El primer mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori dejó dos señales claras sobre el rumbo que busca imprimir a su gobierno. La primera es una apuesta por fortalecer el rol de las Fuerzas Armadas en la estrategia contra la criminalidad organizada. La segunda, una agenda de anuncios económicos y sociales de gran alcance que, por ahora, carece de plazos de ejecución, estimaciones de costo y fuentes de financiamiento.

Con la promesa de aprovechar los "1826 días" de su mandato, Keiko Fujimori presentó su primer mensaje presidencial ante el Congreso, durante poco más de dos horas de discurso, la mandataria presentó siete objetivos nacionales para los próximos cinco años: enfrentar las emergencias y la inseguridad ciudadana, reducir las brechas sociales, ampliar la infraestructura, modernizar el Estado, garantizar la sostenibilidad fiscal, fortalecer el Estado de derecho y consolidar la política exterior.

Entre las principales promesas figuran el aumento de la remuneración mínima vital a S/ 1.300, la duplicación del monto de Pensión 65, la ampliación de Beca 18, la reorganización de programas sociales, la creación de una Autoridad Nacional Digital y la ejecución de grandes proyectos ferroviarios, como la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima y la construcción de las líneas 3, 4, 5 y 6.

Sin embargo, el discurso dejó abiertas preguntas sobre la viabilidad de esas iniciativas. La presidenta no detalló cuánto costarán varias de las medidas anunciadas, cómo serán financiadas, en qué plazos se ejecutarán ni cuáles requerirán reformas legales o aprobación del Congreso. Tampoco explicó cómo se compatibilizarán esos compromisos con la sostenibilidad fiscal que también planteó como uno de los pilares de su administración.

Seguridad: el anuncio que abrió el primer debate

Uno de los anuncios que generó mayor controversia fue la decisión de otorgar a las Fuerzas Armadas el liderazgo operativo en las zonas declaradas en estado de emergencia. La mandataria adelantó que solicitará facultades legislativas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y que los militares asumirán la conducción de las operaciones en esos territorios, en coordinación con la Policía Nacional, entidad que quedará relegada de su responsabilidad constitucional.

Para el politólogo Eduardo Salmón, la propuesta representa la continuidad de una estrategia que, en su opinión, no ha demostrado resultados frente al incremento de la criminalidad. "No tiene idea de qué hacer en seguridad. Está anunciando que repetirá los modelos que no funcionan y no funcionaron", afirmó Salmón.

Keiko Fujimori anunció que las Fuerzas Armadas serán quienes lideren el control de las zonas declaradas en emergencia. Foto: Difusión 

El especialista también expresó su preocupación porque la medida coincide con la reciente aprobación de normas cuestionadas por diversos sectores, conocidas por sus críticos como "leyes procrimen", que —según sostuvo— podrían ampliar los márgenes de protección para militares y policías que intervengan durante estados de emergencia.

Las críticas también provinieron desde el ámbito jurídico. El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, cuestionó la constitucionalidad del anuncio y advirtió que la conducción del orden público corresponde a la Policía Nacional.

"Es muy lamentable lo anunciado por Fujimori. Parece una candidata y no una presidenta. Me preocupa mucho el tema legal. Vamos a retroceder a los estados de emergencia con control político-militar. Estamos volviendo a los años ochenta. Ese anuncio es inconstitucional. El orden público no le corresponde a las Fuerzas Armadas; le corresponde a la Policía Nacional", señaló.

Quispe agregó que el discurso tampoco desarrolló una estrategia para enfrentar la minería ilegal en territorios de comunidades indígenas ni abordó la crisis de salud mental que enfrenta el país.

"No ha dicho cómo va a enfrentar la minería ilegal en comunidades indígenas. No le ha importado la salud mental del país", indicó el abogado.

Sin reforma policial

Aunque la Keiko Fujimori identificó a la inseguridad ciudadana como la principal preocupación del país y anunció que solicitará facultades legislativas para enfrentar al crimen organizado, el mensaje no incluyó una propuesta de reforma integral de la Policía Nacional. En lugar de plantear cambios estructurales en la institución, el discurso se concentró en fortalecer el despliegue operativo, ampliar las unidades de flagrancia, mejorar el equipamiento policial y otorgar a las Fuerzas Armadas el liderazgo de las operaciones en las zonas declaradas en estado de emergencia.

El mensaje tampoco abordó aspectos considerados clave por especialistas en seguridad pública, como la modernización de la investigación criminal, el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia, la lucha contra la corrupción dentro de la Policía Nacional, la reforma de la formación policial, los mecanismos de control disciplinario o la profesionalización de la carrera policial.

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, consideró que esa ausencia representa una de las principales debilidades de la estrategia presentada por el Ejecutivo. "No ha dicho nada sobre la reforma o reorganización de la Policía Nacional del Perú, que tiene casos constantes donde vemos que, en al menos cuatro operativos al mes contra organizaciones criminales, se encuentra a miembros activos o en retiro de la Policía", señaló.

La reconciliación bajo cuestionamiento

El discurso concluyó con un llamado a la reconciliación nacional y al trabajo conjunto entre el Ejecutivo, el Congreso, los gobiernos regionales, el sector privado y la ciudadanía. La presidenta sostuvo que su administración buscará combinar "orden y reconciliación nacional" como base para enfrentar la polarización política.

Sin embargo, esa apelación fue cuestionada por la secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Tania Pariona, quien advirtió que la reconciliación no puede construirse dejando de lado las demandas de verdad y justicia a las víctimas de crímenes cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

"La señora Keiko Fujimori habla de Estado de derecho, pero su partido ha respaldado normas que debilitan la independencia judicial y favorecen la impunidad. Venimos de un proceso de captura de instituciones por una fuerza política", afirmó la representante de la CNDDHH.

Pariona también cuestionó el sentido del llamado presidencial. "La reconciliación no puede construirse con el olvido. Se debe garantizar la justicia, reparar a las víctimas y asegurar que las violaciones a los derechos humanos no vuelvan a repetirse. Equiparar la reconciliación con pasar la página es un error", sostuvo Pariona.

Familiares de víctimas de la represión militar y policial protestaron frente al Palacio de Justicia. Foto: Convoca.pe

Los temas que quedaron fuera

Además de los vacíos sobre la implementación de las propuestas, el primer discurso de Keiko Fujimori omitió asuntos que han marcado la agenda pública durante los últimos años. No hubo anuncios sobre las derogatorias de las denominadas Leyes Pro-Crimen y una eventual reforma política o electoral. "Millones de peruanos esperaban escuchar que las leyes que defienden al crimen de cuello y corbata y delincuencia común iban a ser derogadas o modificadas, eso no ha ocurrido por lo que las leyes procrimen van a continuar

Tampoco se abordaron políticas relacionadas con vivienda, desarrollo urbano, movilidad sostenible, igualdad de género, ciencia, cultura o transición energética. En materia ambiental, el cambio climático apareció únicamente vinculado a las acciones de prevención frente al fenómeno El Niño, sin referencias a estrategias de adaptación, conservación de ecosistemas o reducción de la deforestación amazónica.

Otro de los silencios estuvo relacionado con la conflictividad social. Si bien la presidenta anunció medidas contra la minería ilegal y el crimen organizado, el mensaje no desarrolló una política para prevenir conflictos socioambientales ni mecanismos de diálogo con comunidades afectadas por proyectos extractivos. Por el contrario, indicó que en las zonas declaradas en estado de emergencia entregará el control a las Fuerzas Armadas, relagando a la Policía Nacional.