Las intensas precipitaciones que han afectado al territorio nacional en las últimas semanas han generado un escenario de emergencia en 19 regiones del Perú. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi), solo en marzo se han emitido 31 alertas por lluvias de moderada a fuerte intensidad, lo que ha provocado inundaciones, deslizamientos y la interrupción de actividades agrícolas y económicas en distintas zonas.
La situación es en estos últimos días de marzo es especialmente crítica en la selva, donde el aumento del caudal de los ríos amenaza con desbordes y afecta los cultivos de las comunidades. Hasta el 30 de marzo está vigente la alerta amarilla N°084 - 2025. por lluvias en la Amazonía.
El Poder Ejecutivo ha declarado en emergencia 338 distritos en 20 regiones, incluyendo Loreto, Ucayali y Junín, donde comunidades indígenas viven una situación crítica por el desbordamiento del río Ucayali y el Marañón, entre otros.
La situación de la comunidad de Miraflores, en el distrito de Nauta (Loreto), ejemplifica la crisis por las lluvias que viven muchas zonas de la selva. El río Tigre se ha desbordado y ha acabado con los cultivos de plátano que son la base de la subsistencia de las 120 familias que viven en este centro poblado.
A esta situación común con el resto de las comunidades ribereñas afectadas por las crecidas intensas de los ríos, se une una circunstancia especial. Esta comunidad alberga un pozo petrolero mal sellado, calificado como "de alto riesgo" abandonado desde hace 70 años. La crecida del río Tigre ha inundado el pozo y el nivel del agua está solo a 30 centímetros de llegar a la boca del pozo y producir un derrame de crudo.
"Estamos a punto de sufrir otro derrame de petróleo porque el agua casi cubre el pozo abandonado", advirtió Javier Navarro, dirigente comunal. "No ha venido nadie del gobierno desde junio y nos sentimos abandonados. Si no hay solución, la gente tomará medidas más drásticas".
El teniente gobernador de Miraflores, William Alexis Valencia, confirmó la gravedad de la situación y detalló que el nivel del agua ha subido significativamente en los últimos días. "El pozo abandonado está a unos 30 o 40 centímetros de quedar completamente cubierto. El agua se filtra por los costados y, cuando llueve, el crudo se dispersa rápidamente", explicó en entrevista con este medio.
Según Valencia, la crecida del río Tigre ha sido más intensa que en años anteriores, afectando los cultivos y medios de subsistencia de la población. "Los platanales están completamente inundados y las plantaciones se están secando. Ya hemos perdido todos los cultivos", lamentó.
Esta situación ya ha sido reportada anteriormente por Convoca.pe, que en una investigación previa expuso que 120 familias de Miraflores conviven con un pasivo ambiental petrolero desde 1956, clasificado como de alto riesgo. En 2019, la crecida del río Tigre provocó un derrame de petróleo que contaminó cultivos y mató animales, sin que las autoridades sanitarias realizaran exámenes toxicológicos a los afectados. Seis años después, las familias siguen expuestas a los efectos de los gases tóxicos sin una solución concreta.
Los comuneros exigen una respuesta inmediata de las autoridades provinciales y del Gobierno Regional de Loreto para evitar una catástrofe ambiental. Mientras tanto, siguen monitoreando la situación y documentando el avance de la inundación con videos y testimonios.
Conveagro: Lluvias ponen en riesgo la seguridad alimentaria en el Perú
Las intensas lluvias registradas en los últimos meses han causado estragos en la producción agrícola del Perú, generando graves pérdidas económicas y poniendo en riesgo el abastecimiento de alimentos en diversas regiones del país. La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) ha advertido que la inacción del Estado frente a este fenómeno podría agravar la crisis alimentaria y afectar directamente a la economía de miles de pequeños productores.
Según informó Anaximandro Rojas, presidente de Conveagro, los cultivos más perjudicados incluyen el arroz, maíz amarillo duro, caña de azúcar, cacao y banano, todos esenciales para la canasta básica familiar. "Las lluvias han desbordado ríos, anegado campos y destruido infraestructura agrícola. Muchos agricultores han perdido sus tierras de cultivo y ahora deben asumir los costos de restauración sin apoyo del gobierno", declaró Rojas en entrevista para Convoca.pe.
Las regiones más afectadas son Tumbes, Piura, Lambayeque, Amazonas, Ucayali y Arequipa, donde miles de hectáreas han quedado inutilizables. Datos oficiales de Conveagro señalan que las precipitaciones han destruido más de 20,000 hectáreas de cultivos, causando una pérdida económica de aproximadamente S/ 13,403 millones. Además, el sector ganadero también ha sido golpeado, con la pérdida de más de 16,000 animales.
Ermitanio Rojas, arrocero de la región de Huánuco, asegura que la principal necesidad del sector agro es que el Midagri mejores las condiciones de producción. “Que hagan compuertas, canales revestidos, bocatomas y vías de acceso para los centros de producción. Los que tenemos tienen cien años y fueron artesanalmente construidos”, señala el agricultor.
A pesar de los informes técnicos que advertían sobre el riesgo de lluvias extremas desde finales de 2024, los pequeños productores denuncian la falta de medidas preventivas y de apoyo efectivo por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). "El abandono del Estado ha sido histórico, pero ahora la situación se ha agravado. No hay planes de contingencia ni asistencia directa para los agricultores que lo han perdido todo", afirmó Anaximandro Rojas.
Por su parte, el Midagri ha asegurado que el abastecimiento de alimentos en el país no se verá afectado, pese a las pérdidas agrícolas generadas por las lluvias e inundaciones. Según el ministro Ángel Manero, la producción excedente garantizará que no haya escasez en los mercados, y descartó que los precios de los productos básicos o el Producto Bruto Interno (PBI) del sector agropecuario sufran variaciones significativas. Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por los gremios agrarios, que advierten sobre el impacto a largo plazo de las pérdidas en la producción.
“A esta semana deben haber aproximadamente 20 mil productores damnificados por lluvias, ciertamente hay que lamentarlo, pero ello no llega a representar el 1% de los productores que tenemos en el Perú”, indicó el titular de la cartera en rueda de prensa, quien además agregó que el problema radica en un exceso de oferta y falta de mercados.
Según Conveagro, uno de los principales problemas se centra en la reconstrucción de infraestructura hídrica, como canales de riego, bocatomas y reservorios, elementos fundamentales para garantizar la productividad agrícola. Conveagro ha exigido al gobierno la implementación de un plan de reconstrucción con presupuesto asignado y supervisión transparente para evitar actos de corrupción.
En respuesta a la crisis, el pasado lunes se celebró una Asamblea General de Conveagro, la cual ha planteado varias medidas para mitigar el impacto de las lluvias, entre ellas: 1) creación de una plataforma nacional de entidades agrarias para exigir políticas públicas en favor de la pequeña agricultura; 2) implementación de un decreto de urgencia para brindar apoyo inmediato a los agricultores damnificados; 3) refinanciamiento de créditos agropecuarios y revisión del seguro agrícola catastrófico; 4) regulación de importaciones de productos agrícolas para proteger la producción nacional.
Además, los gremios agrarios han advertido que, de no recibir respuestas concretas del gobierno en las próximas semanas, podrían convocar a un paro nacional agrario en abril, buscando visibilizar la crisis y exigir soluciones estructurales para el sector.
“Vamos a agotar el diálogo con las autoridades. Si no hacen caso a nuestros reclamos, estaremos tomando acciones más radicales”, aseveró el presidente de Conveagro, refiriéndose al paro agrario.
Cambio climático obliga a rediseñar la infraestructura
Cristina López, líder de Proyecto del Programa Sostenibilidad de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), explica que estos eventos responden a un proceso de aceleración del cambio climático, lo que ha hecho cada vez más impredecibles las estaciones en la sierra y la Amazonía. “Por ejemplo, en la Amazonía, la época de vaciante y la época de lluvias eran muy marcadas hace unos años, y ahora eso ya no se puede definir de manera tan concreta. Eso hace que la planificación también sea más difícil, más compleja”, advierte.
Este problema se refleja en la infraestructura pública, que no está diseñada para resistir eventos extremos. “Vemos en las noticias que hay postas médicas en el desierto que están inundadas y no pueden atender, que hay colegios en la zona rural que han quedado anegados, limitando las clases normales para los niños”, señala López. Además, menciona que “más de 3,000 comunidades en San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco han sido afectadas, lo que hace que el gobierno tenga complicada la estrategia”.
López critica que la respuesta del Estado sigue siendo reactiva, centrándose en la atención de damnificados en lugar de la prevención. “La estrategia de atención es más reactiva actualmente, de atender a los damnificados, y es importante la ayuda, pero si se sigue así, solo de manera reactiva, el uso del presupuesto público resulta menos eficiente”, advierte. Señala que es clave incluir estos análisis climáticos en la planificación, ya que “estos eventos van a seguir dándose cada vez más frecuentemente, y se debe planificar la infraestructura, los servicios y el presupuesto público considerando estos riesgos”.
“En la sierra hay un riesgo mucho más alto de huaicos, lo que ha bloqueado vías municipales por varios días. Esto afecta el transporte de productos al mercado principal, que es la costa, y también dificulta la atención médica, ya que muchas comunidades no tienen centros médicos y deben trasladarse a ciudades más grandes”, explica en entrevista para Convoca.pe.
Para abordar esta situación, López enfatiza que “el Ministerio de Economía y Finanzas es clave, porque lidera la parte presupuestal, pero también los gobiernos regionales, que tienen la responsabilidad de incluir estos riesgos en su planificación”. Además, señala que el Senamhi y Cofopri brindan información importante, pero que debe ser usada adecuadamente por sectores como Transportes y Comunicaciones y Desarrollo Agrario y Riego.