La justicia avanza a paso lento en el país y uno de sus responsables ha sido el Poder Ejecutivo, en sus distintos períodos de gobierno, desde 2008. Convoca.pe accedió al listado de 85 casos de pedidos de extradición solicitados por el Poder Judicial entre los años 2008 al 2021, de los cuales 78 aún se encuentran pendientes de ser atendidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este ministerio es el que debe presentar los casos ante el Consejo de Ministros para su aprobación final.

Se trata de 73 procesos de extradición activa y 5 solicitudes de ampliación de extradición por otros delitos a peruanos que se encuentran en calidad de prófugos en el extranjero y que no desean retornar voluntariamente al país. Los países que los alojan deberán expulsarlos y devolverlos al Perú, pero para ello el gobierno peruano primero debe solicitarlo.

La extradición es un mecanismo de cooperación judicial internacional en virtud del cual mediante un pedido formal, un Estado obtiene de otro la entrega de un procesado o condenado por un delito común para juzgarlo penalmente o ejecutar la pena que se le hubiera impuesto.

Estos pedidos de extradición que solicita el Poder Judicial son analizados por una Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas, que tiene que decidir si proponer al Consejo de Ministros el acceder o denegar las solicitudes de extradición y traslado de personas.

En el caso de los pedidos de extradición, si bien se considera la reciprocidad entre los sistemas judiciales de los países, el Estado peticionante, en este caso el Perú, debe ajustarse a que el Estado aceptante solo pueda procesar a un extraditado por los delitos que ese país admita y no por los que rechace.

Convoca.pe solicitó al Ministerio de Justicia información sobre los ciudadanos reclamados por la justicia por graves delitos, entre los que se incluyen el homicidio calificado, el secuestro, el tráfico ilícito de drogas, el robo agravado, los delitos sexuales y los de corrupción en agravio del Estado.  Esta entidad del Poder Ejecutivo respondió la solicitud seis semanas después y se reservó información crucial para conocer a los personajes que la justicia peruana solicita para que respondan ante los tribunales.

La Dirección de Cooperación Internacional del Minjus decidió no revelar la información de los nombres y apellidos de los extraditables, ya que puede afectar el derecho a la “presunción de inocencia, al honor y buena reputación de las personas reclamadas”. Es decir, de los presuntos criminales con orden de captura.

Pese a que Convoca.pe pidió con insistencia a la entidad pública que agregara la información de los países a quienes se solicita la extradición, el Ministerio de Justicia no incluyó esa información a la respuesta al pedido de información pública.

Entre los casos de corrupción que el Poder Ejecutivo tiene por resolver, se encuentran cinco pedidos de extradición contra presuntos autores de colusión, peculado doloso, negociación incompatible y corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, así como falsificación de documentos. Tres de estos casos han sido solicitados en 2021, uno en 2020 y otro en el 2019.

La justicia peruana espera también que el Ejecutivo apruebe el retorno de 24 peruanos para ser procesados por el delito de robo agravado y otros 18 por el delito de tráfico ilícito de drogas, en sus modalidades de delito simple y agravado.

Además, otros siete peruanos son reclamados por las autoridades judiciales para que respondan por delitos contra la libertad sexual, como violación sexual (5) y actos contra el pudor (2). De los casos de violación sexual, dos están pendientes desde el 2019, uno desde enero de 2020 y dos desde junio de este año.

Solo Fujimori tiene siete pedidos

Aunque el Ministerio de Justicia no dio a conocer la identidad de los extraditables que solicita el Poder Judicial, Convoca.pe identificó que siete de estos pedidos de extradición y ampliación de extradición están relacionados al ex jefe de Estado Alberto Fujimori, y datan de los años 2008, 2009 y 2010. De estos, tres son por delitos de homicidio calificado y uno por secuestro agravado. También hay un presunto delito de revelación de secretos de interés nacional.

Se trata de las solicitudes de ampliación de extradición que el Estado peruano anunció que presentaría al gobierno de Chile, a inicios de este mes, por varios casos que hasta hoy se mantienen impunes. Uno de ellos es el caso de la familia Ventocilla, de la cual seis miembros fueron víctimas de secuestro y homicidio calificado en 1992 por parte del grupo paramilitar Colina.

La ampliación también incluye otros presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves en el marco de la represión del motín ocurrido en 1992 en el centro penitenciario Miguel Castro Castro conducido por terroristas presos de Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces se ejecutó extrajudicialmente a 42 internos (caso "Juan Bardales Rengifo y otros") y se lesionó de gravedad a otros (caso "Margot Liendo y otros").

Fujimori fue extraditado desde Chile en el 2005, luego de estar fugitivo en Japón. Foto Difusion

De igual forma, también se le imputa homicidio calificado, en agravio del terrorista Eduardo Nicolás Cruz, conocido como ‘Tito’, en el caso ‘Gallinazos’, vinculado a la operación de rescate de rehenes en la embajada de Japón, de 1997, cuando estaba tomada por el MRTA. Respecto a este delito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que Perú era responsable por la ejecución extrajudicial y demora en la investigación de la muerte de alias ‘Tito’, quien fue capturado por las fuerzas de seguridad y posteriormente apareció sin vida.

Otro grave delito es la revelación de secretos de interés nacional. Ese caso fue abierto por una declaración del excongresista fujimorista Carlos Raffo, quien afirmó que el Fujimori le envió filmaciones de tres reuniones secretas del Consejo de Defensa Nacional, que, por su contenido, constituyen documentos de interés para el país.

Y a estos potenciales procesos contra Fujimori se le suma un pedido de extradición adicional por su participación en el caso de la venta de 10 mil fusiles AKM a las FARC, ex grupo terrorista de Colombia. La operación fue descubierta en el año 2000 por el gobierno colombiano y la inteligencia estadounidense. Entonces, Fujimori y Montesinos montaron una conferencia de prensa para presentarse como los descubridores cuando en realidad, para las autoridades internacionales, eran los principales implicados.

Como se sabe, todos estos pedidos de ampliación de extradición de Fujimori deberán presentarse a la justicia de Chile, que evaluará si proceden o no.

Fujimori aterrizó en suelo chileno en 2005, luego de estar varios años fugitivo en Japón, cuyo gobierno no lo entregó a pesar de las órdenes de detención emitidas por la Interpol. Aunque ya estaba con arresto domiciliario en Santiago, Fujimori ensayó una frustrada postulación al Senado japonés, con un partido de extrema derecha, y prometió ofrecer hasta su "propia vida" por "el país de sus ancestros" mientras las autoridades peruanas lo reclamaban para juzgarlo. Fue extraditado de Chile en 2007.

Una nueva extradición contra César Hinostroza

Otros de los casos que se agregarán en la lista de espera del Ministerio de Justicia es la recientemente aprobado nuevo pedido de extradición contra el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, investigado por el Equipo Especial del caso Cuellos Blancos. Los delitos que se le imputan son el cohecho pasivo específico y el tráfico de influencias, vinculado al caso del empresario hotelero Salvador Ricci Cortez.

A Hinostroza Pariachi se le atribuye haber nombrado a la exjueza Ana Zapata Huertas para que se encargara directamente del proceso judicial de Ricci Cortez, relacionado a la administración del hotel María Angola, a cambio de beneficios y ventajas.

Hinostroza está cerca de ser devuelto al país para que responda ante la justicia por el caso 'Cuellos Blancos'. Foto: Difusión

Tiempo después de explotar el escándalo de los Audios de la Corrupción, en octubre de 2018, Hinostroza fugó del país por la frontera con Ecuador, a pesar de tener una orden de impedimento de salida vigente. Desde ese país tomó un vuelo con destino a Madrid, España, donde fue capturado por las autoridades españolas.

Ya en septiembre de 2019, la justicia española ratificó la extradición de Hinotroza Pariachi por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible.