeres de 18 a 59 años (76.5%) y cuyos asesinos son, principalmente, sus parejas (70,6%). El perfil de los feminicidas tampoco ha cambiado mucho: hombres que tienen entre 18 y 59 años (94,1%) y más de la mitad de ellos (52,9%) se encontraba bajo el efecto de alcohol o drogas cuando cometió el delito.

Con el endurecimiento de las sanciones, las penas por feminicidio pueden ir hasta la cadena perpetua, dependiendo si hay agravantes: si la mujer está embarazada o hay alevosía, crueldad, niños presentes o actos de violencia previa. Sin embargo, las estadísticas sobre las víctimas evidencian que la sanción penal no está teniendo un efecto disuasivo en la sociedad, según advierte la defensora Eliana Revollar.

“Lo hacen con toda impunidad y entendiendo que a ellos no les preocupa que sea un delito muy grave, que tiene otras consideraciones de impacto en nuestra sociedad. ¿Las medidas de protección, la atención y la justicia son suficientes? En la Defensoría estimamos que no. Tiene que haber cambios fundamentales en nuestra sociedad, en las políticas de Estado, para que en el sistema educativo formal se incluya en la currícula el enfoque de género, una educación igualitaria, con los mismos espacios y oportunidades para mujeres y varones”, afirma Revollar.

Autoridades ofrecen recompensa por sujeto acusado de feminicido en Junín. 

La población recluida por el delito de feminicidio en el país, pasó de 182 personas presas en diciembre del 2015 a 604 recluidas en diciembre del 2020, según las estadísticas penitenciarias que presenta el estudio Perú: feminicidio y violencia contra la Mujer 2015-2020, elaborado por el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, liderado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Un caso en el que el Poder Judicial dispuso una rápida condena para un feminicida ocurrió el último lunes, cuando condenó al mototaxista Juan Alberto Ancajima Purizaca a 24 años de prisión y al pago de una reparación civil de 30 mil soles por el feminicidio de su pareja Liliana Isabel Silva Ochoa. Esto fue posible porque el acusado llegó a un acuerdo con la Fiscalía para que le reduzcan la pena, tras admitir que acuchilló a su conviviente por la espalda, en su vivienda, ubicada en la provincia de Sullana, en Piura, el 9 de septiembre del año pasado. 

Temas pendientes

Entre las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil sobre acciones pendientes del Estado figura la implementación del Registro Único de Agresores y Víctimas, RUVA, a cargo del Ministerio Público, que está avanzando lentamente. Este padrón permitirá saber quiénes están denunciados y quiénes son las víctimas de violencia, para que puedan tener acceso a trabajo y capacitación.

Otra preocupación es que el Plan Nacional contra la Violencia 2016-2022 ya caducó y el gobierno no ha elaborado uno nuevo. Según la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer dice que ya no es necesario porque el país tiene una Política Nacional de Igualdad de Género. Sin embargo, el organismo defensorial considera que, en un plan donde están todos los sectores, se puede ir midiendo cómo se está avanzando en la lucha contra la violencia, desde el plano de la prevención y la atención a las víctimas.