El exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), que purga condenas por delitos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, ahora podría enfrentar un nuevo juicio por la venta de armas al grupo terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Si bien los hechos se remontan a 1999, el actual gobierno peruano anunció la semana pasada que solicitaría a Chile, país de donde fue repatriado Fujimori luego de su fuga, la ampliación de su extradición para que responda también por este caso ante la justicia local.

De acuerdo con un informe de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, al que accedió Convoca.pe, a Fujimori se le imputa "haber dirigido y liderado en forma conjunta con Vladmiro Montesinos Torres", su entonces asesor presidencial, "una organización criminal internacional con el objeto de suministrar en forma ilegal armas a las FARC".

El documento, firmado el 20 de agosto último, indica que son cinco los delitos por los que el exdictador sería reclamado ante la Corte Suprema de Chile. Estos son los de suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, violación de soberanía de un Estado extranjero, conjuración contra un Estado extranjero y falsedad genérica.

"[Las armas] fueron adquiridas mediante simulación de una representación por parte del Estado peruano ante el gobierno jordano", añade el informe.

Fujimori podría enfrentar un proceso que podría sumarle una nueva condena. Por este caso, Montesinos fue condenado a 20 años de prisión. Foto: Difusión

En efecto, el expediente se inició en 2001, cuando se procesó a los hermanos Luis Frank y José Luis Áybar Cancho, quienes se hicieron pasar por militares y representantes del Estado peruano para comprarle al gobierno de Jordania los 10 mil fusiles de guerra AK-47 que terminaron en manos de la guerrilla colombiana. En 2006, también fue condenado por el mismo caso Vladimiro Montesinos, como cabecilla de esta organización de tráfico ilegal de armas.

Sin embargo, respecto a Fujimori, la investigación se encuentra paralizada desde el 7 de abril de 2009, cuando el Segundo Juzgado Penal Especial ordenó la suspensión de los actos de indagación de su caso hasta que la justicia chilena se pronuncie respecto a su extradición. De hecho, en febrero de 2010, hace más de una década, la Corte Suprema peruana declaró procedente la solicitud de ampliación de extradición y notificó su fallo al Poder Ejecutivo, pues la decisión final de enviar la solicitud internacional a Chile es atribución exclusiva del gobierno de turno.

Diez años tuvieron que pasar para que el Poder Ejecutivo decidiera solicitar la ampliación de extradición contra Fujimori por el caso de venta de armas a las FARC

El caso se mantuvo encarpetado, hasta la semana pasada, en los cajones del Ministerio de Justicia. Pasaron los mandatos de los presidentes Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti sin que se tocara el tema.

Por ello, la Procuraduría Anticorrupción hoy se mantiene a la expectativa de que se oficialice, con una resolución suprema, la decisión anunciada por el actual gobierno. A ello le seguirá la designación de los abogados que defenderán los argumentos del Estado peruano ante los tribunales chilenos.

Si bien la aprobación del envío de la solicitud fue anunciada en conferencia de prensa por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, el último miércoles 18 de agosto, ya pasaron seis días sin que la resolución correspondiente sea publicada en el diario oficial El Peruano.

Implicado

Esta extradición tiene su origen en la denuncia penal que, en mayo de 2008, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, entonces titular de la Primera Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada, presentó contra Alberto Fujimori luego de recoger los testimonios de varios involucrados. Entre ellos estaban el traficante de armas internacional Sarkis Soghanalian y los empresarios Manuel Vargas Echaíz y Carlos Arbaiza Aldazabal, de la compañía Edipesa, que fue contactada para transportar el armamento, aunque no fue esta la que lo hizo finalmente.

Los interrogados confirmaron que el entonces mandatario Alberto Fujimori tenía conocimiento de la operación.

Según los testimonios presentados por el Ministerio Público, a los que Convoca.pe también tuvo acceso, Arbaiza Aldazabal y Vargas Echaíz consideraban que "detrás de esta operación se encontraba el gobierno peruano, con Montesinos y Fujimori a la cabeza".

El traficante de armas, Sarkis Soghanalian, declaró a la Fiscalía que iba a regalar dos espadas enchapadas en oro a Fujimori y Montesinos.

Además, afirmaron que el ejecutivo Jorge García Tamariz, un empresario que sirvió de enlace con los Áybar Cancho y que buscaba que Edipesa realice el transporte del material de guerra desde el extranjero hacia el Perú, se presentaba como representante del propio Alberto Fujimori.

En tanto, la declaración de Sarkis Soghanalian, un traficante de armas turco-armenio mundialmente conocido como el Mercader de la Muerte, indica que su empresa solo vendía armas de gobierno a gobierno y no a particulares. Soghanalian aseguró que cuando estuvo en Lima intentó regalar dos espadas enchapadas en oro a Fujimori y Montesinos, así como un caballo árabe.

Uno de los disidentes de las FARC señaló que Fujimori tenía conocimiento de la operación para armar a las FARC.

Otro testigo clave fue el desertor del grupo terrorista colombiano José Yair Gonzáles Loayza, alias "Palomo". El disidente de las FARC también declaró a la Fiscalía que "los peruanos" le comentaron que "el presidente [Fujimori] firmaba que el armamento comprado a Jordania iba para las Fuerzas Armadas del Perú". "Pero todo era un negocio porque el armamento venía para la guerrilla colombiana, para las FARC", dijo el ex terrorista.